{"id":99283,"date":"2026-06-25T18:10:58","date_gmt":"2026-06-25T18:10:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1567-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:10:58","modified_gmt":"2026-06-25T18:10:58","slug":"stc1567-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1567-2017\/","title":{"rendered":"STC1567-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1567-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02215-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 15 de diciembre de 2016, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Arturo Ospina Vergara frente a la Sala de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto Administrativo de esa localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes dentro del juicio penal adelantado en su contra (radicado 2010-00048-00).  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El actor, por intermedio de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales a la libertad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que \u00abel 23 de julio de 2012, fu[e] condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, a la pena principal de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 1750 salarios m\u00ednimos mensuales, como coautor de lavado de activos y rebeli\u00f3n, decisi\u00f3n que fue apelada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1-Sala de Extinci\u00f3n de Dominio, quienes en sentencia de segundo grado de fecha 01 de agosto de 2014, confirma la de primera instancia en todas sus partes, decisi\u00f3n est\u00e1 que se encuentra en sede de casaci\u00f3n; ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Que se encuentra privado de la libertad \u00abdesde el 16 de octubre de 2008, razones por las cuales por medio de [su] defensor en fecha 11 de diciembre de 2015, solicit[\u00f3] ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 libertad provisional condicional, redenci\u00f3n de pena por trabajo, estudio y ense\u00f1anza, con todos los anexos requeridos\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3 Que el a quo querellado \u00aben auto de fecha 29 de diciembre de 2015, pese a haber reconocido que se cumple con uno de los requisitos del art 64 del C. Penal, es decir, la parte objetiva por haber cumplido las 3\/5 parte de la pena impuesta, niega la libertad de[l] procesado manifestando que pese a la satisfacci\u00f3n del l\u00edmite temporal, no resulta viable otorgar la libertad, porque en nuestro criterio, no se satisface en las dem\u00e1s exigencias, principalmente la relacionada con la previa valoraci\u00f3n que de la conducta punible debe efectuar el juez de la causa\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por el tribunal cuestionado mediante auto de 17 de marzo de 2016.  <\/span><\/p>\n

2.4. Que \u00abpor considerar que se estaba quebrantando el derecho a m\u00ed libertad, vulner\u00e1ndose ese derecho y el debido proceso garantizado en el art 29 de la Carta, que garantiza la debida administraci\u00f3n de justicia sin dilaciones injustificadas, present\u00e9 a trav\u00e9s de mi defensor amparo constitucional de habeas corpus, por considerar que la privaci\u00f3n de mi libertad se tornaba ilegal, toda vez que cumpl\u00eda con todos los requisitos del art\u00edculo 64 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. Que el juzgado administrativo encartado en prove\u00eddo de 18 de junio de 2016 neg\u00f3 su petici\u00f3n de habeas corpus \u00absin mayores argumentos, bas\u00e1ndose jur\u00eddicamente en el art\u00edculo 365 de la ley 600 de 2000 y el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal modificado por el art 30 de la ley 1709 de 2014 declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia 757 de 2014, cuando debi\u00f3 escoger el texto original de la ley 599 de 2000, por principio de favorabilidad y el debido proceso, adem\u00e1s dijo que yo no estaba en ning\u00fan proceso de desmovilizaci\u00f3n para poder obtener beneficios\u00bb\u00b8 determinaci\u00f3n que \u00abfue confirmada por el Tribunal Administrativo de Sucre, en auto de fecha 21 de junio de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Solicit\u00f3, en consecuencia, que \u00abse tomen las medidas pertinentes a fin de restablecer los derechos vulnerados por los Juzgados y Tribunales accionado[s], por la negativa de negar la libertad condicional al procesado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4. El presente asunto fue admitido a tr\u00e1mite el 6 de diciembre de 2016 y resuelto en providencia del d\u00eda 15 siguiente, decisi\u00f3n que impugn\u00f3 el apoderado judicial del accionante.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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La secretaria del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que de la acci\u00f3n de tutela \u00abse corri\u00f3 traslado al Juzgado 5\u00b0 de esta especialidad, para lo de su cargo\u00bb teniendo en cuenta que el proceso objeto de la queja \u00abse encuentra bajo custodia del precitado despacho, y esta secretar\u00eda no tiene acceso a los procesos que se encuentran en los distintos juzgados\u00bb (Fl. 170).  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Administrativo de Sucre, adujo que \u00abla decisi\u00f3n tomada por este tribunal en auto de fecha 21 de junio de 2016, se ajusta al ordenamiento jur\u00eddico, tanto desde el punto de vista formal como material o sustancial, entendi\u00e9ndose, por el contrario, que con la acci\u00f3n incoada, lo que se pretende, es generar una instancia m\u00e1s de discusi\u00f3n, a sabiendas que la acci\u00f3n de tutela, no constituye un mecanismo alternativo a los medios de defensa consagrados en la ley, ni puede convertirse en una instancia m\u00e1s, a la que puede recurrir con el fin de controvertir unos argumentos que fueron materia de estudio por el juez que en este conoci\u00f3 de los recursos interpuestos u del mismo habeas corpus bajo la consideraci\u00f3n de la prueba, oportunamente arrimada, pues, de permitir tal posibilidad, se desnaturalizar\u00eda la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo residual y subsidiario de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, de ah\u00ed que deba rechazarse por improcedente, pues, una decisi\u00f3n en contrario, atentar\u00eda contra los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia de los jueces de la Republica y de aquel, seg\u00fan el cual, en las decisiones judiciales, los jueces, solo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley\u00bb (Fl. 171 y vuelto).  <\/span><\/p>\n

