{"id":99314,"date":"2026-06-25T18:18:57","date_gmt":"2026-06-25T18:18:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1724-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:18:57","modified_gmt":"2026-06-25T18:18:57","slug":"stc1724-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1724-2017\/","title":{"rendered":"STC1724-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00741-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Diego Fernando Lozano Rodr\u00edguez contra la Polic\u00eda Nacional y el Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda Rafael Uribe Uribe de la misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, a la \u00abintegridad f\u00edsica\u00bb, a la \u00abdignidad humana\u00bb, a la \u00abinformaci\u00f3n\u00bb, a la \u00ablibertad de expresi\u00f3n\u00bb, a la vida y al debido proceso, presuntamente conculcados por la entidad accionada, con la respuesta dada a la solicitud que  el 3 de octubre pasado formul\u00f3 ante sus dependencias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda i) se ordene a la Polic\u00eda Nacional y al Teniente Coronel Oscar Alexander Solano Pedraza, Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda \u201cRafael Uribe Uribe\u201d, \u00abd[ar] respuesta de fondo (\u2026)\u00bb a las peticiones por \u00e9l elevadas; ii) \u00abcompuls[ar] copias a la procuradur\u00eda [General de] la naci\u00f3n con el fin de que (\u2026) establezca la posible sanci\u00f3n por [la] falta disciplinaria\u00bb del citado funcionario; iii)  \u00abreali[zar] tasaci\u00f3n de perjuicios morales\u00bb; y, iv) \u00abgarati[zar] [su] derecho a la seguridad (\u2026) por intermedio (\u2026) de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCI\u00d3N\u00bb (fl. 32 cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja y en lo que interesa para la soluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que como quiera que la Fiscal\u00eda Local 308 de Bogot\u00e1, orden\u00f3 una \u00abmedida de protecci\u00f3n\u00bb para \u00e9l y su n\u00facleo familiar debido a su condici\u00f3n de \u00abdesplazados\u00bb, el 30 de septiembre de 2016 radic\u00f3 dicha disposici\u00f3n ante el \u00abComando Operativo No. 2 Decima Octava, Estaci\u00f3n de Polic\u00eda Rafael Uribe\u00ab, y, el 3 de octubre siguiente solicit\u00f3 a trav\u00e9s de un derecho de petici\u00f3n, \u00abla garant\u00eda de su seguridad personal y familiar\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indica que aunque el t\u00e9rmino para emitir la correspondiente respuesta era \u00abde 15 d\u00edas\u00bb, el Comandante de la citada unidad policial s\u00f3lo hasta el 30 de octubre posterior se pronunci\u00f3, pero \u00absin at[ender] de fondo al escrito (\u2026) no se responden de forma conclusa e integra los ac\u00e1pites descritos en las pretensiones (\u2026) y solo se da respuesta v\u00eda electr\u00f3nica\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1ala que como consecuencia de lo anterior, en el interregno de las memoradas calendas, su compa\u00f1era Diana Katehrine Ospina Garc\u00eda fue \u00abv\u00edctima de agresiones f\u00edsicas que le ocasiona[ron] incapacidad m\u00e9dico legal\u00bb, circunstancias todas \u00e9stas  que, asegura, vulneran los derechos fundamentales invocados (fls. 31 a 37, Cit.)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.)        La Fiscal 308 Local de la Unidad de Conciliaci\u00f3n Preprocesal de Ciudad Bol\u00edvar \u2013Bogot\u00e1, puntualiz\u00f3 que no ha lesionado prerrogativa alguna del accionante, pues dentro del t\u00e9rmino correspondiente dio alcance a las solicitudes por \u00e9l elevadas, y como quiera que remiti\u00f3 a la oficina de asignaciones la denuncia por el delito de \u00abcalumnia\u00bb, el 31 de octubre pasado, \u00abno tiene competencia para seguir actuaci\u00f3n alguna\u00bb sobre el asunto (fls. 51 a 53, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b.)        El Jefe de Asunto Jur\u00eddica de la Polic\u00eda Metropolitana de esta capital, precis\u00f3 que mediante el oficio No. 203401 del d\u00eda 24 del citado mes y a\u00f1o, dio respuesta al peticionario, raz\u00f3n por la cual se trata de un hecho superado; agregando adem\u00e1s, que \u00abel procedimiento y el acompa\u00f1amiento realizado por la instituci\u00f3n policial frente a los hechos puestos en conocimiento por el accionante han sido los acordes a la ley\u00bb (fls. 56 a 64 Op. Cit.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

