{"id":99275,"date":"2026-06-25T18:10:11","date_gmt":"2026-06-25T18:10:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1552-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:10:11","modified_gmt":"2026-06-25T18:10:11","slug":"stc1552-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1552-2017\/","title":{"rendered":"STC1552-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1552-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01084-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 7 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Juan Mar\u00eda Duque Uribe contra los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, la Subdirecci\u00f3n de Determinaci\u00f3n de Derechos Pensionales y Direcci\u00f3n de Pensiones de la citada entidad, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, el Consorcio FOPEP, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la Fiduprevisora S.A., y, la se\u00f1ora Olga Luc\u00eda Rodr\u00edguez L\u00f3pez, en calidad de Coordinadora Grupo de Gesti\u00f3n Integral de Entidades Liquidadas de la segunda de las aludidas Carteras Ministeriales.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        El accionante a trav\u00e9s de gestor judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, al m\u00ednimo vital, a la dignidad humana, a la salud, a la seguridad social y a la igualdad, presuntamente conculcados por los Ministerios convocados, al no reconocerle los tiempos laborados en el desaparecido Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u2013INCORA y, en consecuencia, no expedirle el respectivo bono pensional necesario para reclamar la indemnizaci\u00f3n sustitutiva de la pensi\u00f3n de vejez.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Pretende entonces, que se le conceda el resguardo implorado, ordenando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, \u00abreali[zar] las gestiones pertinentes con el MINISTERIO DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO para la obtenci\u00f3n del BONO PENSIONAL\u00bb y, a \u00e9ste \u00faltimo, que \u00abuna vez [reciba] los documentos necesarios para expedir el BONO PENSIONAL, lo remita a COLPENSIONES para su efectivo pago en el menor tiempo posible\u00bb  (fls. 6 y 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de su reparo, aduce en s\u00edntesis, que labor\u00f3 para el extinto INCORA entre el 15 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1984, por lo que el 27 de abril de 2015, solicit\u00f3 ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la prestaci\u00f3n social referida l\u00ednea atr\u00e1s, petici\u00f3n que fue respondida el 5 de agosto siguiente por la entidad, inform\u00e1ndole que dar\u00eda traslado de la misma a la Unidad de Gesti\u00f3n de Aportes Pensionales y Parafiscales (UGPP), por ser la competente para atender lo pretendido, en raz\u00f3n a que el mentado instituto hab\u00eda sido liquidado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente sostiene, que le est\u00e1n siendo transgredidas las garant\u00edas superiores invocadas, ya que \u00abEL MINISTERIO DE AGRICULTURA ES EL BENEFICIARIO DE [SU] LABOR (\u2026), QUIEN EN COADYU[V]ANCIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA DEBER\u00c1N CERTIFICAR LOS TIEMPOS, CREAR LOS BONOS PENSIONALES TIPO B Y QUE DICHO BONO SEA ENTREGADO A COLPENSIONES, QUE FUE LA ENTIDAD A LA CUAL SE AFILI\u00d3\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00abNO SE PUEDE PERMITIR UN ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA EN PRO DE LAS ENTIDADES ESTATALES Y EN PERJUICIO DEL TRABAJADOR\u00bb (fls. 1 a 7, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a. La Fiduprevisora S.A. en su condici\u00f3n de administradora del patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes  del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n \u2013 P.A.R.I.S.S., as\u00ed mismo el Consorcio FOPEP y Colpensiones, reprocharon su vinculaci\u00f3n al presente tr\u00e1mite constitucional, aduciendo que no tienen ninguna responsabilidad en la transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales alegados, por lo que carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva (fls. 21 a 24; 75 a 77; 135 a 137, cdno. 1).        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.    El Jefe Oficina Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, solicit\u00f3 desestimar lo pedido por el actor, tras manifestar que la prestaci\u00f3n social reclamada \u00abNO se financia con bono pensional\u00bb, sumado a que a \u00e9ste \u00abCOLPENSIONES [ya] le otorg\u00f3 (\u2026) una \u201cINDEMNIZACI\u00d3N SUSTITUTIVA\u201d\u00bb, siendo entonces responsabilidad de la UGPP, por ser la administradora del PAR-INCORA, resolver lo pedido por el tutelante (fls. 79 a 84, Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.   El Subdirector Jur\u00eddico Pensional de la Unidad de Gesti\u00f3n de Aportes Pensionales y Parafiscales (UGPP), pidi\u00f3 declarar improcedente el resguardo implorado, con sustento en que al peticionario le fue negada por esa entidad la indemnizaci\u00f3n que pretende a trav\u00e9s de las Resoluciones No. RDP 54561 de 18 de diciembre de 2015, RDP 003568 de 29 de enero de 2016 y RDP 013919 de 30 de marzo siguiente, con fundamento en que \u00abla certificaci\u00f3n de tiempos de servicios aportada al expediente pensional establece que NO se realizaron descuentos de aportes para pensi\u00f3n\u00bb, por lo que, entonces, \u00abno hay cotizaciones realizadas para generar valores a cargo de la indemnizaci\u00f3n sustitutiva\u00bb, a lo cual se suma el hecho de que aqu\u00e9l cuenta con otras acciones judiciales para alcanzar lo solicitado y no demostr\u00f3 el perjuicio irremediable que alega (fls. 93 a 100, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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d.   