{"id":99248,"date":"2026-06-25T18:07:18","date_gmt":"2026-06-25T18:07:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1496-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:07:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:07:18","slug":"stc1496-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1496-2017\/","title":{"rendered":"STC1496-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1496-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2016-00343-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de   febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2016 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Claudia Mu\u00f1oz Chaparro contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca y las personas que hacen parte de la lista de elegibles para el cargo de Secretario de la Sala Disciplinaria de la \u00faltima colegiatura mencionada.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y \u00abacceso a cargos p\u00fablicos a trav\u00e9s de concurso de m\u00e9ritos\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada (folio 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 se ordene a la convocada incluirla a ella en \u00abla lista de elegibles para la provisi\u00f3n en propiedad del cargo de \u201cSecretario\u201d de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca\u00bb (folio 9, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        La queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

2.1.        Que a trav\u00e9s del Acuerdo N\u00ba 182 del 8 de septiembre de 2009, \u00ab [l]a Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura\u2026 convoc\u00f3 a concurso de m\u00e9ritos destinado a la conformaci\u00f3n del Registro Seccional de Elegibles para cargos de empleados de carrera de la sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca y la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial\u2026 de Popay\u00e1n (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Sostuvo que dentro de los empleos ofertados se encontraba el de \u00abSecretario de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        Adujo que, al cumplir con los requisitos para el cargo se\u00f1alado anteriormente, agot\u00f3 el respectivo proceso de inscripci\u00f3n, superando a su vez todas las etapas del concurso, quedando en el puesto 4\u00ba dentro del registro de elegibles para la provisi\u00f3n del cargo de Secretario Nominado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca, lo anterior de conformidad con la Resoluci\u00f3n n\u00b0 148 del 22 de junio de 2016 (folios 58 a 65, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4.        Inform\u00f3 que, el pasado 10 de julio, procedi\u00f3 a remitir, debidamente diligenciado, el formato de \u00abopci\u00f3n de sede\u00bb1 para el cargo optado, no obstante, el mismo fue rechazado por haberse presentado de forma extempor\u00e1nea, por lo que pidi\u00f3 a la accionada reconsiderar esa decisi\u00f3n, frente a lo que obtuvo respuesta desfavorable (folio 54, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5.        Afirm\u00f3 que con el anterior proceder se quebrantaron sus derechos de primer orden, m\u00e1xime cuando el formalismo de la escogencia de sede no deb\u00eda aplicarse en su caso concreto, en el que solo exist\u00eda un cargo vacante y, por ende, deb\u00eda entenderse como postulados al mismo, sin ninguna exigencia, todos aquellos que hac\u00edan parte de la lista de elegibles.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Unidad Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, se\u00f1al\u00f3 que la salvaguarda carec\u00eda del car\u00e1cter del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que la convocante contaba con otros medios y herramientas legales para hacer valer sus derechos; inform\u00f3 que su competencia se limitaba a \u00ab[l]a coordinaci\u00f3n de las actividades que se requieran para dar cumplimiento a los concursos, conforme a las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura\u00bb; anot\u00f3 que el desarrollo del concurso se ci\u00f1\u00f3 a las reglas establecidas en la convocatoria, mismas que no fueron acatadas por la actora, como ella lo acept\u00f3, pues no hizo uso oportuno de la posibilidad de escoger sede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El Consejo Seccional de la Judicatura de Cauca solicit\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda, toda vez que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por la convocante; adujo que el concurso al cual \u00e9sta se postul\u00f3, se ce\u00f1\u00eda bajo t\u00e9rminos y reglas que deb\u00edan acatar los concursantes, lo que no hizo la tutelante, quien reconoci\u00f3 la extemporaneidad de su \u00abPostulaci\u00f3n de sede\u00bb (folios 97 a 99, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar ausente el presupuesto de la subsidiariedad, dado que \u00abcontra el formul\u00f3 la lista de elegibles para el cargo de Secretario nominado, este es el Acuerdo No 51 de 2016, procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativ[a]\u00bb, donde era dable pedir la suspensi\u00f3n provisional del acto criticado (folios 112 a 117, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 el anterior fallo aduciendo que no existi\u00f3 pronunciamiento de fondo sobre los hechos planteados en el libelo de tutela y que el amparo constitucional debi\u00f3 concederse de manera transitoria, con el fin de \u00abevitar un perjuicio irremediable, dado que la Acci\u00f3n de Nulidad y Restablecimiento de Derecho no es un procedimiento expedito\u00bb, destacado que ya hab\u00eda iniciado tal tramite, desde el 7 de diciembre de 2016, solicitando como medida previa la suspensi\u00f3n del Acuerdo No. 51 de dicho a\u00f1o, pero ese asunto fue asignado al Juzgado Noveno Administrativo de Popay\u00e1n sin que hasta ahora, si quiera se haya resuelto sobre la admisi\u00f3n de la demanda (folios 128 y 129, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

