{"id":99286,"date":"2026-06-25T18:11:23","date_gmt":"2026-06-25T18:11:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1570-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:11:23","modified_gmt":"2026-06-25T18:11:23","slug":"stc1570-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1570-2017\/","title":{"rendered":"STC1570-2017"},"content":{"rendered":"

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Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1570-2017     <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01178-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de enero de 2016, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Cuarto del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, al agente del Ministerio P\u00fablico, al se\u00f1or Andr\u00e9s Mauricio Arboleda y al Bando Davivienda S.A.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al \u00ablas garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada al haber acumulado indebidamente varias acciones populares con el n\u00famero No. 2015-00039-00.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Que present\u00f3 varias \u00abacciones populares\u00bb ante el despacho encartado y, este las acumul\u00f3 bajo el radicado No. 2015-00039, raz\u00f3n por la cual \u00absolicit[\u00f3] nulidad por indebida acumulaci\u00f3n, empero se ha negado a decretarla\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que adem\u00e1s de lo anterior el se\u00f1or Andr\u00e9s Arboleda present\u00f3 un recurso de apelaci\u00f3n y no reposa dentro del expediente, mismo que fue enviado \u00abal correo institucional del Juzgado hoy tutelado\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, conforme lo relatado, \u00abse ordene a la tutelada decretar la nulidad tantas veces pedida y [se informe] la alzada presentada\u00bb por Andr\u00e9s Mauricio Arboleda (fls. 1-2 Cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

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El funcionario cuestionado alleg\u00f3 copias de la acci\u00f3n popular objeto de la presente, y se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la citada acci\u00f3n popular se profiri\u00f3 sentencia en noviembre 16 del cursante a\u00f1o [2016], la cual fue apelada, sin que haya sido posible el env\u00edo de las diligencias a esa superioridad, habida cuenta de los recursos y solicitudes de nulidad elevados por el citado demandante. En la actualidad se encuentra corriendo el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto por el cual fue rechazada de plano nueva solicitud de nulidad y se encuentra pendiente de resolver OTROS recursos y solicitudes de nulidad\u00bb (fl. 12 C.1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Procuradora Regional de Risaralda adujo que esta entidad es ajena a lo solicitado por el gestor, circunstancia que hace que se lleve a cabo su desvinculaci\u00f3n  (fl. 16 C.1).  <\/span><\/p>\n

