{"id":99239,"date":"2026-06-25T18:05:51","date_gmt":"2026-06-25T18:05:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1487-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:05:51","modified_gmt":"2026-06-25T18:05:51","slug":"stc1487-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1487-2017\/","title":{"rendered":"STC1487-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1487-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00212-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, en representaci\u00f3n de los se\u00f1ores Mar\u00eda Isabel Saavedra Rodr\u00edguez, Sergio Alfredo Rodr\u00edguez Saavedra, Nubia Saavedra Rodr\u00edguez, Cristina Saavedra Rodr\u00edguez y Jairo Saavedra, contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, actuaci\u00f3n a la cual se orden\u00f3 vincular al Procurador Judicial I de Bucaramanga, al Procurador 12 Judicial II Ambiental y Agrario de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso donde se origina la queja.  <\/span><\/p>\n

I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La Unidad accionante, solicit\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso de sus representados, el cual estima vulnerado por la autoridad judicial accionada, al invalidar la actuaci\u00f3n surtida en sede administrativa, cuando all\u00ed se respetaron las garant\u00edas de los titulares del derecho de dominio sobre el predio objeto de la restituci\u00f3n y negarse a conceder los recursos formulados contra esa determinaci\u00f3n, a pesar de haberlos presentado oportunamente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, pretende que se deje sin efectos la decisi\u00f3n cuestionada y se adopten las medidas necesarias para salvaguardar la prerrogativa superior invocada. [Folios 1-22, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Ana Francisca Sep\u00falveda y Mar\u00eda Isabel Saavedra Rodr\u00edguez, solicitaron a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, adelantar la actuaci\u00f3n correspondiente a efectos de recuperar las parcelas del predio de mayor extensi\u00f3n identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-80478, ubicado en el municipio de Lebrija (Santander), de las que fueron despojadas en el marco del conflicto armado.  <\/span><\/p>\n

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2. La instituci\u00f3n accionante, dio inicio formal al estudio respectivo, para lo cual orden\u00f3 enterar de tal determinaci\u00f3n a los ocupantes de los predios e inscribir la medida de protecci\u00f3n jur\u00eddica del predio, prevista en el art\u00edculo 13 del Decreto 4829 de 2011. As\u00ed mismo, despleg\u00f3 comisi\u00f3n topogr\u00e1fica con acompa\u00f1amiento de la fuerza p\u00fablica, a trav\u00e9s de la cual se estableci\u00f3 que los fundos se encontraban en estado de abandono, raz\u00f3n por la cual se fijaron las comunicaciones de rigor en lugares visibles.  <\/span><\/p>\n

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3. Mediante Resoluci\u00f3n RG 4320 del 24 de noviembre de 2015, la Unidad incluy\u00f3 las porciones de terreno reclamadas a favor de la solicitante Ana Francisca Sep\u00falveda y su compa\u00f1ero permanente, as\u00ed como de los hermanos Saavedra Rodr\u00edguez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. El 14 de diciembre siguiente, la entidad reclamante, present\u00f3 solicitud colectiva de restituci\u00f3n de tierras ante el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito Especializado en aquella materia de Bucaramanga.  <\/span><\/p>\n

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5. La demanda fue admitida mediante auto de 13 de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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6. El 18 de febrero posterior, se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de los se\u00f1ores Luis Eduardo Valdivieso y Ana Mar\u00eda Valdivieso Jim\u00e9nez, quienes, invocando su condici\u00f3n de propietarios actuales del fundo, formularon oposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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7. El 12 de abril, los opositores invocaron la nulidad del tr\u00e1mite administrativo, por violaci\u00f3n al debido proceso, al no haber sido debidamente enterados de su iniciaci\u00f3n, pues \u00ab\u2026no se fij\u00f3 aviso en la casa principal, ni ning\u00fan trabajador manifest\u00f3 haber encontrado la comunicaci\u00f3n en cualquier \u00e1rbol o alambrado, aludiendo que se desprende de las fotos de [la] comunicaci\u00f3n que se efectu\u00f3 en zona de rastrojo, tanto que a{un no han encontrado dicho comunicado.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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9. El 20 del mismo mes y a\u00f1o, el fallador accionado notific\u00f3 en estado No. 152, fijado en la secretar\u00eda del despacho y en el software de gesti\u00f3n implementado para la rama judicial. As\u00ed mismo, remiti\u00f3 por correo electr\u00f3nico institucional ejemplar de la anterior determinaci\u00f3n a cada uno de los sujetos procesales.  <\/span><\/p>\n

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10. El 24 de octubre, se fij\u00f3 el estado No. 124, donde tambi\u00e9n se incluy\u00f3 la providencia en comento.  <\/span><\/p>\n

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11. El 26 siguiente, la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra la invalidez decretada.  <\/span><\/p>\n

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12. Mediante auto del 31 posterior, el Juzgado accionado rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea la censura.  <\/span><\/p>\n

