{"id":99315,"date":"2026-06-25T18:19:00","date_gmt":"2026-06-25T18:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1725-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:00","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:00","slug":"stc1725-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1725-2017\/","title":{"rendered":"STC1725-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1725-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02733-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil  del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de las acciones de amparo acumuladas promovidas por Johana Andrea Pacheco Infante y Danna Yulieth Arellano Guti\u00e9rrez contra la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, la Universidad Manuela Beltr\u00e1n y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Las promotoras del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al \u00abacceso a un cargo p\u00fablico\u00bb y al \u00abprincipio de favorabilidad en materia laboral\u00bb, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, al haberlas excluido del concurso de m\u00e9ritos convocado para proveer empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, conforme la Convocatoria No. 335 de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Solicitan entonces, inaplicar el art\u00edculo 52 del Acuerdo No. 563 de 2016, y como consecuencia de ello, que se ordene a las autoridades convocadas su re-admisi\u00f3n al citado concurso (fls. 59 y 21, cdnos. 1 y 2, respectivamente).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En apoyo de tales pretensiones, aducen en s\u00edntesis, que aspiraron al empleo \u00abdragoneante, c\u00f3digo 414, grado 11\u00bb ofertado en la Convocatoria mencionada, \u00absuperando satisfactoriamente\u00bb las pruebas de antecedentes, conocimientos y psicol\u00f3gica; no obstante, la valoraci\u00f3n m\u00e9dica exigida como requisito para el curso de formaci\u00f3n del cargo aludido, arroj\u00f3 como resultado que no eran aptas, pues Johanna Andrea Pacheco Infante y Danna Yulieth Arellano Guti\u00e9rrez, miden 1.50 y 1.54 metros de estatura, respectivamente, motivo por el que fueron excluidas de la competencia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indican que aunque la se\u00f1orita Pacheco Infante present\u00f3 la reclamaci\u00f3n respectiva contra esa determinaci\u00f3n, la Universidad Manuela Beltr\u00e1n, instituci\u00f3n contratada para llevar a cabo el proceso de selecci\u00f3n, deneg\u00f3 el recurso tras considerarlo improcedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aseguran que la decisi\u00f3n de apartarlas del concurso de m\u00e9ritos aludido desconoce la jurisprudencia constitucional y las previsiones de la Ley 1275 de 2009, respecto de la protecci\u00f3n de las personas con talla peque\u00f1a y el acceso a mejores fuentes de trabajo, circunstancia que dicen, vulnera los derechos fundamentales invocados (fls. 49 a 61 y 19 a 22,  ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. El Asesor Jur\u00eddico de la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil \u2013CNSC, argument\u00f3 que no s\u00f3lo las inconformes cuentan con la posibilidad de cuestionar los \u00abactos administrativos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto\u00bb que desarrollan la Convocatoria No. 335 de 2016, sino que adem\u00e1s, tienen a su alcance otros mecanismos con el fin de atacar el \u00abacto por el cual fue[ron] excluid[as] de la convocatoria, como son la nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb.    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. El Coordinador del Grupo de Tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por carecer de facultades y competencias para emitir decisiones respecto del proceso de selecci\u00f3n que se acusa (fls. 65 a 69 y 73 a 76, ib\u00eddem).    <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