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La entidad financiera convocada inform\u00f3, que \u00aben cuanto a los hechos de la demanda, nos abstenemos de pronunciarnos toda vez que son resorte funcional del juzgado accionado [\u2026] por consiguiente, solicitamos respetuosamente al se\u00f1or Juez DESVINCULAR de la presente acci\u00f3n de tutela a Davivienda S.A.\u00bb (13-14 C.1)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, por cuanto sostuvo \u00abse tiene que, acorde con las copias que hacen parte de la acci\u00f3n popular 2015-00039-00 el juzgado accionado dict\u00f3 el auto que rechaz\u00f3 de plano la nulidad elevada por indebida acumulaci\u00f3n y presentada por el actor popular, el 5 de diciembre de 2016, notificado por estado el d\u00eda 6 siguiente, por lo que su ejecutoria corr\u00eda durante los d\u00edas 7, 9 y 12 de diciembre de 2016, en tanto que la presente demanda se promovi\u00f3 el 9 de diciembre\u00bb  as\u00ed que \u00abes evidente, entonces, que para cuando se instaur\u00f3 esta acci\u00f3n, el tr\u00e1mite del que se duele el demandante se estaba surtiendo y bien pod\u00eda haberse propuesto el recurso que se estimara conducente, con lo que queda en evidencia la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el quejoso, solicitando \u00abSABER QUIEN ES ANDRES FELIPE ARBOLEDA, A QUIEN CITAN AL COMIENZO DE LA TUTELA Y SOLICIT[A] SE PRUEBE COMO FUE NOTIFICADO [\u2026] SE DECRETEN LAS NULIDADES DE OFICIO DE EXISTIR\u00bb  (fl. 24 C.1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el asunto de marras, pretende el gestor se \u00abdecrete la nulidad pedida\u00bb, porque considera que el Juzgado censurado vulner\u00f3 su derecho a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, al incurrir en defecto \u00abprocedimental y sustantivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto de 10 de julio de 2015 que ordena \u00abLA ACUMULACI\u00d3N de los procesos 2015-00033-00, 2015-00034-00, 2015-00037-00, 2015-00039-00, 2015-00058-00 y 2015-00059-00, cursantes en este despacho, los cuales se seguir\u00e1n tramitando bajo la radicaci\u00f3n 2015-00039-00, por ser el proceso m\u00e1s adelantado\u00bb (fl.42-49 C. Copias expediente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b) Recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n presentado el 16 del mismo mes y a\u00f1o, contra la anterior decisi\u00f3n, por Andr\u00e9s Mauricio Arboleda y Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (fl. 50 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c) Providencia del 27 de julio de 2015 que mantiene la referida determinaci\u00f3n y niega la alzada por improcedente (fl.56 C. Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d) Solicitudes de nulidad por indebida acumulaci\u00f3n, notificaci\u00f3n y falta de competencia, radicadas los d\u00edas 23 de septiembre, 27 de noviembre de 2015, 9, 18 de marzo, 8 y 22 de abril, 3 de mayo y 17 de noviembre de 2016 (fls. 67, 85, 93, 95, 111, 147, 190 C. Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e) Autos de fecha 1\u00ba de octubre de 2015, 28 de enero, 17 de marzo, 1\u00ba, 21 y 29 de abril, y 5 de diciembre de 2016, mediante los cuales, entre otros, se rechaz\u00f3 de plano las  \u00abnulidades\u00bb invocadas (fls. 68, 89, 94, 96, 146, 148 y 214 C. Ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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f) Sentencia de 16 de noviembre anterior en la que se resolvi\u00f3 \u00abnegar las acciones populares radicadas bajo el n\u00famero 2015-00039, 2015-00033, 2015-00034 y 2015-00037, promovida[s] por el se\u00f1or Andr\u00e9s Mauricio Arboleda [\u2026] se conceden las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2015-00058 y 2015-00059\u00bb, dos \u00faltimas interpuestas por el quejoso, determinaci\u00f3n que fue apelada por el Banco Davivienda S.A. y Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (fs. 183-189 C. Corte)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

f) Prove\u00eddo de 05 de diciembre anterior en el que se concede la alzada (fl. 214 C. Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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g) Escritos, en los que solicita se informe \u00abpor qu\u00e9 no existe la alzada del actor popular Mauricio Arboleda\u00bb  e interpone reposici\u00f3n contra la resoluci\u00f3n precedente, requiriendo adem\u00e1s, nulidad, adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n de la sentencia, y que la impugnaci\u00f3n sea concedida en \u00abefecto devolutivo\u00bb  (fls.5-6 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

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h) El 27 de enero del a\u00f1o en curso el Juzgado encartado, dispuso \u00abno reponer\u00bb por cuanto \u00abno se aporta argumento alguno que pueda hacer cambiar la decisi\u00f3n del despacho [\u2026] dicha causal no est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 133 del C.G.P. y adicionalmente se ha invocado despu\u00e9s de la sentencia, lo que hace extempor\u00e1nea la solicitud, de conformidad con el art\u00edculo 134 del mismo c\u00f3digo\u00bb adem\u00e1s que, \u00abcuando la sentencia es apelada por ambas partes, el efecto en el que debe concederse la alzada es el suspensivo\u00bb, que respecto a la aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n de la sentencia, la petici\u00f3n  \u00abdebe elevarse dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria\u00bb y en lo que ata\u00f1e al medio de defensa presentado por Mauricio Arboleda \u00aben el expediente no aparece recurso alguno del actor popular\u00bb (fl. 7 anverso y 8 C. Corte).  <\/span><\/p>\n