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13. La entidad peticionaria del amparo aduce que la autoridad judicial cuestionada desconoce la garant\u00eda fundamental de sus representados, porque a pesar de haber agotado los medios id\u00f3neos para enterar a los actuales propietarios del terreno, del inicio del tr\u00e1mite administrativo y haber presentado dentro del t\u00e9rmino de ley la impugnaci\u00f3n contra el auto del 19 de octubre de 2016, se invalid\u00f3 su actuaci\u00f3n previa al proceso judicial y se desestim\u00f3 la censura.  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 21 de noviembre de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, con fundamento en que no quebrant\u00f3 derecho fundamental alguno, en tanto la providencia objeto de reproche fue debidamente notificada mediante estado del d\u00eda siguiente a su emisi\u00f3n -19 de octubre de 2016 – y tan solo fue recurrida el 26 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Al un\u00edsono, los opositores en el tr\u00e1mite de la restituci\u00f3n, se\u00f1alaron que la decisi\u00f3n adoptada por el juzgador accionado es respetuosa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes y que, en todo caso, no fue oportunamente impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Procuradur\u00eda 12 Judicial II en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, solicit\u00f3 \u201crechazar\u201d la solicitud de amparo, por no hallar vulneraci\u00f3n en el tr\u00e1mite cuestionado, pues la notificaci\u00f3n del auto emitido el 19 de octubre de 2016, se surti\u00f3 el 20 siguiente, sin que el yerro en que incurri\u00f3 la secretar\u00eda del despacho de incluir tal providencia en el estado del 24 del mismo mes, desvirt\u00fae la anterior; para dar soporte a su postura, adjunt\u00f3 constancias de notificaci\u00f3n electr\u00f3nica del 20 de octubre de 2016, dirigidas a cada una de las partes en contienda, incluida la Unidad demandante.  <\/span><\/p>\n

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3. El Tribunal Superior de C\u00facuta, en fallo de 30 de noviembre de 2016, deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada porque los tr\u00e1mites adelantados respetaron las reglas procesales y la decisi\u00f3n que la Unidad accionante estima lesiva de las garant\u00edas fundamentales de los solicitantes de la restituci\u00f3n, no fue oportunamente controvertida.  <\/span><\/p>\n

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4. La Unidad accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, basada en similares argumentos a los de su escrito introductor e hizo \u00e9nfasis en que la decisi\u00f3n reprochada ocasiona un perjuicio irremediable a los peticionarios, en tanto los deja en un limbo jur\u00eddico porque el acto administrativo a trav\u00e9s del cual se les incluy\u00f3 en el respectivo registro, no ha sido controvertido por las v\u00edas jur\u00eddicas id\u00f3neas y por lo tanto, a\u00fan goza de las presunciones de legalidad y acierto que no pod\u00edan ser desvirtuadas por el juez de la restituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que estos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que el mecanismo fuera utilizado de manera transitoria para evitar un da\u00f1o que no se pudiera remediar.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con el quebranto, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula el amparo constitucional, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se empleara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos instrumentos ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la tutela, la Sala concluye que el amparo solicitado es improcedente porque no atiende el postulado que viene de comentarse, pues los reclamantes tuvieron a su alcance otro medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que exponen por esta v\u00eda constitucional y no lo ejercitaron oportunamente.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, no cabe duda sobre la extemporaneidad del recurso formulado por la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras, en representaci\u00f3n de los solicitantes en aquel tr\u00e1mite, contra el auto emitido el 19 de octubre de 2016 por el Juzgado 1\u00ba Civil del Circuito de esa especialidad, teniendo en cuenta que su notificaci\u00f3n se surti\u00f3 por estado No. 152 del 20 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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A m\u00e1s de ello, como lo puso de presente en su escrito de contestaci\u00f3n la Procuradur\u00eda Judicial II, vinculada a este tr\u00e1mite constitucional, el fallador accionado notific\u00f3 a todos los sujetos procesales por correo electr\u00f3nico institucional de la misma fecha, tal como se puede observar de folios 146 a 156 del cuaderno principal, donde se aprecia que a la apoderada judicial de los peticionarios, se le envi\u00f3 ejemplar de la providencia y se le dijo expresamente que se trataba del \u00ab\u2026auto [que] resuelve nulidad en el asunto de la referencia.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed, que la impugnaci\u00f3n presentada el 26 de octubre de 2016, fuese rechazada por extempor\u00e1nea, pues es evidente que si el t\u00e9rmino de notificaci\u00f3n corri\u00f3 durante el 20 de octubre, el de ejecutoria venci\u00f3 el 25 del mismo mes y a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, deja en evidencia que los tutelantes omitieron utilizar tempestivamente la herramienta jur\u00eddica con que contaban para exponer los reproches que por esta v\u00eda pretenden hacer valer a efectos de desvirtuar la invalidez decretada, cuando dicha oportunidad y escenario era el id\u00f3neo para que ejercieran sus derechos fundamentales y se reexaminara el asunto.  <\/span><\/p>\n

