{"id":99318,"date":"2026-06-25T18:19:11","date_gmt":"2026-06-25T18:19:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1728-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:11","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:11","slug":"stc1728-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1728-2017\/","title":{"rendered":"STC1728-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1728-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2016-00139-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Ricardo Bonilla Mart\u00ednez contra el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del resguardo reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la Cartera Ministerial convocada, con la respuesta otorgada a lo pedido ante sus dependencias el pasado mes de septiembre, toda vez que, dice, no resolvi\u00f3 de fondo lo solicitado.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que se ordene al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, \u00abdar respuesta de fondo [a la referida petici\u00f3n], expidiendo copia de los actos administrativos mediante los cuales otorg\u00f3 los registros calificados particularizados con c\u00f3digos SNIES 5368 y 13411 (\u2026), [y de] los dem\u00e1s documentos de que trata la Resoluci\u00f3n No. 1780 (Marzo 18 de 2010) por [ese ente] expedida\u00bb, as\u00ed como del convenio existente entre \u00abla Corporaci\u00f3n Educativa Mayor de Desarrollo Sim\u00f3n Bol\u00edvar, hoy denominada Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar, y la Corporaci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Instituto de Administraci\u00f3n y Finanzas de Cartagena, hoy denominada Corporaci\u00f3n Universitaria Regional del Caribe\u00bb (fls. 4 y 5, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que el 20 de septiembre de 2016, radic\u00f3 petici\u00f3n ante las dependencias de la citada Cartera, solicitando informaci\u00f3n respecto a la existencia de un convenio entre \u00abla Corporaci\u00f3n Educativa Mayor de Desarrollo Sim\u00f3n Bol\u00edvar, hoy denominada Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar, y la Corporaci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Instituto de Administraci\u00f3n y Finanzas de Cartagena, hoy denominada Corporaci\u00f3n Universitaria Regional del Caribe\u00bb, de la cual recibi\u00f3 una respuesta \u00absimplista, evasiva [y] falsa\u00bb, pues dicha entidad se limit\u00f3 a indicar, que por no ser parte en la referida relaci\u00f3n contractual, no pod\u00eda suministrar dato alguno respecto a la misma.  <\/span><\/p>\n

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Con sustento en lo anterior, dice, \u00abesa conducta de la administraci\u00f3n p\u00fablica [se] tipifica [en] lo que puede entenderse como una respuesta inadecuada [y] enga\u00f1osa (…) [que] comprome[te] la responsabilidad del Estado\u00bb, pues contrario a lo manifestado por dicha entidad, bien se sabe que \u00abla informaci\u00f3n del SNIES [por \u00e9l requerida] es p\u00fablica, [ello] con el objetivo de divulgar (\u2026) a la comunidad (\u2026) la calidad, cantidad y caracter\u00edsticas de las instituciones y programas de educaci\u00f3n superior\u00bb; raz\u00f3n por la cual acude a este mecanismo excepcional, a fin de que se otorgue protecci\u00f3n a la prerrogativa superior invocada (fls. 1 a 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional advirti\u00f3, que si bien el accionante solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de copia del \u00abconvenio celebrado entre la Corporaci\u00f3n Educativa Mayor del Desarrollo Sim\u00f3n Bol\u00edvar y la Corporaci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Instituto de Administraci\u00f3n y Finanzas de Cartagena\u00bb, no fue posible certificar la existencia del mismo, raz\u00f3n por la cual, dando aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 21 de la Ley 1755 de 2015, dio traslado de dicha petici\u00f3n a las instituciones educativas involucradas; as\u00ed pues, reiterando que dio respuesta de fondo  al pedimento del interesado, solicit\u00f3 denegar el amparo por hecho superado (fls. 23 y 24, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, tras manifestar que la respuesta emitida por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional al requerimiento formulado por el se\u00f1or Ricardo Bonilla Mart\u00ednez, aqu\u00ed interesado, \u00abno puede considerarse desacertada\u00bb, ello si se tiene en cuenta la informaci\u00f3n suministrada en el escrito petitorio y la solicitud realizada a trav\u00e9s del mismo, pues al comparar \u00e9ste con la demanda que ahora se estudia, se encuentra que \u00abexisten diferencias en las pretensiones\u00bb elevadas; as\u00ed pues, partiendo de tal consideraci\u00f3n, y resaltando que \u00abno puede procurarse v\u00eda tutela [la] contestaci\u00f3n de inquietudes diferentes a las solicitadas en el derecho de petici\u00f3n\u00bb, advirti\u00f3 la ausencia de vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales por \u00abhecho superado\u00bb (fls. 40 a 44, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El gestor del amparo se mostr\u00f3 inconforme frente a la anterior determinaci\u00f3n, aduciendo, en suma, los mismos argumentos en que sustent\u00f3 el escrito de tutela; a m\u00e1s de agregar, que no es posible que el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, a quien le compete otorgar a las instituciones educativas \u00abel registro calificado, mediante acto administrativo debidamente motivado, en el que se orden[a] la respectiva incorporaci\u00f3n de la [misma] en el Sistema Nacional de Informaci\u00f3n de la Educaci\u00f3n Superior, SNIES, y [se] asign[a] el c\u00f3digo correspondiente\u00bb, alegue no contar con la informaci\u00f3n por \u00e9l solicitada (fls. 60 a 66, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.     De acuerdo con lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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Respecto al derecho de petici\u00f3n, no se discute que \u00e9ste ciertamente tiene raigambre constitucional fundamental, como se infiere de lo previsto en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y que este se concreta en la facultad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades para obtener de ellas una respuesta oportuna y completa sobre el particular.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n se tiene dicho que el contenido de la respuesta deber\u00e1 ser adecuado, es decir, que ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser dada de manera completa frente a todos los interrogantes que se planteen; desde luego, el derecho a que se alude se contrae tambi\u00e9n a que la petici\u00f3n se tramite y resuelva oportunamente y a que la respuesta se d\u00e9 a conocer al interesado.  <\/span><\/p>\n

