{"id":99302,"date":"2026-06-25T18:17:34","date_gmt":"2026-06-25T18:17:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1673-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:17:34","modified_gmt":"2026-06-25T18:17:34","slug":"stc1673-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1673-2017\/","title":{"rendered":"STC1673-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1673-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02115-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2016).-  <\/span><\/p>\n

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La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada por el se\u00f1or Rodolfo Tarsitano S\u00e1nchez contra la sentencia proferida el 1\u00ba de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, con la que se deneg\u00f3 la solicitud de tutela presentada por el recurrente frente a la Sala Penal de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Antioquia y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Andes, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes de la causa penal a que alude el libelo inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades accionadas, con la sentencia de segundo grado dictada el 5 de septiembre de 2014, al interior de la causa que en su contra se adelant\u00f3 por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 a\u00f1os, a trav\u00e9s de la cual se revoc\u00f3 el fallo absolutorio apelado.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia requiere, de manera concreta, que se \u00abDEJE SIN EFECTOS o [se] module la providencia judicial [a] que alude\u00bb (fl. 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para sustentar la petici\u00f3n de amparo constitucional relata en lo esencial, que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en sede de alzada y en sentencia de 5 de septiembre de 2014, lo hall\u00f3 culpable del punible de acto sexual abusivo con menor de 14 a\u00f1os imponi\u00e9ndole la pena principal de 108 meses de prisi\u00f3n, hecho por el cual \u00abfu[e] privado de la libertad (\u2026) desde el pasado 6 de febrero de 2016\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Que si bien tiene a su alcance distintos medios de defensa para hacer valer sus derechos, \u00e9stos \u00abhan sido inocuos hasta ahora, la presente acci\u00f3n la interpo[ne] como \u00faltimo recurso y como MECANISMO TRANSITORIO, conforme a los precisos t\u00e9rminos del art. 8 del Decreto 2591 de 1991, para evitar as\u00ed m\u00e1s PERJUICIOS IRREMEDIABLES Y GRAVE[S] en [su] contra\u00bb, pues la decisi\u00f3n criticada a todas luces, dice, vulnera la garant\u00eda ius fundamental invocada (fls. 1 a 9, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        El titular del Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Andes, refiri\u00f3, en suma, que \u00aben es[e] Despacho se tramit\u00f3 carpeta CUI 05030 3001 304 2010 80112, interno 2011, por la conducta punible ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE A\u00d1OS, en contra de RODOLFO TARCITANO SANCHEZ, (…) a trav\u00e9s de fallo fechado el diez (10) de diciembre del a\u00f1o 2012 se le absolvi\u00f3 del cargo; decisi\u00f3n que al ser apelada por el Fiscal del caso, la revoc\u00f3 la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Antioquia, el cinco (5) de septiembre del a\u00f1o 2014, y en su lugar, se impuso penalidad de CIENTO OCHO (108) MESES DE PRISION y la accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por igual lapso de tiempo, neg\u00e1ndose los mecanismos sustitutivos de ley. Al no interponerse el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, las diligencias regresaron a esta oficina, para los fines legales y subsiguientes\u00bb (fl. 19 y 20, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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EL FALLO IMPUGNADO  <\/span><\/p>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, luego de referir que  <\/span><\/p>\n

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\u00abDe la informaci\u00f3n obrante en el diligenciamiento se tiene que el implicado cont\u00f3 con las oportunidades para actuar al interior del proceso, ya fuese a t\u00edtulo personal o a trav\u00e9s de su defensor, para proponer cada una de sus inconformidades, incluso y de manera especial, a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, del cual no hizo uso, sin que resulte ahora admisible que por esta v\u00eda intente postular su posici\u00f3n, como si fuese una oportunidad para obtener una respuesta favorable pedimentos.  <\/span><\/p>\n

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2.5. As\u00ed las cosas, no es factible revivir etapas procesales al interior de las cuales el accionante pudo exponer sus razones de inconformidad, y, por ello, se torna improcedente el amparo constitucional, bajo el entendido que no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo dise\u00f1ado para renovar t\u00e9rminos que se han dejado vencer, habida cuenta que una actitud de desprecio o desd\u00e9n frente a los medios ordinario de defensa no puede ser revertida a y trav\u00e9s de este excepcional instrumento de protecci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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En otras palabras, si el actor renunci\u00f3 de forma voluntaria al ejercicio de los instrumentos judiciales procedentes, sus pretensiones carecen de vocaci\u00f3n de prosperidad, porque de lo contario se desconocer\u00eda abiertamente el car\u00e1cter residual del instrumento constitucional, ya que no es viable invocarlo como una alternativa frente a los procedimientos legales dise\u00f1ados por el legislador.  <\/span><\/p>\n

