{"id":99317,"date":"2026-06-25T18:19:07","date_gmt":"2026-06-25T18:19:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1727-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:07","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:07","slug":"stc1727-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1727-2017\/","title":{"rendered":"STC1727-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1727-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2016-00783-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 19 de diciembre de 2016, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Campo El\u00edas Silva Silva contra el Juzgado Octavo de Familia de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto a que alude el escrito de tutela.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al \u00abm\u00ednimo vital\u00bb, a la \u00abdignidad humana\u00bb, al trabajo, a la propiedad, al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n de la sentencia del 23 de agosto de 2016, en virtud de la cual se orden\u00f3 el secuestro del veh\u00edculo automotor con placas SOR-675 de Soacha, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial promovido por Blanca Virginia S\u00e1nchez Corredor contra Jos\u00e9 Pedro Penagos Rodr\u00edguez; pues, alega, tal medida cautelar no puede pesar sobre la totalidad del referido bien mueble, toda vez que \u00e9l ostenta la calidad de propietario sobre el 50% del mismo.  <\/span><\/p>\n

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Pretende entonces, i) que se deje sin valor ni efecto la sentencia proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 el pasado 23 de agosto, en lo que respecta al citado veh\u00edculo automotor, y, en consecuencia, que se revoque el oficio No. 1683 del 1\u00ba de septiembre siguiente, en virtud del cual se orden\u00f3 a la SIJIN AUTOMOTORES efectuar la captura del referido bien mueble, as\u00ed como tambi\u00e9n las restantes providencias que afecten el 50% que le pertenece; y,  ii) que se ordene a dicha autoridad jurisdiccional oficiar a la Secretaria de Movilidad de Soacha y a los Servicios Especializados de Registro y Tr\u00e1nsito de esa misma localidad, a fin de aclarar \u00abque la medida cautelar de embargo (\u2026) [pesa sobre] la cuota parte de propiedad del se\u00f1or Jos\u00e9 Pedro Penagos Rodr\u00edguez y no sobre el 100% del [referido] automotor\u00bb; a la SIJIN AUTOMOTORES, \u00abpara que descargue del sistema y de los listados la medida de captura de [dicho] microb\u00fas\u00bb; y, finalmente, al Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos por Embargo \u201cNew Buenos Aires S.A.S.\u201d, con el objeto de que efect\u00fae \u00abla (\u2026) entrega [del mismo]\u00bb (fls. 45 y 46, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reparo, y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en s\u00edntesis, que atendiendo sus condiciones de salud e inestabilidad laboral, solicit\u00f3 al Banco Davivienda un cr\u00e9dito prendario por  valor de $75.000.000.oo, ello con el \u00fanico fin de \u00abcomprar una cuota parte (50%) del automotor de servicio p\u00fablico \u2013 MICROB\u00daS DE MODALIDAD PASAJEROS (19), MARCA CHEVROLET, LINEA NPR, COLOR BLANCO Y ROJO, CON PLACA No. SOR-675 de Soacha\u00bb,  propiedad que comparte con Jos\u00e9 Pedro Penagos Rodr\u00edguez, a quien le corresponde el 50% restante.  <\/span><\/p>\n

