{"id":99311,"date":"2026-06-25T18:18:42","date_gmt":"2026-06-25T18:18:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1721-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:18:42","modified_gmt":"2026-06-25T18:18:42","slug":"stc1721-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1721-2017\/","title":{"rendered":"STC1721-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1721-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-00495-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete).  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de mayo de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo formulada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad y la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no dar el impulso procesal requerido a las acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros. 2014-0139-00 y 2013-0245-00.  <\/span><\/p>\n

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Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene al Juzgado Segundo del Circuito de Pereira, i) \u00abTRAMITAR OFICIOSAMENTE [SUS] ACCION[ES] POPULAR[ES] SIN MAS DILACI\u00d3N o SE D[\u00c9] APLICA[C]I\u00d3N AL ART[\u00cdCULO] 84 DE LA 472 DE 1998; ii) que se le \u00abBRINDE COPIA F\u00cdSICA DE TODO LO ACTUADO EN ESTA TUTELA\u00bb; y, iii) que la misma luego de ser \u00abescane[ada]\u00bb, sea enviada \u00aba [su] correo electr\u00f3nico\u00bb, acompa\u00f1ada del fallo que en su momento sea proferido; iv) que se amparen sus garant\u00edas superiores contra la Defensora del Pueblo de Caldas, \u00abpara determinar si posiblemente viola la ley 734 de 2002 al negarse a impetrar tutelas a [su] nombre\u00bb; adem\u00e1s, que v) se ordene a la autoridad judicial accionada, \u00abAPORT[AR] COPIA DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOLICIT[A] como PRUEBAS\u00bb y de las solicitudes de protecci\u00f3n que le han prosperado en contra de \u00e9sta; vi) anexar copia de su demanda de amparo a la acci\u00f3n popular; y, finalmente, vii) que sea vinculado al presente tr\u00e1mite \u00abel Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, y las \u00ab[S]ala[s] [A]dministrativa, [y] [D]isciplinaria de la Ciudad de Pereira (\u2026), y en la Ciudad de Bogot\u00e1 a fin que se manifiesten si existe\u00bb el quebranto de sus prerrogativas fundamentales (fl. 1 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado, aduce en lo esencial, que pese a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la Ley 472 de 1998, y a que ha presentado ante el Consejo Superior de la Judicatura solicitudes vigilancia judicial con el prop\u00f3sito que el juzgado accionado d\u00e9 un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a las acciones p\u00fablicas referida en l\u00edneas anteriores, \u00e9ste ha actuado, dice, con \u00abRENUENCIA\u00bb, lo que en su sentir, desconoce el car\u00e1cter \u00abCONSTITUCIONAL\u00bb y los \u00abT\u00c9RMINOS PERENTORIOS\u00bb que rigen la misma, motivo por el cual acude a este mecanismo excepcional en procura de obtener la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales invocadas, afirmando que en caso contrario, promover\u00e1 una nueva tutela (ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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b).        La Titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, se limit\u00f3 a manifestar que las acciones populares \u00ab2013-00245\u00bb y \u00ab2014-01039\u00bb, se \u00abencuentra[n] a despacho para dictar sentencia y est\u00e1[n] enlistada[s]\u00bb en los turnos 6 y 5, respectivamente, \u00abdespu\u00e9s de otras acciones [constitucionales] (\u2026) que se tramitan en ese juzgado, con preferencia\u00bb a las del aqu\u00ed interesado (fl. 28, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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c). El Representante Legal Suplente del Banco Davivienda S.A., aunque de manera tard\u00eda, puso de presente que los tr\u00e1mites procesales objeto de reproche, \u00abse ha[n] seguido conforme a la normatividad vigente, sin que se vislumbre actuaci\u00f3n dilatoria por parte del juzgado accionado\u00bb, motivo por el que adujo que el quebranto de las garant\u00edas superiores del gestor es inexistente (fls, 46 y 47, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda rogada, tras advertir, en lo fundamental, que el Despacho censurado justific\u00f3 la tardanza en que ha incurrido para resolver de fondo los tr\u00e1mites reprochados, \u00abpor tener varios asuntos a despacho con prelaci\u00f3n legal a decidir, acciones constitucionales \u2013tr[\u00e1]mites de car\u00e1cter preferente-, a los que han de agregarse las dem\u00e1s actuaciones de las que debe ocuparse\u00bb, m\u00e1xime cuando el perjuicio irremediable aducido por el accionante es \u00abmeramente econ\u00f3mico\u00bb; de otro lado, se\u00f1al\u00f3 que la queja dirigida en contra de las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura resulta improcedente, pues aunque el accionante formul\u00f3 \u00abla solicitud del caso, [\u00e9]sta no se ajust\u00f3 a las exigencias previstas para ello, lo que dio lugar a que se le requiriera para corregir los defectos, sin que hasta la fecha lo haya hecho\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, neg\u00f3 el amparo enfilado frente a la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Caldas, luego de verificar que en el expediente no reposa prueba alguna sobre lo expuesto respecto a esa entidad (fls. 38 a 42, cdno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor se mostr\u00f3 informe frente el anterior fallo, reiterando que la sede judicial accionada le est\u00e1 vulnerando las garant\u00edas procesales invocadas, pues \u00abTIENE ACCIONES POPULARES PARA SENTENCIA DESDE SEPTIEMBRE DE 2015\u00bb, a m\u00e1s de afirmar, que es \u00abcurioso\u00bb  que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura argumente que no corrigi\u00f3 los defectos de su solicitud de vigilancia judicial, en tanto que \u00e9sta fue presentada en el formato brindado por esa misma autoridad (fl. 57, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, en los casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se observa que la inconformidad del actor se soporta concretamente, en el supuesto incumplimiento del Juzgado Segundo del Civil del Circuito de Pereira, a los t\u00e9rminos perentorios previstos por el legislador dentro del tr\u00e1mite de la acciones populares radicadas bajo los n\u00fameros 2014-0139-00 y 2013-0245-00, las cuales fueron por \u00e9ste promovidas en contra de las sucursales del Banco Davivienda S.A. ubicadas en la carrera 25 No. 69-20 y Unicentro, ambas de la citada urbe; pues en su criterio, aunque dicho Despacho deb\u00eda darle un \u00abIMPULSO OFICIOSO\u00bb a las mismas, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, esto no ha ocurrido, transcurriendo un \u00abINMENSO LAPSO\u00bb sin que se adelante cualquier tipo de actuaci\u00f3n dentro de los asuntos, lo que implica el quebrantamiento de sus prerrogativas superiores.  <\/span><\/p>\n

