{"id":99298,"date":"2026-06-25T18:17:20","date_gmt":"2026-06-25T18:17:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1668-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:17:20","modified_gmt":"2026-06-25T18:17:20","slug":"stc1668-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1668-2017\/","title":{"rendered":"STC1668-2017"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Magistrado Ponente &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">STC1668-2017 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Radicaci\u00f3n n\u00b011001-22-03-000-2016-02614-01 &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete) &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).- &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Jos\u00e9 Guillermo S\u00e1nchez Pe\u00f1aranda quien act\u00faa en causa propia y en representaci\u00f3n de Juancamar &amp; C\u00eda, contra los Juzgados Primero Civil del Circuito, y, Setenta y Uno Civil Municipal, ambos de la citada capital, la sociedad ExxonMobil de Colombia S.A. y los se\u00f1ores Gilma Shirley, Hern\u00e1n y Ricardo D\u00edaz Fajardo, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, la Secretar\u00eda del Medio Ambiente y el Cuerpo Oficial de Bomberos, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito de tutela. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ANTECEDENTES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1.&nbsp; El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la salud y al m\u00ednimo vital, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales y los sujetos accionados, al no haberlo vinculado al litigio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado que promovieron Gilma Shirley, Hern\u00e1n y Ricardo D\u00edaz Fajardo en contra de la sociedad ExxonMobil de Colombia S.A., dentro del cual se orden\u00f3 la diligencia de entrega del bien inmueble del que ostenta, seg\u00fan su dichos, la calidad de poseedor. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Solicita, entonces, concretamente, que se ordene i) \u00abla suspensi\u00f3n de entrega material de los inmuebles objeto de restituci\u00f3n\u00bb; y que se ii) \u00abretrotraigan las actuaciones dentro de [tal litigio] (\u2026) y se permita la intervenci\u00f3n de Jos\u00e9 Guillermo S\u00e1nchez Pe\u00f1aranda y de Juancamar &amp; C\u00eda S. en C., como terceros perjudicados\u00bb (fls. 7 y 8, cdno. 1). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se tramit\u00f3 el proceso descrito en l\u00edneas anteriores, el que fue resuelto de fondo mediante sentencia del 22 de junio de 2016, ordenando la entrega de los predios objeto de la controversia a favor de los demandantes, los cuales se hallan ubicados en la \u00abAvenida 68 No. 84\/88, identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 50C-383722, 50C-364508, 50C-364509, 50C-364510 y en la Calle 68 No. 61-74 al que corresponde el [F.M.I.] 50C-566957 de la ciudad de Bogot\u00e1, predios sobre los que, asegura, \u00e9l ejerce posesi\u00f3n desde hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os, \u00abhecho que se puede verificar y probar documental y testimonialmente, [pues se han] (\u2026) levantado construcciones, enterrado tanques para el almacenamiento de combustible, colocado islas para distribuci\u00f3n del combustible, y todas las adecuaciones necesarias para que funcione la estaci\u00f3n de servicio denominada Petromil Los Picos, adecuaciones que se han realizado de conformidad con los establecido por las leyes, decretos y reglamentos establecidos por el Ministerio de Minas y Energ\u00eda, Secretar\u00eda de Ambiente y Cuerpo Oficial de Bomberos\u00bb; no obstante, y pese a ello, dej\u00f3 de ser vinculado a tal proceso, lo que le impidi\u00f3 hacer valer su condici\u00f3n, pese a que solicit\u00f3 que se le tuviera en cuenta como \u00ablitisconsorte necesario\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Indica que llegado el d\u00eda y la hora para llevar a cabo la entrega material de los bienes a los interesados, la autoridad judicial comisionada rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que present\u00f3, desconociendo su calidad de poseedor y todas las pruebas que aport\u00f3 como sustento de la misma, as\u00ed como toda la legislaci\u00f3n y reglamentaci\u00f3n para la producci\u00f3n, traslado, manejo y distribuci\u00f3n de combustible, puesto que \u00e9sta es la actividad que desarrolla en el predio objeto del litigio de restituci\u00f3n, lo que a todas luces, asegura, vulnera los bienes jur\u00eddicos fundamentales invocados (fls. 1 a 9, \u00eddem). