{"id":99262,"date":"2026-06-25T18:09:11","date_gmt":"2026-06-25T18:09:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1524-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:09:11","modified_gmt":"2026-06-25T18:09:11","slug":"stc1524-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1524-2017\/","title":{"rendered":"STC1524-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1524-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01125-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 11 de enero de 2017, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda y la Alcald\u00eda Municipal de esa capital; con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por el aqu\u00ed gestor respecto del Centro de Servicios Crediticios.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor reclama la protecci\u00f3n de \u201clas garant\u00edas procesales\u201d, presuntamente lesionadas por la autoridad jurisdiccional atacada.  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, expone que \u201c(\u2026) la juez rechaz[\u00f3] [la] acci\u00f3n popular, aduciendo que no cumpl[i\u00f3] con el requisito de aportar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la entidad accionada, sin embargo, dicha exigencia no la contempla el art. 18 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        Ruega, en concreto, ordenar (i) \u201cse admita\u201d la tramitaci\u00f3n aqu\u00ed cuestionada; (ii) se allegue \u201c(\u2026) un listado de todas las acciones populares donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d; (iii) exhortar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares, a fin de presentar concepto \u201c(\u2026) sobre la legalidad del auto que rechaza la demanda (\u2026)\u201d; y, iv) requerir a la Corte Constitucional para que defina si es \u201c(\u2026) legal exigir requisitos no contemplados en el art. 18 de la Ley 472 de 1998 (\u2026)\u201d (fl. 1).  <\/span><\/p>\n

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4.        La Sala Civil- Familia del Tribunal de Pereira, en prove\u00eddo de 5 de diciembre de 2016 decidi\u00f3 avocar el amparo frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad y el agente del Ministerio P\u00fablico, vinculando a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda y a la Alcald\u00eda Municipal de Pereira.  <\/span><\/p>\n

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En la misma providencia, determin\u00f3 no dar impulso al ruego respecto de la Corte Constitucional \u201c(\u2026) porque (\u2026) no se indic\u00f3 hecho u omisi\u00f3n de la entidad que vulnere alg\u00fan derecho fundamental (\u2026)\u201d (fl. 4).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

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a)        El juzgado acusado precis\u00f3 que el decurso criticado \u201cse encuentra archivado\u201d y remiti\u00f3 copias del mismo (fls. 6 a 14).  <\/span><\/p>\n

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b)        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Regional Risaralda solicit\u00f3 ser desligada del presente tr\u00e1mite por tratarse de una \u201c(\u2026) situaci\u00f3n ajena a [ella] (\u2026)\u201d (fls. 15 y 16).  <\/span><\/p>\n

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c) La Alcald\u00eda Municipal de Pereira exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n alegando falta de legitimaci\u00f3n por pasiva en raz\u00f3n a los hechos p\u00e1bulo de este auxilio (fls. 18 a 28).  <\/span><\/p>\n

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d) La Personer\u00eda de Pereira guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l Juzgado inicialmente dispuso la inadmisi\u00f3n de la demanda popular y luego el rechazo de la misma, al no ser subsanada la falencia que resalt\u00f3 el despacho judicial. No hubo pronunciamiento alguno por parte del actor popular, esto es, ninguna inconformidad comunic\u00f3 al Juzgado y si la hubiese, el actor debi\u00f3 hacer uso de los mecanismos legales ordinarios que el ordenamiento jur\u00eddico consagra para atacar la providencia que considera le vulnera sus garant\u00edas (\u2026)\u201d (fls. 32 a 34 vuelto).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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El promotor impugn\u00f3 reclamando acoger su reclamo (fl. 36).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se duele el gestor, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga, porque el Juzgado entutelado rechaz\u00f3 la demanda subex\u00e1mine.  <\/span><\/p>\n

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2. Delanteramente se advierte la inviabilidad del amparo constitucional deprecado, al percatarse la ausencia del principio de subsidiariedad, pues el querellante no atac\u00f3 la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n, procedente de conformidad con lo estatuido en el canon 36 de la Ley 472 de 19981. De esta manera, desaprovech\u00f3 la oportunidad de controvertir en el campo id\u00f3neo, esto es, dentro del litigio, el se\u00f1alado pronunciamiento.   <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al respecto, esta Corte ha dicho:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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3. Sobre la solicitud dirigida a que se emita un listado de las acciones populares promovidas por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga \u201c(\u2026) donde se [le] han exigido requisitos inexistentes (\u2026)\u201d, se advierte que adem\u00e1s de responder tal apreciaci\u00f3n a la opini\u00f3n del tutelante, \u00e9ste puede efectuar dicho pedimento directamente ante las oficinas judiciales correspondientes, o en su defecto, consultar tal informaci\u00f3n en el portal web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), pues como bien se sabe, las demandas que ingresan a los juzgados se encuentran radicadas en el sistema de Gesti\u00f3n Siglo XXI.  <\/span><\/p>\n

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4. En lo atinente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n Delegada para Acciones Populares, y el requerimiento efectuado a esa entidad, se colige la inviabilidad de la solicitud, por cuanto, no est\u00e1 demostrado que el censor hubiese acudido ante esa autoridad directamente a alegar esas cuestiones.  <\/span><\/p>\n

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5.        Nada se dir\u00e1 en relaci\u00f3n con la Corte Constitucional, pues esa Corporaci\u00f3n fue excluida de esta tramitaci\u00f3n por el Tribunal a quo.  <\/span><\/p>\n

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6. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.          <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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  LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201c(\u2026) Art. 36. Contra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recursos de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. Civil. Sentencia de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00.      <\/span><\/p>\n

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