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3.          Sin embargo, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, anticipa Corte que el fallo impugnado merece ser ratificado, por cuanto no se advierte una demora injustificada en la gesti\u00f3n del asunto, tal y como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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3.1.         T\u00e9ngase en cuenta que las situaciones de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio, son aqu\u00e9llas que carecen de defensa, es decir, que sean el resultado de un comportamiento ap\u00e1tico o negligente del funcionario, y no cuando obedecen a la ritualidad propia que debe agotarse.  <\/span><\/p>\n

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3.2.          No obstante, en el presente asunto no se evidencia que la autoridad accionada hubiese incurrido en la falla alegada por el se\u00f1or Arias Id\u00e1rraga, pues de un lado, ha adelantado el tr\u00e1mite correspondiente a las demandas populares radicadas con los n\u00fameros 2014-0139-00 y 2013-0245-00, al punto que ambas se encuentran a disposici\u00f3n del Despacho para dictar sentencia desde el 10 de noviembre y 2 de diciembre de 2015, con turnos de decisi\u00f3n 6 y 5, respectivamente (fls.30 y 32, ejusdem); y del otro, el elevado volumen de acciones constitucionales, causas y diligencias que tienen prioridad ante \u00e9stas, develan con suficiencia los motivos por los que a\u00fan no han sido resueltos de fondo dichos asuntos; luego entonces, no hay razones para considerar la existencia de una dilaci\u00f3n injustificada en los procesos reprochados, como para brindar la protecci\u00f3n constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Sobre la demora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en CSJ STC2248-2015 y CSJ STC292-2017).  <\/span><\/p>\n

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3.3        De otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que no es viable ordenar en sede de tutela que se alteren los turnos para proferir las decisiones reclamadas, como al parecer pretende aqu\u00ed el interesado, pues ello desconocer\u00eda el derecho a la igualdad de quienes tambi\u00e9n est\u00e1n en igual situaci\u00f3n a la suya, es decir, a la espera de que se diriman sus conflictos.  <\/span><\/p>\n

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4.        Y en lo que respecta a la petici\u00f3n tendiente a que se promueva acci\u00f3n de tutela en contra de la Defensor\u00eda del Pueblo en Caldas, se reitera al promotor, como lo ha dicho la Sala en m\u00faltiples oportunidades, dentro de las funciones de esta Corporaci\u00f3n no est\u00e1 la de promover acciones de amparo a petici\u00f3n de los interesados, por ende, es \u00fanicamente su responsabilidad acudir directamente ante las autoridades que considere, con el fin de interponer las acciones y exponer las inconformidades que a bien tenga.  <\/span><\/p>\n

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5.        Ahora, como el accionante requiri\u00f3 que \u00abse escanee copia de [su] tutela y del fallo\u00bb que sea proferido en este asunto, para que le sean enviados a su \u00abcorreo electr\u00f3nico dinosaurio013@hotmail.com\u00bb, se ordenar\u00e1 a la secretar\u00eda de la Sala proceder de conformidad.  <\/span><\/p>\n

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6.        Finalmente, en cuanto a la inconformidad del gestor frente a la actuaci\u00f3n de las Salas Administrativa, y Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, resulta pertinente manifestar, que luego del examen de las pruebas adosadas al expediente, se evidencia que mediante oficio radicado bajo el No. \u00abCSJRSA 16-237\u00bb del 17 de marzo de 2016, la primera de las Corporaciones en menci\u00f3n manifest\u00f3 al actor la improcedencia de su solicitud de Vigilancia Judicial y Administrativa, por cuanto carece de los requisitos definidos en el Acuerdo \u00abPSAA11-8716\u00bb (fls. 23 y 24, Cit.), y pese a las indicaciones all\u00ed previstas, aqu\u00e9l omiti\u00f3 subsanarlos.  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, si el accionante cont\u00f3 con el medio de defensa judicial id\u00f3neo para invocar la omisi\u00f3n que manifiesta por esta v\u00eda, la demanda de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00abtoda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada en CSJ 1626-2016).  <\/span><\/p>\n

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7.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo confutado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por Secretar\u00eda rem\u00edtase al correo electr\u00f3nico del accionante, copia de la tutela y del presente fallo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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