{"id":99268,"date":"2026-06-25T18:09:32","date_gmt":"2026-06-25T18:09:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1539-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:09:32","modified_gmt":"2026-06-25T18:09:32","slug":"stc1539-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1539-2017\/","title":{"rendered":"STC1539-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1539-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00219-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (09) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Aid\u00e9 Ruiz Mu\u00f1oz e Isidro Gilibets Vil\u00e1, contra el Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a y el Consulado General de dicho pa\u00eds en Bogot\u00e1.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Los gestores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad, a la libertad y a la familia, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas, al haberles negado la inscripci\u00f3n del matrimonio civil que contrajeron en este pa\u00eds, el 27 de noviembre de 2013.    <\/span><\/p>\n

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Pretenden, entonces, que se conceda la protecci\u00f3n constitucional invocada y se ordene a los entes atacados, \u00abse deje sin efecto la Resoluci\u00f3n proferida por el se\u00f1or Francisco Javier G\u00f3mez G\u00e1lligo, Director General de los Registros y del Notariado\u00bb, y en consecuencia, que se proceda al registro de su casamiento ante el Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a (fl. 31).  <\/span><\/p>\n

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2.  En apoyo de tales pretensiones, aducen en s\u00edntesis, que mediante escritura p\u00fablica No. 3817 de 27 de noviembre de 2013, contrajeron matrimonio civil ante la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Popay\u00e1n, y con el prop\u00f3sito de \u00abfijar su residencia y domicilio\u00bb en Espa\u00f1a, pa\u00eds de origen de uno de los c\u00f3nyuges, solicitaron ante el Consulado General de esa naci\u00f3n en Bogot\u00e1 que se realizara el registro de su uni\u00f3n; sin embargo, esa petici\u00f3n fue desestimada en Resoluci\u00f3n del 10 de abril de 2015, por el Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, con fundamento en que el casamiento es \u00abnulo por simulaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Aseguran que la anterior determinaci\u00f3n conculca sus garant\u00edas fundamentales, toda vez que cumplieron con todos los requisitos legales para contraer nupcias; su uni\u00f3n es \u00abreal, cierta y se consum\u00f3\u00bb; y, desde hace aproximadamente tres (3) a\u00f1os comparten \u00abmesa, techo y lecho\u00bb, motivo por el que negar su reconocimiento pleno en Espa\u00f1a, afirman, desatiende el \u00ableg\u00edtimo y sagrado derecho a tener una familia\u00bb (fls. 21 a 34).  <\/span><\/p>\n

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3.        Mediante auto del pasado 1\u00b0 de febrero esta Corporaci\u00f3n admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 37).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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1. En este caso, los accionantes pretenden dejar sin efecto la Resoluci\u00f3n emitida el 10 de abril de 2015 por el Director General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a, mediante la cual se neg\u00f3 la inscripci\u00f3n de su casamiento civil en el Registro Civil de ese pa\u00eds.     <\/span><\/p>\n

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1. No obstante lo anterior, tal y como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en pret\u00e9ritas oportunidades, sin duda alguna la filosof\u00eda del referido art\u00edculo 86 constitucional, en concordancia con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, permite concluir, que las autoridades p\u00fablicas a las que all\u00ed se alude son las colombianas y no las extranjeras, como resulta serlo el Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a y el Consulado General de dicho pa\u00eds en Bogot\u00e1, raz\u00f3n por la cual se entiende que en este escenario excepcional no es posible emitir orden alguna en contra de esas autoridades, y mucho menos revisar a la luz de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia la supuesta vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas all\u00ed previstas, con ocasi\u00f3n de las determinaciones judiciales y administrativas de un Estado extranjero, pues de lo contrario se conculcar\u00eda directamente el principio de \u00abinmunidad jurisdiccional de los Estados\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que la Sala, en asuntos de guardan alguna semejanza al aqu\u00ed tratado, se haya pronunciado en el sentido de considerar, que las autoridades extranjeras gozan de \u00abinmunidad diplom\u00e1tica\u00bb, y por tanto, \u00ablas \u00f3rdenes del juez constitucional no pueden recaer sobre los beneficiarios de esta figura de derecho internacional\u00bb. (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, rad. 2011-00410-01; reiterada recientemente en CSJ STC3829-2016), y que, en esa misma l\u00ednea de principio, \u00abun Estado no pued[a] ser demandado ni sometido a juicio ante los Tribunales de otro, como tampoco puede ser objeto del imperio de las decisiones judiciales y administrativas, adoptadas por los \u00f3rganos de otra organizaci\u00f3n pol\u00edtica estatal\u00bb (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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4.  As\u00ed las cosas, como un Estado soberano jam\u00e1s podr\u00eda ser sometido a la jurisdicci\u00f3n interna de otro, en reciente pronunciamiento esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla competencia del juez constitucional est\u00e1 limitada al territorio de su jurisdicci\u00f3n; en trat\u00e1ndose de hechos o presuntas violaciones de derechos fundamentales endilgados a un pa\u00eds extranjero, como ocurre en este caso, carece de competencia para dirimir el conflicto, pues su jurisdicci\u00f3n no puede traspasar las fronteras del Estado. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casaci\u00f3n Penal (\u2026), en fallo de tutela No. 1931 de 12 de septiembre de 1995, donde al respecto dijo: \u201cEn efecto, el juez constitucional no tiene competencia para resolver conflictos jur\u00eddicos que involucran Estados extranjeros, pues su jurisdicci\u00f3n territorial no trasciende los l\u00edmites del Estado colombiano; tampoco la tiene frente a sus agentes diplom\u00e1ticos, teniendo en cuenta que de acuerdo con el art\u00edculo 31 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre Relaciones Diplom\u00e1ticas incorporadas a nuestro derecho interno por medio de la ley 6\u00aa de 1972, gozan de inmunidad de jurisdicci\u00f3n\u201d. Argumento  que entre otras es coincidente con la jurisprudencia constitucional al respecto. Acci\u00f3n de tutela de 2 de noviembre de 2004, exp. No. 110010203000200401196.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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precisamente,  la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado consider\u00f3 que \u201cla comunidad internacional, tanto dentro del sistema de las Naciones Unidas como del sistema interamericano, ha convenido el establecimiento de normas sobre relaciones, deberes, derechos, prerrogativas e inmunidades de misiones, oficinas, agentes diplom\u00e1ticos y consulares, con el objeto de  garantizar mediante su observancia el desempe\u00f1o de sus labores en condiciones de libertad e independencia, de manera que permita el normal desarrollo de las relaciones mutuas.\u2019  <\/span><\/p>\n