a. Por su parte, el representante legal de la  Universidad Manuela Beltr\u00e1n, pidi\u00f3 denegar el amparo solicitado por las gestoras, toda vez que agotaron las etapas del concurso cuestionado cumpliendo las formalidades y los criterios de selecci\u00f3n previstos en las normas jur\u00eddicas que regentan la Convocatoria No. 335 de 2016 (fls. 118 a 146,  ib\u00eddem).        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       El Juez Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 el amparo a la prerrogativa superior a la igualdad, tras considerar, en suma, que \u00abla calificaci\u00f3n de \u201cno aptas\u201d que la CNSC les emiti\u00f3 a las accionantes, se debi\u00f3 a que en las valoraciones m\u00e9dicas se determin\u00f3 que sus estaturas eran inferiores a la exigida en el art\u00edculo 52 del Acuerdo 563 de 2016, sin que en estos casos se les \u201chubiese realizado un an\u00e1lisis integral, razonable y t\u00e9cnico\u201d a trav\u00e9s del cual se definiera si sus perfiles eran adecuados para desempe\u00f1arse en el cargo de dragoneante para el cual aspiraron\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lo anterior, orden\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n, \u00abdej[ara] sin efecto los actos administrativos por medio de los cuales declar\u00f3 \u201cno aptas\u201d a las se\u00f1oras Johana Andrea Pacheco Infante y Danna Yulieth Arellano Guti\u00e9rrez, y adopte las medidas pertinentes para reintegrarlas a la Convocatoria  335 de 2016 y, de ser el caso, les realice un examen f\u00edsico integral, en el que no pueden invocarse como par\u00e1metros de exclusi\u00f3n factores discriminatorios como la estatura\u00bb (fls. 196 a 202, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil a trav\u00e9s de su asesor, recurri\u00f3 el fallo anterior, se\u00f1alando en lo fundamental, que las normas establecidas dentro del concurso de m\u00e9ritos criticado son de obligatorio cumplimiento para todos y cada uno de los aspirantes que en ejercicio de la autonom\u00eda de la voluntad decidieron de manera libre y espont\u00e1nea participar en \u00e9l, pues \u00e9ste obedece a un proceso reglado de necesaria aplicaci\u00f3n que, en garant\u00eda del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y principio de confianza leg\u00edtima, no puede ser objeto de modificaci\u00f3n, ya que con ello se estar\u00edan desconociendo los presupuestos que constitucionalmente se han determinado frente al acceso a empleos de carrera administrativa (fls. 233 a 239, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        En el presente asunto, sin duda, las accionantes se quejan porque fueron excluidas del concurso de m\u00e9ritos previsto en la Convocatoria No. 335 de 2016, para proveer empleos en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC-, espec\u00edficamente para el cargo de \u00abdragoneante c\u00f3digo 4114, grado 11\u00bb, por no contar con la estatura m\u00ednima exigida en dicha competencia para el efecto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.        De los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se advierte que Johana Andrea Pacheco Infante y Danna Yulieth Arellano Guti\u00e9rrez fueron declaradas no aptas por \u00abbaja estatura\u00bb, talla 1.50  y 1.54, respectivamente, y por consiguiente, descartadas del proceso de selecci\u00f3n (fls. 122 y 8, cdno. 1 y 2).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       4.        Es de advertirse que si bien la tutela no procede cuando el accionante tiene o tuvo los mecanismos de defensa establecidos al efecto, dadas las particularidades del presente asunto se anticipa la viabilidad del amparo reclamado, por cuanto decantada jurisprudencia constitucional ha destacado su procedencia en aspectos donde la discriminaci\u00f3n deriva de considerar como factor relevante la estatura.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Y es que en casos como el presente, tampoco resultan id\u00f3neas y eficaces las acciones contencioso administrativas, en la medida en que en el momento en que se defina la controversia en esa jurisdicci\u00f3n, las actoras \u00abpodr\u00eda[n] haber superado el l\u00edmite de edad que se requiere para ingresar a la Instituci\u00f3n querellada, esto es, tener entre 18 y 25 a\u00f1os al momento de su nombramiento, conforme lo prev\u00e9 el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 119 del Decreto 407 de 1994, que estableci\u00f3 el r\u00e9gimen de personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario\u00bb, motivo que, igualmente, soporta la intervenci\u00f3n excepcional del juez constitucional (CSJ STC, 19 may. 2009, rad. 2009-00062-01; reiterado en STC2061-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.    De tiempo atr\u00e1s, esta Colegiatura ha indicado, que  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00ab\u2026el haber excluido al accionante del proceso de selecci\u00f3n adelantado por el Inpec para la provisi\u00f3n de los cargos de dragoneantes\u2026, por raz\u00f3n de su estatura, constituye un acto discriminatorio, pues implica desmejorar la posici\u00f3n de un aspirante sin que medie un soporte jur\u00eddico o t\u00e9cnico que justifique ese trato.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, debe tenerse en cuenta que la fijaci\u00f3n de una altura corporal m\u00ednima para superar una de las fases de ese concurso, no fue sustentada con argumentos cient\u00edficos o m\u00e9dicos que lleven a pensar que esa sola circunstancia es suficiente para descalificar a un aspirante.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De hecho\u2026la convocatoria\u2026establece que los aspirantes, adem\u00e1s de las pruebas de aptitudes y de personalidad, deben realizar una prueba f\u00edsico-atl\u00e9tica, cumplido lo cual han de someterse a ex\u00e1menes m\u00e9dicos, param\u00e9dicos, psicol\u00f3gicos y psicofisiol\u00f3gicos, en aras de determinar si pueden \u2018desarrollar normal y eficientemente la actividad correspondiente al cargo, empleo o funciones seg\u00fan el perfil ocupacional establecido en el Inpec\u2019, esto es, que al margen del requisito de la estatura m\u00ednima, la accionada puede establecer, a trav\u00e9s de par\u00e1metros objetivos, la idoneidad de los aspirantes para cumplir las funciones del cargo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, debe concluirse que la medida adoptada en la convocatoria, relativa a la estatura de los aspirantes, no cumple ning\u00fan fin constitucional concreto y, en todo caso, existen otros medios que permiten determinar, con mayor certidumbre, la idoneidad de los aspirantes dentro del proceso de selecci\u00f3n, esto es, que en las condiciones de ahora, la exigencia en menci\u00f3n tampoco representa un instrumento estrictamente necesario y efectivamente conducente para la selecci\u00f3n del personal que pretende ingresar a la carrera penitenciaria y carcelaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Aunado a lo anterior, es de advertir que el requisito de estatura m\u00ednima tampoco resulta proporcional, pues encierra una forma de diferenciaci\u00f3n odiosa que no s\u00f3lo puede quebrantar el derecho a la igualdad, sino adem\u00e1s la posibilidad de acceder a un cargo p\u00fablico, esto es, que podr\u00edan verse transgredidas garant\u00edas de rango superior sin que medie una justificaci\u00f3n aceptable, en contrav\u00eda de lo que la propia Constituci\u00f3n establece en el art\u00edculo 209, a cuyo tenor, \u2018la funci\u00f3n administrativa est\u00e1 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, econom\u00eda, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizaci\u00f3n, la delegaci\u00f3n y la desconcentraci\u00f3n de funciones\u2026  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

