{"id":99289,"date":"2026-06-25T18:11:36","date_gmt":"2026-06-25T18:11:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1573-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:11:36","modified_gmt":"2026-06-25T18:11:36","slug":"stc1573-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1573-2017\/","title":{"rendered":"STC1573-2017"},"content":{"rendered":"

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

Magistrada ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1573-2017     <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01183-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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       Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de enero de 2017, mediante la cual la Sala de decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Tercero del Circuito de esa ciudad, actuaci\u00f3n a la que fueron vinculados los se\u00f1ores Leandro Giraldo y Santiago Arroyave, Banco Bancolombia S.A., Procuradur\u00eda y Defensor\u00eda del Pueblo Regionales del Magdalena, Alcald\u00eda y Personer\u00eda de Santa Marta.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al \u00ablas garant\u00edas procesales\u00bb, presuntamente vulnerado por la autoridad acusada dentro de la acci\u00f3n popular No. 2015-1370.  <\/span><\/p>\n

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2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Que present\u00f3 la citada acci\u00f3n constitucional ante el despacho encartado y, \u00abNUNCA se ha aplicado los art\u00edculos 5 y 84 de la Ley 472 de 2998\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Que la c\u00e9lula judicial censurada \u00abse ha NEGADO a notificar a la entidad accionada a su correo electr\u00f3nico, tal como lo manda el C.G.P., tampoco informa a la comunidad tal como lo ped\u00ed en la acci\u00f3n popular, pese a que a saciedad ha informado a trav\u00e9s de la emisora de la polic\u00eda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que \u00abinfructuosamente h[a] solicitado vigilancia judicial y administrativa ante el Consejo Seccional y Superior de la Judicatura, al igual [ha] impetrado acciones de cumplimiento, infructuosamente ante el Tribunal Administrativo de Risaralda\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que \u00aba la fecha no se [h]a proferido los autos para informar a la comunidad, no se ha notificado al Ministerio P\u00fablico, Procurador judicial en la acci\u00f3n popular\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Pidi\u00f3, en resumen, conforme lo relatado, que i) \u00abse ordene la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica inmediatamente a la entidad accionada y al procurador judicial delegado en acciones populares\u00bb  ii) \u00abse ordene un listado completo de todas las acciones populares donde el Despacho tutelado haya terminado la acci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito amparada C.G.P.\u00bb (fls. 2-3 Cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS.  <\/span><\/p>\n

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La autoridad cuestionada alleg\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n surtida dentro del sub judice objeto de la presente acci\u00f3n (fls. 15-27 C.1).  <\/span><\/p>\n

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El apoderado de la Alcald\u00eda del Municipio de Santa Marta, sostuvo, que la entidad que representa \u00abno se constituye causante de la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales deprecados dado que dentro de los hechos relatados se observa claramente que la inconformidad del accionante es por la falta de celeridad en los procesos por parte del JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA  quien ha retardado la debida notificaci\u00f3n electr\u00f3nica a la entidad accionada ocasion\u00e1ndole al demandante el menoscabo de su derecho fundamental de garant\u00edas procesales, y no a la Alcald\u00eda Distrital de Santa Marta\u00bb (fls.29-31 C.1).  <\/span><\/p>\n

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El Defensor del Pueblo Regional de Magdalena adujo que esta instituci\u00f3n es ajena a lo solicitado por el gestor, circunstancia que hace que se lleve a cabo su desvinculaci\u00f3n  (fl. 33 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abel accionante pretermiti\u00f3 agotar los recursos de reposici\u00f3n (ART\u00cdCULO 36, Ley 472), frente a los prove\u00eddos mediante los cuales se impuso a la parte actora la carga procesal de notificar y avisar a la comunidad, se le requiri\u00f3 para que as\u00ed procediera y se neg\u00f3 la petici\u00f3n para que se efectuaran por el Juzgado, cuando aquellos eran los mecanismos ordinarios expeditos que ten\u00eda para procurar que el estrado judicial accionado reconsiderara dichas determinaciones\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Resalt\u00f3, que \u00abevidente, entonces, es la falta de agotamiento del supuesto de subsidiariedad, como ha explicado la Corte Constitucional, que reiteradamente ha referido que la acci\u00f3n de tutela mal puede implementarse como medio para sustituir los mecanismos ordinarios de defensa, cuando por negligencia, descuido o incuria no fueron utilizados\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, finalmente refiri\u00f3 \u00abque nada se arguy\u00f3 y menos acredit\u00f3 por parte del accionante, de forma que pudiera estimarse que es una persona que requiere de protecci\u00f3n reforzada o que estaba en una situaci\u00f3n de imposibilidad para recurrir el mencionado auto, de tal modo que amerite un an\u00e1lisis flexible del requisito de procedibilidad echado de menos, por ende solo a la parte le es imputable tal descuido\u00bb (fls. 45-48 C.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00).  <\/span><\/p>\n

