{"id":99296,"date":"2026-06-25T18:12:11","date_gmt":"2026-06-25T18:12:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1666-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:12:11","modified_gmt":"2026-06-25T18:12:11","slug":"stc1666-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1666-2017\/","title":{"rendered":"STC1666-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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STC1666-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2016-00335-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Gloria In\u00e9s Rojas Estela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial \u201cRodrigo Lara Bonilla\u201d.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora demanda la protecci\u00f3n de los derechos al trabajo, debido proceso y acceso a cargos p\u00fablicos, presuntamente conculcados por las autoridades accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su reproche, se\u00f1ala que se present\u00f3 a la Convocatoria N\u00b0 22 para la provisi\u00f3n de cargos de funcionarios judiciales, aspirando a ser magistrada en la especialidad penal.  <\/span><\/p>\n

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Anota que como super\u00f3 el examen de conocimientos con 804 puntos, deb\u00eda diligenciar un formulario a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, habilitado entre el 3 y 10 de octubre de 2016 para seguir con \u201cel curso-concurso\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que el d\u00eda 6 de ese mes y a\u00f1o complet\u00f3 equivocadamente la forma para la Convocatoria N\u00b0 25, error percibido hasta el 25 siguiente, cuando recibi\u00f3 un correo de la Escuela Judicial indic\u00e1ndole su ausencia de inscripci\u00f3n y por lo cual no pod\u00eda participar en el Curso de Formaci\u00f3n Inicial del certamen.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que en esa \u00faltima data solicit\u00f3 tenerle en cuenta el formulario llenado; no obstante, hasta el 20 de noviembre de 2016, luego de iniciarse la mencionada etapa, se le comunic\u00f3 la negativa a esa exigencia bajo el siguiente argumento:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) cada convocatoria es diferente y tuvo per\u00edodos distintos para surtir el proceso de inscripci\u00f3n, no hab\u00eda lugar a confundir las dos convocatorias (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Agrega que s\u00ed era posible incurrir en el equ\u00edvoco rese\u00f1ado porque los dos procesos de selecci\u00f3n coincidieron en algunos d\u00edas de octubre de 2016 para el diligenciamiento del formulario, entre \u00e9stos, en la data donde ella complet\u00f3 ese documento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Tras afirmar que cometi\u00f3 una falta humana y aseverar que el proceder de los accionados \u201c(\u2026) no obedece a un fundamento serio (\u2026)\u201d y por el contrario se apoya \u201c(\u2026) en violaci\u00f3n de normas constitucionales, legales y reglamentarias (\u2026)\u201d, sostiene que un mero formalismo no puede impedirle continuar en el concurso.  <\/span><\/p>\n

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Por \u00faltimo, aduce que \u201c(\u2026) [se] enter\u00f3 de que hay otra persona que incurri\u00f3 en el mismo error (\u2026)\u201d (fls. 1 al 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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3.        Exige, por tanto, habilitarla para seguir el \u201ccurso-concurso\u201d (fl. 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta de los accionados    <\/span><\/p>\n

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a)        La Escuela Judicial \u201cRodrigo Lara Bonilla\u201d se opuso a la prosperidad de la salvaguarda, por cuanto no lesion\u00f3 las garant\u00edas de la tutelante, pues \u00e9sta no puede  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) solicitar que se tenga en cuenta su inscripci\u00f3n en la Convocatoria 25, como si hubiese realizado los pasos contemplados para la Convocatoria 22, como quiera que cada proceso tiene su propia din\u00e1mica, que no es equiparable, m\u00e1xime que esta \u00faltima se realiz\u00f3 con la plataforma virtual de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, entidad que se encuentra desarrollando los componentes virtuales del concurso (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cDebe tenerse en cuenta que (\u2026) [se] report[aron] 1.332 inscripciones, las cuales se surtieron con \u00e9xito, siendo el presente un caso at\u00edpico (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        El Consejo Superior de la Judicatura guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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El Tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n impetrada por incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues la querellante tiene a su alcance los medios de defensa consagrados en la Ley 1437 de 2011 para controvertir los actos atacados. A\u00f1adi\u00f3 no encontrar irregularidad en la gesti\u00f3n de los accionados, la falta de prueba de un perjuicio irremediable y la no acreditaci\u00f3n de la lesi\u00f3n del derecho a la igualdad (fls. 62 al 80, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La actora impugn\u00f3 sin expresar sus motivos de disenso (fl. 83, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Emerge claro el fracaso del resguardo deprecado, por cuanto las actuaciones referenciadas no son reprochables por esta v\u00eda extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

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2.         En efecto, para cuestionar la legalidad de la exclusi\u00f3n de la actora del concurso criticado y la negativa a convalidar el formulario diligenciado para una convocatoria distinta de la abierta para dicho proceso de selecci\u00f3n, est\u00e1 consagrado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, estatuido en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 actual C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  <\/span><\/p>\n

