{"id":99269,"date":"2026-06-25T18:09:36","date_gmt":"2026-06-25T18:09:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1540-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:09:36","modified_gmt":"2026-06-25T18:09:36","slug":"stc1540-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1540-2017\/","title":{"rendered":"STC1540-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1540-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00389-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 1\u00ba de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristina Pamela Osorio frente al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes y dem\u00e1s intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.  La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad jurisdiccional accionada, al rechazar la demanda ejecutiva de alimentos que formul\u00f3 en representaci\u00f3n de sus menores hijas Ana Mar\u00eda y Ang\u00e9lica Mar\u00eda Libreros Osorio, contra Juan Pablo Libreros Rodr\u00edguez.   <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, \u00abdejar sin efecto todo lo actuado [en la referida ejecuci\u00f3n] y aceptar la demanda con las medidas previas\u00bb (fl.1, cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que present\u00f3 el referido libelo con el fin de hacer exigible las cuotas alimentarias se\u00f1aladas a favor de sus menores hijas en el acta suscrita el 19 de julio de 2016 ante la Comisar\u00eda de Familia de la misma ciudad, asunto que por reparto correspondi\u00f3 conocer al Despacho accionado, quien tras inadmitirlo con prove\u00eddo del 14 de octubre siguiente, se subsan\u00f3 la inconsistencia advertida, reiterando que el t\u00edtulo base de recaudo es el citado documento de conciliaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Se\u00f1ala que no obstante lo anterior, la demanda fue rechazada por la sede judicial accionada el d\u00eda 26 de ese mismo mes y a\u00f1o, determinaci\u00f3n \u00e9sta contra la cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n, el que fue denegado por improcedente con auto del pasado 15 de noviembre, con lo cual, asegura, \u00abse termina el proceso sin resolver un asunto de alimentos de las menores, que h[ab\u00eda] venido solicitando por m\u00e1s de un mes\u00bb, incurri\u00e9ndose con ello en un exceso ritual manifiesto que quebranta las prerrogativas superiores  de sus descendientes menores de edad (ib\u00eddem).     <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       El titular del Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, inform\u00f3 que la inadmisi\u00f3n de la referida demanda obedeci\u00f3 a que no se alleg\u00f3 registro civil de nacimiento legible de una de las menores beneficiarias de los alimentos reclamados, y, a que no se aport\u00f3 el \u00abt\u00edtulo ejecutivo para el cobro de las sumas de dinero exigidas en la demanda [pues] a pesar que la ejecutante en su escrito demandatorio alude que hubo una conciliaci\u00f3n en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n  -hecho 9- jam\u00e1s ella fue aportada como anexo al l\u00edbelo y menos a\u00fan con el escrito de la pretendida subsanaci\u00f3n de la demanda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Agreg\u00f3 que la ejecuci\u00f3n no se solicit\u00f3 con sustento en la aludida acta elevada ante la Comisar\u00eda de Familia de dicha urbe, pues all\u00ed se fij\u00f3 una cuota alimentaria por $525.000,oo mensuales, y con la demanda se  pretend\u00eda el cobro de una cuota por $600.000,oo que seg\u00fan el dicho de la accionante, se pact\u00f3 de manera verbal ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, de donde se desprende, entonces, que no se aport\u00f3 el t\u00edtulo que sirviera de sustento a las pretensiones de la demanda (fls. 30 a 31, ib\u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primer grado neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras advertir de la revisi\u00f3n del proceso cuestionado, que \u00abcontra el auto que dispuso el rechazo de la demanda no se interpuso recurso de reposici\u00f3n, soslayando de esa manera [la accionante] la oportunidad que ten\u00eda para debatir la cuesti\u00f3n aqu\u00ed planteada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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A lo que agreg\u00f3, que aun dejando de lado la anterior consideraci\u00f3n, \u00abno se vislumbra un proceder caprichoso de la autoridad accionada, [porque] (\u2026) a la demandante se le hab\u00eda requerido para que, por un lado aclarara las pretensiones de su l\u00edbelo, y por el otro, allegara tanto el registro civil de nacimiento de una de sus hijas (\u2026) as\u00ed como el t\u00edtulo ejecutivo para el cobro de las sumas pretendidas contra el demandado, y que seg\u00fan su dicho se hab\u00eda comprometido en conciliaci\u00f3n realizada ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. Dado que as\u00ed no procedi\u00f3, se impuso el rechazo de la demanda\u00bb; entonces, \u00abteniendo en cuenta que la quejosa al narrar los hechos consignados en su l\u00edbelo incoativo, sobre los cuales estructur\u00f3 su petici\u00f3n, adujo que hab\u00eda llegado a un acuerdo con el obligado ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la suma de $600.000 mensuales \u2013 pacto posterior al referido ante la Comisar\u00eda de Familia -, y dado que lo pretendido era precisamente esa suma peri\u00f3dica, no cabe duda que, acorde con la normativa atr\u00e1s se\u00f1alada, era de su resorte aportar el documento que prestara m\u00e9rito a su favor, y que la habilitaba para reclamar tales cantidades dinerarias\u00bb (fls. 22 a 26, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n, sin esgrimir ning\u00fan argumento (fl. 33, \u00eddem.).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable instaurarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.    <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su obrar es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se observa que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, frente a la decisi\u00f3n que el 26 de octubre de 2016 adopt\u00f3 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, de rechazar la tantas veces citada demanda ejecutiva de alimentos formulada por la aqu\u00ed interesada, por falta de subsanaci\u00f3n, pues en sentir de esta \u00faltima, s\u00ed dio cumplimiento a lo ordenado en el auto inadmisorio del 14 de octubre anterior.  <\/span><\/p>\n

