{"id":99301,"date":"2026-06-25T18:17:30","date_gmt":"2026-06-25T18:17:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1672-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:17:30","modified_gmt":"2026-06-25T18:17:30","slug":"stc1672-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1672-2017\/","title":{"rendered":"STC1672-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1672-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00228-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por M\u00f3nica Andrea Camargo Quintero contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, y la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, as\u00ed como la IPS Fundemos.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la salud y a la vida en condiciones dignas, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al haberla excluido del concurso de m\u00e9ritos para proveer empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, previsto en la Convocatoria No. 335 de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Solicita entonces, que se ordene a los entes atacados, \u00abdejar sin efectos la resoluci\u00f3n proferida el d\u00eda 18 de noviembre de 2016\u00bb, para que se profiera un nuevo acto administrativo en el que se \u00abcontrovierta el diagn\u00f3stico de HIPOACUCIA NEUROSENSORIAL en grado (LEVE) en o\u00eddo derecho y se examinen y comparen \u00edntegramente los ex\u00e1menes de audiometr\u00eda realizados por la IPS FUNDEMOS y los realizados en AGESO LTDA o le sea practicado nuevo examen de audiometr\u00eda que permita esclarecer los hechos\u00bb, pues lo cierto, asegura, es que el padecimiento que le fue diagnosticado no es grave ni excluyente, para que se le determine como no apta para el cargo de dragoneante (fls. 3 y 4, cdno. 1)  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que aspir\u00f3 al empleo de \u00abdragoneante\u00bb ofertado en la Convocatoria mencionada, \u00absuperando satisfactoriamente\u00bb las pruebas de antecedentes, conocimientos y psicol\u00f3gica; no obstante, la valoraci\u00f3n m\u00e9dica exigida como requisito para el curso de formaci\u00f3n al cargo aludido, arroj\u00f3 como resultado que no era apta, pues Fundemos IPS le diagnostic\u00f3 que padec\u00eda de \u00abhipoacusia neurosensorial leve lateral en o\u00eddo derecho\u00bb, motivo por el que fue excluida de la competencia.  <\/span><\/p>\n

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Adujo que una vez enterada de lo anterior, se someti\u00f3 a los an\u00e1lisis cl\u00ednicos memorados, pero esta vez por cuenta de la fonoaudi\u00f3loga Natalia Abygail Rosas Espinosa, profesional adscrita a la sociedad Asesor\u00eda en Gerencia y Salud Ocupacional Ltda, quien determin\u00f3 que su funci\u00f3n auditiva \u00abbilateral\u00bb era \u00abnormal\u00bb; raz\u00f3n por la cual, formul\u00f3 reclamaci\u00f3n frente al primer dictamen, con el prop\u00f3sito que se tuvieran en cuenta los estudios realizados en la instituci\u00f3n m\u00e9dica en menci\u00f3n o se le ordenaran unos nuevos; empero, dichas solicitudes fueron contestadas desfavorablemente en escrito del 18 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

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Asegura que la decisi\u00f3n de apartarla del concurso de m\u00e9ritos aludido conculca las garant\u00edas invocadas, habida cuenta que la \u00abest\u00e1n privando de la oportunidad de aspirar al cargo de DRAGONEANTE, pues [su] \u00faltima oportunidad para presentar[se] al INPEC, por [su] edad, es de 25 a\u00f1os edad l\u00edmite para el ingreso a la instituci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, que \u00abla necesidad de tener una estabilidad laboral en un empleo de carrera son [su] principal motivaci\u00f3n para insistir y demostrar que [tiene] las actitudes y aptitudes (f\u00edsicas, psicol\u00f3gicas) para continuar en el proceso de selecci\u00f3n del INPEC\u00bb (fls. 1 a 6, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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a. El Representante legal de la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, pidi\u00f3 denegar el amparo solicitado por el gestor, toda vez que agot\u00f3 las etapas del concurso cuestionado cumpliendo las formalidades y los criterios de selecci\u00f3n previstos en las normas jur\u00eddicas que reglamentan la Convocatoria No. 335 de 2016; a m\u00e1s que, de conformidad a lo normado en el precepto 50 del Acuerdo 563 de 2016, \u00abel legislador previ\u00f3 la forma de garantizar la seguridad jur\u00eddica de dicho procedimiento, al NO ACEPTAR ex\u00e1menes m\u00e9dicos de instituciones diferentes a la designada por la Universidad contratada para operar el concurso de m\u00e9rito y al NO practicar segundos ex\u00e1menes\u00bb, contrario a lo pretendido por la inconforme (fls. 41 a 53, ejusdem).    <\/span><\/p>\n

