{"id":99316,"date":"2026-06-25T18:19:04","date_gmt":"2026-06-25T18:19:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1726-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:04","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:04","slug":"stc1726-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1726-2017\/","title":{"rendered":"STC1726-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1726-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01124-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ana Mar\u00eda Mej\u00eda Jim\u00e9nez contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los dem\u00e1s intervinientes del proceso  ordinario a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        La accionante a trav\u00e9s de gestora judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber declarado desierto el recurso de apelaci\u00f3n que oportunamente interpuso contra la sentencia que resolvi\u00f3 de fondo el asunto, ello en el marco del proceso ordinario de uni\u00f3n marital de hecho que en su contra y de los dem\u00e1s herederos determinados e indeterminados del causante Humberto Mej\u00eda Nieto, promovi\u00f3 la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Jim\u00e9nez Montoya.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, exige para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se \u00abrevo[que] el auto calendado el d\u00eda 11 de noviembre de 2016, notificado el [d\u00eda] 15 del [mismo mes y a\u00f1o]\u00bb, y en consecuencia, \u00abque se le d\u00e9 tr\u00e1mite al recurso de apelaci\u00f3n\u00bb por ella interpuesto (fl. 8, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de su reparo, aduce en lo esencial, que en el juicio declarativo referido en l\u00edneas precedentes, el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira mediante sentencia del 28 de octubre de 2016, \u00abdeclar[\u00f3] que entre Mar\u00eda Elena Jim\u00e9nez Montoya y el causante Humberto Mej\u00eda Nieto, existi\u00f3 una Uni\u00f3n Marital de Hecho, que se extendi\u00f3 desde el 1\u00ba de marzo de 2006 hasta el 11 de febrero de 2014, form\u00e1ndose con ocasi\u00f3n de ella, por ese mismo periodo de tiempo, una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, esto teniendo en consideraci\u00f3n los lineamientos establecidos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que inconforme con tal determinaci\u00f3n, interpuso en su contra recurso de apelaci\u00f3n, el que fue declarado desierto mediante auto del 11 de noviembre siguiente, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 322 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, los que, a su juicio, no resultaban aplicables al tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, pues por tratarse de un proceso ordinario, debi\u00f3 tenerse en cuenta el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n  a que se refiere dicho Estatuto Procesal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas concluye, que la aludida autoridad jurisdiccional \u00abincurri\u00f3 en un error de procedimiento al darle aplicaci\u00f3n al C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, al momento de resolver sobre la deserci\u00f3n de la alzada, raz\u00f3n por la que acude al presente mecanismo excepcional (fls. 2 a 15, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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       a.  El titular del Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, se limit\u00f3 a remitir copia de las piezas procesales solicitadas por el juez Constitucional de primera instancia (fl. 78, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.  La se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Jim\u00e9nez Montoya como demandante dentro del tr\u00e1mite por esta v\u00eda criticado, manifest\u00f3 que el Despacho convocado \u00abactu\u00f3 con apeg\u00f3 a la ley\u00bb, por lo que se opuso a las pretensiones de la tutela (fl. 87, ib.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo implorado, tras advertir que \u00abla quejosa no hizo uso adecuado de los medios ordinarios de defensa brindados por el ordenamiento jur\u00eddico para la defensa de sus derechos, ya que no interpuso los recursos pertinentes contra el prove\u00eddo del 11 de noviembre que declar\u00f3 desierta la alzada\u00bb; en este sentido record\u00f3, que \u00abcuando hay descuido de las partes en el empleo de los medios de protecci\u00f3n al interior de las actuaciones judiciales, es vedado para el juez de tutela entrar a terciar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltima hora para buscar el rescate de oportunidades defensivas dilapidadas, ya que la tutela es eminentemente subsidiaria, esto es, procedente cuando no se tiene o no se ha tenido otra posibilidad judicial de resguardo\u00bb (fls. 101 a 104, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La tutelante a trav\u00e9s de su representante judicial, se mostr\u00f3 descontenta frente al anterior fallo, aduciendo en suma, que el mismo \u00abcarece de las condiciones necesarias para ser (\u2026) congruente\u00bb, pues \u00abno se ajusta a los hechos, [ni a los] antecedentes que motivaron la tutela\u00bb; as\u00ed pues resalt\u00f3, que aun cuando el Juez Constitucional de primera instancia desestim\u00f3 el amparo con fundamento en la inobservancia del requisito de la subsidiariedad, lo cierto es que \u00e9ste no tuvo en consideraci\u00f3n que \u00abla decisi\u00f3n tomada por el Juzgado [criticado], no fue la de negar el recurso [de apelaci\u00f3n por ella interpuesto], sino [la de] declararlo desierto, y en este caso, como es bien sabido, no cabe recurso alguno\u00bb (fls. 107 a 115, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.  Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales.  <\/span><\/p>\n

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2.    En el caso que se examina, la accionante cuestiona, concretamente, el auto del 11 de noviembre de 2016, en virtud del cual el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, con sustento en lo estipulado en los art\u00edculos 322 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n por ella interpuesto contra la decisi\u00f3n adoptada mediante sentencia proferida el 28 de octubre de la misma anualidad, que \u00abdeclar[\u00f3] que entre Mar\u00eda Elena Jim\u00e9nez Montoya y el causante Humberto Mej\u00eda Nieto, existi\u00f3 una Uni\u00f3n Marital de Hecho, que se extendi\u00f3 desde el 1\u00ba de marzo de 2006 hasta el 11 de febrero de 2014, form\u00e1ndose con ocasi\u00f3n de ella, por ese mismo periodo de tiempo, una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u00bb, en el marco del juicio ordinario de uni\u00f3n marital de hecho que en su contra y de los dem\u00e1s herederos determinados e indeterminados del causante Humberto Mej\u00eda Nieto, promovi\u00f3 Mar\u00eda Elena Jim\u00e9nez Montoya; pues, en su sentir, seg\u00fan lo preceptuado en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil respecto al tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, las disposiciones normativas del nuevo Estatuto procesal no resultaban aplicables al asunto materia de estudio.  <\/span><\/p>\n

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1. Bajo esa perspectiva, es de ver que la solicitud de protecci\u00f3n que ahora es motivo de an\u00e1lisis es improcedente, como quiera que respecto del auto que ahora ataca la interesada no hubo ninguna protesta de su parte, pese a que podr\u00eda controvertirlo a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n a voces del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual prev\u00e9 que \u00abprocede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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3.1.   Desde luego que esa circunstancia, analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda, por esta senda, revivir t\u00e9rminos u oportunidades que se han desperdiciado por el descuido o el desinter\u00e9s de los litigantes.  <\/span><\/p>\n

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3.2. Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (STC9485-2014; STC10792-2014; STC10786-2014; STC4807-2016; entre otras).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC4807-2016).  <\/span><\/p>\n

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3.3.   Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; STC, 12 mar. 2013, exp. 2012-00555-01; y STC4807-2016).  <\/span><\/p>\n

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4.   Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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