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3.        Para resolver, de un an\u00e1lisis minucioso de las actuaciones reprochadas, constata la Sala los siguientes hechos relevantes:  <\/span><\/p>\n

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3.1.        Con auto del 14 de octubre de 2016, la autoridad judicial convocada resolvi\u00f3 inadmitir la aludida demanda ejecutiva de alimentos, por falta de requisitos formales.  <\/span><\/p>\n

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3.2.        Aunque el d\u00eda 19 del mismo mes y a\u00f1o la promotora del amparo alleg\u00f3 escrito con que pretendi\u00f3 subsanar tales falencias, la demanda fue rechazada el 26 siguiente.  <\/span><\/p>\n

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3.3.         El 31 de octubre de esa misma anualidad, la aqu\u00ed interesada interpuso en t\u00e9rmino y de manera fundada, recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de rechazo, el que fue denegado por improcedente mediante prove\u00eddo del pasado 15 de noviembre, bajo el argumento que trat\u00e1ndose de una ejecuci\u00f3n de alimentos, \u00e9sta se tramita en \u00fanica instancia.  <\/span><\/p>\n

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4.  Expuesto lo anterior, es del caso se\u00f1alar, que examinados los prove\u00eddos antes individualizados, se revela para la Sala que la decisi\u00f3n proferida el 15 de noviembre de 2016 por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, ciertamente ostenta un defecto de car\u00e1cter procedimental, debido a la inaplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; de all\u00ed que aunque los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y valoraci\u00f3n de las pruebas, no cabe duda que en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional del Juez constitucional, con el fin de evitar la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia que se pidi\u00f3 proteger, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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4.1. Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, porque el referido funcionario al resolver de la manera como lo hizo en la mentada decisi\u00f3n, declarando la improcedencia del recurso de alzada que fue oportuna y debidamente interpuesto por la aqu\u00ed interesada \u2013all\u00e1 demandante en representaci\u00f3n de sus hijas, en contra del auto con que se rechaz\u00f3 la demanda, debi\u00f3 tramitar la impugnaci\u00f3n por la reglas del recurso que resultare procedente, esto es, el de reposici\u00f3n; empero, desatendiendo la imposici\u00f3n procesal antes citada, se limit\u00f3 a declarar la referida improcedencia, y guard\u00f3 silencio respecto al mecanismo horizontal, lo que ocasion\u00f3 que aqu\u00e9lla determinaci\u00f3n quedara sin definir, en contrav\u00eda de los intereses de quien result\u00f3 afectada con lo resuelto.  <\/span><\/p>\n