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a. Por su parte, el Coordinador Grupo Tutelas del Instituto Nacional Penitenciario, aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de dicha entidad, pues ninguna injerencia tiene en el asunto que se discute, ni acerca de las inconformidades expuestas por la se\u00f1ora Camargo Quintero, por lo que solicita su desvinculaci\u00f3n (fls. 57 a 60, \u00eddem).    <\/span><\/p>\n

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a. A su turno, Fundemos I.P.S. aleg\u00f3, que los ex\u00e1menes m\u00e9dicos aplicados a los concursantes cumplieron \u00abcon todos los protocolos para un resultado \u00f3ptimo, es decir que est\u00e1n debidamente calibrados y aprobados por las respectivas entidades de control\u00bb, raz\u00f3n por la que se descarta la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas por la actora (fls. 61 a 64, Cit).    <\/span><\/p>\n

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a. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil argument\u00f3, que la peticionaria cuenta con la posibilidad de cuestionar los \u00abactos administrativos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb que desarrollan la Convocatoria No. 335 de 2016; adem\u00e1s, tiene a su alcance otros mecanismos con el fin de atacar el \u00abacto por el cual fue excluida de la convocatoria, como son la nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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De otro lado, indic\u00f3 que su actuaci\u00f3n estuvo ce\u00f1ida a las normas del concurso de m\u00e9ritos aludido, ya que consultada la historia cl\u00ednica de la se\u00f1ora M\u00f3nica Andrea se observa que \u00abpresenta Hipoacusia neurosensorial en grado (LEVE) que la califica cono NO APTA en el proceso de selecci\u00f3n\u00bb, es decir, se configur\u00f3 la causal de exclusi\u00f3n consagrada en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 10\u00b0 del Acuerdo 563 de 2016 (fls. 65 a 69, Id).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, desestim\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir que  <\/span><\/p>\n

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       \u00ablos t\u00e9rminos de la Convocatoria No. 335 de 2016 se encuentran contenidos en el Acuerdo No. 563 de 2016, suscrito por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, el cual fue publicado para conocimiento de los interesados en la p\u00e1gina web www.cnsc.gov.co y a la que deb\u00edan acceder los posibles participantes adjuntando los documentos solicitados en la selecci\u00f3n. En el citado acuerdo se explic\u00f3 el contenido de la valoraci\u00f3n m\u00e9dico e inhabilidades, as\u00ed como la importancia y efectos de su resultado reguladas en la Resoluci\u00f3n No. 005657 del 24 de diciembre de 2015, en el cual se mencionan los ex\u00e1menes m\u00e9dicos que se deben aplicar en el proceso de selecci\u00f3n como requisito indispensable, conforme a lo establecido en el Decreto 407 de 1994.  <\/span><\/p>\n

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Ahora bien adujo la accionante que no estuvo conforme con el resultado del examen de audiometr\u00eda realizado en la citada convocatoria, el cual dio como resultado \u201cno Apta\u201d, por cuanto se encontr\u00f3 que ten\u00eda hipoacusia leve en el o\u00eddo derecho, siendo por ello excluida del proceso, por tanto se realiz\u00f3 uno nuevo en Ageso Ltda., el cual arroj\u00f3 como resultado que ten\u00eda audici\u00f3n normal bilateral, sin embargo, lo cierto es que en la convocatoria publicada y conocida por \u00e9sta se advirti\u00f3 la presentaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n m\u00e9dica como un requisito previo para ingresar al curso, conjuntamente en el art\u00edculo 50 del referido Acuerdo se enunciaron los par\u00e1metros para el resultado de la aptitud m\u00e9dica y psicof\u00edsica de la aspirante, donde se estableci\u00f3 que el \u00fanico resultado m\u00e9dico en el proceso de selecci\u00f3n ser\u00eda el emitido por la entidad contratada para tal fin, esto es, Fundemos Ips, aunado a ello, se observa que las inhabilidades ocupacionales establecidas en el Profesiograma versi\u00f3n 3 para el cargo de dragoneante requiere una audici\u00f3n bilateral normal, requisito que no cumple la se\u00f1ora Camargo Quintero, pues en el examen practicado por la entidad encargada, se aprecia la imposibilidad para ocupar el cargo aspirado.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, conforme a las pruebas aportadas, la Sala colige que no se vulner\u00f3 el debido proceso de la se\u00f1ora Camargo, ya que las bases de la convocatoria No. 335 de 2016 estaban contenidas en el acuerdo 563 de 2016 suscrito por la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio civil, as\u00ed como en la Resoluci\u00f3n No. 005657 de 2015, cuyos textos fueron publicados y conocidos por los participantes, quienes se sujetaron voluntariamente a las reglas de la selecci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se impone negar el amparo reclamado, comoquiera que en el referido concurso se respetar\u00edan los lineamientos establecidos en el proceso de selecci\u00f3n, por ello, no se trasgredieron los derechos fundamentales invocados por la accionante al haberla excluido del concurso\u00bb (fls. 76 a 87 \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La accionante recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 294 a 297, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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2.        Sin duda, la promotora se queja porque fue excluida del concurso de m\u00e9ritos previsto en la Convocatoria No. 335 de 2016, para proveer empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC-, con fundamento en que la dolencia diagnosticada en la valoraci\u00f3n m\u00e9dica practicada, esto es, \u00abHIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACI\u00d3N\u00bb, limitaci\u00f3n que conforme al Acuerdo 563 de 2016 y la Resoluci\u00f3n No. 005657 de 2015, le impide desempe\u00f1ar el cargo de dragoneante para el cual opt\u00f3, pues en su criterio, debe ten\u00e9rsele en cuenta el examen m\u00e9dico posterior que se practic\u00f3, y que arroj\u00f3 un resultado auditivo \u00f3ptimo.  <\/span><\/p>\n