El Coordinador del Grupo Procesos Judiciales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, luego de hacer unas breves referencias acerca de los tipos de bono pensionales, se opuso a lo ambicionado por el accionante, por cuanto que esa Cartera \u00abno es [la] competente para promover tr\u00e1mite de expedici\u00f3n y emisi\u00f3n de Bonos pensionales de los afiliados al sistema general de pensiones\u00bb, ya que a partir de la firma del acta de liquidaci\u00f3n del INCORA, ese Ministerio \u00ab\u00fanica y exclusivamente asumi\u00f3 la facultad para expedir certificaciones laborales de los ex servidores p\u00fablicos de dicho instituto\u00bb (fls. 162 y 163, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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e.  Los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio.    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia, luego de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con la prestaci\u00f3n exigida, neg\u00f3 el amparo suplicado, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00abEn el caso presente, m\u00e1s all\u00e1 de referirse a que se est\u00e1 en un eventual enriquecimiento sin justa causa por parte del Estado en su contra, ni se presenta la demanda bajo la \u00e9gida del mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ni afloran circunstancias de tal envergadura que permitan soslayar la intervenci\u00f3n del juez natural que debe resolver una causa como la invocada. En efecto, el demandante est\u00e1 por fuera de los par\u00e1metros para ser catalogado como sujeto de especial protecci\u00f3n, si bien est\u00e1 por fuera de los par\u00e1metros de edad se\u00f1alados en la sentencia T-138 de 2010; tampoco adujo, ni est\u00e1 demostrada alguna discapacidad f\u00edsica o mental que le impida valerse por s\u00ed mismo; por otro lado, ninguna prueba apunta a demostrar una especial situaci\u00f3n que la ubique en un grupo poblacional de aquellos que merecen un tratamiento fortalecido por parte del Estado, es m\u00e1s, ni si quiera se indica por qu\u00e9 el proceso ante la jurisdicci\u00f3n aludida carece de idoneidad para la soluci\u00f3n de la controversia planteada\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A lo cual agreg\u00f3, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abSu sola edad, 65 a\u00f1os (f. 73, 101), no demuestra por s\u00ed misma que est[\u00e9] impedido para afrontar un proceso tendiente a que le sea reconocida, por el organismo que corresponda, su indemnizaci\u00f3n sustitutiva o la devoluci\u00f3n de aportes, dentro de un escenario probatorio amplio que permita concluir lo que fuere legalmente del caso; adem\u00e1s, se repite que no est\u00e1 acreditado que la falta de reconocimiento le impida vivir en condiciones dignas, de manera que no est\u00e1 en juego su m\u00ednimo vital\u00bb; adem\u00e1s, \u00abcualquier situaci\u00f3n que se pueda suscitar en torno a qui\u00e9n corresponde el respectivo reconocimiento prestacional y si tiene derecho al mismo, est\u00e1 reservada, se repite, al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria o contencioso administrativa\u00bb (fls. 72 a 75, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El tutelante a trav\u00e9s de su abogado, se mostr\u00f3 inconforme frente al anterior fallo, esgrimiendo, en lo esencial, que \u00ab[s\u00ed] es una persona de la tercera edad y de especial protecci\u00f3n\u00bb, por lo que someterlo a un proceso que en la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa \u00abpodr\u00eda durar aproximadamente 8 a\u00f1os\u00bb, es totalmente \u00abinhumano y falto de toda proporci\u00f3n\u00bb, hecho que le causar\u00eda \u00abun perjuicio irremediable\u00bb (fls. 187 a 189, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.     De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.     Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por Juan Mar\u00eda Duque Uribe, de entrada se anuncia que el fallo cuestionado habr\u00e1 de ratificarse, pues como bien lo divis\u00f3 el a quo constitucional, esta acci\u00f3n desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, en armon\u00eda con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, toda vez que del asunto planteado no puede ocuparse el juez constitucional, ya que, como lo ha indicado reiteradamente esta Sala en asuntos de similares perfiles,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[p]or regla general la tutela no procede para exigir acreencias laborales, porque  existen otros medios judiciales dise\u00f1ados para ese objetivo; es decir, que la procedencia de este amparo para la satisfacci\u00f3n de obligaciones de \u00edndole laboral es de car\u00e1cter restringido. Sin embargo, si el m\u00ednimo vital se encuentra de por medio se concluye que los mecanismos ordinarios no son efectivos