{"id":99274,"date":"2026-06-25T18:10:05","date_gmt":"2026-06-25T18:10:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1551-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:10:05","modified_gmt":"2026-06-25T18:10:05","slug":"stc1551-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1551-2017\/","title":{"rendered":"STC1551-2017"},"content":{"rendered":"

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                                 <\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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                                STC1551-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00212-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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       Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada, mediante letrada, por Kevin de Jes\u00fas Surmay Su\u00e1rez en frente de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, concretamente contra la magistrada  Guiomar Porras del Vecchio, tr\u00e1mite al cual se vincularon los Juzgados Diez y Catorce Civiles del Circuito de esa urbe.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.- El gestor depreca el resguardo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad recriminada dentro del juicio ejecutivo hipotecario que el Banco Davivienda S. A., de quien es cesionario, le formul\u00f3 a Amelia Deisy Villavicencio y Gabriel Farah Daoud.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Arguy\u00f3, como soporte de su reproche, en suma, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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       2.1.- El sub lite se inici\u00f3 en 2006 y por reparto le correspondi\u00f3 al despacho catorce citado, que al efecto libr\u00f3 orden de apremio.  <\/span><\/p>\n

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       2.2.- Luego de que se efectuaron \u00ablos alegatos de conclusi\u00f3n\u00bb y sin dictarse sentencia, en \u00aboctubre de 2014 ordena correr traslado del escrito de solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, escrito que fue descorrido en t[\u00e9]rmino\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.3.- Empero, comoquiera que la aludida c\u00e9lula judicial \u00abperdi\u00f3 competencia\u00bb, el sub judice devino \u00abremitido por reparto al juzgado 10\u00bb convocado, mismo que \u00abmediante auto de fecha 30 de julio de 2015 ordena la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       2.4.- Contra dicha resoluci\u00f3n interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, aconteciendo que el recurso horizontal fue despachado adversamente el 5 de agosto de 2016, otorg\u00e1ndose entonces la alzada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.5.- El medio impugnativo vertical ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n de primer grado, por auto de 16 de diciembre siguiente, incurriendo en anomal\u00eda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Ello, dado que soslay\u00f3 \u00ablos distintos fallos que las altas [C]ortes han emitido con respecto a la procedencia de la terminaci\u00f3n de procesos en casos donde existan embargos de remanente, aun cuando en el expediente hab\u00eda constancia de que la medida de embargo no hab\u00eda podido ser materializada por existir embargo por jurisdicci\u00f3n coactiva por parte del distrito, as\u00ed como tambi\u00e9n una solicitud de embargo de remanente notificado mediante [O]ficio 1784 del 16 de julio de 2015\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.- Solicita, conforme a lo relatado, ordenar \u00abemitir un pronunciamiento basado en los lineamientos consagrados en la [L]ey 546 del 99 y la SU 787 de 2012, [\u2026] teniendo en cuenta que al configurarse las excepciones esbozadas en la [jurisprudencia] era improcedente [\u2026] dar por terminado el proceso, la cual exonera al juez de dar por terminado los procesos por falta de reestructuraci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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          El colegiado enjuiciado manifest\u00f3, en breve, que \u00abla decisi\u00f3n objeto de reproche constitucional encuentra su sustento en una interpretaci\u00f3n plausible derivada del precedente constitucional [\u2026], adem\u00e1s se encuentra acorde con el ordenamiento constitucional y legal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Los dem\u00e1s, guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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          1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal se indique que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la decisi\u00f3n que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, en SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       2.- Estudiada la censura planteada resulta evidente que el reclamante, al estimar que se obr\u00f3 con desprecio de la legalidad por supuestamente incurrirse en causal espec\u00edfica de procedibilidad por desconocimiento del precedente, enfila su inconformismo, en \u00faltimas, contra el tribunal recriminado habida cuenta que dict\u00f3 la providencia ratificatoria de 16 de diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       3.- Son actuaciones que ata\u00f1en con la discrepancia elevada, las siguientes:  <\/span><\/p>\n

