{"id":99305,"date":"2026-06-25T18:18:05","date_gmt":"2026-06-25T18:18:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1677-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:18:05","modified_gmt":"2026-06-25T18:18:05","slug":"stc1677-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1677-2017\/","title":{"rendered":"STC1677-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1677-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15693-22-08-003-2016-00251-02  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de noviembre de 2016, proferido por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Camilo y Leidy Guti\u00e9rrez Pineda, Jos\u00e9 Mauricio y Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Rodr\u00edguez de Pineda, Ana Triginia y V\u00edctor Manuel Pineda Rodr\u00edguez, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Pesca, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso, la parte pasiva y la entidad interviniente del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Los accionantes a trav\u00e9s de gestor judicial, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las sentencias emitidas en ambas instancias el 3 de marzo y 14 de julio de 2016, respectivamente, dentro del proceso declarativo de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria que promovieron en contra personas indeterminadas, juicio al cual fue vinculado el Incoder.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exigen para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se dejen \u00absin efecto (\u2026) la[s aludidas] sentencia[s]\u00bb, y como consecuencia de lo anterior, que se ordene al Juzgado Promiscuo Municipal de Pesca, \u00abemitir una nueva (\u2026) donde se lleve a cabo una adecuada valoraci\u00f3n probatoria\u00bb (fl. 26, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aducen en lo esencial, que a trav\u00e9s de la demanda que dio origen al litigio referido en l\u00edneas anteriores, pretenden adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva el dominio de varios predios ubicados en la \u00abvereda Butaga\u00ab de la citada municipalidad, pertenecientes a otro de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLas Casas\u201d; sin embargo, las oficinas judiciales accionadas mediante las decisiones mencionadas con antelaci\u00f3n, negaron lo pretendido, al incurrir, dicen, en una \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb y en el desconocimiento de la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto, en tanto que pese a estar demostrada \u00abla posesi\u00f3n quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida\u00bb sobre dichas propiedades, concluyeron que \u00abno poseen justo t\u00edtulo\u00bb, raz\u00f3n por la que consideran que las citadas autoridades incurrieron en causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico (fls. 17 a 27, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.   La Juez Promiscuo Municipal de Pesca, se limit\u00f3 a informar sobre las actuaciones que despleg\u00f3 para notificar a los involucrados, y, a remitir en calidad de pr\u00e9stamo el expediente contentivo del proceso declarativo criticado, sin emitir pronunciamiento alguno respecto de la presente queja constitucional (fls. 36 y 37, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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b.    La titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso, se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con fundamento en que \u00ab[l]as actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite de segunda instancia, se realizaron atendiendo los par\u00e1metros se\u00f1alados para esta clase de procesos, [m\u00e1xime cuando] no se presenta omisi\u00f3n, ni irregularidad [en la] decisi\u00f3n adoptada\u00bb (fl. 41, ejusdem).  <\/span><\/p>\n

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c.   El se\u00f1or Oscar Alejandro Garc\u00eda Espitia, vinculado en su condici\u00f3n de curador ad-litem en el rese\u00f1ado litigio, manifest\u00f3, aunque tard\u00edamente, que \u00abNo [s]e encuentr[a] vinculado ni con la parte demandante ni con la parte demandada en [dicho] proceso\u00bb (fl. 63, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo implorado, tras considerar lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abPara el caso, revisado el expediente y las providencias censuradas, la Sala no encuentra que se haya cometido un error de tal entidad en la valoraci\u00f3n probatoria que permita configurar una de esas situaciones que da lugar a la configuraci\u00f3n del defecto f\u00e1ctico [alegado], toda vez que las consideraciones que llevaron a confirmar la decisi\u00f3n de negar las pretensiones de la demanda de pertenencia, tienen sustento en las particularidades f\u00e1cticas del caso y en las normas que regulan la materia.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en la sentencia de 3 de marzo de 2016 el Juzgado Promiscuo Municipal de Pesca (fls. 135 a 142 exp.), luego de referirse a los presupuestos axiol\u00f3gicos de la prescripci\u00f3n ordinaria de dominio, se\u00f1al\u00f3 que en ese caso para el buen suceso de las pretensiones era necesario acreditar adem\u00e1s de la posesi\u00f3n la existencia de un justo t\u00edtulo para ocupar el inmueble y que si bien los accionantes hab\u00edan aportado como justo t\u00edtulo la Escritura P\u00fablica n\u00fam. 138 de 2 de junio de 1999 mediante la cual se realiz\u00f3 la partici\u00f3n de la sucesi\u00f3n de V\u00cdCTOR MAR\u00cdA PINEDA D\u00cdAZ, [\u00e9]sta no resultaba suficiente para acreditar la posesi\u00f3n regular sobre los inmuebles.  <\/span><\/p>\n

