{"id":99271,"date":"2026-06-25T18:09:52","date_gmt":"2026-06-25T18:09:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1546-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:09:52","modified_gmt":"2026-06-25T18:09:52","slug":"stc1546-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1546-2017\/","title":{"rendered":"STC1546-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1546-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00214-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 30 de noviembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Adiela P\u00e9rez y Luis Emiro Ascanio Torres contra el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los promotores del amparo por intermedio de la de la Direcci\u00f3n Territorial Cesar y Guajira de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas-UAGRTD, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al inadmitir y rechazar su solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras, por incumplir presupuestos procesales, que, asegura, no fueron establecidos por la ley.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por este especial mecanismo se ordene al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, \u00abDEJAR sin efectos jur\u00eddicos el Auto interlocutorio No. 517 de 16 de septiembre de 2016\u00bb, y que como consecuencia de ello, \u00abadmit[a] la solicitud de restituci\u00f3n de tierras (\u2026) sobre el predio \u201cLa Esperanza\u201d ubicado en la vereda Santa Ana, municipio de Pelaya (departamento del Cesar)\u00bb, y continuar con el tr\u00e1mite judicial correspondiente; as\u00ed mismo, que se exhorte a dicho Despacho \u00abpara que en lo sucesivo no adelante actuaciones contrarias a los derechos fundamentales de los reclamantes de tierras\u00bb (fl. 10, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aducen en lo esencial, que mediante Resoluci\u00f3n 2835 de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, accedi\u00f3 a que fueran incluidos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), respecto del predio antes referido, en raz\u00f3n a que tras la \u00abguerra\u00bb iniciada en dicha zona geogr\u00e1fica entre grupos al margen de la ley en la d\u00e9cada de los 90, el miedo lo llev\u00f3 a vender dicho predio en el a\u00f1o 2001.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente afirma, que aun cuando el 8 de septiembre de la misma anualidad se alleg\u00f3 escrito tendiente a sanear los defectos se\u00f1alados, aclarando que algunos de \u00e9stos hab\u00edan sido presentados con la demanda, mientras que otros no los exig\u00eda la ley, mediante prove\u00eddo del d\u00eda 16 del mismo mes y a\u00f1o, su solicitud fue rechazada por no constar en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria la mentada medida, decisi\u00f3n que, dicen, vulnera las garant\u00edas superiores invocadas, comoquiera que desconoce los precedentes Jurisprudenciales y legales vigentes en la materia (1 a 30, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, a trav\u00e9s de su secretar\u00eda, manifest\u00f3 que no ha quebrantado prerrogativa fundamental alguna a los gestores, pues contrario a lo expuesto por \u00e9stos, \u00abel Despacho consider\u00f3 que no se subsan\u00f3 en debida forma la falencia indicada en cuanto a las anotaciones que debe contener el folio de matr\u00edcula y por esta raz\u00f3n se procedi\u00f3 a realizar la devoluci\u00f3n de la solicitud\u00bb; a lo que agreg\u00f3, que dentro del tr\u00e1mite criticado no hizo otra cosa que exigir el cumplimiento de los requisitos contemplados en los art\u00edculos 84 y 13 de la ley 1448 y el Decreto 4829 de 2011, respectivamente (fls. 172 a 176, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que los promotores incurrieron en un actuar incurioso, pues de las pruebas allegadas al tr\u00e1mite se pudo vislumbrar que el apoderado de \u00e9stos no hizo uso del recurso de reposici\u00f3n que era procedente para atacar la decisi\u00f3n aqu\u00ed criticada; adicionalmente se\u00f1al\u00f3, que \u00abla solicitud de restituci\u00f3n puede presentarse nuevamente en cualquier momento con lo que se descarta el perjuicio irremediable\u00bb (fls. 181 a 184, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Por conducto de su mandatario, los actores impugnaron el anterior fallo, expresando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela, a m\u00e1s de agregar, que el a quo constitucional no examin\u00f3 con rigor los argumentos acerca del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, por cuanto la formulaci\u00f3n del recurso horizontal resultaba inoperante, pues de un lado, el auto objeto de reproche \u00aben su parte resolutiva no contempl\u00f3 ni siquiera la posibilidad de la interposici\u00f3n de recurso alguno, ci\u00f1\u00e9ndose \u00fanicamente a devolver [su] solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras\u00bb, y del otro, \u00abde haberse puesto en marcha la interposici\u00f3n de recurso alguno en contra de dicho auto, la suerte hubiera sido las misma\u00bb (fls. 189 a 199, Cit).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de prerrogativas.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a examen, se advierte que la censura de los gestores est\u00e1 encaminada, puntualmente, contra los autos dictados por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, i) el 31 de agosto de 2016, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 inadmitir la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, Direcci\u00f3n Territorial Cesar \u2013 Guajira, en representaci\u00f3n de Adiela P\u00e9rez y Luis Emiro Ascanio Torres, y su n\u00facleo familiar (fl. 31, cdno 1); y, ii) el 16 de septiembre siguiente, mediante el cual se decidi\u00f3 \u00abDEVOLVER\u00bb dicha petici\u00f3n, \u00abatendiendo a que no fue subsanada en debida forma\u00bb la causal de inadmisi\u00f3n referente a las inscripciones de certificado de libertad y tradici\u00f3n \u00abde que tratan el art\u00edculo 13 Numeral 2 del Decreto 4829 de 2011 y reiterada por el numeral 2 del art\u00edculo 2.15.1.4.1, el inciso segundo del Art\u00edculo 2.15.1.4.5 del Decreto 440 de 2016\u00bb; pues a criterio de los inconformes, all\u00ed solicitantes, dicha exigencia no se encuentra establecido en la Ley 1448 de 2011, y desconoce la jurisprudencia constitucional en la materia.  <\/span><\/p>\n