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">a. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;El Juez Setenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 denegar el amparo pretendido, luego de esgrimir que en tr\u00e1mite de la diligencia de entrega de la que se duele el accionante, concluy\u00f3 que deb\u00eda rechazarse de plano la oposici\u00f3n presentada por \u00e9ste, \u00abtoda vez que el opositor, aunque se anuncia como poseedor en realidad ostenta la condici\u00f3n del tenedor como subarrendatario, tal y como se dijo en el proceso principal de restituci\u00f3n bien inmueble arrendado en el juzgado 1 civil del circuito de Bogot\u00e1 que origin\u00f3 la comisi\u00f3n que se viene cumpliendo\u00bb (fls. 184 a 187, ejusdem). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">b. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Por su parte, Hern\u00e1n D\u00edaz Fajardo en nombre propio y como apoderado general de los hermanos Gilma Shirley y Ricardo D\u00edaz Fajardo, demandantes en el litigio endilgado, aleg\u00f3, en s\u00edntesis, que la presente acci\u00f3n excepcional es temeraria, por cuanto el quejoso \u00abya interpuso tutela por los mismos hechos\u00bb, la cual fue denegada en sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el mes de julio del a\u00f1o 2016, identificada con el radicado no. 2016-01337 (fls. 242 a 260, \u00edbidem). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">c. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;De otro lado, el apoderado judicial de la sociedad ExxonMobil de Colombia S.A., luego de narrar el tr\u00e1mite procesal acaecido con ocasi\u00f3n del proceso declarativo objeto de debate, y traer a colaci\u00f3n los contratos que celebr\u00f3 con el gestor del amparo para poder entregarle la tenencia de los bienes reclamados en restituci\u00f3n, explic\u00f3 que ninguna injerencia tiene en la controversia suscitada, pues a la fecha no dispone de los mentados predios, y corresponde a las autoridades judiciales dirimir el asunto (fls. 270 a 280, Cit.). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">d. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Asimismo, el titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de esta capital, refiri\u00f3, en compendio, que se atiene \u00aba las actuaciones agotadas dentro del tr\u00e1mite de restituci\u00f3n No. 2015-0485, al haberse surtido de manera diligente y con apego a los mandatos constitucionales y legales que resultan aplicables\u00bb; que \u00abel auxilio deprecado es inoportuno, pues el interesado ya expuso ante es[a] sede judicial sus reclamos y lo que intenta ahora es refutar los argumentos dados por el Despacho en su momento a trav\u00e9s de [e]sta variedad especial de defensa, desconociendo que \u00e9sta no fue dise\u00f1ada por el legislador para ese fin, am\u00e9n de pretender reabrir un debate clausurado\u00bb (fls. 337 y 338, Id.). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;e. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Finalmente, los apoderados especiales del Ministerio de Minas y Energ\u00eda, y, de la Unidad Administrativa Especial cuerpo Oficial de Bomberos de Bogot\u00e1, coincidieron en afirmar, que las entidades a las que representan carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, si en cuenta que tiene que de los hechos relatados por el accionante no se desprende relaci\u00f3n alguna o nexo causal entre el actuar de las mismas y el posible quebrantamiento superior alegado, raz\u00f3n por la cual deben ser desvinculadas del presente tr\u00e1mite (fls. 364 a 375 y 382 a 386, id.). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LA SENTENCIA IMPUGNADA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda deprecada, como quiera que &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00ab3. En lo atinente al reproche endilgado a la autoridad jurisdiccional civil del circuito, dan cuenta las diligencias de que, en pret\u00e9rita oportunidad, el demandante denunci\u00f3 por v\u00eda de tutela las mismas anomal\u00edas aqu\u00ed relacionadas, donde tambi\u00e9n pretendi\u00f3 la nulitaci\u00f3n de la sentencia con sustento en la no aceptaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n litisconsorcial del activante en la causa restitutoria. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">De modo que al ser un aspecto ya dilucidado por la jurisdicci\u00f3n constitucional, sobre \u00e9ste recae la impronta de la cosa juzgada constitucional, lo cual imposibilita reaperturar su examen nuevamente. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">(\u2026) &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4. en lo concerniente a la presunta vulneraci\u00f3n ocasionada por el Juzgado 71 Civil Municipal, debe decirse que verificada la diligencia de entrega confutada, a contrario sensu de lo se\u00f1alado por el inconforme, se parec\u00eda que el funcionario otorg\u00f3 la posibilidad al suplicante de manifestarse frente al acto procesal referido, al punto de dar soluci\u00f3n desfavorable a la oposici\u00f3n presentada por su mandatario judicial, determinaci\u00f3n que, bajo una \u00f3ptica ius-fundamentalista, no puede calificarse de infundada o antojadiza, si en mente se tiene que \u00e9sta tuvo como estribo un ejercicio valorativo de las pruebas hol\u00edstico y razonado, con estricto apego a lo previsto en el art\u00edculo 187 del C.G del P., esto es, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, as\u00ed como la exposici\u00f3n del m\u00e9rito asignado a los distintos medios de persuasi\u00f3n que hicieron parte del litigio. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">(\u2026) &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">5. Para cerrar, de cara a la recriminaci\u00f3n elevada contra los se\u00f1ores Ricardo, Hern\u00e1n, Gilma y Shirley (sic) D\u00edaz Fajardo y la sociedad Exxon[m]obil de Colombia S.A., adem\u00e1s de no hallarse comprobados los presupuestos jurisprudenciales para la procedencia del recurso principal contra particulares, sus manifestaciones adolecen de sustrato probatorio, lo que impide el quebrantamiento deprecado\u00bb (fls. 464 a 474, Cit.). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LA IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">La propuso el promotor del amparo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito inicial (fls. 486 a 488, ib\u00eddem). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">CONSIDERACIONES &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;La acci\u00f3n de tutela, como regla general, no resulta viable entablarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en causal de procedencia del amparo, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;En el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada contra dos actuaciones procesales a saber: i) el auto adiado 6 de julio de 2016, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 deneg\u00f3 la petici\u00f3n del actor tendiente a que se le tuviera como litisconsorte necesario dentro del juicio de restituci\u00f3n de bien inmueble arrendado mentado; y, ii) el tr\u00e1mite surtido con ocasi\u00f3n de la diligencia de entrega practicada el 16 de noviembre siguiente por el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de la misma ciudad, que le fue encomendada por el precitado Despacho respecto de varios inmuebles de los que, supuestamente, ostentaba el petente hasta esa data la calidad de poseedor, pues en su sentir, pese a que se opuso a tal diligencia, su postura fue despachada desfavorablemente en detrimento de sus prerrogativas superiores. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sin embargo, examinados los soportes adosados y teniendo en cuenta los informes de las autoridades convocadas, se advierte que el amparo constitucional instado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, raz\u00f3n por la que se anticipa que la sentencia de instancia habr\u00e1 de ser mantenida, pero por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3.1. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Respecto de la decisi\u00f3n mediante la que el Juzgado Primero Civil del Circuito neg\u00f3 la intervenci\u00f3n litisconsorcial del se\u00f1or Jos\u00e9 Guillermo S\u00e1nchez Pe\u00f1aranda \u2013aqu\u00ed accionante, ciertamente ya existi\u00f3 pronunciamiento en sede constitucional instada por el mismo en contra de dicha autoridad judicial, el que fue dictado en primera instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital, denegando la salvaguarda rogada por incumplir con el presupuesto de la inmediatez, determinaci\u00f3n que por dem\u00e1s, no fue impugnada, y que a la fecha est\u00e1 pendiente de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, claro est\u00e1, siempre y cuando sea escogida en sede de revisi\u00f3n (fl. 3, cdno. 2); luego entonces, resulta presuroso invocar cualquier tipo de pronunciamiento al respecto, hasta tanto la tem\u00e1tica sea resuelta de forma definitiva por la autoridad correspondiente, en la medida en que no puede acudirse con \u00e9xito al amparo para pretender reemplazar los senderos legales mediante esta herramienta dado que el Juez constitucional no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n, lo cual le est\u00e1 prohibido. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Respecto de la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, se ha dicho que, &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00; reiterada entre otras en STC6097-2016 y STC12266-2016). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Asimismo esta Corporaci\u00f3n en un asunto de contornos totalmente similares, puntualiz\u00f3 que &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abEn suma, los argumentos que los promotores esgrimen en esta solicitud de protecci\u00f3n, bien pueden ser discutidos en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de las providencias cuestionadas ante la Corte Constitucional, a trav\u00e9s de la insistencia para su selecci\u00f3n con tal prop\u00f3sito, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Sobre el tema la Corporaci\u00f3n ha explicado: &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00ab(\u2026) si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. (\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 30 ago 2012, Rad. 00258-01, reiterada CSJ STC, 23 may 2013, Rad. 00145-01)\u00bb (STC4929-2016 Y STC12266-2016). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">3.2. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; De otro parte, y en lo relativo a la diligencia de entrega acusada, se advierte que aun cuando el quejoso (tercero opositor), contaba con el recurso de alzada para atacar el rechazo de la oposici\u00f3n que present\u00f3, dej\u00f3 de utilizar dicha herramienta procesal con la que contaba al interior del tr\u00e1mite ordinario para controvertir tal decisi\u00f3n, torn\u00e1ndose improcedente el amparo en ese sentido, por incumplimiento de la presupuesto de la subsidiariedad, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues habiendo tenido el aqu\u00ed inconforme la posibilidad de controvertir ante el juez natural las inconformidades tra\u00eddas ante esta sede, nada hizo en procurar de ello. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver entre otras STC2248-2015 y STC3398-2016). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Y acerca de la procedencia del recurso de alzada en tr\u00e1mites como el que ahora se analiza, ha dejado por sentado esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en pronunciamiento reciente, que &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00ab4.1.&nbsp; El art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil dispone, que \u00ab[t]odo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales\u00bb; as\u00ed mismo, en el canon 1603 \u00eddem se estipula, que \u00ab[l]os contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligaci\u00f3n, o que por ley pertenecen a ella\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">En desarrollo de los anteriores mandatos, el art\u00edculo 1973 C\u00f3digo Civil defini\u00f3 el contrato de arrendamiento, como el pacto \u00aben que las dos partes se obligan rec\u00edprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado\u00bb, y, el art\u00edculo 1977 del mismo Estatuto consagr\u00f3, que \u00ab[e]n el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador, y la parte que da el precio arrendatario\u00bb. (Resalta la Sala). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">As\u00ed las cosas, resulta evidente que el contrato de arrendamiento crea un v\u00ednculo rec\u00edproco y exclusivo entre el arrendador y el arrendatario, y en esa medida, el incumplimiento de las obligaciones pactadas en ese acuerdo, ya sea la de entregar la cosa o pagar el precio por el goce de \u00e9sta, genera consecuencias en el \u00e1mbito legal para los contratantes, las cuales pueden llegar a afectar sin duda la confianza y buena fe de la relaci\u00f3n negocial. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Entonces, desde el punto de vista sustancial, tal y como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia constitucional en la materia, \u00abel contrato de arrendamiento se caracteriza por ser bilateral, en el sentido de que arrendador y arrendatario se obligan rec\u00edprocamente, el primero a proporcionar el uso y goce de una cosa y el segundo a pagar un precio, renta o canon determinado, pudiendo por supuesto existir codeudores o constituirse una fianza. De all\u00ed que los procesos de restituci\u00f3n de tenencia del inmueble arrendado constituyan el ejercicio de una acci\u00f3n personal y no real. Por lo tanto, (\u2026) en este tipo de acciones la sentencia que se profiere tiene efectos exclusivos para las partes contratantes\u00bb (resalta la Corte, C.C. C-670-04). &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4.2.