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El magistrado ponente de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Colegiado cuestionado, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en esa instancia, precis\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite de tutela es especial\u00edsimo y bajo el amparo constitucional no se puede descalificar la gesti\u00f3n de las instancias ordinarias, e imponer una hermen\u00e9utica acorde a las necesidades, m\u00e1ximo cuando el accionante aspira a que por v\u00eda de tutela se ordene [su] libertad\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Expuso, que \u00abla acci\u00f3n de tutela, solo procede contra decisiones judiciales cuando se desconozcan derechos fundamentales y tengan un grado de afectaci\u00f3n notable desde el punto de vista constitucional, raz\u00f3n por la cual, se debe evaluar de acuerdo al cumplimiento de los requisitos generales y espec\u00edficos enunciados; por lo que solamente en el evento en que una providencia judicial resulte arbitraria, caprichosa o irrazonable y sea contraria a la Constituci\u00f3n, el Juez Constitucional tiene la potestad de intervenir\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, relev\u00f3 que \u00abde lo actuado se colige que el procesado auspiciado por la defensa, pretende fomentar una tercera revisi\u00f3n, pero ahora en sede Constitucional; por lo que comedidamente solicito a esa Corporaci\u00f3n negar la tutela impetrada bajo el entendido que la acci\u00f3n de tutela no es una v\u00eda adicional a los mecanismos ordinarios que se resuelven en sede del juez natural\u00bb (Fls. 172-174).  <\/span><\/p>\n

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El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado acusado, en primer lugar, sintetiz\u00f3 las actuaciones surtidas en el proceso, en segundo orden, coligi\u00f3 que \u00abno se satisface el principio de inmediatez, pues la decisi\u00f3n de este juzgado, objeto de la presente tutela adquiri\u00f3 firmeza desde hace unos ocho (8) meses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, resalt\u00f3 que \u00abel pronunciamiento de este Estrado Judicial se encuentra respaldado en las normas procesales vigentes, acorde con las circunstancias f\u00e1cticas puestas de presente para la soluci\u00f3n del problema jur\u00eddico, se itera, resuelto en primera y segunda instancia, sin que la acci\u00f3n de tutela pueda utilizarse como una especie de tercera instancia, alterna y\/o paralela, atendiendo el car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario\u00bb (Fls. 185 y 186).  <\/span><\/p>\n

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El Fiscal Octavo de la Unidad de Lavado de Activos estim\u00f3 que \u00abla tutela presentada es de plano improcedente ya que existen otros mecanismos, recursos o medios judiciales de impugnaci\u00f3n que permiten el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n y defensa. Esos mecanismos, recursos, contradicciones y oposiciones sin lugar a dudas se encuentran establecidos al interior del proceso penal, como ya ha sido resuelto\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, afirm\u00f3 que \u00abes improcedente porque la pretensi\u00f3n del actor es conseguir por este medio se deje sin efectos la decisi\u00f3n proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 a trav\u00e9s de la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del juez, olvidando que este tr\u00e1mite constitucional no es una tercera instancia ni est\u00e1 instituida como una jurisdicci\u00f3n paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como \u00faltima opci\u00f3n cuando los resultados de acudir a las v\u00edas establecidas en el ordenamiento jur\u00eddico han sido desfavorables\u00bb (Fls. 188-191).  <\/span><\/p>\n

