{"id":99256,"date":"2026-06-25T18:08:25","date_gmt":"2026-06-25T18:08:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1513-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:08:25","modified_gmt":"2026-06-25T18:08:25","slug":"stc1513-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1513-2017\/","title":{"rendered":"STC1513-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1513-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2016-00704-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 14 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Giovanny Mesa Carvajal contra el Ministerio de Salud y la Protecci\u00f3n Social.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al resolver el cobro coactivo de reclamaciones reconocidas y pagadas por el Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda – Fosyga.  <\/span><\/p>\n

2.   En s\u00edntesis, expuso que mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 13813, expedida por la Subdirecci\u00f3n T\u00e9cnica de la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n de Fondo de la Protecci\u00f3n Social el 22 de diciembre de 2015, de la cual \u00abno fui notificado\u00bb sino hasta 15 de abril de 2016, en su calidad de propietario de la motocicleta \u00abde placas NFY27A\u00bb, se le orden\u00f3 pagar $5\u00b4695.600, por concepto reclamaciones reconocidas y pagadas por el Fosyga en raz\u00f3n a \u00abda\u00f1os\u00bb causados a la v\u00edctima de un accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 14 de octubre de 2012.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, aduciendo que no est\u00e1 llamado a responder por los perjuicios derivados del accidente, por cuanto \u00abese veh\u00edculo ya no se encuentra en mi tenencia desde hace m\u00e1s de seis (6) a\u00f1os, porque se lo vend\u00ed al se\u00f1or EDILBERTO BUITRAGO, en abril de 2010\u00bb, y que \u00e9l desconoc\u00eda que el comprador hubiese omitido tramitar el traspaso, pues \u00abyo le entregue (sic) todos los documentos y firme (sic) el formulario\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que mediante la Resoluci\u00f3n n\u00ba 14785 del 27 de mayo de 2016, la Cartera enjuiciada desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de manera desfavorable, apoy\u00e1ndose en la regulaci\u00f3n legal sobre la tradici\u00f3n del dominio de los automotores, pero desconociendo, entre otras disposiciones, aquellas que rigen el seguro obligatorio de accidentes de tr\u00e1nsito, las cuales fueron omitidas por el tenedor y conductor del veh\u00edculo, que lo exoneran a \u00e9l como propietario inscrito para asumir la responsabilidad patrimonial que en su momento asumi\u00f3 el Estado y que ahora se pretende revertir en su contra.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende, en consecuencia, que se \u00abdeclare NULA\u00bb la resoluci\u00f3n n\u00ba 13813 expedida por la autoridad accionada el 22 de diciembre de 2015, confirmada con la n\u00ba 14785 del 27 de mayo de 2016 (fls. 1 a 21 cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, a trav\u00e9s del Director Jur\u00eddico, tras referirse a las inconsistencias en la notificaci\u00f3n del afectado, finalmente superadas al punto que le permitiendo controvertir en oportunidad la resoluci\u00f3n de 2015, aclar\u00f3 que \u00abcon el proceso de cobro\u2026 no se est\u00e1 atribuyendo una responsabilidad objetiva, civil o penal, ni se est\u00e1 imponiendo una sanci\u00f3n por el hecho de ser el culpable del accidente de tr\u00e1nsito\u00bb, sino una \u00abresponsabilidad administrativa\u00bb que recae sobre el \u00abpropietario inscrito del veh\u00edculo involucrado\u00bb conforme a las normas que rigen la tradici\u00f3n de automotores y lo atinente a la \u00abconcurrencia de veh\u00edculos\u00bb en accidentes de tr\u00e1nsito (fls. 71 a 75, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda porque, en primer lugar, no se cumple el requisito de inmediatez, en tanto los actos administrativos censurados datan del 22 de diciembre de 2015 y 27 de mayo de 2016, y la tutela fue incoada el pasado 30 de noviembre; en segundo lugar, por no atenderse el presupuesto de subsidiariedad, en la medida que el ataque propuesto por esta v\u00eda, es propio de debatirse ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo \u00abmediante las acciones correspondientes como la de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, a\u00f1adiendo que, por lo dem\u00e1s, no se acredita un perjuicio irremediable que haga excepcional el amparo invocado (fls. 61 a 66, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La propuso el accionante al advertir que es infundado aducir falta de inmediatez para recurrir al resguardo, toda vez que el t\u00e9rmino de seis meses debe contabilizarse a partir de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n confirmatoria de la primera, lo cual acaeci\u00f3 el 15 de abril de 2016; en cuanto a la subsidiariedad, se\u00f1al\u00f3 que tampoco se configura, pues los cuatro meses con que contaba para proponer la nulidad y restablecimiento del derecho, \u00abse encuentran m\u00e1s que avanzados\u00bb, lo que abre paso a la protecci\u00f3n como mecanismo transitorio (fls. 76 a 80, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 dispensada de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

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El reclamo de defensa mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Constituci\u00f3n, no lo convierte en una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos defensivos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2.  Esta Sala ha reiterado en la necesidad de verificar, como cuesti\u00f3n previa a cualquier consideraci\u00f3n de fondo en el asunto debatido, los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en tanto que ellos se erigen en requisitos esenciales para definir si se est\u00e1 o no en presencia de un asunto susceptible del mecanismo invocado, de manera que la falta de alguno de ellos conlleva la negaci\u00f3n del amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.  Bajo tales premisas, de la revisi\u00f3n que la Sala realiza a las piezas procesales objeto de cuestionamiento y con vista en la queja constitucional, prontamente establece que la decisi\u00f3n desfavorable del resguardo habr\u00e1 de respaldarse, precisando que la improcedencia tiene lugar en la medida que no se logra superar el presupuesto de la subsidiariedad, en el entendido que previo a la salvaguarda implorada se debieron agotar los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento legal.  <\/span><\/p>\n

