{"id":99251,"date":"2026-06-25T18:07:47","date_gmt":"2026-06-25T18:07:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1499-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:07:47","modified_gmt":"2026-06-25T18:07:47","slug":"stc1499-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1499-2017\/","title":{"rendered":"STC1499-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1499-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b025000-22-13-000-2016-00499-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecinueve de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia  del Tribunal Superior de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela promovida por la menor Laura Natalia Mariscal P\u00e9rez contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional C.A.R. – Direcci\u00f3n Regional de Sumapaz de Fusagasug\u00e1; tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Procuradur\u00eda Agraria y Ambiental y, la Defensor\u00eda de Familia.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derechos fundamentales de los ni\u00f1os, vida y honra que considera vulnerados por la entidad accionada por cuanto pese a que dio inicio al proceso sancionatorio con radicado 51329 por  la invasi\u00f3n del predio denominado Granja Porcina Balkanes en Fusagasug\u00e1 \u2013 Cundinamarca, que le fue adjudicado en un proceso de sucesi\u00f3n, sus actuaciones administrativas se han caracterizado por la desidia y abandono, sin que se  haya adoptado decisi\u00f3n alguna en aras de proteger la vegetaci\u00f3n y volver la finca a su estado anterior.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene \u00abal Director de la C.A.R. regional del Sumapaz; que en t\u00e9rmino de 48 horas emita auto resolviendo como a derecho corresponde la administraci\u00f3n administrativa correspondiente.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Se llame la atenci\u00f3n al Director de la C.A.R. regional de Sumapaz que en adelante observe estrictamente la actuaci\u00f3n que a esa instituci\u00f3n le corresponde y dar cumplimiento a los t\u00e9rminos previstos legalmente para esta clase de actuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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\u2026Ordenar al Director de la C.A.R. regional de Sumapaz, presentar las denuncias penales correspondientes por el da\u00f1o al medio ambiente observado en el predio GRANJA PORCINA BALKANES\u00bb [Folio 36, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. La accionante quien en la actualidad cuenta con 15 a\u00f1os de edad, se\u00f1ala que sus abuelos paternos Dar\u00edo Mariscal y Cecilia Beltr\u00e1n presentaron denuncia ante la Fiscal\u00eda Seccional de Bogot\u00e1, ya que estaban siendo objeto de amenazas de muerte por parte de bandas delincuenciales llamados \u201ctierreros\u201d que quer\u00edan apoderarse violentamente del predio denominado \u201cGranja Porcina Balkanes\u201d ubicada en Fusagasug\u00e1 \u2013 Cundinamarca, Vereda Cucharal, quienes d\u00edas despu\u00e9s fueron asesinados.  <\/span><\/p>\n

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2. Que en su condici\u00f3n de \u00fanica heredera de sus abuelos, le fue adjudicado en el proceso de sucesi\u00f3n el derecho de posesi\u00f3n de la citada Granja, la cual fue invadida violentamente el 23 de abril de 2008 y donde se est\u00e1 descargando por parte de los invasores desechos de toda clase; se recubrieron los lagos artificiales y la ronda de la quebrada fue ocupada por construcciones hechas en ladrillo y cemento, lo que atenta contra el medio ambiente, situaci\u00f3n que fue denunciada para que se iniciara la respectiva investigaci\u00f3n penal.  <\/span><\/p>\n

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3. Que as\u00ed mismo en defensa de sus derechos present\u00f3 ante la Alcald\u00eda Municipal procesos por contravenci\u00f3n urban\u00edstica contra los invasores del predio con radicados Nos. 058 de 2008 y 195 de 2011, adelantados por la Secretar\u00eda de Gobierno de Fusagasug\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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4. Manifiesta la actora que como consecuencia de su denuncia, la Alcald\u00eda Municipal inform\u00f3 a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional C.A.R., entidad que procedi\u00f3 a realizar inspecci\u00f3n del predio e inici\u00f3 proceso sancionatorio con radicaci\u00f3n No.  51329 el 18 de septiembre de 2015, sin observar diligencia en su tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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5. Que contrario a la desidia presentada por parte de la entidad accionada, por intermedio de su representante legal, su progenitora, interpuso acciones de tutela contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, Juzgado Segundo Civil del Circuito, Alcald\u00eda y la Secretar\u00eda de Gobierno de esa localidad, las cuales le fueron favorables y se dispuso la celeridad en la investigaci\u00f3n penal y el proceso civil  que se adelanta contra los invasores.  <\/span><\/p>\n