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3.  Establecido lo anterior es del caso se\u00f1alar, que examinados los prove\u00eddos que se acusan, y las pruebas allegadas a las presentes diligencias, se revela para la Sala que las decisiones cuestionadas ostentan defectos de car\u00e1cter sustantivo, debido a la incorrecta aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011; de all\u00ed que aunque los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la ex\u00e9gesis del ordenamiento jur\u00eddico y la valoraci\u00f3n de las pruebas, no cabe duda que en el caso objeto de an\u00e1lisis se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional del Juez constitucional, en aras de restablecer las prerrogativas fundamentales de los tutelantes.  <\/span><\/p>\n

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3.1.         Ciertamente, se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, por cuanto el referido funcionario al resolver de la manera como lo hizo en las mentadas decisiones, debi\u00f3 tener en cuenta que en los literales (b) y (e) del art\u00edculo 84 de la precitada norma, a los que hizo referencia, \u00fanicamente se prev\u00e9 como requisitos de procedibilidad de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras: \u00ab[l]a constancia de inscripci\u00f3n del predio en el registro de tierras despojadas\u00bb, y, \u00ab[e]l certificado de tradici\u00f3n y libertad de matr\u00edcula inmobiliaria que identifique registralmente el predio\u00bb, respectivamente, mas no as\u00ed, que este \u00faltimo soporte la medida de protecci\u00f3n y su posterior cancelaci\u00f3n, ordenadas dentro de la etapa administrativa, de manera que la ausencia de tal especificaci\u00f3n en dicho documento no se erige en un motivo para inadmitir o rechazar la demanda como erradamente lo entendi\u00f3 el juez de conocimiento, so pretexto de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de los Decretos 4829 y 440 de 2011 y 2016, respectivamente, ya que ese razonamiento no se acompasa con los principios que rigen la misma, desatendiendo por tanto los postulados de la garant\u00eda constitucional al debido proceso.  <\/span><\/p>\n

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3.2.  Lo anterior, por cuanto dicha deducci\u00f3n no constituye una exigencia establecida por el legislador para que las personas despojadas o desplazadas v\u00edctimas del conflicto interno colombiano, eleven ante el Juez competente solicitud de restituci\u00f3n o formalizaci\u00f3n de un predio inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, pues tal acto administrativo no es constitutivo del derecho a la restituci\u00f3n sino un requisito de procedibilidad para la solicitud de la misma, y la exigencia en las calidades que el juez convocado requiri\u00f3 al momento de calificar la demanda, contrar\u00eda el principio de buena fe y excede su competencia, pues discute el procedimiento de una decisi\u00f3n que actualmente se encuentra en firme, y, por tanto, debe debatirla en el escenario dispuesto en la ley para ello, esto es, la Jurisdicci\u00f3n Contencioso de lo Administrativo, a trav\u00e9s del medio de control pertinente.  <\/span><\/p>\n

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3.3.          T\u00e9ngase en cuenta, que el registro por parte de la UAGRTD de los predios abandonados o despojados, es una herramienta t\u00e9cnica para facilitar, mas no dificultar, la atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n de esas personas y su acceso a los beneficios especiales que prev\u00e9 la ley1, que se realiza mediante un acto administrativo que no es constitutivo del derecho o la condici\u00f3n, sino s\u00f3lo declarativo2, por lo cual, al momento de verificar la admisibilidad de la solicitud de restituci\u00f3n de tales predios, el juez s\u00f3lo debe verificar que se haya efectuado su registro como requisito de procedibilidad, sin que pueda rechazarla por ausencia de informaci\u00f3n complementaria o especificidades que puedan subsanarse a lo largo del tr\u00e1mite, e impliquen una barrera para la reparaci\u00f3n del solicitante, m\u00e1s a\u00fan si las mismas, como en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, conllevan el rechazo o postergaci\u00f3n de la eventual reparaci\u00f3n solicitada.  <\/span><\/p>\n