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2.        Descendiendo al caso concreto, advierte la Sala que la impugnaci\u00f3n formulada est\u00e1 llamada al fracaso, toda vez que el amparo reclamado no puede prosperar, habida cuenta que de los supuestos f\u00e1cticos tra\u00eddos en la demanda de tutela se concluye que la accionante, frente al acto administrativo criticado, esto es, el Acuerdo No. 51 del 27 de julio de 20162, pod\u00eda promover, como efectivamente lo hizo, la respectiva acci\u00f3n judicial ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, a la que le corresponde definir el debate sobre la legalidad de aquella determinaci\u00f3n (folio 131 a 152, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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En un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, dej\u00f3 dicho la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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…En el presente caso, de los hechos expuestos en la tutela, se advierte que la solicitud de amparo es improcedente, porque la parte accionante cuenta con otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para atacar la decisi\u00f3n que considera lesiva a sus garant\u00edas.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal determinaci\u00f3n comporta un acto administrativo susceptible de contradicci\u00f3n en sede jurisdiccional, escenario judicial establecido por el legislador a fin de que la interesada, mediante el tr\u00e1mite correspondiente, fundamente sus razones de inconformidad contra la misma. Incluso, de ser el caso, dicha parte puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional del acto que considera lesivo a sus derechos.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias originadas en las decisiones de la administraci\u00f3n, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, si tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en este caso no se colige la existencia de dicho presupuesto, m\u00e1s aun cuando no se demostr\u00f3 la existencia del mismo. (CSJ STC16499-2014, 4 dic. 2014, rad. 2014-00349-01)  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, se configura la causal de improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, reglada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, su inviabilidad cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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3.        Aunado a lo expuesto, la acci\u00f3n del ep\u00edgrafe tampoco se abrir\u00eda paso como mecanismo transitorio, pues es indiscutible que en aqu\u00e9l escenario la accionante tiene la oportunidad de reclamar, en cualquier tiempo, como efectivamente all\u00ed lo solicit\u00f3, el decreto de medidas provisionales encaminadas a mitigar el hipot\u00e9tico agravi\u00f3 que se le cause, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 229 a 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, incluso la suspensi\u00f3n del acto administrativo que cuestiona. En cuanto a ello ha sostenido la Sala que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026dentro del tr\u00e1mite judicial al que se ha hecho referencia, es posible reclamar la suspensi\u00f3n provisional del acto administrativo, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 231 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, medida sobre la cual, desde su consagraci\u00f3n en la codificaci\u00f3n precedente, se tiene establecido que \u201cde hallarse fundada es suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado\u201d. (Sentencias de 18 de octubre de 2007, exp. 2007-00321-01; 21 de mayo de 2008, exp. 2008-00107-01 y 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00201-01, entre otras).  (CSJ STC, 13 sep. 2013, rad. 2013-00057-01)  <\/span><\/p>\n

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4.        As\u00ed mismo, si bien la tutelante, el 7 de diciembre del a\u00f1o anterior, promovi\u00f3 acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho frente al acto administrativo objeto de discusi\u00f3n, \u00abcon solicitud de suspensi\u00f3n provisional\u00bb, asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Administrativo de Popay\u00e1n sin que dicha autoridad, hasta la fecha, haya calificado la referida demanda (folios 130 a 152, cuaderno 1); lo cierto es que esto no modifica en nada las consideraciones vertidas a espacio, por el contrario, ratifica la inviabilidad del amparo de tutela, porque es al interior de ese tr\u00e1mite judicial que el fallador natural debe resolver la controversia sometida a la jurisdicci\u00f3n, a m\u00e1s que estando en curso el mismo la tutela se torna improcedente, recordando que no es un mecanismo que pueda agotarse en forma paralela a los medios ordinarios de defensa.  <\/span><\/p>\n

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En ese sentido, la Sala reiteradamente ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 10 feb. 2012, rad. 2011-00174-01).  <\/span><\/p>\n

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De lo anterior se colige que efectivamente la accionante conoce que cuenta con diferentes mecanismos judiciales a efectos de hacer valer sus derechos, destacando que present\u00f3 la correspondiente acci\u00f3n de nulidad, sin embargo, si bien en la impugnaci\u00f3n se duele de que la demanda respectiva ni siquiera ha sido admitida, lo cierto es que tal supuesto no lo plante\u00f3 en el escrito introductorio, por lo que la Sala no puede ocuparse de \u00e9l, al resultar novedoso, y en todo caso, si alguna queja tiene frente a esa tardanza, es ante la autoridad contencioso administrativa frente a la que, previamente, debe plantear sus inconformidades, a trav\u00e9s de los medios ordinarios que resulten procedentes.  <\/span><\/p>\n

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Por esa l\u00ednea la Corte ha expuesto que:  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, la alegaci\u00f3n atinente que a pesar de acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa a la fecha su demanda no ha sido admitida, encuentra la Corte que ello tampoco abre paso a la solicitud de amparo, en la medida en que en \u00e9sta ninguna queja se plante\u00f3 por la tardanza en el tr\u00e1mite de ese asunto, contra la autoridad judicial encargada del mismo, a m\u00e1s de que, frente al particular, otras son las v\u00edas que deben agotar los inconformes.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, en otra ocasi\u00f3n, dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

…si bien es cierto que la accionante aduce que a pesar de acudir al mecanismo ordinario atr\u00e1s referido no ha obtenido resoluci\u00f3n a su problem\u00e1tica, otras son las v\u00edas que debe agotar para procurar el tr\u00e1mite expedito de tal acci\u00f3n, las cuales no pueden ser discutidas en este tr\u00e1mite, m\u00e1xime cuando en el libelo introductor no expuso ninguna queja contra la autoridad encargada de ese asunto, esto es, el Consejo de Estado, y aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de protecci\u00f3n judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violaci\u00f3n patente de los imperativos legales, en el presente asunto, la denunciante no demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n concreta para su caso particular. (CSJ STC1737-2016, 30 nov., rad. 00595-01)  <\/span><\/p>\n

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5.        Por lo anterior, se impone ratificar la sentencia de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 1 Folio 51, cuaderno 1.    <\/span><\/p>\n

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