{"id":99254,"date":"2026-06-25T18:08:12","date_gmt":"2026-06-25T18:08:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1502-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:08:12","modified_gmt":"2026-06-25T18:08:12","slug":"stc1502-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1502-2017\/","title":{"rendered":"STC1502-2017"},"content":{"rendered":"

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1502-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2016-00915-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el quince de diciembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar Correa L\u00f3pez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad; tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal y Tercero Civil Municipal de esa urbe y, a las partes e intervinientes dentro del proceso ejecutivo hipotecario impetrado por Colpatria S.A. contra el accionante.  <\/span><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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A. La pretensi\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y vivienda digna que estima vulnerados con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida por la autoridad accionada el 9 de agosto de 2016 pues err\u00f3neamente revoc\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el A Quo al advertir que la falta de capacidad de pago es la raz\u00f3n para no declarar la terminaci\u00f3n anormal del proceso que se adelanta en su contra.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene al accionado \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos el Auto Interlocutorio No. 773 del 9 de agosto de 2016, proferido en segunda instancia por ese Despacho\u2026y en su lugar se proceda a dictar una nueva decisi\u00f3n con arreglo a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y al Art. 42 de la Ley 546 de 1999 constitucionalizado con la Sentencia C-955 de 2000, y se respete las exigencias del Art. 488 y 497 del C. de P.C. que para este caso, dispone que la obligaci\u00f3n de pago contenida en el Pagar\u00e9 base de recaudo por ser inexigible al no encontrarse reestructurada en legal forma, debe terminarse el proceso judicial adelantado en mi contra.\u00bb [Folios 2-3, c.1]  <\/span><\/p>\n

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B. Los hechos  <\/span><\/p>\n

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1. Colpatria S.A. formul\u00f3 proceso ejecutivo con t\u00edtulo hipotecario contra el accionante y otra al no cancelarse oportunamente un cr\u00e9dito de vivienda otorgado en el a\u00f1o 1994.  <\/span><\/p>\n

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2. El asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil Municipal de Cali, el cual libr\u00f3 mandamiento de pago el 15 de julio de 2002, siendo notificada la parte pasiva.  <\/span><\/p>\n

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3. El 4 de noviembre de 2004 se emiti\u00f3 sentencia ordenando seguir adelante la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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4. El asunto fue remitido al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esa ciudad por disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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5. El actor en mayo de 2015 solicit\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por el incumplimiento de las disposiciones ordenadas en la Ley 546 de 1999, conforme a la sentencia constitucional SU-813 de 2007, en lo atinente a la reliquidaci\u00f3n y reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda.  <\/span><\/p>\n

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6. El 19 de junio de ese a\u00f1o, el juzgado declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal del asunto y por consiguiente el levantamiento de las medidas cautelares decretadas al advertir que el pagar\u00e9 que se aporta como base de recaudo ejecutivo, fue otorgado en Upac el 6 de marzo de 1995 y en consecuencia ha debido aportarse con la demanda, la reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n como requisito de procedibilidad, lo cual no se realiz\u00f3. [Folios 10-12, c.1]  <\/span><\/p>\n

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       7. En desacuerdo con la decisi\u00f3n la parte activa interpuso recurso de apelaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       8.  La impugnaci\u00f3n le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, autoridad que el 9 de agosto de 2016 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por el A Quo y en su lugar dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n tras considerar que si bien se evidencia la ausencia de prueba de la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en ejecuci\u00f3n, tal exigencia resulta inane al evidenciarse la falta de capacidad de pago por parte del actor. [Folios 13-19, c.1]  <\/span><\/p>\n

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9. Actualmente el asunto se encuentra pendiente para adelantar la diligencia de remate del inmueble objeto de la litis.  <\/span><\/p>\n

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10. En criterio del peticionario del amparo, con la decisi\u00f3n adoptada por parte del fallador de segunda instancia se vulneraron sus derechos por cuanto desconoci\u00f3 que el proceso ejecutivo adelantado en su contra data del a\u00f1o 2002, cuya obligaci\u00f3n de pago demandada es inexigible por lo aplicarse lo dispuesto en el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, que obligaba a terminar el proceso por falta del requisito de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n y por tanto con su  arbitraria decisi\u00f3n se protege es al banco ejecutante \u00aboblig\u00e1ndome a pagar lo que no debo, desconoci\u00e9ndose de manera grave la DOCTRINA CONSTITUCIONAL INTEGRADORA sobre el tema de vivienda, y resulten as\u00ed vulnerados mis derechos fundamentales ya advertidos.\u00bb. [Folios 1-9, c.1]  <\/span><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la primera instancia  <\/span><\/p>\n