c.)        La Coordinadora del Grupo Jur\u00eddico del Instituto Colombiano de Bienestar Familia I.C.B.F. \u2013Regional Bogot\u00e1, adujo que una vez revisado el sistema de informaci\u00f3n misional, no existen tr\u00e1mites administrativos radicados bajo el nombre del accionante o de sus menores hijos; de all\u00ed que desconoce los hechos alegados por aquel (fl. 66, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d.)        La apoderada judicial de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues de manera alguna los sucesos expuestos por el inconforme dan cuenta de una conducta de acci\u00f3n u omisi\u00f3n por parte de dicha entidad (fls. 90 a 92, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

e.)        La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n \u2013UNP, indic\u00f3 en lo fundamental, que los hechos debatidos en la presente acci\u00f3n \u00abno son competencia de es[a] Unidad ya que lo que se pretende es (\u2026) la respuesta de fondo del derecho de petici\u00f3n radicado el pasado 03 de octubre de 2015 ante la Polic\u00eda Nacional\u00bb; as\u00ed mismo destac\u00f3, que de la revisi\u00f3n de sus sistemas de informaci\u00f3n \u00abno existe ning\u00fan tipo de petici\u00f3n o tr\u00e1mite, o solicitud de protecci\u00f3n a favor del se\u00f1or LOZANO RODR\u00cdGUEZ\u00bb (fls. 97 a 98, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras considerar que se trata de un hecho superado, pues si bien la respuesta a los requerimientos del actor tuvo lugar por fuera de los t\u00e9rminos de que trata el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015, lo cierto es que se contestaron de fondo todas las inquietudes de \u00e9ste (fls. 100 a 109, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante mostr\u00f3 su inconformidad frente al anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela (fls. 128 a 146, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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1.        Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Recu\u00e9rdese que el car\u00e1cter de fundamental del derecho de petici\u00f3n se encuentra reconocido expresamente  en el art\u00edculo 23 de la citada codificaci\u00f3n, y se traduce en  la posibilidad de acudir ante las autoridades y excepcionalmente ante los particulares, con el objeto de obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas, que guarden correspondencia con lo solicitado, y que se den a conocer al interesado en los precisos plazos que para el efecto establece la ley.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

2.        Estudiada la queja constitucional y los anexos a la misma, encuentra la Sala que lo pretendido por el actor es que se ordene a las autoridades policiales convocadas, dar respuesta a la petici\u00f3n que elev\u00f3 ante sus dependencias el pasado 3 de octubre, en la que concretamente, luego de memorar los diferentes altercados sucedidos al parecer con la arrendadora del bien en donde reside, solicit\u00f3 concretamente lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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i) \u00abque se tiendan (\u2026) acciones que garanticen de manera real y concreta los derechos de [sus] hijos menores (\u2026), que se impongan las sanciones multas y restricciones a la se\u00f1ora ANA LUCIA MART\u00cdNEZ y el se\u00f1or EFRAIN LE\u00d3N por las continuas agresiones verbales y amenazas e incumplimiento (\u2026) de la medida de protecci\u00f3n\u00bb; ii) \u00abse desplieguen las acciones necesarias para que el se\u00f1or EFRAIN LE\u00d3N sea privado de manera preventiva de todo porte o tenencia de arma de fuego\u00bb; iii) que en atenci\u00f3n de la medida de protecci\u00f3n que le fue otorgada, se \u00abd[\u00e9] traslado [a la Fiscal\u00eda] de todas las actuaciones desplegadas no solo administrativas sino operativas que adelantase el comando (\u2026) dentro de toda diligencia de tipo operativo que hubiesen tenido que realizar en la direcci\u00f3n CLL 46\u00aa No. 25\u00aa -90 sur barrio Clareth, para salvaguardar y proteger a [su] familia\u00bb; iv) que con el fin de dar apoyo a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, remita \u00abla relaci\u00f3n detallada de cada uno de los procedimientos tanto administrativos como operativos por orden cronol\u00f3gico evidenciando fecha, lugar, y hora\u00bb, as\u00ed como la \u00abidentificaci\u00f3n plena de cada uno de los efectivos que garantizaran los derechos y efectuaren registros y\/o procedimientos realizados por parte del cuadrante Clareth 8\u00bb; v) \u00abrefuerce la medida de protecci\u00f3n y se haga seguimiento a la misma por parte de[l] comando a trav\u00e9s de informes peri\u00f3dicos que sean rendidos a su despacho\u00bb; vi) \u00abimpuls[ar] (\u2026) las acciones que sean de su competencia sanciones y o acciones, penales, administrativas, disciplinarias a las que hubiese lugar ante el conocimiento del actuar del se\u00f1or EFRAIN LE\u00d3N\u00bb (fls. 1 a 14, \u00edd.).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.   De la revisi\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se encuentra lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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3.1.  El 3 de octubre de 2016, el actor radic\u00f3 ante el Comando Operativo No. 2, D\u00e9cima Octava Estaci\u00f3n de Polic\u00eda Rafael Uribe en la ciudad de Bogot\u00e1, la solicitud a que se ha hecho referencia (Cit.).  <\/span><\/p>\n