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Las dem\u00e1s partes guardaron silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal, deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abde la informaci\u00f3n que reposa en el presente tr\u00e1mite constitucional, se tiene que no concurre ninguno de los presupuestos atr\u00e1s referenciados para declarar la procedencia del amparo solicitado, m\u00e1xime cuando la parte actora no logr\u00f3 demostrar de qu\u00e9 manera se vulneraron los derechos fundamentales invocados, si se tiene en cuenta que las autoridades judiciales cuestionadas al resolver tanto la solicitud de libertad del se\u00f1or JORGE ARTURO OSPINA VERGARA como la acci\u00f3n constitucional de habeas corpus formulada tambi\u00e9n a instancias del prenombrado, se ci\u00f1eron al debido proceso, garantiz\u00e1ndole la posibilidad al aqu\u00ed actor de interponer los recursos correspondientes contra las decisiones que le resultaron adversas a sus intereses\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior, teniendo en cuenta, que \u00abal revisar el contenido de las providencias judiciales cuya invalidez persigue el accionante \u2013las cuales fueron aportadas con los anexos de la demanda\u2013 se advierte que las mismas se ajustan a la normatividad legal vigente, y las decisiones en ellas adoptadas resultan razonables, en tanto que para resolver las tem\u00e1ticas sometidas a su consideraci\u00f3n en cada una de las instancias, se tuvieron en cuenta las reglas jur\u00eddicas y jurisprudenciales aplicables al caso concreto, as\u00ed como el acervo probatorio que el actor aport\u00f3 tanto en el tr\u00e1mite de libertad como en el procedimiento especial de habeas corpus\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Destac\u00f3, que \u00abel hecho que los falladores del proceso penal como del tr\u00e1mite constitucional de habeas corpus, se hayan apartado de los planteamientos propuestos por la defensa del se\u00f1or JORGE ARTURO OSPINA VERGARA para obtener a favor de \u00e9ste la libertad, no implica per se que sus actuaciones vayan en contrav\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico patrio y ameriten la intervenci\u00f3n del juez de tutela, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00e9ste no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces naturales, pues lo contrario constituye un atentado contra la autonom\u00eda e independencia judiciales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advirti\u00f3, que \u00ablo que persigue el apoderado del accionante es censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, circunstancia que sin lugar a dudas, torna en improcedente el amparo de tutela solicitado, porque el Constituyente no le otorg\u00f3 a esta acci\u00f3n el car\u00e1cter de tercera instancia o de mecanismo paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial, ni como una alternativa en caso de no haber hecho uso de los mismos en debida forma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, finalmente, concluy\u00f3 que \u00abcomo en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administraci\u00f3n de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los c\u00e1nones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela se torna improcedente\u00ab  (Fls. 193-299).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La interpuso el actor, argumentando, en s\u00edntesis, que \u00abestoy privado de la libertad desde el 16 de octubre de 2008, hasta la fecha, llevando en t\u00e9rmino f\u00edsico la cantidad de 8 a\u00f1os y tres meses, m\u00e1s 29 meses de redenci\u00f3n, lo cual suman 10 a\u00f1os y 8 meses y la condena fue de 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n, con lo cual ha superado ampliamente las 3\/5 partes se\u00f1aladas en la norma\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Refiri\u00f3, que \u00abadem\u00e1s de lo anterior existen en la actualidad ley de amnist\u00eda para grupos alzados en armas, como  la guerrilla y yo sin ser o pertenecer a esos grupos me condenaron como miembro de esos grupos, y aun as\u00ed no me han dado mi libertad condicional a la cual tengo derecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Y, anot\u00f3, que \u00abhe pagado a la sociedad con creces lo que deb\u00eda durante todo este tiempo, casi pierdo a mi familia la cual se ha desintegrado por mi situaci\u00f3n, por ello apelo con mucha humildad a los sentimientos de humanidad a que se tenga en cuenta todas esas circunstancias m\u00e1s los estudios, trabajo y de ense\u00f1anza que he realizado durante todo este tiempo, pues la funci\u00f3n principal de la pena de resocializaci\u00f3n se ha cumplido en m\u00ed\u00bb (Fls. 219-226).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Observada la inconformidad planteada, surge que el querellante solicit\u00f3 que \u00abse tomen las medidas pertinentes a fin de restablecer los derechos vulnerados por los Juzgados y Tribunales accionado[s], por la negativa de negar la libertad condicional al procesado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. Del examen de las pruebas arrimadas, observa la Corte, en lo concerniente con la queja constitucional, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1. Solicitud de libertad condicional, redenci\u00f3n de pena por trabajo, estudio y ense\u00f1anza, elevada por el apoderado judicial del accionante el 11 de diciembre de 2015 (Fls. 13-33, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.2. Auto de 28 de diciembre de 2015, a trav\u00e9s del cual, el juzgado penal encartado reconoci\u00f3 \u00abcomo redenci\u00f3n de pena por trabajo (de junio de 2009 a enero de 2015), el equivalente a (23) meses y veintid\u00f3s (22) d\u00edas\u00bb y neg\u00f3 \u00abla petici\u00f3n de libertad provisional-condicional elevada a favor de JORGE ARTURO OSPINA VERGARA\u00bb, por considerar que \u00abaunque en el sub judice se satisface el presupuesto temporal de las 3\/5 partes de la pena, conveniente es recordar, seg\u00fan se plasm\u00f3 en el fallo de condena, que la naturaleza y modalidad de los reatos que acarrearon la punici\u00f3n contra JORGE ARTURO OSPINA VERGARA, esto es, LAVADO DE ACTIVOS en concurso heterog\u00e9neo con REBELI\u00d3N, corresponde a hechos punibles de suma gravedad, en torno a sus efectos nocivos hacia el ordenamiento penal y la salvaguarda de bienes jur\u00eddicos de orden Constitucional y legal, previstos por el legislador\u00bb (Fls. 35-45).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.3. Prove\u00eddo de 17 de marzo de 2016 que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n anteriormente referenciada, por cuanto, al realizar la valoraci\u00f3n de la conducta del condenado, estim\u00f3 que la misma \u00abconstituye el fundamento para negar la libertad que ahora depreca, bajo el entendido que son pautas determinantes en la valoraci\u00f3n de la conducta que se le impone al juez\u00bb (Fls. 46-63).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4. Revisado lo anterior, estima la Sala que la concesi\u00f3n de la salvaguarda tutelar deprecada en el particular asunto, en lo que se refiere a las autoridades penales acusadas, deviene inane, comoquiera que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb, toda vez que ha trascurrido un holgado lapso desde cuando el ad quem censurado profiri\u00f3 el prove\u00eddo de 17 de febrero de 2016, confirmando la negativa de la libertad condicional, dado que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 5 de diciembre pasado, evidenci\u00e1ndose as\u00ed que se super\u00f3 el t\u00e9rmino que se ha consagrado para acudir a este mecanismo excepcional de amparo de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el \u00abprincipio de inmediatez\u00bb esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