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El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias judiciales desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012).  <\/span><\/p>\n

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2. En el presente caso, pretende el gestor se \u00abordene la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica inmediatamente a la entidad accionada y al procurador judicial delegado en acciones populares\u00bb, porque considera que el Juzgado censurado vulner\u00f3 su derecho a las \u00abgarant\u00edas procesales\u00bb, al incurrir en defecto \u00abprocedimental y sustantivo\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3. Obran en el plenario las siguientes pruebas, en relaci\u00f3n con la solicitud de amparo:  <\/span><\/p>\n

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a) Auto que admite la acci\u00f3n popular  No. 2016-01370, de 16 de mayo de 2016, donde se resuelve, entre otras, \u00abTercero: C\u00f3rrase traslado de la demanda a la sociedad demandada por el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas mediante la notificaci\u00f3n personal de este auto, en los t\u00e9rminos descritos en el art\u00edculo 290 del C.G.P.[\u2026] Quinto: [\u2026] c) Comun\u00edquese este prove\u00eddo a la comunidad mediante la publicaci\u00f3n de un aviso a trav\u00e9s de un medio de amplia circulaci\u00f3n en el lugar de vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, misma que debe ser diligenciada por el accionante\u00bb (fl.16 C. 1).  <\/span><\/p>\n

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b) Prove\u00eddo de 26 de Julio subsiguiente en el cual \u00abse dispone tener como coadyuvantes de la parte actora\u00bb a los se\u00f1ores Javier Arias y Santiago Arroyave (fl. 17 anverso C.1).  <\/span><\/p>\n

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c) Providencia de 05 de agosto siguiente en la que se requiri\u00f3 a la parte demandante \u00abpara que adelante las gestiones necesarias tendientes a concretar la notificaci\u00f3n del auto que admiti\u00f3 la presente acci\u00f3n popular a parte demandada [\u2026] se le concede un t\u00e9rmino de treinta (30) d\u00edas\u00bb  resoluci\u00f3n que no fue objeto de recurso (fl. 18 ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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d) El quejoso solicit\u00f3 dar \u00abimpulso oficioso a [la] acci\u00f3n [\u2026] pid[i\u00f3] se informe a la comunidad a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional, tal como lo hizo en las A Populares a fin de dar seguridad jur\u00eddica\u00bb (fl.19 \u00cddem).  <\/span><\/p>\n

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e) Interlocutorio de 17 de agosto precedente en el que la funcionaria encartada neg\u00f3 el rese\u00f1ado requerimiento por cuanto sostuvo que \u00abel despacho por auto del 5 de agosto del corriente a\u00f1o lo requiri\u00f3 para que adelantara las gestiones necesarias tenientes a la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad sobre la iniciaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular, al igual que la notificaci\u00f3n al demandado, carga procesal que de acuerdo con la ley le corresponde al actor como una m\u00ednima actividad que debe cumplir y que a\u00fan no ha hecho, la cual se requiriere para poder continuar con el tr\u00e1mite del proceso. Adem\u00e1s de lo anterior, en reiteradas oportunidades la Polic\u00eda Nacional se ha pronunciado sobre el tema manifestando la imposibilidad de seguir publicando los avisos a la comunidad sobre las acciones populares a trav\u00e9s de este medio\u00bb determinaci\u00f3n contra la que no se interpuso medio de impugnaci\u00f3n alguno (fl. 19 anverso C.1.)  <\/span><\/p>\n

