{"id":99252,"date":"2026-06-25T18:07:59","date_gmt":"2026-06-25T18:07:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1500-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:07:59","modified_gmt":"2026-06-25T18:07:59","slug":"stc1500-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1500-2017\/","title":{"rendered":"STC1500-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1500-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-04-000-2016-02094-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete   (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintinueve de noviembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por John Jairo Serna Guisao contra la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cali; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a la funcionaria Mar\u00eda Gilma L\u00f3pez Pab\u00f3n, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso penal que se adelant\u00f3 contra la prenombrada, conocido con radicado 2016-33659.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n  <\/span><\/p>\n

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El accionante mediante confuso escrito solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, que considera vulnerados por la autoridad accionada al ordenar el archivo de la denuncia realizada contra la Juez Sexta Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de Cali, pues, en su sentir, los medios cognoscitivos recaudados en la investigaci\u00f3n evidenciaban la comisi\u00f3n del delito denunciado, \u00abdescalificando un trabajo t\u00e9cnico realizado por un profesional del derecho y con ello, de forma desleal, falt\u00e1ndole al respeto por la Dignidad Humana de la parte accionante.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se tutelen los derechos invocados y se deje sin efecto la decisi\u00f3n adoptada para que en su lugar se adelante la indagaci\u00f3n penal que corresponde y se compulse copias contra la funcionaria  de la Fiscal\u00eda que conoci\u00f3 del caso para que sea investigada penalmente \u00aben raz\u00f3n de su demostrado, denunciado, grosero, arbitrario, ilegal, injusto, ama\u00f1ado, prevaricador y \u201cfavorecedor\u201d, actuar de octubre 13 de 2016\u2026\u00bb [Folio 13, rev\u00e9s, c. 1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Refiere el accionante que formul\u00f3 denuncia el 13 de septiembre de 2016 ante la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cali contra Mar\u00eda Gilma L\u00f3pez Pab\u00f3n, en su condici\u00f3n de Juez Sexta Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de esa ciudad por la presunta comisi\u00f3n del delito de Prevaricato por Acci\u00f3n al no dar cumplimiento con los preceptos legales y constitucionales,  dentro de una audiencia preliminar que se llev\u00f3 a cabo el 20 de mayo de ese a\u00f1o cuando se despach\u00f3 desfavorablemente su solicitud de nulidad de la orden de archivo.  <\/span><\/p>\n

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2. El 13 de octubre siguiente el ente acusador dispuso la inadmisi\u00f3n de la denuncia tras considerar \u00abausencia de los par\u00e1metros constitucionales que condicionan el ejercicio de las acci\u00f3n penal, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 69 de la ley 906 de 2004 en consonancia con la sentencia C-1177 de 2005.\u00bb. Decisi\u00f3n que fue debidamente comunicada al actor.  <\/span><\/p>\n

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3. En criterio del accionante se vulneraron los derechos invocados por cuanto en la providencia que orden\u00f3 el archivo de la investigaci\u00f3n no se hizo un debido an\u00e1lisis de sus argumentos, lo que en su sentir constituye una arbitraria decisi\u00f3n. [Folios 1-41, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. Por auto del 17 de noviembre de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 enterar a las autoridades accionadas para que ejercieran su derecho de defensa [Folios 71-73, c.1]  <\/span><\/p>\n

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2. La Fiscal 6\u00ba Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, inform\u00f3 que la noticia criminal No. 760016000193201633659 presentada por el accionante se recibi\u00f3 el 20 de septiembre de 2016 y el 13 de octubre siguiente fue objeto de archivo por inadmisibilidad de la denuncia al considerar que la conducta denunciada no reviste la caracter\u00edstica de punible. [Folios 145-146, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, Mar\u00eda Gilma L\u00f3pez Pab\u00f3n, en su condici\u00f3n de Juez Sexta Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esa ciudad, solicit\u00f3 no acoger las pretensiones del tutelante por cuanto de \u00abmanera injuriosa\u00bb pretende descalificar su actuaci\u00f3n dentro del proceso que en su contra se adelanta por el presunto delito de Falsa Denuncia. [Folios 149-151, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. En sentencia de 29 de noviembre de 2016, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 el amparo al considerar que frente al archivo de las diligencias por parte de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el accionante cuenta con dos posibilidades: solicitar la reapertura de la investigaci\u00f3n con fundamento en nuevos elementos probatorios o acudir ante los jueces con funci\u00f3n de control de garant\u00edas para controvertir tal determinaci\u00f3n. [Folios 159-167, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. Inconforme con esta decisi\u00f3n, el peticionario la impugn\u00f3 con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que no se trata de negarle al actor el derecho que le asiste de acceder a la justicia, \u00ablo que se trata es de proteger el aparato investigativo de usos indebidos e irracionales como el que aqu\u00ed se advierte\u00bb, ya que las denuncias al ser actos propulsores de la actividad estatal para investigar conductas punibles requieren de un m\u00ednimo de fundamento y estudio, situaci\u00f3n que no aconteci\u00f3 por parte del demandado. [Folios 172-241, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Cuando la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201cotro medio de defensa judicial\u201d, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos.  <\/span><\/p>\n

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En armon\u00eda con tal postulado, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 como causal de improcedencia la de existir \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2. En el caso que es objeto de estudio, se advierte conforme lo anot\u00f3 el A Quo que el accionante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial, para propender por la protecci\u00f3n de sus derechos que ahora estima vulnerados, de lo que se deduce que a trav\u00e9s de esta v\u00eda, no se pueden sustituir esos mecanismos de contradicci\u00f3n ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, para remediar las presuntas vulneraciones e irregularidades que asevera se presentaron por parte de  la autoridad accionada, el peticionario puede reclamar directamente, ante los funcionarios competentes el desarchivo de la investigaci\u00f3n bajo los par\u00e1metros establecidos en el art\u00edculo 79 de la Ley 906 de 2004 y, en el evento de obtener una respuesta desfavorable, debe acudir ante el juez de control de garant\u00edas y se\u00f1alar la necesidad de continuar con la indagaci\u00f3n, no sin antes allegar nuevos elementos probatorios o evidencias que den curso a la misma.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, se encuentra, que el tutelante no ha presentado los argumentos en los que funda la acci\u00f3n excepcional, ante los funcionarios correspondientes, de ah\u00ed, que se torne improcedente el amparo solicitado, porque es al interior del asunto que el promotor de la tutela tiene la oportunidad de esbozar las quejas que por esta v\u00eda expone y no puede pretender que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela incoada, el juez constitucional se anticipe a la decisi\u00f3n del juez natural, m\u00e1xime que se observa que en la decisi\u00f3n adoptada por la Fiscal\u00eda Sexta Delegada ante el Tribunal Superior de Cali se indic\u00f3 que la conducta denunciada por el actor no reviste la caracter\u00edstica de punible, raz\u00f3n por la cual se dispuso su archivo.  <\/span><\/p>\n

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Es de se\u00f1alar al tutelante que tales decisiones son de forma provisional, como quiera que al surgir nuevas evidencias se ordenar\u00e1 de inmediato su reapertura, conforme lo establece el art\u00edculo 79 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.  <\/span><\/p>\n

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3. Recu\u00e9rdese que el amparo constitucional es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como un mecanismo que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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4. Por consiguiente, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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