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En relaci\u00f3n con el tema, se\u00f1al\u00f3 que en esa escritura se adjudic\u00f3 la totalidad de los predios denominados \u201cLas Casas\u201d y \u201cEl Manzano\u201d a la se\u00f1ora MAR\u00cdA DE LOS ANGELES RODR\u00cdGUEZ, la totalidad de los derechos y acciones sobre el predio \u201cEl Alcaparro\u201d y el 20% de los de \u201cEl Espino\u201d a V\u00cdCTOR MANUEL PINEDA, el 40% de los derechos y acciones de \u201cEl Espino\u201d a ANA TRIGINIA PINEDA RODR\u00cdGUEZ, por lo que cada uno de ellos solo pod\u00eda tener la posesi\u00f3n en relaci\u00f3n con los inmuebles adjudicados y en los porcentajes indicados en la partici\u00f3n pero no frente a los dem\u00e1s.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que all\u00ed nada se dijo, adem\u00e1s, sobre la posesi\u00f3n del predio \u201cEl Garrocho\u201d que era uno de los que conformaba el predio de mayor extensi\u00f3n cuya prescripci\u00f3n se pretend\u00eda, que una vez hecha la partici\u00f3n, los inmuebles se asignaron a los demandantes de forma singular y no en com\u00fan en proindiviso, de suerte que esa escritura constitu\u00eda justo t\u00edtulo respecto de los predios que les hab\u00edan sido asignados a cada uno pero no frente a los dem\u00e1s que fueron objeto de partici\u00f3n (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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El apoderado judicial de los demandantes interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n con base en los mismos argumentos de la demanda de tutela, es decir, que no se valoraron las pruebas de la posesi\u00f3n y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso en la sentencia de 14 de junio de 2016, resolvi\u00f3 confirmar la de primera instancia tras considerar que cuando la que se alega es la prescripci\u00f3n ordinaria de dominio es necesario acreditar la posesi\u00f3n sobre el bien por el t\u00e9rmino previsto en la ley, pero no es cualquier posesi\u00f3n sino la regular, esto es, la que est\u00e1 precedida de un justo t\u00edtulo y ha sido adquirida de buena fe.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que, en efecto, para la posesi\u00f3n sea calificada de regular es necesario que exista un justo t\u00edtulo id\u00f3neo para transferir el derecho real de dominio y que la escritura p\u00fablica allegada no constitu\u00eda justo t\u00edtulo [en] relaci\u00f3n con todos los lotes que conformaban el predio de mayor extensi\u00f3n, sino s[\u00f3]lo frente a los bienes adjudicados a cada uno de los herederos en sus respectivas hijuelas, de forma que al no haberse acreditado ese requisito era claro que no pod\u00eda prosperar la prescripci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Es as\u00ed que, si [los] juzgado[s] accionado[s] con base en esas pruebas concluy[eron] que la pretensi\u00f3n de pertenencia no pod\u00eda abrirse paso, en la medida en que los accionantes no demostraron los elementos que la estructuran, lo cierto es que a esas conclusiones no se les puede atribuir defecto probatorio alguno, pues se sustentaron en la apreciaci\u00f3n de las actuaciones surtidas al interior del proceso y en una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de las normas que regulan el tema.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, la situaci\u00f3n puesta de presente por los accionantes, no es otra cosa que su inconformidad con las razones que se invocaron para negar las pretensiones de la demanda, sin que ello implique una afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, ni mucho menos una v\u00eda de hecho, toda vez que es claro que lo \u00fanico que pretenden es anteponer su criterio sobre la forma en que debieron valorarse las pruebas y el m\u00e9rito que a su entender debi\u00f3 asign\u00e1rsele a cada una de ellas, m\u00e1s aun cuando trat\u00e1ndose de la prescripci\u00f3n ordinaria de dominio no cabe duda que es necesario acreditar la existencia de un justo t\u00edtulo para ocupar el inmueble\u00bb (fls. 47 a 56, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Los tutelantes se mostraron descontentos frente a lo resuelto, insistiendo en los mismos reparos con que sustentaron la queja constitucional (fls. 64 a 75, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso que se examina, y luego de analizar la actuaci\u00f3n desplegada por los Juzgados Promiscuo Municipal de Pesca y Segundo Civil del Circuito de Sogamoso (Boyac\u00e1), dentro del proceso declarativo de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria que los accionantes promovieron contra personas indeterminadas, particularmente, las providencias emitidas el 3 de marzo y 14 de junio de 2016, por medio de las cuales se dispuso, en su orden, \u00ab[n]egar las pretensiones de la demanda\u00bb, y, confirmar lo resuelto (fls. 6 a 13 y 93, cdno. 1), de entrada se anuncia la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, dichas determinaciones tuvieron como fundamento argumentos jur\u00eddicos que en manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, en tanto que los Jueces censurados en ning\u00fan momento desconocieron la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto.  <\/span><\/p>\n