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1. El 9 de diciembre de 2016 la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 23, c.1]  <\/span><\/p>\n

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Por su parte, el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de esa ciudad manifest\u00f3 que recibi\u00f3 la actuaci\u00f3n proveniente del Juzgado Tercero Civil Municipal el 22 de septiembre de 2014 y el 19 de junio de 2015 declar\u00f3 la terminaci\u00f3n anormal del proceso, determinaci\u00f3n que fue revocada por el superior el 9 de agosto de 2016. [Folio 38, c.1]  <\/span><\/p>\n

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A su turno, el Juzgado Tercero Civil Municipal de esa urbe expres\u00f3 que tras la revisi\u00f3n del escrito de tutela, es evidente que la misma no est\u00e1 dirigida a controvertir las decisiones emitidas por ese despacho por lo que se estar\u00e1 a lo resuelto por el juez constitucional. [Folios 42, c.1]  <\/span><\/p>\n

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3. El 15 de diciembre de 2016 el Tribunal neg\u00f3 el amparo deprecado, tras concluir que la decisi\u00f3n censurada por esta v\u00eda no entra\u00f1a ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, m\u00e1xime cuando se comprueba al interior del proceso censurado que el actor soporta un embargo de remanentes decretado en otro asunto, el cual se encuentra vigente. [Folios 43-44, c.1]  <\/span><\/p>\n

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4. El accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1al\u00f3 que si bien es cierto se adelanta otro proceso ejecutivo en su contra, \u00abproceso del cual apenas me entero\u00bb dado que su cuant\u00eda es tan \u00ednfima, no debe ser obst\u00e1culo para que no se disponga la terminaci\u00f3n del otro asunto por falta de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de vivienda. [Folios 50-53, c.1]  <\/span><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.  <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

2. En el asunto sub judice, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al juzgado accionado para revocar la decisi\u00f3n adoptada por la primera instancia, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

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En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n el Ad Quem se\u00f1al\u00f3 que en el presente caso el juzgador de primera instancia decidi\u00f3 terminar el proceso tras considerar que el cr\u00e9dito que se demanda carece de reestructuraci\u00f3n, la cual de acuerdo a los diferentes pronunciamientos de las altas cortes es requisito para adelantar la ejecuci\u00f3n, sin embargo reiter\u00f3 que en el sub examine \u00absi se aceptase que deber\u00eda considerarse la necesidad de reestructurar el cr\u00e9dito, forzoso resulta invocar que en ya decantada doctrina constitucional (SU-787 de 2012), se se\u00f1alaron a manera de ejemplo unas excepciones a la terminaci\u00f3n de los procesos hipotecarios por ausencia de reestructuraci\u00f3n, tesis que ha sido recientemente reiterada por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, y parten de la necesidad de proteger al propio deudor, puesto que a t\u00edtulo de ejemplo debe decirse que ante la incapacidad de pago de aquel, inocuo resultar\u00eda generarle una nueva obligaci\u00f3n que muy seguramente conlleve a un nuevo proceso coercitivo en su contra.\u00bb , situaci\u00f3n que se presenta con el tutelante.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n del A Quo carec\u00eda de respaldo legal o jurisprudencial puesto que conforme la l\u00ednea jurisprudencial trazada por la sentencia SU-813 de 2007, el presente caso no se subsum\u00eda dentro de los par\u00e1metros legales se\u00f1alados por el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999 al resultar \u00abinane la exigencia de la referida reestructuraci\u00f3n, al evidenciarse la falta de capacidad de pago del demandado, adem\u00e1s de su negligencia en la defensa de sus intereses, ya que en ning\u00fan momento se ha acercado al proceso ejecutivo para tratar de normalizar su deuda, situaci\u00f3n que impone que se revoque el prove\u00eddo objeto de censura, a fin de que se contin\u00fae con el curso del proceso\u00bb  <\/span><\/p>\n

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3. De lo anterior, se observa contrario a lo expuesto por el quejoso que las citadas conclusiones son producto de una motivaci\u00f3n que no puede calificarse de irrazonable, pues se fundaron en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y valoraci\u00f3n del material probatorio recaudado, circunstancia que, a juicio del juzgado demandado conllev\u00f3 al fracaso de las pretensiones propuestas por el tutelante.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.),  <\/span><\/p>\n

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Queda claro, entonces, que lo pretendido por el    peticionario del amparo es anteponer su propio criterio al del accionado y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios.  <\/span><\/p>\n

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5. No existe duda, por consiguiente, que no fue por defecto f\u00e1ctico ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que la autoridad demandada adopt\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.  <\/span><\/p>\n

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6. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar la decisi\u00f3n impugnada.  <\/span><\/p>\n

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III. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

       Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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