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\u2018Tanto el derecho internacional, particularmente el diplom\u00e1tico, como la costumbre internacional, han desarrollado diferentes instrumentos que otorgan  facilidades a  las misiones, oficinas y funcionarios para el pleno ejercicio de sus actividades. Han sido denominados por las normas, la costumbre y la doctrina, privilegio, inmunidad e inviolabilidad, y son consecuencia de la llamada extraterritorialidad o extrajurisdicci\u00f3n.\u2019  <\/span><\/p>\n

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\u2018As\u00ed, se distingue la inmunidad como una exenci\u00f3n de sometimiento a la jurisdicci\u00f3n local de ciertas personas o cosas, que  tiene por objeto principalmente una abstenci\u00f3n (non facere) del Estado ante el cual est\u00e1 acreditado el diplom\u00e1tico y trae como consecuencia que las autoridades locales no puedan realizar ning\u00fan acto de intromisi\u00f3n en ellas, ya sean autoridades judiciales, administrativas, policiales o militares, salvo que el agente acreditado lo solicite expresamente. Por su parte la inviolabilidad impone al Estado receptor una acci\u00f3n (facere), de protecci\u00f3n especial  contra los ataques il\u00edcitos\u201d (Concepto de 9 de febrero de 2000. Radicaci\u00f3n No. 1244).  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn ese orden de ideas, la Misi\u00f3n Diplom\u00e1tica como son el Estado mismo del gobierno que lo acredit\u00f3, y por ende se halla protegido por las normas jur\u00eddicas que regulan las relaciones internacionales, aparte que no est\u00e1n subordinados a la jurisdicci\u00f3n del Estado que los recibe y gozan de inmunidad en relaci\u00f3n con el ejercicio de sus funciones; tales misiones diplom\u00e1ticas no pueden ser sujeto pasivo de la acci\u00f3n de tutela, en vista de que, adem\u00e1s, no son autoridades p\u00fablicas del Estado Colombiano, ni un particular contra quien excepcionalmente pueda plantearse el recurso de amparo\u201d (auto de 30 de julio de 2010, Exp. T. No. 01230-00)\u00bb (CSJ ATC, 30 ago. 2010, rad. 2010-00156-00; criterio reiterado en CSJ STC1802-2016).  <\/span><\/p>\n

5.   Por lo consignado, la salvaguarda constitucional reclamada se torna improcedente, pues como qued\u00f3 visto, la expresi\u00f3n \u00abcualquier autoridad p\u00fablica\u00bb se\u00f1alada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, no se extiende a autoridades extranjeras como las aqu\u00ed criticadas, lo que entonces, torna inviable proferir una determinaci\u00f3n en la que \u00e9sta sea sujeto pasivo de la misma.  <\/span><\/p>\n

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6.   Aunado a lo dicho debe precisarse, que el caso propuesto es dis\u00edmil de aqu\u00e9llos en los que en sede de tutela se ha resguardado el derecho de petici\u00f3n en contra de autoridades extranjeras, pues la excepci\u00f3n establecida por la jurisprudencia constitucional se refiere exclusivamente a asuntos en los que los promotores del amparo son ex-trabajadores de las delegaciones diplom\u00e1ticas acusadas y sus solicitudes est\u00e1n relacionadas con el reclamo de prestaciones de origen laboral, lo que aqu\u00ed no acontece.  <\/span><\/p>\n

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Respecto a la mentada excepci\u00f3n a la regla de la inmunidad diplom\u00e1tica, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abdesde la perspectiva del principio de inmunidad de jurisdicci\u00f3n restringida, especialmente desarrollado para el \u00e1mbito laboral, y la defensa de la soberan\u00eda del Estado colombiano \u201cse considera que los organismo internacionales si est\u00e1n obligados a dar respuesta directa a las peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en el territorio nacional\u201d si se cumplen, en principio, los siguientes criterios:  <\/span><\/p>\n

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(i) Cuando la respuesta a la petici\u00f3n no amenace la soberan\u00eda, independencia e igualdad de los Estados; y en el caso de los organismos y agencias internacionales, no ponga en riesgo la autonom\u00eda que necesitan para el cumplimiento de su mandato  <\/span><\/p>\n

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(ii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n dependa la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n respecto de la misi\u00f3n diplom\u00e1tica o el organismo internacional  <\/span><\/p>\n

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(iii) Cuando de la respuesta a la petici\u00f3n presentada dependa la protecci\u00f3n de derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional. (CC T-344\/13, en la cual se alude a la CC T-667\/11).  <\/span><\/p>\n

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7.   En este orden de ideas, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, el resguardo deprecado deber\u00e1 denegarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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