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f) Escrito en el que el gestor solicit\u00f3 se demostrara el \u00abimpulso oficioso\u00bb a fi8n de no impetrar acci\u00f3n de cumplimiento (fl. 24 C.1)  <\/span><\/p>\n

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g) El 29 de agosto pasado el despacho acusado dio respuesta y se\u00f1al\u00f3 que se \u00abha impulsado el proceso hasta donde le es permitido estando pendiente la publicaci\u00f3n del aviso a la comunidad y la notificaci\u00f3n a la parte demandada para continuar su tr\u00e1mite. El actor popular tiene la obligaci\u00f3n de asumir una m\u00ednima actividad en el proceso que le impone la misma ley y que est\u00e1 llamado a cumplir so pena de las sanciones procesales\u00bb (fl. 24 anverso \u00cddem)  <\/span><\/p>\n

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h) Recurso de reposici\u00f3n contra la decisi\u00f3n, en el la que pidi\u00f3 se le \u00abinforme como cree poder aplicar el CGP pese  que [la] acci\u00f3n se present\u00f3 en vigencia del CPC [\u2026] [se] pruebe y demuestre cual ha sido [el] impulso oficioso\u00bb y reiter\u00f3 su petici\u00f3n de informar a la comunidad a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional (fl. 25 Ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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i) Auto de 09 de septiembre de 2016 en el que se mantiene la determinaci\u00f3n, aduciendo que \u00abel accionante est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de asumir ciertas cargas procesales entre otras, las de pagar las expensas necesarias para diligenciar la efectiva notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la parte accionada. Aunado a lo anterior, se tiene que este Juzgado recibi\u00f3 la presente acci\u00f3n popular el 16 de mayo del a\u00f1o en curso [2016], y as\u00ed la Ley 472 de 1998, que es la que regula el tr\u00e1mite de las Acciones Populares nos remite al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, es bueno aclararle que actualmente nos rige el C\u00f3digo General del Proceso, y por ende, se le debe dar aplicaci\u00f3n. As\u00ed las cosas no se repondr\u00e1 la decisi\u00f3n atacada\u00bb (fls. 25-26 C.1).  <\/span><\/p>\n

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4. Analizado el rese\u00f1ado tramite, advierte la Sala que el amparo resulta improcedente, toda vez que en primer t\u00e9rmino se desconoce el principio de subsidiariedad exigido como requisito de procedibilidad para el \u00e9xito de la protecci\u00f3n impetrada, teniendo en cuenta que, seg\u00fan lo que consta en el expediente, la inconformidad por la falta de notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico a la entidad demandada, no lo ha peticionado ante el despacho censurado, el juez natural que debe pronunciarse por ser el competente, lo cual, a fortiori, impone que la salvaguardia pretendida devenga inane de cara al postulado de la residualidad, ya aludido. Luego, en ese orden de ideas, el gestor, cuenta con la oportunidad de reclamar lo que aqu\u00ed reprocha en defensa de sus intereses.  <\/span><\/p>\n

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5. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la queja porque no se le ha informado \u00aba la comunidad a trav\u00e9s de la emisora de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, mediante prove\u00eddo de 24 de agosto de 2016 se neg\u00f3, determinaci\u00f3n ratificada el 9 de septiembre siguiente, resoluci\u00f3n de la cual se observa se encuentran ajustadas a derecho, sin que se advierta proceder constitutivo de defecto alguno que amerite la intervenci\u00f3n del \u00abjuez constitucional\u00bb, en la medida en que no resultan arbitrarias o antojadizas, am\u00e9n que la exposici\u00f3n de los motivos decisorios al efecto manifestados se guarecen en t\u00f3picos que regulan el preciso tema abordado en el litigio planteado. En efecto, el juzgado encartado adujo que \u00abel accionante est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de asumir ciertas cargas procesales, entre otras, las de pagar las expensas necesarias para diligenciar la efectiva notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la parte accionada\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso que se guarda simetr\u00eda esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) De otra parte, y en lo que respecta a la queja enfilada contra la orden de comunicaci\u00f3n de la acci\u00f3n popular a la comunidad a trav\u00e9s de una radiodifusora, encuentra la Sala que tal determinaci\u00f3n no luce arbitraria o antojadiza, toda vez que est\u00e1 cimentada en la normatividad aplicable al caso, Ley 472 de 1998, por tanto independientemente que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su providencia ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar causal de procedibilidad, pues para llegar a este estado se requiere que la disposici\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva e improcedente del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seguidamente, precis\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abSobre el tema aqu\u00ed debatido la Corte ha sido enf\u00e1tica en sostener que:  <\/span><\/p>\n

