{"id":99237,"date":"2026-06-25T18:05:44","date_gmt":"2026-06-25T18:05:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1485-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:44","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:44","slug":"stc1485-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1485-2017\/","title":{"rendered":"STC1485-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1485-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00868-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela proferido el treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Armando Qui\u00f1ones contra la Polic\u00eda Metropolitana de Cali, la Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal \u2013Sijin y Migraci\u00f3n Colombia;  tr\u00e1mite en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali.   <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, el  ciudadano solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, trabajo, dignidad humana y buen nombre que considera vulnerados por las autoridades accionadas porque debido a los antecedentes penales que al parecer figuran en las bases de datos de Colombia, fue deportado por las autoridades de Panam\u00e1, cuando ese pa\u00eds es su lugar de residencia desde el 10 de febrero de 2011.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende: \u00abse ordene a la Polic\u00eda Metropolitana de Cali \u2013Sijin- Mecal Antecedentes y a Migraci\u00f3n Colombia, respondan el Oficio No. J3 4706 de fecha 21 de octubre del 2016 enviado por el Juzgado 3 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali recibido por la Polic\u00eda Metropolitana de Cali en d\u00eda 24 de Octubre del 2016, sobre el registro de [mi] novedad de pena cumplida; igual registro y Novedad deber\u00e1 hacer la Entidad Migraci\u00f3n Colombia; con el fin de poder regresar nuevamente al Pa\u00eds de Panam\u00e1\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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       1. En sentencia de 13 de junio de 2000, el Juzgado 13 Penal Municipal de Cali conden\u00f3 al accionante a una pena de prisi\u00f3n por hallarlo autor responsable del concurso de conductas punibles de extorci\u00f3n y hurto agravado.  <\/span><\/p>\n

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       2. El 17 de junio de 2004, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, resolvi\u00f3 declarar la libertad definitiva del condenado Armando Qui\u00f1ones.  <\/span><\/p>\n

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       3. Indic\u00f3 el actor que el 10 de febrero de 2011, se radic\u00f3 en el pa\u00eds de Panam\u00e1, en donde incursion\u00f3 con su propio negocio de \u00abservicio de limpieza de calzados\u00bb  el cual se registr\u00f3 con el N\u00b0 tributario 8NT-2-22448.  <\/span><\/p>\n

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       4. Cont\u00f3 adem\u00e1s, que el 9 de mayo de 2012 se le certific\u00f3 el permiso en el vecino pa\u00eds.  <\/span><\/p>\n

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5. En palabras del tutelante, en Panam\u00e1 se encuentra \u00abestablecido, residenciado y ejerciendo legalmente\u00bb la actividad comercial;  sin embargo, el 14 de septiembre de 2016 fue deportado por las autoridades paname\u00f1as de migraci\u00f3n, con el argumento de negarle el ingreso a ese pa\u00eds por los antecedentes penales que figuran a su nombre en su pa\u00eds de origen \u2013Colombia-.  <\/span><\/p>\n

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7. El Juzgado ejecutor, el 21 de octubre de 2016, mediante oficio N\u00b0 4.706 emiti\u00f3 \u2013otra vez-, las comunicaciones con destino a las autoridades que en principio, hab\u00eda enterado de la sentencia de condena.  <\/span><\/p>\n

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8. En criterio del promotor de esta queja, la situaci\u00f3n lo ha perjudicado porque en el colindante pa\u00eds hab\u00eda ubicado tanto su residencia como su negocio, y la deportaci\u00f3n le ha generado problemas personales, de trabajo y estabilidad.  [Folio 2, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 18 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se vincul\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali; y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 7, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, indic\u00f3 que en auto N\u00b01.620 de 17 de junio de 2004, declar\u00f3 la libertad definitiva del aqu\u00ed accionante, y que luego, con oficio N\u00b0 4.706 de 21 de octubre de 2016, emiti\u00f3 nuevamente las comunicaciones a las autoridades pertinentes, las cuales le entreg\u00f3 al actor.  [Folio 14, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Jefe de la Oficina de Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia, luego de ilustrar sobre las funciones de la entidad, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. [Folios 16 -18, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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       A su turno, el Jefe Seccional de Investigaci\u00f3n Criminal  -MECAL, advirti\u00f3 que la informaci\u00f3n correspondiente al proceso N\u00b0 2001-00489, se encuentra actualizada en el SIOPER Sistema Operativo de la Polic\u00eda Nacional desde el 25 de octubre de 2016, que adicional a ello, tras verificar que al accionante le figura registro por otra sentencia condenatoria, se le actualiza en la base de datos su presente situaci\u00f3n, por lo que adjunta pantallazo de la constancia de antecedente que indica que el ciudadano \u00abno tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       En todo caso, pese a que dio cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas, replic\u00f3 que el actor pudo haber tramitado la solicitud presencialmente en la dependencia o en el ejercicio del derecho de petici\u00f3n, lo que no hizo, por lo que pidi\u00f3 denegar por improcedente la presente acci\u00f3n. [Folios 26- 29, c. 1]  <\/span><\/p>\n