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4.   As\u00ed pues, no puede perderse de vista que el tr\u00e1mite en comento es una acci\u00f3n constitucional instituida para garantizar el que ha sido catalogado como derecho fundamental a la restituci\u00f3n de la tierra, dentro del cual el juez tiene un rol primordial3 en aras de la reparaci\u00f3n de la v\u00edctima, y en ese contexto, resulta inadmisible que se incurra en la exigencia de formalidades que el tr\u00e1mite mismo no exige o permite superar, pues si bien el presupuesto censurado tiene un car\u00e1cter preventivo y publicitario, lo cierto es que tal prop\u00f3sito puede alcanzarse con la anotaci\u00f3n de \u00abPREDIO INGRESADO AL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS\u00bb, que el caso bajo estudio fue realizado el 13 de noviembre de 2015, por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Chimichagua, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble objeto de controversia, en cumplimiento de lo decidido en la Resoluci\u00f3n No. RE 02470 de 28 de julio de 2016, a trav\u00e9s de la cual se incluy\u00f3 en el (RTDAF) a los se\u00f1ores Adiela P\u00e9rez y Emiro Ascanio Torres (fls. 130 y 131, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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5.        Finalmente, aun cuando no escapa de la atenci\u00f3n de la Corte la incuria en que incurri\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada frente al auto del 16 de septiembre de 2016, esto es, el no haber hecho uso del recurso de reposici\u00f3n para impugnarlo, \u00e9sta ser\u00e1 soslayada, pues, como se ha dicho en casos similares donde la vulneraci\u00f3n es muy evidente, \u00abla misma no constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC9905-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo anterior, se impone revocar el fallo confutado, a fin de que el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras convocado proceda a estudiar nuevamente la admisi\u00f3n de la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras presentada por la UAEGRTD en representaci\u00f3n de los aqu\u00ed interesados, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en precedencia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, CONCEDE la protecci\u00f3n al debido proceso de los accionantes.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, se ORDENA al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dejar sin valor y efecto los prove\u00eddos del 31 de agosto y 16 septiembre, ambos de 2016, para en su lugar, estudiar nuevamente la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras aqu\u00ed referida, conforme a lo establecido en la parte motiva la presente providencia.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1\u00abla Corte reitera en esta nueva oportunidad, que los registros de las v\u00edctimas son una herramienta t\u00e9cnica que permite identificar parte de esta poblaci\u00f3n y determinar algunas de sus caracter\u00edsticas, con el prop\u00f3sito de brindar herramientas para su atenci\u00f3n y reparaci\u00f3n. En este sentido, el registro no puede entenderse como el acto constitutivo de la condici\u00f3n de v\u00edctima, sino un acto declarativo de car\u00e1cter administrativo que permite el acceso de las v\u00edctimas a los beneficios de la ley, no siendo por tanto un instrumento por medio del cual se constituya una calidad, como la de v\u00edctima, sino por medio del cual se declara administrativamente tal calidad, como requisito formal para el acceso efectivo, organizado y eficaz de las v\u00edctimas a los beneficios que plantea el derecho fundamental a la reparaci\u00f3n integral\u00bb Corte Constitucional, C \u2013 715 de 2012.    <\/span><\/p>\n

2 \u00abDe esta manera, la inscripci\u00f3n en el Registro de Tierras no es un acto discrecional, pues si la Unidad decide no inscribir el inmueble, esa es una medida que debe tener un sustento, y, en todo caso, el rechazo de la inscripci\u00f3n es un acto administrativo que puede controvertirse. Adem\u00e1s, la decisi\u00f3n de la Unidad no es constitutiva de un derecho, es tan s\u00f3lo un requisito de car\u00e1cter procedimental para hacer uso de la v\u00eda judicial especial de transici\u00f3n\u00bb. Corte Constitucional, C \u2013 330 de 2016.    <\/span><\/p>\n

3 \u00abel juez de restituci\u00f3n de tierras es un actor fundamental en la protecci\u00f3n efectiva de los derechos de las v\u00edctimas en el marco de una acci\u00f3n constitucional y dentro de un contexto de conflicto. Sus actuaciones deben reflejar sensibilidad por el tema objeto de conocimiento y el compromiso Estatal de construcci\u00f3n (o reconstruir) en las v\u00edctimas una confianza en la legalidad, condici\u00f3n imprescindible para desarticular los ciclos de la violencia que han afectado al pa\u00eds.\u00bb C \u2013 330 de 2016      <\/span><\/p>\n

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