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       3.1.- Decisi\u00f3n de 11 de mayo de 2015, con que el juzgado d\u00e9cimo vinculado tuvo \u00abcomo demandante\u00bb en el sub examine al tutelista en calidad de \u00abcesionario\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.2.- Determinaci\u00f3n de 30 de julio de ese a\u00f1o, mediante la cual la referida c\u00e9lula judicial termin\u00f3 el pleito en cuesti\u00f3n por \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       Sostuvo, entre otras cosas, que \u00abes palmario con la contemplaci\u00f3n de los certificados de tradici\u00f3n correspondientes a las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 040-99599. 040-314368 y 040-315369 [\u2026], que las dos \u00faltimas matr\u00edculas fueron abiertas con ocasi\u00f3n de una divisi\u00f3n material del primer predio identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba. 040-99599, siendo menester anunciar que es el predio adquirido bajo el cr\u00e9dito upac. siendo esos predios afectados con la hipoteca que sobre el globo gravitaban, del cual se segregaron lo que implica que no se tratan de predios distintos adquiridos por otros cr\u00e9ditos upacs al que en autos se reclama su cumplimiento ejecutivamente, ya que al momento de la adquisici\u00f3n del predio esas dos matr\u00edculas no exist\u00edan en el mundo jur\u00eddico, sobre ese aspecto rep\u00e1rese en el hecho que las matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 040-315368 y 040-315369 fueron abiertas con base en la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-99599 (Ver. anotaciones visibles a folios 26 y 28 c. p pal); lo que entra\u00f1a que esos inmuebles se hayan regulados por la Ley 546 de 1999, y toda jurisprudencia nacional que disciplina la materia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       A la par, predic\u00f3 que \u00ab[r]epasada la foliatura, se observa que con la demanda no se aportaron los documentos anunciados en precedencia, que permitan establecer que la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito en la forma determinada por ley y la jurisprudencia constitucional, en donde se evidencien los criterios de favorabilidad y viabilidad del cr\u00e9dito, y se tenga en cuenta la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual de los deudores, lograda de acuerdo a sus preferencias sobre alguna de las l\u00edneas de financiaci\u00f3n existentes o que se creen; o en su defecto, el documento emanado de la Superfinanciera que definiera lo relativo a la reestructuraci\u00f3n del edito en estricta sujeci\u00f3n a los criterios mencionados. Por faltar ese documento o documentos en estos autos, la obligaci\u00f3n resuelve [sic] inexigible parafraseando la jurisprudencia constitucionalista, luego es del caso y con toda seguridad, que se impone la terminaci\u00f3n del presente litigio por ministerio de la ley al faltar el requisito de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito para la exigibilidad de la obligaci\u00f3n y no completar de esa forma las obligaciones recaudadas el recorrido de condiciones prescritas en el art\u00edculo 88 del C. de P. C.\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       3.3.- Auto confirmatorio de 16 de diciembre de 2016, a trav\u00e9s del que la sala cuestionada confirm\u00f3 el de marras.  <\/span><\/p>\n