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4.2.  T\u00e9ngase en cuenta, que el adecuado proceder est\u00e1 estatuido en la norma preanotada, si en cuenta se tiene que justamente la intenci\u00f3n del legislador en lo pertinente fue proteger el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de los extremos procesales, al establecer que \u00abcuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb, lo que de haberse surtido por la autoridad judicial criticada, habr\u00eda dado como resultado la consideraci\u00f3n de las inconformidades expuestas por la accionante, pero bajo la procedencia del recurso de reposici\u00f3n, que valga precisar, no s\u00f3lo se interpone dentro del mismo t\u00e9rmino que la apelaci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n procede contra autos para su revocaci\u00f3n o reforma, y debe proponerse con indicaci\u00f3n de sus fundamentos y finalidad.  <\/span><\/p>\n

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4.3.  Sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, Rad. 00050-01, STC, 12 mar. 2013, Rad. 2012-00555-01; CSJ STC11960-2014 y CSJ STC15938-2016).  <\/span><\/p>\n

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\u00abEl rechazo de plano de la impugnaci\u00f3n, equivale a un excesivo rigorismo en las formas, cuando establecido se tiene que sobre ellas priman los derechos subjetivos de las partes, de ah\u00ed que el legislador haya incorporado al ordenamiento legal una norma que impone direccionar correctamente las impugnaciones interpuestas por los sujetos procesales, vale decir, el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, que a la letra indica:  \u00ab\u2026Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Precepto orientado, evidentemente, a impedir que se contin\u00fae denegando el acceso a la administraci\u00f3n de justicia de las partes por simples requisitos de forma, y a corregir las pr\u00e1cticas que se vienen presentando en esta materia, pues una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el ordenamiento jur\u00eddico, imponen a la judicatura propender por la efectividad de las garant\u00edas procesales y no por su obstaculizaci\u00f3n como ocurri\u00f3 en este caso.  <\/span><\/p>\n

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El respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en s\u00ed mismos, todo lo contrario, la primac\u00eda de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administraci\u00f3n de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.  <\/span><\/p>\n

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No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un \u00abexcesivo ritual manifiesto\u00bb que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma\u00bb (STC11329-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.        Bajo ese entendido, al ser claro que existe una situaci\u00f3n que es necesario conjurar en aras de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso de la aqu\u00ed inconforme, en tanto se le est\u00e1 negando la oportunidad procesal de reconsiderar una decisi\u00f3n judicial, la labor efectuada por el Juzgado criticado dentro del litigio tantas veces memorado luce defectuosa, por lo que, se itera, no cabe duda de que se justifica la intervenci\u00f3n excepcional\u00edsima del juez de tutela.  <\/span><\/p>\n

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6.        Por las razones expuestas, se conceder\u00e1 parcialmente la protecci\u00f3n deprecada, a fin de que el Despacho convocado tramite la impugnaci\u00f3n presentada por la demandante contra el auto que rechaz\u00f3 el libelo, pero por las reglas del recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, se CONCEDE el resguardo solicitado en el asunto de la referencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia se ORDENA al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Buga, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin efecto el auto del 15 de noviembre de 2016, para entonces, dar tr\u00e1mite al recurso presentado por la parte actora contra el auto del 26 de octubre anterior, pero por las reglas del recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1540-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00389-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-         Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 1\u00ba […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99269","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99269","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99269"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99269\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99269"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99269"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99269"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}