{"id":99265,"date":"2026-06-25T18:09:22","date_gmt":"2026-06-25T18:09:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1536-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:09:22","modified_gmt":"2026-06-25T18:09:22","slug":"stc1536-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1536-2017\/","title":{"rendered":"STC1536-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1536-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00207-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Martha L\u00f3pez Forero contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculadas la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, las partes y los dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, a la igualdad, a la vivienda digna y a la \u00abpropiedad\u00ab, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al no haberle permitido intervenir dentro del proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda que Jos\u00e9 Samuel Velandia L\u00f3pez promovi\u00f3 en contra de Hugo Alirio Morales Segura.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, \u00abdej[ando] sin valor ni efecto alguno las decisiones mediante las cuales se [le] neg[\u00f3] la (\u2026) INTERVENCI\u00d3N EXCLUYENTE\u00bb, y como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 o a quien corresponda, como mecanismo transitorio, \u00abADMIT[IR] LA INTERVENCI\u00d3N\u00bb, \u00abhasta tanto se resuelva el proceso de DECLARACI\u00d3N DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCI\u00d3N ORDINARIA ADQUISITIVA DE DOMINIO, que [instaur\u00f3] contra [el demandado en la citada ejecuci\u00f3n]\u00bb (fl. 10).   <\/span><\/p>\n

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2.   Como soporte f\u00e1ctico de lo reclamado y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que pese a tener un inter\u00e9s leg\u00edtimo dentro del juicio compulsivo referido en l\u00edneas precedentes, en atenci\u00f3n a que adquiri\u00f3 mediante compraventa el 50% del apartamento y el garaje que fueron cautelados en el mismo, el citado Despacho de ejecuci\u00f3n accionado le ha negado, en reiteradas oportunidades, la intervenci\u00f3n excluyente que invoc\u00f3 para defender sus derechos, \u00absin fundamento alguno y sin revisar la actuaci\u00f3n desplegada\u00bb, raz\u00f3n por la que considera que la aludida autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo (fls. 7 a 12).       <\/span><\/p>\n

       3.        Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 31 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado de la misma a los involucrados, para que ejercieran su derecho de defensa (fl. 49).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.   El Juez Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, luego de advertir que a la accionante le fue negada, por causahabiencia, la oposici\u00f3n que efectu\u00f3 a la diligencia de secuestro practicada dentro de la rese\u00f1ada ejecuci\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que \u00abtodas las actuaciones desplegadas por e[se] Juzgado se ajustaron a todas y cada uno de los par\u00e1metros exigidos por la ley\u00bb (fl. 22).   <\/span><\/p>\n

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b.  La Direcci\u00f3n Seccional Bogot\u00e1 de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, se limit\u00f3 a informar que remiti\u00f3 el oficio de notificaci\u00f3n de la presente actuaci\u00f3n a la Jefatura de la Unidad de Delitos contra la Fe P\u00fablica, el Patrimonio Econ\u00f3mico y el Orden Econ\u00f3mico, con el fin que su titular emita la respuesta a que haya lugar (fls. 70 y 71).  <\/span><\/p>\n

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c.   Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos por parte de los implicados en el tr\u00e1mite.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.         Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.   Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Martha L\u00f3pez Forero no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues aflora con nitidez que el reclamo no cumple con el presupuesto de procedibilidad general de la inmediatez, si en cuenta se tiene que las dos primeras decisiones cuestionadas, esto es, por medio de las cuales, en su orden, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n efectuada por la accionante a la diligencia de secuestro, y, la Sala Civil del Tribunal Superior de la misma ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto, dentro del proceso ejecutivo singular de mayor cuant\u00eda que el se\u00f1or Jos\u00e9 Samuel Velandia L\u00f3pez promovi\u00f3 en contra de Hugo Alirio Morales Segura, datan del 8 de noviembre de 2010 y 25 de abril de 2011, respectivamente (fl. 22), en tanto que la presente demanda constitucional se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 12 de enero del presente a\u00f1o (fl. 7), circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n frente a tales resoluciones no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un periodo significativo \u2013cinco a\u00f1os, ocho meses y doce d\u00edas-1, sin que la tutelante solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con las se\u00f1aladas determinaciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del mencionado requisito, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

La Corte, en la materia, ha se\u00f1alado que  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, Rad. 01230-00; citada entre otras en STC16688-2015, STC608-2016, STC1898-2016 y STC2172-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.  De otra parte, cabe decir, que tampoco resulta procedente el resguardo suplicado frente a las providencias adoptadas por la autoridad de ejecuci\u00f3n acusada el 24 de octubre y 9 de diciembre de 2016, relacionadas con la negativa de suspender el proceso y no admitir la intervenci\u00f3n excluyente invocada por la aqu\u00ed interesada, respectivamente (fls. 2 a 4), pues como bien lo manifest\u00f3 dicha autoridad en la primera providencia, la peticionaria no es parte dentro de esa actuaci\u00f3n y, por ende, no est\u00e1 legitimada para hacer solicitudes o cuestionar decisiones dentro la misma, y menos a\u00fan, pretender realizar una intervenci\u00f3n excluyente, la cual no est\u00e1 permitida en esta especie de juicios, conforme se infiere del art\u00edculo 63 del C\u00f3digo General del Proceso2, el cual se\u00f1ala, en su primer inciso, que \u201c[q]uien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podr\u00e1 intervenir formulando demanda frente a demandante y demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca\u201d, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en las citadas decisiones se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada en STC10081-2015, STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por tanto, se denegar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Contados desde la fecha en que se emiti\u00f3 la \u00faltima de las referidas decisiones.    <\/span><\/p>\n

2 Art\u00edculo 53 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.      <\/span><\/p>\n

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