{"id":99310,"date":"2026-06-25T18:18:32","date_gmt":"2026-06-25T18:18:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1682-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:18:32","modified_gmt":"2026-06-25T18:18:32","slug":"stc1682-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1682-2017\/","title":{"rendered":"STC1682-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1682-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03117-03  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Adriana Cecilia Cuestas Canro contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, los Juzgados Veintisiete Civil del Circuito y Cuarto de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, ambos de la misma ciudad, y el Banco BBVA Colombia S.A., tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y a la \u00abprotecci\u00f3n especial para las personas de la tercera edad\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al seguir el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n con t\u00edtulo hipotecario promovida en su contra y de Jos\u00e9 Oswaldo Cuestas Canro y Jos\u00e9 Vicente Cuestas Cruz, por el Banco Granahorrar (hoy Banco BBVA Colombia S.A.), sin haberse reestructurado la obligaci\u00f3n, y, haberse aceptado una  cesi\u00f3n del cr\u00e9dito all\u00ed ejecutado.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, y se ordene \u00abrevisar, revocar y anular \u00edntegramente todo lo actuado en este proceso conforme el mandato expreso del art. 42 del par\u00e1grafo 3\u00ba de la ley de vivienda 546\/99 y la sentencia de la Corte Constitucional SU \u2013 813 del 2007\u00bb (fl. 4).  <\/span><\/p>\n

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2.   Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, aduce en compendio, que no hay prueba de la mentada reestructuraci\u00f3n en el expediente contentivo de la referida ejecuci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda seguirse con \u00e9sta, tal y como ocurri\u00f3, m\u00e1xime cuando tambi\u00e9n, la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito efectuada por el Banco BBVA Colombia S.A. al Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos, es \u00abfalsa\u00bb, porque ella como deudora no la firm\u00f3 ni acept\u00f3, lo cual, dice, \u00abgenera una falsa cadena de cesiones que obviamente genera a su turno la nulidad de todo lo actuado en el proceso [en comento]\u00bb respecto de esas disposiciones de derechos, razones por las cuales acude a este mecanismo de especial protecci\u00f3n (fls. 3 a 5).   <\/span><\/p>\n

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3.        Una vez asumido nuevamente el tr\u00e1mite, producto de la nulidad declarada el pasado 15 de diciembre por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n mediante prove\u00eddo AT8715-2016, ante la falta de enteramiento del escrito de tutela al se\u00f1or Jaime Oswaldo Cuestas Canro, ejecutado dentro del juicio compulsivo que se debate (fls. 3 a 5, cdno. 2), se procedi\u00f3 a dar traslado nuevamente a los involucrados, previa notificaci\u00f3n de lo decidido, a fin de poder emitir la decisi\u00f3n que corresponda. (fl. 146).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a)        La titular del Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se limit\u00f3 a informar que remiti\u00f3 el proceso objeto de reproche a su hom\u00f3logo Cuarto de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad (fl. 18).  <\/span><\/p>\n

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b)        Sistemcobro S.A.S, apoderada especial del Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos, cuya vocera es Alianza Fiduciaria, indic\u00f3 que luego de haber adquirido la obligaci\u00f3n perseguida en la ejecuci\u00f3n en comento, la cedi\u00f3 al Fondo de Inversi\u00f3n en Oportunidades Inmobiliarias S.A. -Inverfondo (fls. 32 y 33).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c)        La titular del Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n del Circuito de esta capital, remiti\u00f3 a esta Corte el  expediente contentivo del proceso criticado, y se\u00f1al\u00f3 que la queja contra la cesi\u00f3n referida en l\u00edneas precedentes es improcedente, por incumplir el requisito de la inmediatez, toda vez que dicha cesi\u00f3n fue aceptada con auto que data del 21 de septiembre de 2012, el que fue confirmado con prove\u00eddo del 30 de mayo de 2013, por el Tribunal accionado.  <\/span><\/p>\n

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En igual sentido manifest\u00f3, que el reguardo suplicado  fin de que se d\u00e9 por terminada la ejecuci\u00f3n seguida en contra del actor no tiene cabida, pues \u00e9ste \u00abno ha realizado solicitud alguna ante ese estrado judicial, a fin de que sea analizado su pedimento de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb (fl. 67).  <\/span><\/p>\n