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finalmente se destaca que lo atinente a los gastos que debe asumir el actor popular constituyen una carga que no contrar\u00eda el principio de la gratuidad, referido a la posibilidad de acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, y por ende, salvo que se hubiera concedido el amparo de pobreza, el accionante deber\u00e1 sufragar los costos que demande el proceso. Asimismo, se resalta que los gastos de enteramiento al demandado y de las publicaciones, contrario a lo referido por el actor, no forman parte del arancel judicial (Ley 1394), y por consiguiente no puede inferirse que a \u00e9l se le est\u00e9 cobrando dicha erogaci\u00f3n (resaltado fuera de texto) (CSJ STC 3 mar 2011, rad. 2011-00029-01)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De otra parte, advirti\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u00abAhora, si el actor no puede cumplir con la obligaci\u00f3n, debe ponerlo en claro, ya sea a quien conoce la pendencia con el prop\u00f3sito que oficie a la Defensor\u00eda del Pueblo, o a esta instituci\u00f3n, en calidad de encargada del manejo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a fin de que eval\u00fae la viabilidad de asumir la financiaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los literales b) y c) del art\u00edculo 71 ib\u00eddem.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico la Sala asever\u00f3 recientemente que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abrespecto de las publicaciones, se dispuso en la providencia de admisi\u00f3n de las acciones populares, que estas se hiciera en un medio escrito, uno de radiodifusi\u00f3n o de televisi\u00f3n, a costa del accionante con lo cual se cumple lo indicado en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998, acorde con esta norma, se establece en los art\u00edculos 70 a 73 de la misma ley, la posibilidad de financiaci\u00f3n por parte del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, de los gastos que demande la acci\u00f3n popular, para lo cual corresponde al interesado hacer la solicitud de financiaci\u00f3n a la Defensor\u00eda del Pueblo, a cuyo cargo se encuentra dicho Fondo, quien debe determinar la procedencia y el monto de la financiaci\u00f3n, de acuerdo con los criterios se\u00f1alados en el art\u00edculo 73 citado, con derecho a reembolso si el demandado es condenado en costas. Es decir que no corresponde al Juzgado emitir la orden de financiaci\u00f3n pretendida aqu\u00ed por el accionante\u201d (CSJ STC 6 dic. 2007, rad. 2007-00121-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y, refiri\u00f3 \u00abEn un asunto de temperamento similar, concerniente a la posibilidad de acudir al Fondo, afirm\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00aben caso de estimar Arias Id\u00e1rraga que, como lo indic\u00f3 en el presente ruego, su condici\u00f3n econ\u00f3mica le impide costear los gastos derivados de la memorada comunicaci\u00f3n, debe poner en conocimiento del juez esa circunstancia, para que aqu\u00e9l analice la viabilidad de solicitar al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos la financiaci\u00f3n del decurso procesal (CSJ STC, 30 abr. 2015, rad. 2015-00067-01).\u00bb (CSJ STC 30 Sep. 2015, rad. 2015-00368-01)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 Mar. 2012, rad. 00022-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tan bien, ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab[E]l juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que e[l] concepto [de] configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC 14 may. 2003, rad. 00113-01. Reiterada, entre otras, en las CSJ STC 2 mar. 2005, rad. 2004-00385-01; 31 may. 2011, rad. 001007-00; 22)  <\/span><\/p>\n

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6. Seg\u00fan lo discurrido, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Notif\u00edquese  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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   MARGARITA CABELLO BLANCO   Magistrada ponente         STC1573-2017      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01183-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)             Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).            Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99289"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99289\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}