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6. En criterio de la accionante al interior del tr\u00e1mite administrativo que se adelanta ante la Corporaci\u00f3n demandada se  vulneraron sus derechos por cuanto sus actuaciones \u00abhan estado afectadas de absoluto abandono\u00bb sin que se adopten medidas urgentes para impedir los graves da\u00f1os ambientales que se est\u00e1n realizando en el predio denunciado. [Folios 34-37, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 7 de diciembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados y se dispuso vincular a los dem\u00e1s intervinientes, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 42, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. Los Procuradores 31 Judicial II Ambiental y Agraria y, 149 Judicial II de Familia  manifestaron que de corroborarse que efectivamente la entidad demandada no ha realizado gesti\u00f3n alguna en pro de la defensa de los derechos de la accionante y de la comunidad en general deber\u00e1 ser requerida para tal efecto. [Folios 60-61 y 97-99, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el apoderado especial de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de Cundinamarca \u2013 C.A.R. se opuso a la prosperidad del amparo y se\u00f1al\u00f3 que contrario a lo expuesto por la tutelante se han realizado las gestiones pertinentes dentro del tr\u00e1mite administrativo de car\u00e1cter sancionatorio que se encuentra en curso, por cuanto desde el conocimiento de la queja, se han adelantado informes t\u00e9cnicos y actuaciones de acuerdo al ordenamiento legal y se han hecho p\u00fablicas por medio de las notificaciones correspondientes.  <\/span><\/p>\n

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De igual modo inform\u00f3 que mediante auto DRSU No. 0999 de fecha 26 de agosto de 2016, se le reconoci\u00f3 como tercero interviniente a la tutelante, representada legalmente por su progenitora para que participe dentro de la actuaci\u00f3n, por lo que considera que no se le ha vulnerado derecho fundamental alguno.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que si la actora discrepa de lo que hasta el momento se ha realizado debe \u00abentonces, aportar las pruebas que reposen en su poder tendientes a demostrar la supuesta vulneraci\u00f3n que est\u00e1 alegando\u00bb. [Folios 87-95, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. El Tribunal Superior de Cundinamarca, en fallo de 19 de diciembre de 2016 neg\u00f3 el amparo tras se\u00f1alar que siendo reconocida la accionante como interviniente desde el 26 de agosto de 2016, ser\u00e1 dentro del tr\u00e1mite administrativo sancionatorio ambiental, donde deber\u00e1 formular las peticiones que estime pertinentes a fin de exigir el cumplimiento de los t\u00e9rminos legales que reclama en el presente tr\u00e1mite constitucional aunado a que la actora no alleg\u00f3  prueba de haber hecho solicitud alguna ante la accionada pretendiendo lo pedido en esta acci\u00f3n de tutela.  [Folios 102-109, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que \u00abel proceso contravencional de facultades legales de la C.A.R. no es a ruego\u00bb es de oficio que debe adelantarse. \u00abNo soy yo la persona encargada de estar vigilando que se hagan desmanes contra el medio ambiente; esa no es mi funci\u00f3n, esa funci\u00f3n es estrictamente de la facultad legal del ente aqu\u00ed accionado\u00bb por lo que a su juicio las actuaciones realizadas por la accionada demuestran la falta de un debido proceso. [Folios 122-124, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que uno de los principios esenciales que orienta la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es el de subsidiariedad.   <\/span><\/p>\n

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El enunciado postulado est\u00e1 referido a la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna de los derechos objeto de violaci\u00f3n o amenaza, toda vez que al amparo no se le puede considerar como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con lo anterior, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que la primera se utilizara como \u201cmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u201d, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de tales herramientas ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Se estructura as\u00ed uno de los requisitos de procedibilidad del se\u00f1alado mecanismo, esto es su car\u00e1cter subsidiario o residual, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento constitucional o legalmente creado para ser utilizado mediante las v\u00edas ordinarias.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, se advierte que la  accionante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial, para propender por la protecci\u00f3n de sus derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la actora pretende por esta v\u00eda se ordene a la entidad acusada definir el proceso administrativo sancionatorio ambiental, que all\u00ed se adelanta con radicado No. 51329 desde el a\u00f1o 2015 y donde fue reconocida como tercero interviniente el 26 de agosto de 2016 [Folios 81-86, c.1], pues a su juicio no se est\u00e1 atendiendo la situaci\u00f3n denunciada en el Predio denominado Granja Porcina Balkanes de Fusagasug\u00e1 \u2013 Cundinamarca, el cual le fue adjudicado en el proceso de sucesi\u00f3n de sus abuelos.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, se hace evidente que la actora cuenta con otro medio de defensa judicial para manifestar los reproches que por esta v\u00eda expone, pues conforme lo advirti\u00f3 el A Quo al haber sido reconocida como interviniente dentro de la actuaci\u00f3n censurada, ser\u00e1 dentro de ese tr\u00e1mite donde deber\u00e1 formular sus inconformidades m\u00e1xime que de acuerdo a lo obrante en las diligencias y a la respuesta ofrecida por la entidad accionada, la tutelante no ha hecho solicitud alguna con miras a lograr lo peticionado por este medio.   <\/span><\/p>\n

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Resulta ostensible, entonces, que si la accionante no ha agotado todos los recursos que le brinda el ordenamiento, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir exclusivamente al juez natural a trav\u00e9s de los mecanismos de defensa con que la partes cuentan al interior de la actuaci\u00f3n administrativa.  <\/span><\/p>\n

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3. En consecuencia, como la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Bajo el planteamiento anterior, deber\u00e1 desestimarse el resguardo invocado, lo que impone confirmar la sentencia revisada por v\u00eda de impugnaci\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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