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d)        El Banco BBVA Colombia S.A. expres\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado especial, que el amparo no procede contra providencias judiciales y fue solicitado sin cumplir con el requisito de procedibilidad de la inmediatez (fls. 69 y 70).  <\/span><\/p>\n

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e)        Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s accionados e interesados.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Al margen de lo expuesto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que cuando se trate de procesos ejecutivos por cr\u00e9ditos de vivienda, deber\u00e1n cumplirse los siguientes requisitos para poder acceder al amparo: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999.   <\/span><\/p>\n

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Lo anterior en aplicaci\u00f3n a lo previsto en la Sentencia SU-813 de 2007, donde la Corte Constitucional indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201cLos jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros, el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) \u00e9sta haya sido interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo\u201d.  <\/span><\/p>\n

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3.        En el caso sometido a consideraci\u00f3n de la Corte, se advierte que lo concretamente pretendido por la se\u00f1ora Adriana Cecilia Cuestas Canro, es que se ordene \u00abrevisar, revocar y anular\u00bb, la ejecuci\u00f3n promovida en su contra y de otros por el Banco Granahorrar (Hoy Banco BBVA Colombia S.A.), pues en su sentir, ante la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, todo lo actuado all\u00ed carece de validez.  <\/span><\/p>\n

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4.    Sin embargo, se observa de entrada que en este caso el resguardo resulta inviable en orden a imponer la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia sobre la procedencia de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos de vivienda adquiridos antes de 1999, pues la parte aqu\u00ed interesada no ha acudido ante el juez natural a exponer los presuntos vicios acaecidos dentro del asunto por haberse tramitado sin haber sido reestructurada su obligaci\u00f3n en los t\u00e9rminos de la Ley 546 del mismo a\u00f1o.  <\/span><\/p>\n

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5.  Ciertamente, de una revisi\u00f3n minuciosa al expediente de la ejecuci\u00f3n objeto de reproche y del informe presentado por el Despacho de ejecuci\u00f3n accionado, se constata que no existe prueba de que la aqu\u00ed interesada haya solicitado la invalidez del juicio por ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo cual evidencia la inexistencia de la m\u00ednima diligencia que se requiere, como qued\u00f3 visto, para otorgar la salvaguarda pretendida en este tipo de asuntos.  <\/span><\/p>\n

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6.  Sobre esta singular tem\u00e1tica, la Sala en pronunciamientos emitidos para resolver asuntos que guardan id\u00e9ntica simetr\u00eda con el que es materia de an\u00e1lisis,  ha sostenido que  <\/span><\/p>\n

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\u00abexiste un factor determinante para la improcedencia de la tutela que se invoca, consistente en que la actora, no formul\u00f3 ante el juez natural ninguna reclamaci\u00f3n en el sentido que ahora alega en la acci\u00f3n de tutela, por lo que los cuestionamientos en que cifr\u00f3 la petici\u00f3n no han sido planteados en el \u00e1mbito procesal correspondiente, lo que claramente advierte, que la pretensi\u00f3n formulada por la suplicante desemboca, sin duda, en la hip\u00f3tesis de impertinencia de que trata el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del decreto 2591 de 1991. (CSJ STC, 10  feb. 2008, Rad. 00005-01, reiterada en CSJ STC 6 sep. 2012, Rad. 00221-01, CSJ STC 15 ago. 2013 Rad.01151-01 y CSJ STC14094-2014, 16 oct. rad 01709-01).  <\/span><\/p>\n

