{"id":99245,"date":"2026-06-25T18:06:53","date_gmt":"2026-06-25T18:06:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1493-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:06:53","modified_gmt":"2026-06-25T18:06:53","slug":"stc1493-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1493-2017\/","title":{"rendered":"STC1493-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1493  -2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-02224-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 13 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro Sigilberto Bola\u00f1os Ram\u00edrez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Trece Penal del Circuito y Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma capital y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 INPEC  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, defensa, acceso eficaz a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y dignidad humana\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Se duele el actor de la decisi\u00f3n del Tribunal demandado proferida el 31 de agosto de 2016 en segunda instancia de ejecuci\u00f3n de penas, mediante la cual se confirm\u00f3 la de origen desestimando la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n invocada.  <\/span><\/p>\n

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Informa haber sido capturado el 28 de junio de 2015, por cuenta de una sentencia condenatoria en su contra refrendada por el Tribunal el 6 de marzo de 2007, fecha para la cual se hallaba en calidad de detenido en su residencia.  Explica que no compareci\u00f3 a la diligencia de lectura de fallo por voluntad propia, debido a esto no pudo ser notificado en estrados.  <\/span><\/p>\n

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Las irregularidades a las que apunta se presentan cuando la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal deja constancia de notificaci\u00f3n por edicto a partir del 27 de abril de 2007, para comenzar a contar desde esa fecha el t\u00e9rmino de 60 d\u00edas para interponer el recurso de casaci\u00f3n, solo declarando la firmeza de la decisi\u00f3n el 27 de julio de 2007.  <\/span><\/p>\n

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La tesis que expone es que la sentencia debi\u00f3 haber cobrado ejecutoria desde el mismo momento en que fue le\u00edda y comunicada, o a lo sumo, a partir de la primera visita que realizaron los funcionarios del INPEC a su domicilio para advertir que se hab\u00eda fugado.  <\/span><\/p>\n

De admitir la fecha de lectura de sentencia de segunda instancia como la de ejecutoria, la pena (de 96 meses) habr\u00eda prescrito el 7 de marzo de 2015, es decir, unos meses antes de su recaptura.  <\/span><\/p>\n

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Es por ello que acusa el auto del Tribunal de incurrir en v\u00eda de hecho por error en la aplicaci\u00f3n de la norma y de hacer una valoraci\u00f3n sesgada de la ley, por lo que a trav\u00e9s de la tutela pide \u00ab(\u2026) dejar sin valor el fallo del prove\u00eddo atacado, y en su lugar decretar que la ejecutoria de la sentencia se configur\u00f3 desde el 6 de marzo de 2015 (sic) en su defecto desde la primera visita reportada por los notificadores al sitio de reclusi\u00f3n del preso, ante la ausencia definitiva del mismo\u00bb (ff. 1 a 16, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juez Trece Penal del Circuito de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que la sentencia de primera instancia fue proferida por \u00e9se despacho el 13 de diciembre de 2006, condenando al implicado a la pena de 96 meses de prisi\u00f3n por el delito de est\u00edmulo a la prostituci\u00f3n de menores, decisi\u00f3n que fue apelada.  Solicita su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto es responsable de la transgresi\u00f3n de los derechos que invoca el actor (f. 27, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, admite haber dictado el auto discutido el 31 de agosto de 2016, del que no se aprecia ninguno de los defectos se\u00f1alados por el gestor.  Aporta la decisi\u00f3n referida (ff. 36 y 37, ib.)  <\/span><\/p>\n

