{"id":99313,"date":"2026-06-25T18:18:53","date_gmt":"2026-06-25T18:18:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1723-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:18:53","modified_gmt":"2026-06-25T18:18:53","slug":"stc1723-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1723-2017\/","title":{"rendered":"STC1723-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1723-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2016-01139-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de las acciones de amparo, acumuladas, promovidas por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la acci\u00f3n constitucional a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.         El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la \u00abdebida\u00bb administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, al no ordenar el pago de las costas reconocidas dentro de la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra Coomeva I.P.S del Santuario -Risaralda.  <\/span><\/p>\n

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En virtud de ello, solicita entonces, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, que \u00aben incidente de desacato, ordene a la entidad demandada (\u2026) pagar y reconocer a [su] bien las costas ordenadas\u00bb (fl. 1, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que pese a que dentro de la acci\u00f3n judicial referida en l\u00edneas anteriores \u00absolicit[\u00f3] incidente de desacato\u00ab, el Despacho convocado no ha \u00abordenado el pago de las costas a [su] bien\u00ab, y, adem\u00e1s deneg\u00f3 el embargo de las cuentas bancarias de la entidad accionada, tras considerar que dichos \u00abdineros son inembargables\u00ab, lo que, asegura, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 1 y 2, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS INTERVINIENTES  <\/span><\/p>\n

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a.        El Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir copia de las decisiones censuradas (fl. 8, Cit.)  <\/span><\/p>\n

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b.        La Procuradora Regional de Risaralda indic\u00f3, que los hechos alegados en el amparo le son ajenos, toda vez que  <\/span><\/p>\n

\u00ab[su] intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los derechos e intereses colectivos, situaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba, convocado previamente por el Juez con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, pues cabe resaltar que, de existir el mismo, no s\u00f3lo debe ser avalado por el Juez (\u2026), sino que ha de contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, cuyo papel es el de proteger los derechos colectivos en juego\u00bb (fl. 9, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que el actor ya inici\u00f3 el proceso coercitivo para el pago de las costas perseguidas, tr\u00e1mite en el que inclusive ya se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n, estando pendiente la realizaci\u00f3n de las liquidaciones pertinentes (fls. 13 a 15, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante, que se\u00f1alado que el motivo de la presente acci\u00f3n es porque la autoridad convocada no ha dado apertura al memorado incidente de desacato, a pesar de \u00ablo ordenado en sentencia integralmente\u00ab (fl. 17, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formula, se observa que el actor pretende que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, iniciar incidente de desacato a la sentencia proferida el 2 de febrero de 2016 por la Sala Civil Familia de Pereira, dentro de la acci\u00f3n popular que Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 en contra de Coomeva I.P.S del Santuario -Risaralda,  pues en sentir del primero, la aludida entidad se ha negado a dar cumplimiento \u00abintegral\u00ab al fallo.  <\/span><\/p>\n

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  3.         Sin embargo, de cara a lo expuesto, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que \u00e9ste no ha hecho uso de todas las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.        En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues la inconformidad del gestor del amparo, esto es, la apertura del respectivo incidente por presuntamente haberse incumplido con lo ordenado en una sentencia constitucional de segundo grado, no ha sido puesta en conocimiento de la autoridad judicial accionada para que \u00e9sta precisamente a trav\u00e9s del correspondiente tr\u00e1mite, de ser procedente, el que haciendo uso de las medidas coercitivas de que tratan los  art\u00edculos 41 y siguientes de la Ley 472 de 1998, y de ser el caso, se pronuncie respecto de los requerimientos elevados por el actor; as\u00ed las cosas, como esta Corporaci\u00f3n lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario puede acudirse \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (CSJ STC, 10 febr. 2012, rad. 2011-00174-01); reiterada en STC1058-2016), ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal.  <\/span><\/p>\n

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5.        Adicionalmente t\u00e9ngase en cuenta, que el promotor del resguardo no acredit\u00f3 la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2015; reiterado en STC9557-2016).  <\/span><\/p>\n

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6.        Conforme a lo discurrido en precedencia, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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