3.  En efecto, al leerse y escucharse el audio que contienen las demarcadas decisiones, se observa que los juzgadores criticados encontraron impr\u00f3spera la pretensi\u00f3n incoada por los aqu\u00ed interesados, con fundamento en que \u00e9stos no lograron demostrar la posesi\u00f3n regular sobre los predios a prescribir, presupuesto necesario para adquirir el dominio por prescripci\u00f3n ordinaria, conforme al art\u00edculo 2528 del C\u00f3digo Civil, ello por cuanto que, como bien lo indic\u00f3 la jueza de segunda instancia, \u00absi bien al paginario se aport\u00f3 la copia de la Escritura P\u00fablica No. 138 de fecha 2 de junio de 1999 de la Notar\u00eda \u00danica del municipio de Pesca, mediante la cual se protocoliz\u00f3 la partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes del causante V\u00edctor Pineda D\u00edaz, entre ellos el inmueble a usucapir, \u00e9ste se dividi\u00f3 y adjudic\u00f3 de manera individual a los hoy demandantes, luego puede ser justo t\u00edtulo con el que se inicia una posesi\u00f3n regular respecto de cada uno de ellos respecto de su correspondiente hijuela, pero no lo es en forma universal respecto de la totalidad del bien inmueble, como se pretende en las pretensiones de la demanda\u00bb; es decir, cada uno de ellos tiene un justo t\u00edtulo para adquirir por prescripci\u00f3n ordinaria la porci\u00f3n de terreno que les fue adjudicado, m\u00e1s no todos (juntos), justo t\u00edtulo para obtener por ese modo el predio de mayor extensi\u00f3n que los comprende, como lo solicitaron en la demanda.    <\/span><\/p>\n

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Y, es que, para adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria siempre se ha exigido no solo la posesi\u00f3n, sino que est\u00e1 proceda de justo t\u00edtulo, concepto del cual se refiri\u00f3 la Corte en los siguientes t\u00e9rminos:  <\/span><\/p>\n

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\u00abpor justo t\u00edtulo se entiende todo hecho o acto jur\u00eddico que, por su naturaleza y por su car\u00e1cter de verdadero y v\u00e1lido, ser\u00eda apto para atribuir en abstracto el dominio. Esto \u00faltimo, porque se toma en cuenta el t\u00edtulo en s\u00ed, con prescindencia de circunstancias ajenas al mismo, que en concreto, podr\u00edan determinar que, a pesar de su calidad de justo, no obrase la adquisici\u00f3n del dominio. Si se trata, pues de un t\u00edtulo traslaticio, puede decirse que \u00e9ste es justo cuando al un\u00edrsele el modo correspondiente, habr\u00eda conferido al adquirente el derecho de propiedad, si el t\u00edtulo hubiese emanado del verdadero propietario. Tal el caso de la venta de cosa ajena, diputada por el art\u00edculo 1871 como justo t\u00edtulo que habilitar\u00eda para la prescripci\u00f3n ordinaria al comprador que de buena fe entr\u00f3 en la posesi\u00f3n de la cosa\u00bb (Sentencia de 26 de junio de 1964, CVII-372; citada en CSJ SC, 16 abr. 2008, Rad. 2000-00050-01).  <\/span><\/p>\n

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4.    Bajo el anterior contexto, para la Sala no se presta a dudas que la conclusi\u00f3n a la que arribaron los funcionarios judiciales en las decisiones aqu\u00ed atacadas, es razonable, pues, se reitera, no estaba dado uno de los presupuestos que legitimaban a los actores para adquirir por prescripci\u00f3n adquisitiva ordinaria el predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLas Casas\u201d, esto es, la posesi\u00f3n regular de todos ellos sobre el mismo, si en cuenta se tiene que la escritura p\u00fablica que se aport\u00f3, \u00fanicamente les confer\u00eda a cada uno de ellos un justo t\u00edtulo pero en relaci\u00f3n a la porci\u00f3n de terreno que all\u00ed se les adjudic\u00f3 de forma individual, por lo que a todas luces resultaba inocuo auscultar las dem\u00e1s pruebas obrantes en el paginario, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en la causal de procedencia del amparo denunciada, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo admisible lo realmente pretendido por los tutelantes, esto es, que se acoja su postura frente al caso y no la del juez natural, lo cual, se insiste, no es procedente, pues como de vieja data lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, no constituye causal para que pueda acudirse a la tutela, \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (CSJ STC, 19 may. 2011, Rad. 00106-01, citada recientemente en STC728-2016 y STC1496-2016).  <\/span><\/p>\n

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5. Por los argumentos anotados, y como delanteramente se dijo, se impone mantener la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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