{"id":99242,"date":"2026-06-25T18:06:36","date_gmt":"2026-06-25T18:06:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1490-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:06:36","modified_gmt":"2026-06-25T18:06:36","slug":"stc1490-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1490-2017\/","title":{"rendered":"STC1490-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1490-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02186-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 13 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Guillermo Le\u00f3n Salazar Rodr\u00edguez frente a la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Pasto.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante actuando en nombre propio, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos a al debido proceso y a la defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En soporte de la queja, relata que fungi\u00f3 como apoderado de la parte demandante en un proceso de acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa en contra del Hospital Universitario de Pasto, adelantado en el Juzgado Quinto Administrativo de esa misma ciudad. Frente a \u00e9ste expuso una serie de irregularidades procesales que dieron al traste con la demanda, la cual finalmente result\u00f3 desfavorable a los intereses de sus clientes.  La sentencia adversa reci\u00e9n le fue notificada seis meses despu\u00e9s de proferida la misma, lo cual en su sentir, constituy\u00f3 una abierta y flagrante violaci\u00f3n al debido proceso, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a denunciar a la Funcionaria judicial ante la Fiscal\u00eda por el presunto delito de Prevaricato por omisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La investigaci\u00f3n, que le correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Pasto, fue archivada mediante Resoluci\u00f3n del 11 de noviembre de 2016 por atipicidad de la conducta, decisi\u00f3n que reprocha por que el fiscal \u00ab(\u2026) no le dio la m\u00e1s m\u00ednima importancia a la raz\u00f3n de la denuncia por prevaricato, que era la fecha en que se me notific\u00f3 de la sentencia, seis meses y medio despu\u00e9s de dictada, cuya omisi\u00f3n dolosa, es conducta prevaricadora\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene adem\u00e1s que en las labores de indagaci\u00f3n se prescindi\u00f3 del interrogatorio directo de la juez denunciada y de la secretaria del despacho, a quien la misma Funcionaria atribuye en sus descargos haber sido la responsable del retardo en la notificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia, su petici\u00f3n se dirige a que se declare que el Fiscal incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho al ordenar el archivo de la denuncia impetrada y que se reasigne el asunto a otro Fiscal que reexamine tal resoluci\u00f3n y a su vez que reanude la investigaci\u00f3n en que incurri\u00f3 la Juez Quinta Administrativa de Pasto y se abra igualmente proceso a la secretaria de dicha agencia judicial. (ff. 1 a 9, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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1.        El Fiscal Cuarto Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, se opuso a las pretensiones de la demanda se\u00f1alando que el denunciante desconoce las facultades que el procedimiento penal le asigna a ente acusador cuando se determina que el hecho no re\u00fane las caracter\u00edsticas de un delito y sobre el particular se vertieron los motivos suficientes para hacerlo en la orden del 11 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que dicha orden puede ser confrontada ante los jueces de control de garant\u00edas, posibilidad procesal que el abogado no ha utilizado.  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 indicando que en todo caso una orden de archivo de diligencias de esta naturaleza tiene efectos formales, pues de aparecer elementos de convicci\u00f3n nuevos podr\u00eda reactivarse la investigaci\u00f3n (ff. 93 y 94, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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La Primera instancia concluy\u00f3 que la pretensi\u00f3n incoada se torna improcedente dada la existencia de medios judiciales id\u00f3neos con los que cuenta el actor para plantear su aspiraci\u00f3n, sin haber demostrado un perjuicio irremediable que hiciere viable la intervenci\u00f3n (ff. 95 a 102, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante reprocha la decisi\u00f3n del A quo, al referir que la v\u00eda propuesta  de acudir al \u00abJuez Penal del Circuito al que ten\u00eda que ir basado en el art\u00edculo 79 del CPP, por cuanto la decisi\u00f3n del se\u00f1or (\u2026) no tiene recurso de apelaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Insisti\u00f3 en que la investigaci\u00f3n del Fiscal acusado no se realiz\u00f3 \u00abcon los par\u00e1metros propios de una investigaci\u00f3n seria y propia de su categor\u00eda y no le prest\u00f3 a la denuncia planteada la debida atenci\u00f3n y acuciosidad con la que deb\u00eda actuar\u00bb, finaliz\u00f3 indicando que Indica que, al no contar con otros elementos probatorios, una acci\u00f3n judicial ser\u00eda ilusoria (ff. 106 y 107, ib\u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  La tutela est\u00e1 consagrada en la Carta Pol\u00edtica para resguardar de forma inmediata y efectiva las garant\u00edas de las personas, cuando fueren quebrantadas o seriamente amenazadas por cualquier entidad p\u00fablica o por particulares, a no ser que su titular tenga o haya contado con la posibilidad de hacerlas prevalecer por otro camino legal.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se sabe que, siguiendo los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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       Solamente se ha permitido la excepcional intervenci\u00f3n, ante la ausencia de medios de defensa para lograr el amparo, o cuando existiendo, y considerando el caso concreto, se tornan ineficaces para conseguir la real e inmediata protecci\u00f3n, desde luego que frente a determinaciones o actuaciones judiciales que puedan catalogarse como v\u00edas de hecho, que con la evoluci\u00f3n jurisprudencial, pasaron a considerarse como causales gen\u00e9ricas y especiales de procedibilidad.  <\/span><\/p>\n