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       All\u00ed, entre otras reflexiones, ad\u00fajose que \u00ab[s]e enarbola de manera primigenia, a efectos de cerrar dicha discusi\u00f3n, el tema de la destinaci\u00f3n del bien inmueble que ha esbozado el recurrente para concluir que el derecho a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito no le asiste a los ejecutados\u00bb, precisando que \u00abel hecho de haber pertenecido el inmueble a la sociedad Farah y Compa\u00f1\u00eda Ltda. de la cual ambos deudores son socios y de ah\u00ed se concluya que no fue adquirido para vivienda [\u2026] lo \u00fanico que denota [\u2026] es que el inmueble sali\u00f3 del patrimonio social y entr\u00f3 a ser parte del peculio personal de las personas que hoy ostentan la calidad de demandados, quienes para poder adquirirlo, solicitaron un cr\u00e9dito de vivienda, acto de voluntad que en aquel momento el Banco consider\u00f3 como legal y moral y por este motivo concedi\u00f3 la solicitud crediticia con sus prerrogativas, siendo inviable que casi 20 a\u00f1os despu\u00e9s, quiera expresar en contrario, para satisfacer sus intereses, tildando de sospechosa una actitud que aval\u00f3 en anterior data, a lo que se agrega que fue un cr\u00e9dito otorgado en el a\u00f1o de 1994, al que ya se han aplicado los alivios de ley, y que ha sido objeto de proceso terminado por imperio de la ley, siendo inviable que a estas alturas se redefina su esencia para quitarle los privilegios ya reconocidos por la entidad financiera\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Prosigui\u00f3 diciendo que \u00aben lo referente a la actitud caprichosa que le endilga al a quo para terminar el proceso, ha de indic\u00e1rsele que el cambio de posici\u00f3n que ha tenido la rama judicial casi que integralmente, no se debe a la mera voluntad de los juzgadores que la constituyen, sino al obedecimiento al precedente que las altas [C]ortes van sentado, y que constituye una directriz vinculante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.4.- Folios de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba. 040-315368 y 040-315369. En el \u00faltimo de estos, en la anotaci\u00f3n 4 datada 11 de agosto de 2004, obra que sobre el predio en cuesti\u00f3n pesa un \u00abembargo por jurisdicci\u00f3n coactiva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.- Descendiendo al preciso asunto motivo de pronunciamiento, se advierte, con vista en los elementos de convicci\u00f3n recaudados, que el amparo rogado debe otorgarse de acuerdo a las razones que pasan a explicarse.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.1.- Si bien es cierto que relativamente a la \u00abrestructuraci\u00f3n\u00bb de cr\u00e9ditos de vivienda, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u00abcomo requisito esencial para promover el cobro compulsivo, en virtud de lo previsto por el art\u00edculo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del t\u00edtulo, de modo que no consumar esa premisa impide la ejecuci\u00f3n, as\u00ed se trate de un nuevo acreedor\u00bb (CSJ STC945-2016, 4 feb. 2016, rad. 2015-02956-01), tambi\u00e9n lo es que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-787 de 11 de octubre de 2012, ata\u00f1edero con el t\u00f3pico que se viene tratando, afirm\u00f3 que \u00ab[a]\u00fan con los anteriores ajustes en la l\u00ednea jurisprudencial, subsisten vac\u00edos, como, por ejemplo, el relacionado con los casos en los cuales exista embargo de remanentes. En ese evento, la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo iniciado por la entidad financiera no obra para beneficio del deudor conforme al objetivo de la ley, puesto que continuar\u00eda la ejecuci\u00f3n por la otra obligaci\u00f3n y si no puede pagar se rematar\u00e1 el bien y el efecto no habr\u00eda beneficiado al deudor y habr\u00eda perjudicado al acreedor financiero en beneficio de un tercero acreedor. En tales casos, es razonable que no proceda la reestructuraci\u00f3n si el deudor no obtiene una reestructuraci\u00f3n de la totalidad de sus obligaciones [En este sentido ver la Sentencia T-511 de 2001].  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abDel mismo modo, es preciso tener en cuenta que la reestructuraci\u00f3n presupone que el deudor acredite capacidad de pago para asumir la obligaci\u00f3n en las nuevas condiciones, de manera que si, aplicando las condiciones m\u00e1s ben\u00e9ficas que procedan para los deudores de acuerdo con la ley, evaluadas por el juez a cuyo cargo est\u00e1 la ejecuci\u00f3n, se concluye que el deudor no est\u00e1 en capacidad de asumir la obligaci\u00f3n refinanciada, se excepcionar\u00eda el mandato de dar por terminado el proceso, en raz\u00f3n a que resultar\u00eda contrario a la econom\u00eda procesal, a los derechos del acreedor y las intereses del deudor que hubiese que iniciar, de manera inmediata, un nuevo proceso ejecutivo.          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abAdicionalmente, es preciso que no haya otros procesos ejecutivos en contra del deudor, en los que se haya solicitado el embargo de remanentes. En tales casos, la obligaci\u00f3n, a\u00fan si se entendiera reestructurada se vuelve plenamente exigible.     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       \u00abDe todo lo anterior surge que una reconstrucci\u00f3n de la jurisprudencia constitucional sobre esta materia, ajustada con los elementos de an\u00e1lisis que se han ido haciendo evidentes en las distintas oportunidades en las que la Corte se ha ocupado del tema, muestra que las reglas aplicables, de acuerdo con el marco constitucional, son las siguientes: (i) En el \u00e1mbito de la Ley 546 de 1999, los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o, una vez realizada la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y aplicados los alivios correspondientes, terminan por ministerio de la ley; (ii) si cumplidas las anteriores condiciones subsiste un saldo insoluto, deudor y acreedor deben llegar a un acuerdo de reestructuraci\u00f3n; (iii) a falta de acuerdo, la reestructuraci\u00f3n debe hacerse directamente por la entidad crediticia, de acuerdo con los par\u00e1metros legales, jurisprudencialmente delimitados y, (iv) cuando cumplidas las anteriores condiciones se advierta por el juez, o que existen otros procesos ejecutivos en curso contra el deudor, por obligaciones diferentes, o que no obstante la reestructuraci\u00f3n, el deudor carece de la capacidad financiera para asumir la obligaci\u00f3n, se except\u00faa el mandato de dar por terminado el proceso, el cual continuar\u00e1, en el estado en el que se encontraba, por el saldo insoluto de la obligaci\u00f3n\u00bb (sublineado propio).            <\/span><\/p>\n

