{"id":99273,"date":"2026-06-25T18:09:59","date_gmt":"2026-06-25T18:09:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1550-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:09:59","modified_gmt":"2026-06-25T18:09:59","slug":"stc1550-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1550-2017\/","title":{"rendered":"STC1550-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1550-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02588-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 1\u00ba de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Fabi\u00e1n Ram\u00f3n Guar\u00edn Patarroyo contra la Superintendencia Financiera de Colombia.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la especial protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, a la \u00abseguridad\u00bb y al debido proceso, supuestamente conculcados por la autoridad accionada, al no dar respuesta adecuada a la petici\u00f3n que le elev\u00f3 el 20 de enero de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Superfinanciera, \u00abque en el improrrogable t\u00e9rmino de 24 horas proceda a dar respuesta debidamente sustentada a [su] solicitud, que dicha respuesta sea concisa y precisa y no remita a que la informaci\u00f3n sea obtenida en la web\u00bb (fl. 3, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pedimento, aduce en compendio, que radic\u00f3 la referida petici\u00f3n ante el ente de supervisi\u00f3n accionado, al cual se asign\u00f3 el n\u00famero de radicado 2016665180-000-000, solicitando informaci\u00f3n \u00abrelacionada con comisiones, inversiones, rentabilidades, etc\u2026. obtenidos por las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (\u2026), desde su creaci\u00f3n, acaecida el 1\u00ba de abril de 1994, hasta la fecha\u00bb, sin que hasta el momento haya recibido \u00abrespuesta completa\u00bb, con lo cual estima vulneradas sus prerrogativas superiores (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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       El Grupo de lo Contencioso Administrativo Dos de la  Superintendencia convocada, precis\u00f3 que emiti\u00f3 respuesta a la solicitud del actor mediante oficio 2016005180-004-000, enviado el 7 de marzo de 2016 a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico se\u00f1alada en la misma, conforme da cuenta la prueba de env\u00edo 20160005180-006-000.  <\/span><\/p>\n

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       Aclar\u00f3 que la informaci\u00f3n que solicit\u00f3 el promotor del amparo la recibe la entidad en su mayor\u00eda por v\u00eda electr\u00f3nica, y posteriormente la organiza y custodia en bases de datos electr\u00f3nicas para que a la misma se pueda acceder a trav\u00e9s de los links que suministr\u00f3 con la respuesta a la petici\u00f3n en comento, \u00absin que con ello haya dejado de atenderse lo requerido por el peticionario en las condiciones que la ley exige para la atenci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Explic\u00f3 que adem\u00e1s del link que acompa\u00f1\u00f3 a varias de las respuestas dadas al petente, explic\u00f3 o ampli\u00f3 la informaci\u00f3n all\u00ed contenida, todo lo cual remiti\u00f3 dentro de los 30 d\u00edas h\u00e1biles siguientes, en los t\u00e9rminos de la Ley 1755 de 2015 en concordancia con la Resoluci\u00f3n 683 de 2011, por tratarse de una consulta.  <\/span><\/p>\n

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       Finalmente se\u00f1al\u00f3, que en el asunto cuestionado se presenta un hecho superado, pues como qued\u00f3 visto, resolvi\u00f3 completa y oportunamente la petici\u00f3n del actor, a\u00fan antes de impetrarse el amparo, m\u00e1xime cuando adem\u00e1s se incumple con el requisito de la inmediatez, pues entre la fecha de comunicaci\u00f3n de la respuesta (7 de marzo de 2016), y la de presentaci\u00f3n de la solicitud de resguardo, transcurrieron m\u00e1s de ocho (8) meses, sin que en modo alguno se configure un perjuicio irremediable (fls. 11 a 19, cdno. 1).       <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, precisando para el efecto, que \u00abno se ha presentado vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n del tutelante, teniendo en cuenta que la entidad accionada atendi\u00f3 su solicitud por medio de comunicaci\u00f3n No. 2016005180-004-000 de 7 de marzo de 2016, remitida a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico que aqu\u00e9l registr\u00f3 en su escrito, seg\u00fan se evidencia a partir de la constancia visible a folio 20\u00bb, transcribiendo cada una de las preguntas que el promotor del amparo realiz\u00f3 a la accionada mediante la aludida petici\u00f3n, y esbozando las respuestas que a las mismas fue dada, para de all\u00ed colegir, que \u00abse ajustan a los ya estudiados lineamientos que regulan la forma en que debe darse respuesta a una petici\u00f3n, esto es, ser clara, de fondo y congruente con los hechos y aspiraciones invocadas\u00bb, y finalmente concluir, que por ende la acci\u00f3n bajo estudio carece actualmente de objeto (fls. 39 a 43, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante, arguyendo similares argumentos a los expuestos en su escrito inicial, a m\u00e1s de agregar, que \u00ablos links que se relacionan en la comunicaci\u00f3n emitida por la entidad no funciona, dejando desprotegido en absoluto el derecho a obtener una respuesta de fondo\u00bb (fl. 50, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        El art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y, eventualmente, ante los particulares, para obtener una respuesta de fondo a sus solicitudes, formuladas en inter\u00e9s general o particular. El derecho de petici\u00f3n, en consecuencia, tiene una doble dimensi\u00f3n: a) la posibilidad de acudir ante el destinatario, y b) y la de obtener una respuesta pronta, congruente y sobre la cuesti\u00f3n planteada.  <\/span><\/p>\n

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La esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces, la pronta resoluci\u00f3n, una respuesta de fondo, y, la notificaci\u00f3n de la respuesta al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2.        No obstante lo anterior, la jurisprudencia constitucional de esta Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte, en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, y una vez revisadas las diligencias, se anticipa el fracaso de lo pretendido por el se\u00f1or Fabi\u00e1n Guar\u00edn Patarroyo a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, como quiera que en esencia sus cuestionamientos est\u00e1n dirigidos contra las caracter\u00edsticas de la respuesta que a su petici\u00f3n del 20 de enero del a\u00f1o inmediatamente anterior, profiri\u00f3 la Superintendencia de Sociedades el 7 de marzo de 2016, en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 18 de noviembre siguiente (fl. 1, cdno. 1), de donde deviene claro que la solicitud para revisar las calidades de esa respuesta, fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013 m\u00e1s de 8 meses -, sin que el interesado solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dicha actuaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en CSJ STC16300-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.        Por otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que la queja del actor elevada al momento de replicar la decisi\u00f3n del a quo constitucional, atinente a que los links que la accionada se\u00f1al\u00f3 en la respuesta cuestionada, estaban da\u00f1ados, constituye un hecho nuevo que no fue alegado al momento de la interposici\u00f3n del amparo, que en todo caso, tampoco escapa al requisito de la prontitud que caracteriza a este mecanismo especial de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y a los dem\u00e1s intervinientes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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