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4. Con fundamento en las pruebas allegadas al expediente, y acorde con los hechos y peticiones del l\u00edbelo, la Sala advierte que el amparo resulta improcedente, habida cuenta que media de manera ostensible el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, toda vez que comparada la fecha en que la autoridad reprochada pronunci\u00f3 las providencias que resolvieron negar la nulidad \u00abpor indebida acumulaci\u00f3n de las acciones populares, por improcedente (1\u00ba de octubre de 2015, 28 de enero, 17 de marzo, 1, 21 y 29 de abril de 2016), con la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela (9 de diciembre anterior), supera el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha establecido como razonable para la protecci\u00f3n inmediata y eficaz de las garant\u00edas constitucionales, lo cual, como en este evento no se atendi\u00f3, seg\u00fan ya qued\u00f3 dicho, desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Lo propio, ya que como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n al interior de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, \u00abno cualquier formulaci\u00f3n que eleven los quejosos puede tener la virtualidad de alterar el hito judicial a partir del cual se ha de realizar el c\u00f3mputo del preciso lapso que concierne con el postulado de que se viene tratando\u00bb (CSJ STC, 18 dic. 2014, rad. 02882-00), ya que, conforme a la jurisprudencia de la Corte, tal se contabiliza desde la misma fecha en que se profiere la providencia cuestionada habida cuenta que, seg\u00fan se puso de presente en CSJ STC, 6 jul. 2012, rad. 01340-00:   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[N]o se satisfizo el requisito de inmediatez, toda vez que  la acci\u00f3n se interpuso el 20 de junio de 2012, esto es, trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde cuando el Tribunal emiti\u00f3 la sentencia censurada -19 de marzo de 2010-, sin que sea excusa aceptable la esgrimida por el actor [\u2026], por cuanto el t\u00e9rmino se contabiliza es a partir de la providencia cuestionada [\u2026] y, no [de] otras peticiones que se eleven [\u2026], cuyo resultado, en asuntos como este, no podr\u00edan restarle eficacia al referido fallo (den\u00f3tase).  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[A] diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta por prove\u00eddo de 25 de febrero de 2011, retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad por auto de 7 de abril de 2008, que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio analizado, como razonadamente lo consider\u00f3 el Tribunal (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00096-01).   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       As\u00ed las cosas, se tiene que ya se hab\u00eda resuelto el asunto en auto de 1\u00ba de octubre de 2015, en el que se rechaz\u00f3 de plano el incidente de nulidad formulado, ello porque \u00abla causal invocada no est\u00e1 contemplada dentro de las que relaciona el art\u00edculo 140 [del C.G.P.]\u00bb,  y reafirm\u00f3 en providencia de 5 diciembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Es por eso que el actor no puede acudir a este medio de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el de seis (6) meses pretorianamente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo, a m\u00e1s que, como f\u00e1cilmente puede colegirse, han pasado m\u00e1s de 12 meses desde la formulaci\u00f3n de la petici\u00f3n inicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso.  <\/span><\/p>\n

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Sobre esta materia la Sala tiene dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 14 abr. 2015, rad. 00057-01 y STC2310-2016 26 feb 2016 rad. 2016-00446-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.  En lo que refiere a la apelaci\u00f3n que aduce como \u00abinexistente\u00bb, presuntamente enfilado por el actor popular Andr\u00e9s Mauricio Arboleda, el juzgado encartado, adujo que, \u00aben el expediente no aparece recurso alguno del actor popular [\u2026] toda vez que a\u00fan [no] se ha implementado el programa de expediente digital, lo que significa que los memoriales deben ser aportados f\u00edsicamente por las partes\u00bb, circunstancia que no merece reproche alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de una parte, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y, de otra, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01), entre otras cosas, \u00abpues lo que en \u00faltimas pretende la accionante es que por esta v\u00eda constitucional se reviva una discusi\u00f3n suficientemente ventilada ante la justicia ordinaria, en la que se debatieron las excepciones propuestas en la contestaci\u00f3n de la demanda, adem\u00e1s, quien acudi\u00f3 a esta sede, cont\u00f3 con las posibilidades de contradicci\u00f3n y defensa en las dos instancias autorizadas por la ley\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2011, rad. 00012-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6. Por lo dem\u00e1s, ning\u00fan reparo tiene la Sala en lo que respecta a lo alegado por el impugnante, en el sentido de reprochar el lapsus en que incurri\u00f3 el Tribunal a-quo constitucional, cuando en el encabezado del fallo se refiri\u00f3 a \u00abAndr\u00e9s Felipe Arboleda\u00bb, toda vez que en el complemento del mismo se refiere a \u00abAndr\u00e9s Mauricio Arboleda\u00bb a quien finalmente se convoc\u00f3 y se le ha estado notificando el tr\u00e1mite de tutela en su condici\u00f3n de actor popular del asunto de marras.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. De conformidad con lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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                              Magistrada ponente         STC1570-2017      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01178-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99286","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99286","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99286"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99286\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99286"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99286"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99286"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}