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       4.2.1.- En CSJ STC13347-2015, 1\u00ba oct. 2015, rad. 2015-00491-01, acot\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[E]l juez natural del referido proceso, luego de estudiar los supuestos f\u00e1cticos en que fue sustentada la causal de nulidad invocada (Art. 29 C. P.), y analizar los pormenores del rese\u00f1ado juicio, concluy\u00f3, por un lado, que \u00e9sta no se hallaba demostrada, pues fue sustentada en la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito perseguido, cuando \u00e9sta hace alusi\u00f3n es a la \u201cprueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso\u201d, y, por el otro, que no hay lugar a dar por terminada la ejecuci\u00f3n, pues aunque en el expediente no hay evidencia que d\u00e9 fe que el banco demandante o sus cesionarios reestructuraron dicha obligaci\u00f3n, \u00e9sta no es procedente por existir un embargo de remanentes sobre los bienes cautelados, circunstancia que a la luz de la sentencia SU-787 de 2012 proferida por la Corte Constitucional, constituye una excepci\u00f3n para su procedencia (incapacidad de pago), argumentos que no revelan arbitrariedad o desmesura, en tanto que, se reitera, est\u00e1n basados en las particularidades f\u00e1cticas del caso y la jurisprudencia relacionada con esta materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales (destacado ajeno al texto original, como son los dem\u00e1s).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.2.- En CSJ STC11343-2016, 17 ago. 2016, rad. 2016-02222-00 (citando a la Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2001), pregon\u00f3 que \u00ab\u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento si resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada (\u2026)\u201d\u00bb, entre otras cosas porque \u00abno est\u00e1 dem\u00e1s indicar que lo aqu\u00ed adoptado no implica per se influir a la accionada para que autom\u00e1ticamente culmine el se\u00f1alado compulsivo por la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, por el contrario, se itera, dicha colegiatura debe verificar liminarmente si en el presente asunto, la deudora tiene la capacidad financiera para someterse a tal beneficio, pues de no tenerla, ser\u00eda inane y violatorio del principio de econom\u00eda procesal, finiquitar el compulsivo\u00bb (CSJ STC15487-2015, 11 nov. 2015, rad. 02667-00).     <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.2.3.- En CSJ STC17838-2016, 7 dic. 2016, rad. 2016-03462-00, adujo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El yerro del juzgador radica en que al estudiar el aspecto relacionado con la ausencia de reestructuraci\u00f3n de la deuda pas\u00f3 por alto los alegatos pilares de la apelaci\u00f3n incoada contra la terminaci\u00f3n del coercitivo, espec\u00edficamente, lo atinente con los embargos decretados por el Distrito de Barranquilla respecto del bien hipotecado.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