3.        La Juez Sexta de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, se pronuncia oponi\u00e9ndose a las pretensiones de la acci\u00f3n, en la medida que  la tutela no est\u00e1 concebida como un mecanismo supletorio para debatir los extremos que son propios al tr\u00e1mite del proceso.  Expuso que dicho despacho ha contestado todas las solicitudes elevadas por el actor garantiz\u00e1ndole en todo momento sus derechos constitucionales (ff. 70 y 71, \u00eddem)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar el pronunciamiento reprochado como razonable, en la medida en que se apoy\u00f3 adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto (ff. 60 a 69, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el fallo reiterando los argumentos del escrito inicial, recalcando que el A quo evadi\u00f3 la discusi\u00f3n en relaci\u00f3n con el t\u00e9rmino que contaba la Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal para notificar un preso que se ha fugado, a\u00f1ade adem\u00e1s, que el tema del alargamiento injustificado de los t\u00e9rminos de ejecutoria no puede atribu\u00edrsele al penado, ya que \u00e9ste se dio por una actuaci\u00f3n indebida de las autoridades acusadas (ff. 95 a 98, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable o desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de las prerrogativas del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente caso, el accionante cuestiona concretamente el auto de 31 de agosto de 2016, a trav\u00e9s del cual la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 el auto del Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas, que resolvi\u00f3 negar la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal que le fuera impuesta dentro del proceso seguido en su contra por el delito de est\u00edmulo a la prostituci\u00f3n de menores, al advertir que los c\u00e1lculos que hace el condenado respecto del inicio del t\u00e9rmino prescriptivo no se ajustan a la normativa y jurisprudencia pertinente, acogida por las autoridades se\u00f1aladas.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, es del caso se\u00f1alar que, examinada la determinaci\u00f3n refutada, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que carece de arbitrariedad, y menos se vislumbra actuaci\u00f3n caprichosa o irregular que permita descalificarla, por el contrario, responde a la interpretaci\u00f3n razonable de las normas penales, que en este evento permitieron no declarar el fen\u00f3meno prescriptivo.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a dicha conclusi\u00f3n porque al revisar el contenido de la decisi\u00f3n criticada, se puede observar que para negarse la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal, el tribunal acudi\u00f3 a la norma pertinente \u2013 art\u00edculo 169 Ley 906 de 2004 \u2013 respecto al tr\u00e1mite para surtir las notificaciones de las sentencias en caso de que el procesado, estando detenido, no comparezca a la audiencia de lectura.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con dicho precepto, con miras a establecer el momento de la ejecutoria del fallo, se apoy\u00f3 en los lineamientos que al respecto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte defini\u00f3 en dicho sentido, para lo cual acudi\u00f3 en cita de la providencia de 6 de febrero de 2013, rad. 38975 donde se dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00abEn el evento en que el detenido con vocaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n no pueda asistir a la audiencia, la comunicaci\u00f3n dirigida al centro carcelario para enterarlo de la providencia deja de tener connotaci\u00f3n de simple acto de comunicaci\u00f3n, para convertirse en uno de notificaci\u00f3n, y de resaltar este \u00faltimo tr\u00e1mite de enteramiento, a partir del mismo comienzan a contabilizarse los plazos legales.  <\/span><\/p>\n

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Entonces, al no lograr notificar la decisi\u00f3n de manera personal, lo que procedi\u00f3 fue la notificaci\u00f3n por edicto, la que una vez concretada ejerci\u00f3 de par\u00e1metro y punto de partida del t\u00e9rmino com\u00fan subsiguiente, es decir, el previsto para interponer el recurso de casaci\u00f3n, el cual, m\u00e1s all\u00e1 de que la defensa no haya manifestado inter\u00e9s alguno en proponerlo, por tratarse de un plazo conjunto habilitado para todas las partes e intervinientes, necesariamente debe registrarse o tenerse en cuenta hasta su finalizaci\u00f3n, por tanto no puede omitirse aun si una de las partes ha renunciado a \u00e9l, como lo pretende el actor.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed entonces que, el criterio del tribunal se acompas\u00f3 tambi\u00e9n con el art\u00edculo 183 de la Ley 906 de 2004 (antes de la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 1395 de 2010) que previ\u00f3 60 d\u00edas para interponer y sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, los cuales contaron desde la constancia de notificaci\u00f3n por edicto fijada por la Secretar\u00eda de la Sala Penal de ese cuerpo colegiado el 27 de abril de 2007, hasta el 27 de julio de \u00e9se mismo a\u00f1o cuando culminaron; por lo tanto, los 8 a\u00f1os de la sanci\u00f3n se cumpl\u00edan en esta \u00faltima fecha pero del a\u00f1o 2015, y justo 43 d\u00edas antes ocurri\u00f3 la captura del aqu\u00ed accionante.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, como quiera que la providencia cuestionada descans\u00f3 sobre criterios de interpretaci\u00f3n adecuados y son fruto de un serio y juicioso an\u00e1lisis respecto de la no concurrencia de las condiciones necesarias para decretar la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal impuesta al enjuiciado, aunando a que encuentra asidero jur\u00eddico en el precedente de la Sala Especializada de \u00e9sta Corporaci\u00f3n citada en el prove\u00eddo debatido, no resulta dable pregonar que con esa determinaci\u00f3n se desconocieron sus derechos, pues quedaron claros los motivos de cada fecha acogida para efectos del conteo del t\u00e9rmino extintivo.     <\/span><\/p>\n

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Bajo esa perspectiva, no se encuentra incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada.  De lo que viene exponi\u00e9ndose \u00e9sta Sala ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713).  <\/span><\/p>\n

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De tal suerte que, se insiste, la inconformidad del actor no vislumbra la transgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, sino la insistencia en una solicitud que fue v\u00e1lidamente atendida en la instancia que objeta, aspecto que merece ratificar la negativa en cuanto a la concesi\u00f3n de la salvaguarda deprecada.  <\/span><\/p>\n

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Por lo tanto habr\u00e1 de ratificarse la improcedencia del amparo, se itera, si se tiene en cuenta que se trata de un proceso penal en el cual se ha visto que las autoridades judiciales involucradas se pronunciaron sobre los asuntos de su exclusiva competencia, haciendo inadmisible que el juez constitucional revise el acierto o desacierto de tal resoluci\u00f3n sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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No ha de olvidarse que la proyecci\u00f3n material del principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n judicial imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche, como claramente lo ha sostenido la Corte Constitucional (CC ST- 332\/06).  <\/span><\/p>\n

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3.        Los razonamientos precedentes se imponen id\u00f3neos, para confirmar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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