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Ciertamente, por estar enfilado el ataque utilizando esta excepcional v\u00eda, a controvertir la legalidad de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 13813, expedida por la Subdirecci\u00f3n T\u00e9cnica de la Direcci\u00f3n de Administraci\u00f3n de Fondo de la Protecci\u00f3n Social el 22 de diciembre de 2015, la cual fue confirmada en sede de reposici\u00f3n con la Resoluci\u00f3n n\u00ba 14785 del 27 de mayo de 2016, prontamente la Sala advierte su improcedencia, comoquiera que para debatir ese aspecto, hay posibilidad de promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, dentro de la cual puede alegarse la supuesta falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, indebida o deficiente motivaci\u00f3n del acto, entre otras situaciones que condujeron a determinar la responsabilidad patrimonial del titular del automotor que caus\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha venido sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar. (\u2026) Recu\u00e9rdese que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u201ccorresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u201d.\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2000, rad. 1030, reiterada en STC11377-2016, 17 ago. 2016, rad. 00127-01).  <\/span><\/p>\n

En ese mismo sentido, la jurisprudencia constitucional de esta Sala, recientemente precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) la determinaci\u00f3n que conlleva la afectaci\u00f3n de los derechos por los que ahora se duele el reclamante, m\u00e1s all\u00e1 de eventual procedencia del recurso extraordinario de la revocatoria directa (art\u00edculos 93 a 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), en la medida que \u00abpuede interponerse en cualquier tiempo, inclusive en relaci\u00f3n con actos en firme, con la subsiguiente ruptura del car\u00e1cter ejecutivo y ejecutorio del acto\u2026\u00bb (CC C-835\/03), es claro que esta clase de actos administrativos son susceptibles de los controles ordinarios conforme a la normativa aplicable.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) Frente a decisiones como la antes descrita, el art\u00edculo 138 del referido C\u00f3digo, establece el medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho, cuya invocaci\u00f3n tempestiva ante el juzgador legalmente investido de la competencia para resolverlo, debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses, contados desde su publicaci\u00f3n, y \u00abSi existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel\u00bb. Resaltado fuera del texto\u00bb (CSJ, STC13863-2016, 29 sep. 2016, rad. 01192-02).  <\/span><\/p>\n

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4. En las circunstancias antes descritas, la salvaguarda se torna inviable por cuanto para acusar la legalidad del acto administrativo, el ordenamiento jur\u00eddico contempla el medio de control que adem\u00e1s faculta la solicitud de suspensi\u00f3n provisional de sus efectos.  <\/span><\/p>\n

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Ahora, si el promotor del auxilio no agot\u00f3 esa posibilidad, pese a que recibi\u00f3 notificaci\u00f3n oportuna de la decisi\u00f3n confirmatoria de la resoluci\u00f3n que dio v\u00eda libre al cobro coactivo en su contra, y que seg\u00fan la documentaci\u00f3n por \u00e9l adosada se produjo el 22 de junio de 2016 (fls. 35 y 77, cd. 1), ello significa que desaprovech\u00f3 la oportunidad para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos por los instrumentos ordinarios de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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5. En esas condiciones, no surge viable pretender que la queja constitucional provea el an\u00e1lisis y posible soluci\u00f3n a una cuesti\u00f3n que corresponde al juez competente y a trav\u00e9s de la acci\u00f3n id\u00f3nea. As\u00ed, es evidente la improcedencia de la tutela, porque el expediente muestra que deliberadamente se omiti\u00f3 hacer uso de los mecanismos legalmente previstos, respecto de lo cual, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada en STC18375-2016, 15 dic. 2016, rad. 00623-01, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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6.   Ahora bien, como el resguardo no puede utilizarse como v\u00eda sustituta de los medios defensivos previstos ordinariamente por la ley, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea utilizado como medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, esta Corte ha dicho que \u00e9ste se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada, entre otras, en STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01).  <\/span><\/p>\n

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En este asunto cabe precisar que la pasividad del reclamante para recurrir en oportunidad las decisiones por las que ahora se duele, reflejan un comportamiento omisivo e injustificado donde la tutela \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo tr\u00e1mite se resuelva definitivamente acerca de la vulneraci\u00f3n iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo\u00bb (CC T-480\/11).  <\/span><\/p>\n

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Por lo dem\u00e1s, se concluye que tampoco puede concederse el amparo bajo esa modalidad, por cuanto nada se acredit\u00f3 en torno a las circunstancias que abrir\u00edan paso al auxilio como mecanismo transitorio, en la medida en que no se avizoran los elementos determinantes del perjuicio irremediable aludidos en precedencia, por lo que ning\u00fan pronunciamiento adicional se har\u00e1 al respecto.  <\/span><\/p>\n

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7. Corolario de lo discurrido, por cuanto el reclamo constitucional no cumple con el requisito de la subsidiariedad, y no se logr\u00f3 demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, se confirmar\u00e1 la sentencia que neg\u00f3 la salvaguarda solicitada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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