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2.  De cara a los argumentos planteados por el inconforme, y revisadas las documentales aportadas, se anuncia que el fallo impugnado habr\u00e1 de ser ratificado, teniendo en cuenta lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1.  Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2016 ante el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, el accionante solicit\u00f3 concretamente: \u00abcopia del convenio celebrado entre la Corporaci\u00f3n Educativa Mayor del Desarrollo Sim\u00f3n Bol\u00edvar y la Corporaci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Instituto de Administraci\u00f3n y Finanzas de Cartagena, [o], en su defecto, certificaci\u00f3n sobre la existencia de[l mismo, con] fecha de inicio, de culminaci\u00f3n y objeto\u00bb, ello con el fin de promover proceso judicial para obtener \u00abla cancelaci\u00f3n de aportes a seguridad social\u00bb (fls. 35 y 36, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.2.   Atendiendo lo pedido, el d\u00eda 27 de ese mismo mes y a\u00f1o, dicha entidad le comunic\u00f3 al petente, que despu\u00e9s de ser realizar las indagaciones pertinentes, \u00abno se hall\u00f3 ning\u00fan convenio en que el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional fuera parte, junto con las referidas Corporaciones, [por lo que] no es posible asegurar que [aqu\u00e9l] tuvo vida jur\u00eddica\u00bb, y, menos a\u00fan, expedir certificaci\u00f3n alguna al respecto; as\u00ed pues, le inform\u00f3 que por no tener competencia para atender el asunto, proceder\u00eda a dirigirlo a las instituciones all\u00ed involucradas (fl. 29, ib.), como en efecto ocurri\u00f3 los d\u00edas 27 y 29 siguiente, fechas en las que remiti\u00f3 la referida solicitud a la Corporaci\u00f3n Regional del Caribe (fls. 33 y 34, ib\u00eddem) y a la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar ((fls. 31 y 32, Op. Cit.), respectivamente.   <\/span><\/p>\n

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3.   De este modo, escrutada la prueba aportada, se observa con facilidad que aunque el gestor considera que la respuesta dada por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional a sus peticiones es insatisfactoria, lo cierto es que en \u00e9sta, dicha Cartera Ministerial expres\u00f3 las razones por las cuales no ten\u00eda la posibilidad de expedir copia del convenio suscrito entre la Corporaci\u00f3n Educativa Mayor del Desarrollo Sim\u00f3n Bol\u00edvar y la Corporaci\u00f3n de Educaci\u00f3n Superior Instituto de Administraci\u00f3n y Finanzas de Cartagena, y menos a\u00fan, certificaci\u00f3n de existencia del mismo; as\u00ed pues, por no ser competente para tal fin, corri\u00f3 traslado de la solicitud a dichas entidades.  <\/span><\/p>\n

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4.   En este orden de ideas, y teniendo en consideraci\u00f3n las diferencias advertidas entre las pretensiones elevadas por el interesado a trav\u00e9s de la petici\u00f3n cuya respuesta por esta v\u00eda reclama, y las formuladas por el mismo en el escrito de tutela, advierte la Sala que no exist\u00eda realmente objeto para invocar el amparo constitucional, comoquiera que el contenido de la contestaci\u00f3n emitida por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, dentro del t\u00e9rmino legal establecido por el legislador, en efecto se ajust\u00f3 a los t\u00e9rminos de la solicitud radicada ante sus dependencias el 20 de septiembre de 2016, sin que sea posible entonces conceder el amparo con sustento en la falta de suministro de una informaci\u00f3n y una documentaci\u00f3n que all\u00ed no fue requerida.  <\/span><\/p>\n

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En la materia se ha puntualizado, que  <\/span><\/p>\n

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\u00abel derecho de petici\u00f3n consagra para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (ver entre otras en CSJ STC 14375-2016 ).  <\/span><\/p>\n

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5.        Corolario de lo discurrido en precedencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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