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3. En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la Unidad accionante no hizo uso adecuado de los medios defensivos que contempla la norma adjetiva, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de aquellos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, o para recuperar oportunidades que se dejaron vencer en el curso del proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Sala, en supuestos similares ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, y 2 mar. 2011, rad. 00380-01)  <\/span><\/p>\n

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4. Con todo, es necesario reiterar que la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. Del examen de la actuaci\u00f3n cuestionada, no se advierte que la decisi\u00f3n de invalidar la actuaci\u00f3n administrativa para que la Unidad tutelante renueve el tr\u00e1mite, comunicando en debida forma de su inicio a la actual propietaria del predio de mayor extensi\u00f3n donde se encuentran ubicadas las dos parcelas cuya restituci\u00f3n se solicita, se traduzca en la vulneraci\u00f3n del derecho invocado, toda vez que es el resultado de una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad aplicable al caso, con base en los supuestos f\u00e1cticos que se sometieron a an\u00e1lisis, todo lo cual deriv\u00f3 en la adopci\u00f3n de una determinaci\u00f3n coherente, razonable y motivada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       En efecto, para el juez de la restituci\u00f3n, se vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental al debido proceso de la opositora Ana Mar\u00eda Valdivieso, porque pese a estar registrada como actual titular del derecho de dominio sobre la finca denominada \u201cLa Magdalena\u201d, dentro de la cual estaban ubicadas las dos porciones de terreno solicitadas en restituci\u00f3n por los solicitantes, tal como lo indic\u00f3 la Unidad accionante en su escrito introductor, no fue enterada de la actuaci\u00f3n administrativa que sobre sus propiedades se iniciaba, cuando, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 76, inciso 4\u00ba de la Ley 1448 de 2011 y 13 del Decreto 4829 de 2011, as\u00ed debi\u00f3 procederse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Al respecto, consider\u00f3 con detalle y claridad la autoridad accionada:  <\/span><\/p>\n

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       \u00ab\u2026la sola fijaci\u00f3n de unos avisos en unos arbustos de los predios objeto de restituci\u00f3n, del que ni siquiera se pudo confirmar si ofrec\u00eda garant\u00edas de visibilidad, no constituye una debida comunicaci\u00f3n a la propietaria, Ana Mar\u00eda Valdivieso, por cuanto en el art\u00edculo 13, numeral 3 del Decreto 4829 de 2011, habilita que en caso de llegar al predio y no encontrar persona alguna se coloque la comunicaci\u00f3n en un soporte de la puerta o del posible punto de acceso al predio, se encontraban sin vivienda, ni cercamiento, lo que permit\u00eda a la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras constatar que el mismo no se encontraba espec\u00edficamente individualizado respecto del predio de mayor extensi\u00f3n, del cual es copropietaria la se\u00f1ora Valdivieso Jim\u00e9nez, por lo que colocar el aviso en un \u00e1rbol no resultaba garante del debido proceso de la mentada, m\u00e1xime cuando desde dicha labor \u2013 consignada en los informes de comunicaci\u00f3n-, se se\u00f1ala en cada predio que se \u201cencuentra dentro de una finca de mayor extensi\u00f3n denominada La Magdalena\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Para el presente asunto, con mayor raz\u00f3n se encuentra evidente la trasgresi\u00f3n al debido proceso de la se\u00f1ora Valdivieso Jim\u00e9nez, cuando su inter\u00e9s en las resultas del asunto se pueden colegir de que ostenta la condici\u00f3n de propietaria de los predios objeto de restituci\u00f3n \u2013 condici\u00f3n que resulta f\u00e1cilmente verificable para la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras \u2013 por lo que se materializar\u00eda una omisi\u00f3n que constituye causal de nulidad por debido proceso constitucional, que invalidar\u00eda el presente tr\u00e1mite judicial y que hasta tanto no sea enmendado en la etapa administrativa no habilitar\u00e1 la continuaci\u00f3n de la etapa judicial.\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. De modo que para la Sala es evidente que la pretensi\u00f3n de la entidad gestora del amparo se circunscribi\u00f3, exclusivamente, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Lo anterior, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por ello, los reclamantes no pueden pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que consideran los desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

7. Adem\u00e1s, para la Sala es claro que no existe perjuicio irremediable alguno que evitar con la intervenci\u00f3n del juez de tutela, no solo porque, como qued\u00f3 visto, las decisiones adoptadas dentro del proceso, incluyendo la que declar\u00f3 desierta la reposici\u00f3n, no pueden tildarse de absurdas ni irrazonables o caprichosas, sino porque los solicitantes del amparo cuentan con la posibilidad de exigir a la accionante que, en cumplimiento a la nulidad declarada, rehaga la actuaci\u00f3n administrativa para que puedan someter a la jurisdicci\u00f3n su solicitud de restituci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

8. Las razones que se dejaron consignadas se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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    LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         Magistrado ponente      STC1487-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00212-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el treinta de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99239","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99239","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99239"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99239\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99239"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99239"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99239"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}