&nbsp; Desde esta \u00f3ptica, entonces, no cabe duda que las vicisitudes del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, lo mismo que la estructura y reglamentaci\u00f3n definidas en la legislaci\u00f3n procedimental civil para dicho tr\u00e1mite, incumben solamente a las partes, y por ende, la consecuencia prevista en el inciso segundo del art\u00edculo 39 de la Ley 820 de 2003 \u2013vigente para la \u00e9poca en que se adelant\u00f3 el pleito censurado, y&nbsp; que fue reproducida de manera literal en el numeral 9\u00b0 del canon 384 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan la cual \u00ab[c]uando la causal de restituci\u00f3n sea exclusivamente mora en el pago del canon de arrendamiento, el proceso se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb, es aplicable \u00fanicamente para las partes del convenio, es decir, de manera exclusiva para el arrendador y el arrendatario. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4.3.&nbsp; Bajo esa perspectiva, cuando un tercero en la diligencia de entrega dispuesta con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, formula oposici\u00f3n alegando la posesi\u00f3n del predio objeto de dicha causa, el juez natural deber\u00e1 acudir al tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo 309 del C\u00f3digo General del Proceso, y de igual manera dar\u00e1 aplicaci\u00f3n del numeral 9\u00ba del canon 321 ib\u00eddem, el cual dispone, que \u00ab[S]on apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: (\u2026) 9. El que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano\u00bb. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4.4.&nbsp; En consecuencia, el citado precepto habilita la intervenci\u00f3n del sujeto de derechos que sea diferente de los extremos procesales, como quiera que \u00e9ste no est\u00e1 obligado a acatar lo resuelto en la sentencia, y su inter\u00e9s jur\u00eddico recae \u00fanicamente sobre la cosa objeto de la entrega. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4.5.&nbsp; De ah\u00ed que la disposici\u00f3n en comento tenga por objeto, entonces, la protecci\u00f3n efectiva de la garant\u00eda constitucional de defensa de ese tercero, a trav\u00e9s de la consagraci\u00f3n de la alzada como instrumento id\u00f3neo para que pueda discutirse ante el superior funcional la legalidad del rechazo de su oposici\u00f3n, que se justifica plenamente en la necesidad de procurar la mayor protecci\u00f3n posible a quien ninguna otra oportunidad tiene de reclamar sus derechos.\u00bb &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">4. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Finalmente, y para ahondar en razones desestimatorias del amparo, tampoco se evidencia que la negativa frente a la oposici\u00f3n presentada por S\u00e1nchez Pe\u00f1aranda pueda calificarse como absurda o caprichosa, sino que m\u00e1s bien es resultado del an\u00e1lisis de las pruebas recaudadas, las que le permitieron concluir al Juez comisionado que aqu\u00e9l no ostenta la calidad de poseedor alegada, sino, por el contrario, la de tenedor de los inmuebles objeto de la entrega, dado que obra como subarrendatario de ExxonMobil de Colombia S.A., persona jur\u00eddica contra la que se dirigi\u00f3 la demanda restitutoria. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">5. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Corolario de lo anterior, se impone mantener el fallo constitucional de primera instancia. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">DECISI\u00d3N &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ALONSO RICO PUERTA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">Presidente de Sala &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">MARGARITA CABELLO BLANCO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA &nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/span><\/p>\n<p><span class=\"rvts6\"><\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp; Magistrado Ponente &nbsp; &nbsp;&nbsp; STC1668-2017 &nbsp; Radicaci\u00f3n n\u00b011001-22-03-000-2016-02614-01 &nbsp; (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete) &nbsp; &nbsp;&nbsp; Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).- &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99298","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99298\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}