y por lo tanto el amparo constitucional ser\u00eda procedente, pero este no es el caso, pues nada se demostr\u00f3 a este respecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, es obvio que en las condiciones del asunto planteado no se puede acceder al amparo deprecado, ya que esa clase de derechos debe ser dilucidado en su escenario natural, que no es otro diferente a la justicia ordinaria; m\u00e1xime que en este asunto no est\u00e1 demostrada la afectaci\u00f3n al m\u00ednimo vital de la actora, ni la eminencia de la causaci\u00f3n de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo tanto, como la discusi\u00f3n queda en el terreno legal, respecto del cual, se ha dicho, no opera el mecanismo excepcional y restringido de la tutela, dado que se trata de discusiones prestacionales que tienen previsto tr\u00e1mites puntuales distintos ante el Juez natural, sin que sea posible obviarlos, porque se desnaturalizar\u00eda el car\u00e1cter reservado que reporta el instrumento (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2005, Rad. 00041-01, reiterada en STC9445-2014, STC2051-2015 y STC7532-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En el mismo sentido, la Sala manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[S]i el reconocimiento de la pensi\u00f3n del accionante (\u2026) debe financiarse con el bono pensional (\u2026), es evidente que los conflictos jur\u00eddicos que se susciten alrededor de la expedici\u00f3n del mismo (\u2026) son ajenos al juez de tutela, y deben ser resueltos por los jueces naturales por las ritualidades establecidas en la ley. (\u2026) As\u00ed las cosas, aflora el infortunio de esta acci\u00f3n (\u2026), ya que de acuerdo con lo expresado en el p\u00e1rrafo anterior surge una controversia entre el solicitante y las entidades accionadas para cuya soluci\u00f3n el primero debe acudir a otros medios de defensa\u00bb (CSJ. STC. 7 jun. 2007, Rad. 00004-01, reiterado en STC, 5 jul. 2011, Rad. 00652.01, STC8583-2014 y STC7532-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, en otra oportunidad esta Corte se\u00f1al\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[E]s de advertirse que en materia de derechos prestacionales no procede el amparo \u201c(\u2026) porque de una parte, las garant\u00edas derivadas de la seguridad social son, por definici\u00f3n, de avance progresivo y no de naturaleza fundamental, y de otra, se ha asignado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria y a la contencioso administrativa seg\u00fan el caso, la competencia para resolver los conflictos relativos a ella, los cuales, por regla general, se consideran de estirpe legal, de ah\u00ed que resulten ajenos a la \u00f3rbita que se reserva al juez constitucional\u201d\u00bb (subrayado fuera de texto) (CSJ. STC. 21 mar. 2012, Rad. 00297-01, reiterada en STC, 12 abr. 2013, Rad. 00070-01, STC9445-2014 y STC7532-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.     Por tanto, como el aqu\u00ed interesado cuenta con el proceso ordinario laboral, en tanto que el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 2\u00b0 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, le otorga a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, \u201cel conocimiento de las controversias referentes al Sistema de Seguridad Social Integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera sea la naturaleza de la relaci\u00f3n jur\u00eddica y de los actos que se controviertan\u201d, dicho escenario judicial dispuesto por el legislador es el id\u00f3neo para que el tutelante plantee las inconformidades que por v\u00eda de tutela expone, y en donde puede, mediando el tr\u00e1mite respectivo, acreditar los supuestos f\u00e1cticos en que fundan su solicitud, no es admisible, como se dijo, la intervenci\u00f3n excepcional del Juez de tutela en este particular asunto.       <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.   Adicionalmente, como tambi\u00e9n lo advirti\u00f3 el Tribunal de instancia, el resguardo tampoco es procedente de manera transitoria, por cuanto no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, toda vez que con la simple menci\u00f3n de la edad, no se acreditan los elementos determinantes de tal perjuicio, m\u00e1xime cuando no se evidencia del plenario que el peticionario est\u00e9 bajo alguna circunstancia especial que amerite la intromisi\u00f3n del fallador constitucional de manera excepcional, en la medida que no demostr\u00f3 estar disminuido f\u00edsica o mentalmente a causa de alg\u00fan tipo de enfermedad y, por ende, en un estado de debilidad manifiesta, menos a\u00fan que su m\u00ednimo vital estuviera menoscabado, ello sumado a que no sobrepasa el \u00edndice de promedio de vida en Colombia para los hombres (72 a\u00f1os)1, edad a partir del cual la jurisprudencia constitucional ha aceptado la procedencia del reclamo constitucional de manera definitiva2.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.    Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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<\/span><\/p>\n

1 El actor cuenta con 65 a\u00f1os (fls. 73 y 101, cdno. 1).    <\/span><\/p>\n

2 Ver al respecto, entre otras, C.C. T-138\/10, T-921\/11, T-067\/13, T-230\/14, T-047\/15 y T-122\/16.      <\/span><\/p>\n

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