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2.2  Lo anterior encuentra igualmente sustento en lo expuesto por la Sala en sentencia CSJ STC13001-2014, 25 sep. Rad 02101-01, en la que se indic\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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4.1.- De conformidad con el criterio sentado Sala en sentencia STC8902 de 9 de julio de 2014, La Ley 546 de 1999, que trata exclusivamente el tema de vivienda, concedi\u00f3 a las entidades financieras un plazo de tres meses para redenominar en Unidades de Valor Real (UVR) los cr\u00e9ditos concedidos antes del 31 de diciembre de ese a\u00f1o y pactados en UPAC. As\u00ed mismo, en los art\u00edculos 40 y 41, consagr\u00f3 un beneficio para los deudores de las obligaciones vigentes, contratadas con establecimientos de cr\u00e9dito y destinadas a la financiaci\u00f3n de vivienda individual a largo plazo, consistente en la reliquidaci\u00f3n desde la fecha del respectivo desembolso hasta el 31 de diciembre de 1999, como si siempre hubieran estado pactadas en la forma convertida. Obtenido el resultado y confrontado con la forma como se ven\u00eda cuantificando, la diferencia se convert\u00eda en un alivio que deb\u00eda compensar el Gobierno, como paliativo a la responsabilidad oficial en la situaci\u00f3n social existente, eso s\u00ed, con la restricci\u00f3n de que su aplicaci\u00f3n era \u201cpara un cr\u00e9dito por persona\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De igual manera, instituy\u00f3 el derecho a la reestructuraci\u00f3n concertada para el pago diferido de los saldos, tomando en cuenta las verdaderas condiciones econ\u00f3micas de los afectados, como una manera de conjurar la crisis social existente y con el \u00e1nimo de evitar que las familias siguieran perdiendo sus hogares.   (\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Bajo esos par\u00e1metros ning\u00fan beneficio reportaba a los ejecutados la terminaci\u00f3n de los litigios, sin que existiera la posibilidad de replantear las condiciones para saldar esas deudas hacia futuro. Ello quiere decir que la reestructuraci\u00f3n no era un paso discrecional para los acreedores, ni mucho menos renunciable por los deudores, en vista de su trascendencia constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Ning\u00fan motivo existe para que esa misma situaci\u00f3n no se extienda a los propietarios de inmuebles con cr\u00e9ditos hipotecarios vigentes, que estuvieran al d\u00eda al momento en que se expidi\u00f3 la normativa referida, siendo que en su art\u00edculo 20 contempl\u00f3 que  <\/span><\/p>\n

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Durante el primer mes de cada a\u00f1o calendario, los establecimientos de cr\u00e9dito enviar\u00e1n a todos sus deudores de cr\u00e9ditos individuales hipotecarios para vivienda una informaci\u00f3n clara y comprensible, que incluya como m\u00ednimo una proyecci\u00f3n de los que ser\u00edan los intereses a pagar en el pr\u00f3ximo a\u00f1o y los que se cobrar\u00e1n con las cuotas mensuales en el mismo per\u00edodo, todo ello de conformidad con las instrucciones que anualmente imparta la Superintendencia Bancaria. Dicha proyecci\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 de los supuestos que se tuvieron en cuenta para efectuarla y en ella se indicar\u00e1 de manera expresa, que los cambios en tales supuestos, implicar\u00e1n necesariamente modificaciones en los montos proyectados. Con base en dicha informaci\u00f3n los deudores podr\u00e1n solicitar a los establecimientos de cr\u00e9dito acreedores, durante los dos primeros meses de cada a\u00f1o calendario, la reestructuraci\u00f3n de sus cr\u00e9ditos para ajustar el plan de amortizaci\u00f3n a su real capacidad de pago, pudi\u00e9ndose de ser necesario, ampliar el plazo inicialmente previsto para su cancelaci\u00f3n total.  <\/span><\/p>\n

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Esta revisi\u00f3n excepcional de la forma como se desarrolla el acuerdo volitivo respecto de los propietarios de los inmuebles que ven\u00edan cumpliendo a cabalidad los cr\u00e9ditos y cesaron en sus pagos, despu\u00e9s de que entr\u00f3 a regir la Ley 546 de 1999, es obligatoria para el acreedor, por los alcances constitucionales que se le han dado a los principios que inspiraron su expedici\u00f3n. De tal manera que, si la misma tuvo por objeto conjurar la grave situaci\u00f3n generalizada preexistente, tambi\u00e9n sirve de patr\u00f3n para situaciones de insatisfacci\u00f3n futura, derivados de otros factores sociales que incidieran en el desarrollo contractual.  <\/span><\/p>\n

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Refuerza lo expuesto, la sentencia de tutela SU-813 del 4 de octubre de 2007 que profiri\u00f3 la Corte Constitucional con alcances generales, en la que precis\u00f3 que en la Ley de vivienda se incluyeron (\u2026) expresamente normas relativas al per\u00edodo de transici\u00f3n para el paso del antiguo sistema de financiaci\u00f3n en UPAC al nuevo sistema de UVR. Ciertamente, con esta normatividad, no s\u00f3lo se permite la adquisici\u00f3n de vivienda a nuevas personas, sino que, adem\u00e1s, se pretende que quienes vieron afectados su patrimonio por el inminente peligro de perder su vivienda adquirida bajo el antiguo sistema de financiaci\u00f3n -declarado inconstitucional-, pudieran conservarla.  <\/span><\/p>\n