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2. Abordando el tema del sublite, la inconformidad del demandante se centra en la decisi\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda accionada de archivar la indagaci\u00f3n penal iniciada en contra del Juzgado Quinto Administrativo de Pasto, por el presunto delito de prevaricato por omisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Afirma el quejoso que solicit\u00f3 el impulso de la indagaci\u00f3n, sin tener \u00e9xito, alegando que la Fiscal\u00eda no sigui\u00f3 un plan metodol\u00f3gico de averiguaci\u00f3n adecuado que incluyera, por ejemplo, el interrogatorio directo de la juez indagada y de la secretaria del despacho.  <\/span><\/p>\n

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       Advertido lo anterior, como viene de indicarse, por principio general, \u00e9sta acci\u00f3n de amparo es improcedente contra actuaciones y decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando no se ha hecho uso de los mecanismos con los que cuenta el proceso para plantear la pretensi\u00f3n que aqu\u00ed se eleva.  <\/span><\/p>\n

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Dado su car\u00e1cter residual y subsidiario, no es la tutela el escenario apropiado para definir si la decisi\u00f3n de archivo adoptada por la Fiscal\u00eda fue acertada o no, pues ello corresponde a un asunto que debe ser alegado al interior de la causa, cuya aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n normativa es del resorte exclusivo del juez competente.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, por cuanto el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 (C\u00f3digo de Procedimiento Penal), dispone que si surgieren nuevos elementos probatorios la Fiscal\u00eda deber\u00e1 reanudar la indagaci\u00f3n mientras no se haya extinguido la acci\u00f3n penal, sin embargo, si dicha entidad se negare a ello, le concierne al juez de control de garant\u00edas dirimirlo previa petici\u00f3n directa del interesado, es decir, existe otro medio de defensa judicial al que debi\u00f3 acudir el actor y no lo hizo, y a la fecha no ha demostrado la presencia de un riesgo inminente o un perjuicio irremediable que pudiere habilitar esta instancia tutelar.   <\/span><\/p>\n

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Respecto a la competencia del juez de control de garant\u00edas para definir casos como el que nos ocupa, en la sentencia C- 1154 de 2005, de la Corte Constitucional, se precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abIgualmente, se debe resaltar que las v\u00edctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigaci\u00f3n. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posici\u00f3n de la Fiscal\u00eda y la de las v\u00edctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las v\u00edctimas, cabe la intervenci\u00f3n del juez de garant\u00edas. Se debe aclarar que la Corte no est\u00e1 ordenando el control del juez de garant\u00edas para el archivo de las diligencias sino se\u00f1alando que cuando exista una controversia sobre la reanudaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, no se excluye que las v\u00edctimas puedan acudir al juez de control de garant\u00edas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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De esta manera, omitir el tr\u00e1mite previsto para este prop\u00f3sito acudiendo a la tutela, implica invadir una competencia que de manera exclusiva se encuentra radicada en el se\u00f1alado juez de la especialidad penal, lo cual ser\u00eda abiertamente contrario a la finalidad y alcance del instrumento constitucional; pues \u00e9ste, se ha instituido para la defensa de los derechos fundamentales, pero, se reitera, no es una instancia paralela o adicional a la de los funcionarios competentes, como en este caso el Fiscal Cuarto Delegado ante el Tribunal Superior de Pasto, quien en ejercicio de su autonom\u00eda, concluy\u00f3 que las diligencias deb\u00edan archivarse ante la falta de elementos de conocimiento indicativos de la estructuraci\u00f3n de alg\u00fan tipo penal que permitiera continuar con las mismas.  <\/span><\/p>\n

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3.         As\u00ed entonces, al contar con otros medios de defensa judicial, la petici\u00f3n de amparo propuesta por el actor, no puede prosperar por improcedente, ante la carencia del presupuesto de subsidiariedad, tal como lo concluy\u00f3 la primera instancia, lo cual impone la confirmaci\u00f3n del fallo censurado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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