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2.6. Era entonces el recurso de casaci\u00f3n el escenario apto para exponer las censuras que ahora hacen, de ah\u00ed que inane resulta cualquier cuestionamiento al respecto por v\u00eda de tutela.  <\/span><\/p>\n

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2.7. Aunado a lo anterior, se echa de menos el requisito atinente a la inmediatez, seg\u00fan el cual la acci\u00f3n de tutela debe interponerse dentro de un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos, luego no es posible admitir que si el fallo de segunda instancia se emiti\u00f3 el 5 de septiembre de 2014, el sentenciado haya dejado transcurrir m\u00e1s de 2 a\u00f1os para instaurar la solicitud de amparo, que lo fue el 21 de noviembre de 2016, o m\u00e1s de 9 meses contabilizados desde la fecha en que se produjo la captura -6 de febrero \u00faltimo-, ello por cuanto no es dable desatender que se est\u00e1 ante la eventual afectaci\u00f3n de derechos fundamentales, de modo que su reclamaci\u00f3n debe ser oportuna\u00bb (fls. 36 a 46, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, sin exponer los motivos de su inconformidad (fl. 62, Ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.         En el presente asunto, sin duda, la queja del accionante va dirigida contra la sentencia de segundo grado dictada el 5 de septiembre de 2014, a trav\u00e9s de la cual, tras ser revocado el fallo absolutorio dictado por el juez del conocimiento, result\u00f3 condenado por la conducta punible de acto sexual abusivo con menor de 14 a\u00f1os, a la pena de 108 meses de prisi\u00f3n; no obstante, lo que revelan los elementos de persuasi\u00f3n allegados al expediente es que, tal y como lo concluy\u00f3 el a quo constitucional, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad la presente acci\u00f3n de tutela, por cuanto no solo se incumple con el presupuesto de la inmediatez, sino tambi\u00e9n, se dej\u00f3 el actor de agotar todos los mecanismos con los que contaba para atacar la determinaci\u00f3n de la que se duele, conforme se pasa a ver:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        En efecto, la providencia atacada data del 5 de septiembre de 2014, mientras que la salvaguarda s\u00f3lo se invoc\u00f3 hasta el 21 de noviembre de 2016 (fl. 10), de manera que ahora se pretende criticar una providencia judicial dictada hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, lo que evidencia el incumplimiento del requisito de la prontitud caracter\u00edstico de la acci\u00f3n de tutela, pues aunque las disposiciones que disciplinan el amparo constitucional no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, atinentes a la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991-, se requiere que los interesados act\u00faen tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se observa, por tanto, que la pretensi\u00f3n de tutela no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo desde que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia emiti\u00f3 el fallo de segunda instancia objeto del debate, cuesti\u00f3n que pone de relieve la tardanza del querellante Rodolfo Tarsitano S\u00e1nchez y denota el quebranto del referido presupuesto que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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En esta materia, se ha se\u00f1alado de manera uniforme y repetida por la jurisprudencia de esta Sala, que  <\/span><\/p>\n

\u00ab[t]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea.  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada.  <\/span><\/p>\n

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Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (ver entre otras, en CSJ STC5293-2016 y STC13214-2016).  <\/span><\/p>\n

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2.2.         Y aun cuando bastar\u00eda el anterior criterio para la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, no escapa a la atenci\u00f3n de la Sala, adem\u00e1s, que el aqu\u00ed interesado no interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n en contra del fallo de segundo grado aqu\u00ed criticado, por lo que cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir a esta acci\u00f3n constitucional para controvertir las determinaciones que estima lesivas de sus derechos fundamentales, en tanto que, al haber desperdiciado la herramienta de defensa que ten\u00eda a su alcance para debatir lo resuelto, desacertado resulta pretender a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela subsanar su propio descuido, toda vez que como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia de la Sala,  <\/span><\/p>\n

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3.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se mantendr\u00e1 la sentencia controvertida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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