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4.2.- Sin embargo, la especificidad de materia, en lo que se refiere a los procesos hipotecarios de cr\u00e9ditos de vivienda que inicialmente hab\u00edan sido concedidos en UPAC, requiere de un an\u00e1lisis particular en la medida que la sentencia con alcances generales SU-813\/07 de la Corte Constitucional autoriz\u00f3 la presentaci\u00f3n del amparo mientras no se haya registrado el auto aprobatorio del remate, al se\u00f1alar que  <\/span><\/p>\n

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En el caso concreto de los procesos ejecutivos hipotecarios, existe un t\u00e9rmino razonable dentro del cual la persona afectada debe defender sus derechos para evitar una lesi\u00f3n posterior de los derechos fundamentales de terceros o de intereses constitucionalmente protegidos. En este sentido, la Corte encuentra que la tutela s\u00f3lo puede proceder si se interpone en cualquier momento desde la decisi\u00f3n judicial de no dar por terminado el proceso hasta el registro del auto aprobatorio del remate, es decir, hasta que se perfecciona la tradici\u00f3n del dominio del bien en cabeza de un tercero cuyos derechos no pueden ser desconocidos por el juez constitucional. En efecto, una vez realizado el registro, la persona ha perdido su oportunidad de alegar en tutela pues ya existe un derecho consolidado en cabeza de terceros de buena fe, que el juez constitucional no puede desconocer. En estos casos no sobra mencionar que la Constituci\u00f3n ordena proteger, con la misma fuerza, el derecho a la vivienda digna de quien ha perdido su casa por violaci\u00f3n del debido proceso y aquel derecho que adquiere el tercero de buena fe que compra un inmueble para tales efectos. Por eso se exige, para que la acci\u00f3n pueda proceder, que se interponga antes de que se consolide el derecho de terceros a una vivienda digna, a trav\u00e9s del registro p\u00fablico del auto que aprueba el remate del bien.   <\/span><\/p>\n

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Para concluir en el ordinal d\u00e9cimo s\u00e9ptimo de la parte resolutiva que  <\/span><\/p>\n

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Los jueces que est\u00e9n conociendo de acciones de tutela relativas a la terminaci\u00f3n de procesos ejecutivos que se refieran a cr\u00e9ditos de viviendas iniciados con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, deber\u00e1n seguir, entre otros,  el precedente sentado en la presente sentencia de unificaci\u00f3n. Por lo tanto, (a) deber\u00e1n conceder la acci\u00f3n de tutela cuando i) esta haya sido  interpuesta de manera oportuna antes de que se haya registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble y ii) cuando el demandante en dicho proceso ejecutivo haya actuado con una diligencia m\u00ednima dentro del mismo; (b) La acci\u00f3n de tutela se considerar\u00e1 improcedente cuando se hubiere interpuesto con posterioridad del registro del auto de aprobaci\u00f3n del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble.  <\/span><\/p>\n

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Lo que reiter\u00f3 recientemente esa misma Corporaci\u00f3n en la sentencia T-881-13, seg\u00fan la cual  <\/span><\/p>\n

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(\u2026) en trat\u00e1ndose de procesos ejecutivos hipotecarios iniciados antes de 1999, esta Corporaci\u00f3n ha especificado que el principio de inmediaci\u00f3n se cumple \u2013para efectos de proteger a terceros adquirientes de buena fe\u2013 si la acci\u00f3n de tutela ha sido instaurada antes de que el bien rematado en p\u00fablica subasta sea registrado (\u2026) De manera que, si se hace extensiva esta regla al asunto sub-examine, as\u00ed el proceso no haya iniciado antes de 1999, tambi\u00e9n se encontrar\u00eda satisfecho este requisito, pues no aparece en el expediente de tutela que se haya llevado a cabo el registro del remate del bien inmueble.  <\/span><\/p>\n

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4.3.- A pesar de que en este asunto el inmueble no ha sido objeto de remate ni adjudicaci\u00f3n al ejecutante, con lo que se cumple uno de los supuestos de procedencia antes se\u00f1alados, no ocurre lo mismo con la m\u00ednima diligencia de la deudora en el reclamo de los derechos que le asisten dentro del proceso de recaudo.  <\/span><\/p>\n