       En cierre, el Director de asuntos Migratorios, Consulares y servicio al ciudadano, avis\u00f3 que no obra reclamaci\u00f3n alguna por parte del censor, dirigida a esa entidad;  no obstante, expuso que en el Sistema Integral de Tr\u00e1mites al Ciudadano \u2013SITAC, no reposa registro de impedimento para la expedici\u00f3n de pasaporte del tutelante, por lo que solicita negar el amparo respecto del ente ministerial. [Folios 53- 57, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 31 de octubre de 2016, el Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque si bien, consider\u00f3 que no se anex\u00f3 copia del oficio que pretende se le d\u00e9 tr\u00e1mite, lo cierto es que conforme lo ratificado por la autoridad accionada \u201cSijin\u201d, el documento si se radic\u00f3 y se resolvi\u00f3 cancelando los requerimientos que le figuraban al accionante en virtud del proceso penal, por lo que concluy\u00f3 que los hechos que originaron la presente acci\u00f3n constitucional, han sido superados. [Folios 58- 62, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme, el promotor  impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, sin expresar los motivos de su disenso.   [Folio 63, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Como en m\u00faltiples ocasiones lo ha indicado la Corte, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta con la que se busca la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas ante la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o a\u00fan de los particulares, en los casos establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

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2. El accionante censura por esta v\u00eda que la  Polic\u00eda Metropolitana de Cali \u2013Sijin \u2013 Mecal, no ha dado cumplimiento al oficio N\u00b0 J3 4706  de 21 de octubre de 2016 emitido por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, que comunica la pena cumplida por el delito de extorsi\u00f3n y hurto agravado, pero a la fecha, la entidad no ha registrado \u00abla novedad en los sistemas de gesti\u00f3n relativas a [mi] liberaci\u00f3n definitiva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Examinados los elementos demostrativos allegados al presente amparo, se observa que la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal \u2013Seccional Cali, \u2013dependencia administradora de la base de datos sobre antecedentes penales-, luego de informar sobre la existencia de numerosos registros judiciales que pesan sobre el actor, cont\u00f3 que desde el 25 de octubre de 2016, procedi\u00f3 a obrar conforme la orden judicial aludida por el censor, es decir, cancel\u00f3 los requerimientos que figuraban en virtud del proceso penal N\u00b0 2001-00489, y de ese modo, su informaci\u00f3n qued\u00f3 actualizada en el Sistema Operativo de la Polic\u00eda Nacional \u2013SIOPER.  <\/span><\/p>\n

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Situaci\u00f3n que se confirma al revisar la consulta en l\u00ednea de antecedentes y requerimientos judiciales, de la Polic\u00eda Nacional, cuya leyenda se lee: \u00abel ciudadano con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 16733328 y nombres: Qui\u00f1ones Armando no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales de acuerdo con el art. 248 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb.  [Folio 34, c. 1]  <\/span><\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, considera la Corte que no existe vulneraci\u00f3n del h\u00e1beas data1 o buen nombre del actor, por cuanto la informaci\u00f3n que reposa sobre los antecedentes de aquel, se encuentra actualizada conforme lo evidenci\u00f3 la autoridad cuestionada, desde el 25 de octubre del a\u00f1o anterior.  <\/span><\/p>\n

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5. No obstante, si resultase que el accionante, no est\u00e1 conforme con el resultado de actualizaci\u00f3n de antecedentes penales, toda vez que impugn\u00f3 el fallo de primer grado, sin exponer los motivos de su inconformidad;  advi\u00e9rtase que respecto de su pretensi\u00f3n de ordenar a la accionada a expedir un certificado de antecedentes con destino al pa\u00eds de Panam\u00e1, tal pedimiento no puede ser avalado por esta v\u00eda toda vez que no se vislumbra que el actor haya elevado solicitud alguna sobre su reclamo a las oficinas aqu\u00ed acusadas, con miras a resarcir el perjuicio que le aqueja, pues en principio, son ellas las llamadas a resolver sobre la reclamaci\u00f3n mentada.  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, constituye requisito sine qua non para acudir a la acci\u00f3n de tutela, la existencia de una solicitud anterior a las autoridades competentes, para que sean ellas, quienes atiendan directamente y con conocimiento de causa, sobre la viabilidad de la certificaci\u00f3n, pues la ausencia de pronunciamiento al respecto, no puede tildarse de una falta que transgreda las garant\u00edas fundamentales del promotor de esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed lo puntualiz\u00f3 recientemente esta Corporaci\u00f3n:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab\u2026advierte la Sala que la queja constitucional tampoco cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la salvaguarda superior opera \u00fanicamente cuando quien la solicita se dirigi\u00f3 previamente ante las autoridades accionadas para poner en conocimiento su reclamo, sin obtener respuesta o porque la misma result\u00f3 arbitraria\u2026\u00bb (CSJ STC 9813-2016)  <\/span><\/p>\n

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Entonces, corresponde al actor formular ante las autoridades cuestionadas su requerimiento, es decir, elevar petici\u00f3n tendiente a que se le expida el certificado de antecedentes con fines migratorios, o recurrir al tr\u00e1mite dise\u00f1ando ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto con el procedimiento para apostillar la documentaci\u00f3n conforme las reglas previstas en el art\u00edculo 8 de la Resoluci\u00f3n N\u00b0 3269 de 14 de junio de 2016, pues es esa la v\u00eda id\u00f3nea para obtener la protecci\u00f3n constitucional que reclama.  <\/span><\/p>\n

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6. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 El derecho al habeas data se encuentra consagrado en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n, el cual establece que todas las personas \u201ctienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades p\u00fablicas y privadas. En la recolecci\u00f3n, tratamiento y circulaci\u00f3n de datos se respetar\u00e1n la libertad y dem\u00e1s garant\u00edas consagradas en la Constituci\u00f3n\u201d.      <\/span><\/p>\n

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