[\u2026] El escenario planteado evidencia el menoscabo de la prerrogativa se\u00f1alada, por cuanto, le correspond\u00eda al Tribunal decidir la cuesti\u00f3n de cara a la realidad procesal de ese particular juicio. Por tanto, ha debido establecer si en verdad el predio estaba afectado por cuenta del coactivo adelantado por el citado ente territorial, y luego s\u00ed determinar la viabilidad o no de clausurar el asunto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Sala ha dicho que \u201c(\u2026) la decisi\u00f3n de culminar el coercitivo por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito solo puede evitarse en caso de existir embargo de remanentes (\u2026), por cuanto, al acaecer tal circunstancia, implica prima facie que cualquier intento de reestructuraci\u00f3n ser\u00eda f\u00fatil, pues en ese evento s\u00ed resulta evidente la poca solvencia econ\u00f3mica de la obligada[Corte Constitucional, sentencia T-511 de 2001] (\u2026)\u201d [CSJ, STC de 26 de mayo de 2016, exp.: 2016-01317-00] (subl\u00ednea y negrilla fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ahora, aun cuando en el ejecutivo analizado no se deprec\u00f3 una medida como la citada en el comentado precedente, s\u00ed se tuvo noticia del embargo decretado por el Distrito de Barranquilla respecto del predio hipotecado, lo cual le impon\u00eda al juzgador establecer, en primer lugar, la vigencia de esa cautela y, en segundo t\u00e9rmino, la viabilidad de terminar o no el litigio por ausencia de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo de presente que lo pretendido cuando se finiquita por la se\u00f1alada causa es proteger el derecho a la vivienda digna de los deudores.  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] Auscultado el certificado de tradici\u00f3n del inmueble involucrado en el litigio materia de este estudio, se advierte que en la anotaci\u00f3n 5\u00aa est\u00e1 registrado el embargo dictado en el ejecutivo ahora revisado y en la 6\u00aa y 8\u00aa aparece una medida cautelar similar decretada por \u201cla jurisdicci\u00f3n coactiva\u201d, en procesos adelantados por el \u201cDistrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla\u201d y la \u201cDirecci\u00f3n Distrital de Liquidaciones\u201d, respectivamente.  <\/span><\/p>\n

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Oteado en todo su contexto el auto confutado por esta v\u00eda, se confirma, como ya se anticip\u00f3, que el Tribunal guard\u00f3 absoluto silencio frente al argumento antes transcrito, cuando era su deber analizar ese t\u00f3pico y resolverlo de fondo, pues, de \u00e9l pend\u00eda en gran medida la suerte del referenciado compulsivo.  <\/span><\/p>\n

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       4.3.- Pues bien, tras analizar el tenor textual de la providencia criticada, es decir, la dictada por el colegiado querellado al resolver la alzada interpuesta, prontamente dimana que este omiti\u00f3 el aquilatamiento de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente de acuerdo a lo preceptuado en el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso (mismo que es aplicable al sub lite conforme al numeral 4\u00ba del canon 625 ejusdem), que predica que \u00ab[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb, as\u00ed como que el juzgador \u00abexpondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb, pese a que el art\u00edculo 13 ibidem pregona que las \u00abnormas procesales son de orden p\u00fablico, y por consiguiente de obligatorio cumplimiento\u00bb por las partes contendientes y los funcionarios judiciales, esto por un lado.  <\/span><\/p>\n

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       Y, por otro, tambi\u00e9n cej\u00f3 exponer los motivos por los cuales se apart\u00f3 de una franja importante de la jurisprudencia que delimita lo concerniente con la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos adquiridos para la financiaci\u00f3n de vivienda a largo plazo, a fin de dar las explicaciones que eran menester para dar consistencia argumentativa a su resoluci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       4.3.1.- Claro, n\u00f3tese que en manera alguna precis\u00f3 cu\u00e1l era el alcance del m\u00e9rito demostrativo que derivaba, particularmente, de los certificados de tradici\u00f3n correspondientes a los predios objeto de hipoteca,  por cuanto que nada elucid\u00f3 relativamente a los embargos fiscales al efecto anotados en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria correspondientes a los predios objeto de ejecuci\u00f3n, como tampoco adujo algo acerca de la vigencia de dichas cautelas o de si exist\u00edan \u00abembargos de remanentes\u00bb por cuenta de otros despachos, siendo que tales aspectos son t\u00f3picos llamados a ser tenidos en cuenta en esos particulares labor\u00edos.  <\/span><\/p>\n