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3.2.   El d\u00eda 28 del mismo mes y a\u00f1o, el Comandante de la referida Estaci\u00f3n de Polic\u00eda remiti\u00f3 el oficio No. S-2016-203401\/COSEC2-ESTPO18-29 al correo electr\u00f3nico fernadolozadolawyer@gmail.com, medio de notificaci\u00f3n proporcionado por el actor, a fin de dar alcance a las solicitudes elevadas por \u00e9ste, refiriendo en lo pertinente lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00ablos hechos (\u2026) informados deben ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin [que] se adelante[n] la[s] investigacion[es] correspondientes y sobre los procedimientos y actividades de polic\u00eda adelantadas en el domicilio de la se\u00f1ora ANA LUCIA \u00c1LVAREZ MART\u00cdNEZ, es necesario aclarar que dicho domicilio es propiedad de la se\u00f1ora (\u2026) y como no acredita en que calidad act\u00faa, y expresa que tiene radicadas unas denuncias penales sobre el caso que expone en su escrito, se sirva oficiar al despacho investigador de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que las actuaciones institucionales est\u00e9n enmarcadas en un debido proceso y el respeto a las garant\u00edas fundamentales de la propietaria y residentes de la vivienda sobre la cual solicita informaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En lo referente al presente porte de armas y las posibles conductas penales cometidas por los se\u00f1ores EFRAIN LE\u00d3N Y JUAN DE DIOS MORENO VARGAS, es necesario aclarar que dicha informaci\u00f3n deber\u00e1 solicitarla al departamento de Control y Comercio de Armas DCCA, quien es la entidad encargada de dichos tr\u00e1mites, si lo considera podr\u00e1 instaurar las denuncias correspondientes ante la entidad competente para la investigaci\u00f3n de los delitos en Colombia.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente es necesario decir que los mecanismos alternativos de los conflictos entre ellos la conciliaci\u00f3n, es una potestad del individuo y parte de su voluntad, lo que impide obligar a los ciudadanos a conciliar, voluntad que no puede ser doblegada por la actividad de polic\u00eda, en lo referente a hechos y lesiones presuntamente recibidas por su familia, se reitera, deber\u00e1n realizar las denuncias correspondientes con el \u00e1nimo de conocer dichos hechos y que el \u00f3rgano competente realice la investigaci\u00f3n correspondiente\u00bb (fls. 123 y 124, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        Bajo ese contexto, contrario a lo considerado por el a quo constitucional, resulta procedente amparar el derecho de petici\u00f3n al se\u00f1or Lozano Rodr\u00edguez, toda vez que aun cuando la autoridad convocada emiti\u00f3 la respuesta correspondiente, la misma no se pronunci\u00f3 respecto a  las pretensiones tercera y cuarta antes referidas; n\u00f3tese, que en el memorado oficio se limit\u00f3 a resaltar su falta de competencia para atender las diferentes denuncias formuladas por el inconforme, pero guard\u00f3 silencio de cara a la informaci\u00f3n solicitada respecto de las actuaciones administrativas y policivas adelantadas en el sitio en que reside el actor, lugar en el que presuntamente tienen o tuvieron ocurrencia los hechos acusados por \u00e9ste, pues una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable al peticionario, s\u00ed debe resolver lo solicitado de manera efectiva, precisa, clara y congruente.  <\/span><\/p>\n