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3.        Bajo la anterior premisa, la Sala estima que el presente reclamo resulta improcedente, como quiera que la gestora a\u00fan cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa con el fin de procurar la defensa de sus garant\u00edas; obs\u00e9rvese que M\u00f3nica Andrea Camargo Quintero tiene a su alcance la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, oportunidad en la que podr\u00e1 debatir los motivos por los cuales fue excluida del concurso al cargo de dragoneante de que trata la mencionada convocatoria, e incluso, solicitar el decreto de la medida cautelar que estim\u00e9 necesaria, seg\u00fan lo disponen los art\u00edculos 229 y 230 de la Ley 1437 de 20111.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, la Sala ha considerado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]n principio las controversias en torno de la legalidad de los \u2018Actos Legislativos\u2019 y \u2018actos administrativos\u2019, como lo son, ya los preparatorios ora los de ejecuci\u00f3n (\u2026), deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, sin que sea viable pretender sustituirlos por este mecanismo especial de protecci\u00f3n de las garant\u00edas inherentes a las personas, lo cual desnaturaliza la s\u00faplica tutelar que, en modo alguno, puede servir de medio para ventilar disconformidades que no se han puesto previamente en conocimiento de los acusados, habida cuenta de su car\u00e1cter subsidiario\u00bb (ver entre otras, en STC5357-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.   As\u00ed las cosas, es evidente la improcedencia del ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, ante la existencia de mecanismos al alcance de la aqu\u00ed interesada para la defensa de sus prerrogativas esenciales, en armon\u00eda con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aquella se formule para evitar un perjuicio irremediable, sin embargo, en el sub examine la accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio. Sobre el tema la Corte ha dicho que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, STC15617-2014 y STC15970-2016, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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6.        Por lo dem\u00e1s, cumple precisar, que el requisito de aptitud f\u00edsica exigido a la promotora no resulta desproporcionado o irrazonable, pues seg\u00fan se contempl\u00f3 previamente en la reglamentaci\u00f3n del concurso y en el profesiograma y perfil profesional elaborado para tal efecto por el Grupo de Salud Ocupacional de la Subdirecci\u00f3n de Talento Humano y la empresa Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros ARL adoptado mediante Resoluci\u00f3n No. 005657 de 2015, la hipoacusia se encuentra como criterio de inhabilidad en el documento actualizado de \u00abInhabilidades m\u00e9dicas para el cargo de dragoneante V2\u00bb, en la que se le define como una \u00abp\u00e9rdida o una disminuci\u00f3n de la audici\u00f3n que puede afectar a uno u ambos o\u00eddos\u00bb, con la cual, seg\u00fan su fisiopatolog\u00eda, \u00ablas ondas sonoras no pueden llegar con la misma intensidad que el sonido est\u00edmulo a la c\u00f3clea\u00bb; de este modo, entonces, observa la Corte que s\u00ed se encuentra justificada la citada patolog\u00eda como impedimento para ejercer el empleo al que aspir\u00f3 la gestora de la acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.        En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar la sentencia de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.      <\/span><\/p>\n

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         \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1672-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2016-00228-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99301","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99301","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99301"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99301\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99301"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99301"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99301"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}