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       Y es que, verbigracia, en la anotaci\u00f3n N\u00ba. 4 del Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria 040-315369, obra que sobre el predio en cuesti\u00f3n, que es uno de los hipotecados (ver la anotaci\u00f3n N\u00ba. 1 del mismo), desde el d\u00eda 11 de agosto de 2004 pesa un \u00abembargo por jurisdicci\u00f3n coactiva\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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       4.3.2.- Parejamente, surge que falt\u00f3 esclarecimiento para dar cuerpo a las razones que dieron soporte a las conclusiones a que se arrib\u00f3 en la providencia recriminada, si no se olvida que se dejaron de efectuar los expresos pronunciamientos que eran del caso en torno a los par\u00e1metros jurisprudenciales atr\u00e1s evidenciados, referentes a las excepciones de \u00abterminaci\u00f3n\u00bb de los juicios \u00abejecutivos hipotecarios por falta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, lo que implicaba, tras ponderar las demostraciones obrantes, aducir cu\u00e1l es el m\u00f3vil por el que en el sub examine no hab\u00eda lugar a ser atendidos los precedentes que regulan lo concerniente a la salvedad de terminaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos reales que regula la Ley 546 de 1999 por \u00abfalta de reestructuraci\u00f3n\u00bb, cuando existen embargos por la jurisdicci\u00f3n coactiva a favor de la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Barranquilla que pesan sobre uno de los inmuebles objeto de garant\u00eda, lo que no puede pasarse por alto, puesto que de la mano de esa dejaci\u00f3n devino su gesti\u00f3n ayuna de la explicaci\u00f3n que era de esperar para indicar la cognici\u00f3n que dio pie para confirmar el auto apelado, proceder tal que luce ajeno al deber de impartir cumplida justicia.  <\/span><\/p>\n

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       5.- As\u00ed las cosas, surge que el tribunal cuestionado vulner\u00f3 al peticionario el derecho fundamental al debido proceso al dictar l resoluci\u00f3n de 16 de diciembre de 2016 (a trav\u00e9s de la que confirm\u00f3 la de 30 de julio de 2015 que termin\u00f3 el ejecutivo hipotecario objeto de pronunciamiento por falta de reestructuraci\u00f3n), por lo que, entonces, emerge pr\u00f3spera la reclamaci\u00f3n extraordinaria, como efectivamente se dispondr\u00e1, y en consecuencia, se dejar\u00e1 sin valor y efecto el aludido prove\u00eddo, as\u00ed como las actuaciones que del mismo se desprendan, ordenando a la colegiatura accionada, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados a partir del momento en que tenga conocimiento de este fallo, vuelva a manifestarse acerca del mentado recurso vertical y tome la decisi\u00f3n que corresponde en ese puntual aspecto, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en la parte motiva de este fallo.   <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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       En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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       PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Kevin de Jes\u00fas Surmay Su\u00e1rez, conforme a las consideraciones expresadas, por lo que se deja sin valor ni efecto el prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2016, dictado dentro del juicio ejecutivo hipotecario referido en los antecedentes, as\u00ed como todas las actuaciones que del mismo se desprendan.  <\/span><\/p>\n

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       SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, que, dentro del lapso de diez d\u00edas (10) contados a partir de la fecha en que reciba notificaci\u00f3n de la presente resoluci\u00f3n, se pronuncie nuevamente acerca del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la determinaci\u00f3n de 30 de julio de 2015 que termin\u00f3 el ejecutivo hipotecario objeto de pronunciamiento por falta de reestructuraci\u00f3n, consultando las disposiciones legales que gobiernan la materia, de conformidad con lo plasmado en este pronunciamiento. Por Secretar\u00eda, env\u00edesele copia de la presente decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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       TERCERO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

(Presidente de Sala)  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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                                           MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente                                      STC1551-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-00212-00   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99274","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99274","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99274"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99274\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}