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Ese es el escenario propicio para debatir, por ejemplo, la inviabilidad de exigir \u201cun formalismo\u201d para continuar en el certamen criticado y la posibilidad de tener en consideraci\u00f3n el formato llenado para la Convocatoria N\u00b0 25.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tanto, la discusi\u00f3n planteada es ajena a esta especial jurisdicci\u00f3n, pues este mecanismo es de car\u00e1cter residual. Sobre lo expuesto esta Corte en casos an\u00e1logos ha precisado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Es evidente el fracaso de la acci\u00f3n, habida cuenta que las controversias en torno a las manifestaciones de voluntad de la administraci\u00f3n deben ventilarse ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa, a trav\u00e9s de los instrumentos id\u00f3neos para proteger las prerrogativas esenciales de los supuestos afectados, sin que le est\u00e9 permitido al fallador constitucional inmiscuirse en tal esfera, pues, su funci\u00f3n es subsidiaria y residual (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [l]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026) para acceder a puestos de carrera administrativa, por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa es el escenario natural de dicha controversia donde con mayor detalle podr\u00e1 debatirse la habilidad del actor, en las etapas procesales establecidas para dicho prop\u00f3sito (\u2026)\u201d (\u2026)\u201d1.  <\/span><\/p>\n

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El amparo tambi\u00e9n resulta improcedente como mecanismo transitorio, porque en el procedimiento arriba referido la querellante puede reclamar las medidas pertinentes \u201c(\u2026) para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso (\u2026)\u201d, previstas en el art\u00edculo 229 y siguientes de la citada Ley 1437 de 2011, cautelas id\u00f3neas y eficaces para conjurar la supuesta configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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3.        Debe se\u00f1alarse que esta Sala, en casos similares, donde la exclusi\u00f3n de procesos de selecci\u00f3n respondi\u00f3 a errores de los aspirantes, ha estimado la inviabilidad de la salvaguarda por no ser imputable el menoscabo alegado a las autoridades del concurso y porque cualquier modificaci\u00f3n respecto de quienes incurrieron en imprecisiones puede dejar en situaci\u00f3n de desigualdad a los participantes que cumplieron correctamente con las cargas impuestas. As\u00ed, indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cEl quid del (\u2026) asunto radica en la exclusi\u00f3n del nombre de la interesada de los listados de elegibles para proveer el cargo de Asistente Nominado de los Juzgados del Circuito, situaci\u00f3n que se gener\u00f3 en el error en que incurri\u00f3 la accionante al momento de diligenciar los formularios de inscripci\u00f3n (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEn ese sentido, resulta dable afirmar que no puede una persona ampararse en sus propios errores para alegar una violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Y en otro decurso asimilable, sostuvo:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del accionante, equivocada, por cierto, cuando en su condici\u00f3n de aspirante al cargo de Escribiente Grado 07 del Jugado Cuarto de Familia de Cali, no ubic\u00f3 esa opci\u00f3n (\u2026), provoc\u00f3 que por un acto suyo, y no de la administraci\u00f3n de la carrera judicial ni de los encargados del concurso y elaboraci\u00f3n de las listas, no llegara a integrar espec\u00edficamente la lista de aspirantes a dicho cargo. En otras palabras, fue su propia incuria al leer el instructivo y diligenciar el respectivo formulario la que ocasion\u00f3 que su nombre no fuera considerado al momento de la integraci\u00f3n de la lista destinada a la provisi\u00f3n del cargo vacante, y por supuesto la que le coloc\u00f3 en la situaci\u00f3n, seg\u00fan \u00e9l de desequilibrio (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) M\u00edrese sin embargo que esa realidad de la situaci\u00f3n descrita, impide considerar siquiera que el derecho fundamental de igualdad del accionante resulte agredido por el hecho de haberse omitido su nombre en la lista de elegibles para dicho cargo, porque a su vez est\u00e1 de por medio el derecho fundamental de igualdad de quienes, en id\u00e9ntica circunstancia, leyeron y diligenciaron cuidadosamente el formulario entregado para escoger opci\u00f3n de sede, porque esa facultad de escogencia conlleva una decisi\u00f3n individual y de alcance subjetivo que no puede suponer la administraci\u00f3n, y que por lo mismo no pueden ser excluidos porque una conducta as\u00ed, obviamente ser\u00eda constitutiva de un atropello a sus derechos fundamentales, al desconocer que tales personas agotaron correctamente los procedimientos previamente establecidos para acceder a ese derecho (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cNo se discute la posibilidad de que el accionado haya podido pasar por alto los procedimientos determinados (\u2026), pero s\u00ed resulta admisible es que estando acreditado que la ausencia del accionante de la lista espec\u00edfica de elegibles al cargo particular que pretende obedece a una causa exclusiva de \u00e9ste y no a un error o a una arbitrariedad de la Sala Administrativa del Consejo accionado, \u00e9sta no incurri\u00f3 en la supuesta omisi\u00f3n que se le imputa, y por tanto no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno del accionante (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        En consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1CSJ STC de 28 de febrero de 2014, exp. 76001-22-03-000-2014-00015-01.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC de 27 de julio de 2001, exp. No. 0445 – 01    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC de 29 de julio de 2001, exp. No. 7600122030002001176601      <\/span><\/p>\n

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