[S]i bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica. (Sentencia T-797\/02 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u201cAs\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante…\u201d (CSJ STC 2 Ago. 2007, Rad. 00188 -01, reiterada, entre otros, en STC7139-2015 5 Jun. 2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. De otra parte, en relaci\u00f3n con la presunta violaci\u00f3n del derecho a la igualdad, se observa que no basta con la simple enunciaci\u00f3n sino que debi\u00f3 demostrar que a una persona, en id\u00e9nticas condiciones, la autoridad acusada le hubiese concedido el beneficio que reclama.  <\/span><\/p>\n

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Sobre el tema, la Sala ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

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[\u2026] Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad, no se cuenta con sustentos ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, debido a que el actor no demostr\u00f3 un tratamiento distinto o preferente al que a \u00e9l se le prodig\u00f3 en alg\u00fan caso similar al suyo, requisito indispensable para efectuar el parang\u00f3n correspondiente\u00bb. (CSJ STC, 14 May. 2012, rad. No. 00082-01, reiterado, entre otras, en  CSJ STC, 9 May. 2014, rad. No. 00159-01). CSJ STC, 30 sep. 2015, rad, 2015-00514-01.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Finalmente, lo que tiene que ver con la queja enfilada contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Sucre y el Tribunal Administrativo de ese Distrito Judicial se dispondr\u00e1 el env\u00edo de las copias pertinentes a la c\u00e9lula judicial correspondiente, a fin de que se asuma el conocimiento respectivo de la reclamaci\u00f3n constitucional planteada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed las cosas, y en virtud a que la atribuci\u00f3n para conocer del asunto que concierne con las aludidas autoridades corresponde, seg\u00fan los par\u00e1metros del numeral 2\u00b0, inciso 1\u00b0, del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, al Consejo de Estado, a esa Corporaci\u00f3n se le remitir\u00e1 copia para que avoque \u00abconocimiento\u00bb de lo concerniente con la solicitud relativa a aquellos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Exp\u00eddanse las copias correspondientes con destino al Consejo de Estado, conforme lo precisamente anotado en la parte motiva de esta providencia, para que se asuma conocimiento de lo concerniente con las solicitudes relativas al Juzgado Cuarto Administrativo de Sucre y al Tribunal Administrativo de ese Distrito Judicial; adj\u00fantese fotocopia de este pronunciamiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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         Magistrada ponente      STC1567-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2016-02215-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)        Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 15 de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99283","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99283\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}