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4.1.   Sobre el alcance de la salvaguarda mencionada, la jurisprudencia constitucional ha precisado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(i) El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado\u00bb (Subraya la Sala) (CC T-1130\/08, reiterada, entre otros, en CSJ STC2527-2016).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        De otra parte, frente a la petici\u00f3n del inconforme atinente a que \u00abse compulsen copias\u00bb a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, con el fin que se investigue la conducta de las autoridades policiales convocadas, resulta pertinente manifestarle a \u00e9ste que puede acudir directamente a dicha instituci\u00f3n para ese fin, \u00abnaturalmente que asumiendo las consecuencias que de su comportamiento se deriven\u00bb (CSJ STC, 16 mar. 2013, Rad. 00037-01; reiterada entre otras en STC1799-2014), pues ha sido criterio de esta Corporaci\u00f3n, que \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias, sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 17 feb. 2010, Rad. 00449-01; CSJ STC 16 mar. 2012, Rad. 00037-01; y STC1799-2014 entre otras).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Ahora, en cuanto se refiere a las pretensiones encaminadas a que se \u00abrealice tasaci\u00f3n de perjuicios morales\u00bb y se \u00abgarantice [su] derecho a la seguridad (\u2026) por intermedio (\u2026) de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCI\u00d3N\u00bb, el amparo invocado de cara a la puntal tem\u00e1tica esta llamado al fracaso, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues en punto de la tasaci\u00f3n de perjuicios en acciones de tutela, se ha dicho de vieja data que ello es procedente siempre y cuando los accionantes no dispongan de otro mecanismo de defensa, y en el presente asunto, el actor puede acudir a trav\u00e9s de las diferentes acciones de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, a exponer sus alegatos y requerir el an\u00e1lisis del perjuicio presuntamente causado1.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7.    Finalmente, respecto de la petici\u00f3n tendiente a que se garantice su seguridad a trav\u00e9s de la  Unidad Nacional de Protecci\u00f3n -UNP, la Corte advierte que no s\u00f3lo la tutela de manera alguna est\u00e1 dise\u00f1ada para el an\u00e1lisis de la seguridad de las personas, dada la especialidad que esto conlleva, sino que el inconforme debe dirigir dicha tem\u00e1tica preliminarmente a la Unidad de Fiscal\u00edas en donde le fueron otorgadas las medidas de protecci\u00f3n alegadas en el escrito de tutela, o en su defecto a la Unidad de Reparaci\u00f3n y Atenci\u00f3n para la V\u00edctimas -UARIV., dada su condici\u00f3n de desplazado, para que sean dichas entidades quienes analicen la procedencia del cambio de medidas de seguridad o soliciten el estudio pertinente a la UNP; as\u00ed las cosas, como esta Corporaci\u00f3n lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo extraordinario puede acudirse \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (CSJ STC, 10 febr. 2012, rad. 2011-00174-01); reiterada en STC1058-2016), ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal.  <\/span><\/p>\n

8.        Estas breves consideraciones bastan para determinar, que se impone revocar el fallo impugnado, para salvaguardar el derecho de petici\u00f3n al interesado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 6 de diciembre de 2016, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para en su lugar, CONCEDER el amparo invocado por el se\u00f1or Diego Fernando Lozano Rodr\u00edguez contra la Polic\u00eda Nacional y el Comandante de la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda Rafael Uribe, por la vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, se ORDENA a la Polic\u00eda Nacional en cabeza de su director o de quien haga sus veces, que en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, emita una nueva respuesta a la petici\u00f3n elevada el 3 de octubre pasado por el aqu\u00ed accionante, atendiendo todos y cada uno de los requerimientos de \u00e9ste, conforme las razones expuestas en precedencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1Ver  C.C. T-179-15      <\/span><\/p>\n

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            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00741-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99314","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99314\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}