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Refiere que el 2 de noviembre de 2016, el se\u00f1or Diego Fernando Ram\u00edrez, conductor del referido veh\u00edculo, le inform\u00f3 que el mismo \u00abestaba siendo retenido por la polic\u00eda de tr\u00e1nsito bajo el argumento de que el Juez Octavo de Familia de Bogot\u00e1 hab\u00eda ordenado, dentro del proceso 2016-0007, y mediante providencia del 23 de agosto de 2016 y oficio del 1\u00ba de septiembre [siguiente], (\u2026) el embargo y captura de los veh\u00edculos de placas SOR-675 y SOR-677, momento desde el cual fue inmovilizado y retenido el [bien] de su propiedad (50%) en el Dep\u00f3sito de Veh\u00edculos por Embargo New Buenos Aires S.A.S., ubicado en la carrera 123 No. 13-21 Fontib\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que al realizar las respectivas indagaciones, el referido Despacho Judicial le inform\u00f3 que tal diligencia obedeci\u00f3 al proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial adelantado por Blanca Virginia S\u00e1nchez Corredor en contra  del referido se\u00f1or Penagos Rodr\u00edguez, quien, recuerda, \u00abes propietario UNICAMENTE del 50% del automotor\u00bb, supuesto que, afirma, no s\u00f3lo vulnera directamente sus derechos fundamentales y los de su familia, sino tambi\u00e9n los del se\u00f1or Diego Fernando Ram\u00edrez, quien \u00abdepende econ\u00f3micamente del salario [que] recibe como contraprestaci\u00f3n por sus servicios como conductor del microb\u00fas [afectado]\u00bb (fls. 41 a 51, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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       El Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1, tras hacer un sucinto recuerdo de las actuaciones judiciales adelantadas en el marco del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial por esta v\u00eda cuestionado, remiti\u00f3 el expediente contentivo del mismo (fl. 58, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, tras advertir puntualmente, que si bien el accionante elev\u00f3 solicitud de aclaraci\u00f3n de la medida cautelar el pasado 2 de diciembre, fecha en la que el expediente contentivo del proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial por esta v\u00eda criticado se encontraba en poder del partidor, lo cierto es que la misma no ha sido resuelta por el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, por lo que como \u00ablos medios ordinarios puestos al alcance [del interesado] para [estudiar] sus [inconformidades] no han sido agotados, (\u2026) no se abre v\u00eda como mecanismo excepcional a la tutela presentada\u00bb (fls. 71 a 79, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante apel\u00f3 el anterior fallo, aduciendo en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela (fls. 101 a 103, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que se somete a examen, el accionante cuestiona, concretamente, la sentencia del 23 de agosto de 2016, en virtud de la cual el Juzgado Octavo de Familia de Bogot\u00e1 orden\u00f3 el secuestro del veh\u00edculo automotor identificado con el n\u00famero de placa SOR-675 de Soacha, dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial adelantado por la se\u00f1ora Blanca Virginia S\u00e1nchez Corredor en contra de Pedro Penagos Rodr\u00edguez; pues, afirma, tal medida cautelar s\u00f3lo puede afectar la cuota parte del 50% que le pertenece al all\u00ed demandado, y no la totalidad del bien involucrado, toda vez que, como se encuentra demostrado, el 50% restante, es de su propiedad.  <\/span><\/p>\n

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3.   Bajo esa perspectiva, y una vez revisados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se observa que, tal y como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional,  la protecci\u00f3n reclamada deviene presurosa, como quiera que el pasado 2 de diciembre, el tutelante elev\u00f3 ante el Juzgado Octavo de Familia de esta capital solicitud de aclaraci\u00f3n de la medida cautelar que pesa sobre el referido veh\u00edculo automotor, aduciendo argumentos id\u00e9nticos a los que expone a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, esto es, que aqu\u00e9lla debe afectar \u00fanicamente la cuota parte de propiedad del se\u00f1or Jos\u00e9 Pedro Penagos, demandado en el litigio por esta v\u00eda censurado, y no la totalidad del bien mueble involucrado, estando la misma a la espera de ser estudiada dentro del asunto que se tramita ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria; as\u00ed pues, el interesado deber\u00e1 aguardar dicha resoluci\u00f3n, pues no es \u00e9ste el escenario para adoptar pronunciamientos sobre aspectos que debe zanjar el administrador de justicia a quien por competencia le corresponde pronunciarse, pues al juez constitucional le est\u00e1 vedado actuar paralelamente con el juez natural de la causa.  <\/span><\/p>\n

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En la materia, se ha puntualizado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abresulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC, 03 jul. 2015, rad. 00229-01, reiterado, entre otros, en STC2985-2016 ).  <\/span><\/p>\n

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4.        Bastan las anteriores razones, para ratificar el fallo constitucional controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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