A juicio de la Corte, no es que la estatura sea una variable irrelevante en un proceso de selecci\u00f3n como el que aqu\u00ed se analiza, sino que ella, por s\u00ed sola, no debe hacer distinciones, sin dar ocasi\u00f3n a un examen integral en el que, vistas las dem\u00e1s caracter\u00edsticas f\u00edsico-atl\u00e9ticas del candidato, as\u00ed como sus habilidades y destrezas -naturales y adquiridas- pueda concluirse si finalmente tiene un perfil adecuado para las necesidades del cargo. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la aplicaci\u00f3n de la variable estatura, m\u00e1s por el resultado final que por un prop\u00f3sito deliberado, podr\u00eda llegar incluso a discriminar a personas que, por su origen \u00e9tnico, no alcanzan el promedio de estatura exigido en la convocatoria\u2026\u00bb (Resaltado fuera de texto, CSJ STC, 28 may. 2009, rad. 2009-00074-01, reiterada el 9 sep. de 2010, rad. 2010-00036 01 y STC1157-2015).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

6.        Destaca la Sala que si bien en respuesta a la presente solicitud de tutela, la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil indic\u00f3 que el art\u00edculo 52 del Acuerdo No. 563 de 2016, determin\u00f3 una estatura m\u00ednima y m\u00e1xima para los aspirantes, la cual ser\u00eda evaluada al momento de la presentaci\u00f3n de los ex\u00e1menes, y, que esa \u00faltima disposici\u00f3n se estableci\u00f3 en consonancia con el \u00abprofesiograma establecido por el INPEC\u00bb, no se encuentra probado que en el presente asunto se haya realizado un an\u00e1lisis integral a las gestoras que permitiera definir si resultaban o no aptas para desempe\u00f1ar el cargo para el cual aspiraron, pues la determinaci\u00f3n de exclusi\u00f3n de las promotoras \u00fanicamente se sustent\u00f3 en su estatura conforme a la norma en cita, la que prev\u00e9 que para efectos de seleccionar al personal que ingrese al empleo de dragoneante, se utilizar\u00e1 la medida m\u00ednima de 1.58 cm para \u00abMujeres\u00bb; empero, ese requisito por s\u00ed solo no es suficiente para demostrar que una persona no pueda asumir el citado cargo, como lo tiene establecido la jurisprudencia constitucional, tal y como qued\u00f3 visto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       7.        En ese orden de ideas, las razones consignadas se estiman suficientes para ratificar la sentencia de tutela de primera instancia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

      <\/span><\/p>\n

<\/span>This version of Total Doc Converter is unregistered.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO   Magistrado ponente      STC1725-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02733-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).-      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99315","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99315","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99315"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99315\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99315"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99315"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99315"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}