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La Sala concedi\u00f3 la protecci\u00f3n en asuntos relacionados con hipotecarios de vivienda de cr\u00e9ditos en UPAC que no se reestructuraron, en consideraci\u00f3n a que en los mismos los gestores pidieron revisar esa concreta situaci\u00f3n por los juzgadores, en cualquiera de las etapas del proceso. As\u00ed sucedi\u00f3 con los fallos CSJ STC8539-2014 y STC8655-2014.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, de conformidad con las copias del expediente allegadas por la interesada, eso no fue lo que aconteci\u00f3 en esta oportunidad, en la que si bien se formularon excepciones de m\u00e9rito, ninguna de ellas apunt\u00f3 a plantear el aspecto que ahora critica, y en esa medida, desestimadas las mismas, al apelar tampoco lo expres\u00f3, actitud que se mantuvo al formular la \u201cexcepci\u00f3n de pago\u201d, en donde apenas hizo una referencia tangencial al tema, pero sin desarrollarlo claramente.  <\/span><\/p>\n

En esa medida, la accionante se precipit\u00f3 al acudir a este medio excepcional con el fin de censurar, como v\u00eda de hecho, la omisi\u00f3n de la reestructuraci\u00f3n, cuando lo cierto es que no ha reclamado al respecto dentro de la ejecuci\u00f3n, pudiendo hacerlo, a\u00fan en el estado en que se encuentra.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

No es viable impetrar el resguardo si se cuenta con medios de protecci\u00f3n diferentes ya que, seg\u00fan el precedente de la Corte, no resulta aceptable pretender emplearlo como dispositivo paralelo, pues, la promotora aspira a que se reexamine la actuaci\u00f3n surtida, pero sin que haya asistido al pleito con el fin de plantear, independientemente de su resultado, la cuesti\u00f3n que viene a endilgar por este medio. Se concluye, entonces, que todav\u00eda est\u00e1 en tiempo de formular su reclamo relativo a la falta de reestructuraci\u00f3n ante el juez ordinario. La Corporaci\u00f3n dijo sobre el tema que,  <\/span><\/p>\n

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Aun cuando esta Corte en asuntos que guardan cierta simetr\u00eda con el presente ha desestimado la acci\u00f3n de tutela interpuesta, en casos en que los demandados no han propuesto la respectiva excepci\u00f3n de m\u00e9rito, ha de considerarse que en los mismos, a diferencia de lo que acontece en el asunto sub examine (en el cual los gestores manifestaron su disenso en el curso de la segunda instancia), los demandados en ninguna de las instancias regulares del proceso alegaron la ausencia de reestructuraci\u00f3n\u00bb (Negrillas fuera del texto original)\u00bb. (STC, 13 Abr. 2013, rad, 2013-00481-00, reiterada, entre otras, en STC186-2015, STC8532-2015 y STC9814 de 2015).  <\/span><\/p>\n

       7.   Cabe precisar, que el mismo argumento motiv\u00f3 la negativa al resguardo que en pret\u00e9rita oportunidad solicit\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n otro de los ejecutados en el proceso reprochado, el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Cuestas Cruz; empero, ello ninguna incidencia tiene en esta decisi\u00f3n, en tanto, se itera, a la fecha ninguno de los ejecutados ha procedido conforme aqu\u00ed se indic\u00f3 (ver CSJ STC9791-2016).  <\/span><\/p>\n

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8.        De otro lado, la queja constitucional elevada respecto a la no aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que en la ejecuci\u00f3n en comento realiz\u00f3 el Banco BBVA Colombia a favor del Fondo de Capital Privado Alianza Konfigura Activos Alternativos, tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso por incumplirse con el presupuesto general de la inmediatez, como quiera que dicho acuerdo fue aprobado por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 con auto de 21 de septiembre de 2012, y confirmada por el Tribunal Superior de la misma ciudad con prove\u00eddo del 30 de mayo de 2013, en tanto que la demanda de tutela se radic\u00f3 s\u00f3lo hasta el 27 de octubre de 2016 (fl. 6), de donde deviene claro que la solicitud fue presentada tard\u00edamente.  <\/span><\/p>\n

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Al punto, es suficientemente conocido que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013tres a\u00f1os y 5 meses, sin que la interesada solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con dichas actuaciones, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la prontitud que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado.  <\/span><\/p>\n

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9.        Las razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al Juzgado de origen, el expediente remitido a esta instancia en calidad de pr\u00e9stamo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado Ponente      STC1682-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-03117-03   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).      Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99310","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}