{"id":99319,"date":"2026-06-25T18:19:14","date_gmt":"2026-06-25T18:19:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1729-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:14","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:14","slug":"stc1729-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1729-2017\/","title":{"rendered":"STC1729-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1729-2017  <\/span><\/p>\n

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(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 12 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina Restrepo Bernal contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Director Nacional de Apoyo Gesti\u00f3n, y, el Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana, ambos de dicha entidad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Medell\u00edn, la Direcci\u00f3n de Control Disciplinario de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Subdirecci\u00f3n de Talento Humando de ese mismo ente.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.   La promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al trabajo, al \u00abacceso al desempe\u00f1o de funciones y cargos p\u00fablicos en carrera administrativa\u00bb, al \u00abcargo en propiedad\u00bb, al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por las entidades accionadas, con las resoluciones No. 2396 del 12 de julio y No. 3877 del 24 de noviembre, ambas de 2016, a trav\u00e9s de las cuales fue declarada insubsistente en el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito de la Subdirecci\u00f3n de Fiscal\u00edas y de Seguridad Ciudadana de Medell\u00edn, dice, por el surgimiento de una inhabilidad sobreviniente.  <\/span><\/p>\n

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       En consecuencia, solicita concretamente, que se ordene a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y, a la Direcci\u00f3n Nacional de Apoyo a la Gesti\u00f3n o a la Direcci\u00f3n Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana de dicha entidad, \u00abdejar sin efecto los [referidos] actos administrativos\u00bb (fl. 2, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.   En apoyo de tal pretensi\u00f3n y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo fundamental, que el 29 de mayo de 2014, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia \u00abla conden\u00f3 a la pena de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el punible de peculado por uso, por [el t\u00e9rmino de] 16 meses\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de junio de 2015, pero \u00abcambiand[o] la denominaci\u00f3n jur\u00eddica del tipo penal (\u2026) a peculado por apropiaci\u00f3n, y dej\u00e1ndole la misma pena e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas\u00bb, raz\u00f3n por la cual, y ante su inconformidad, \u00abinstaur\u00f3 ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos denuncia contra el Estado Colombiano, [por] la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Advierte que \u00abno obstante haber informado a la Direcci\u00f3n Seccional de Medell\u00edn sobre la inhabilidad sobreviniente, una vez notificada la sentencia de segunda instancia, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n guard\u00f3 absoluto silencio\u00bb, fue s\u00f3lo con \u00abla recusaci\u00f3n interpuesta por el abogado Pablo Mauricio Serrano Rangel, en el radicado 1048810, (\u2026) [que se] orden\u00f3 oficiar a la Direcci\u00f3n Nacional de Fiscal\u00edas y Seguridad Ciudadana (\u2026) y a la Subdirecci\u00f3n Administrativa de Medell\u00edn para informarles de su situaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Manifiesta que posteriormente, con ocasi\u00f3n de la Resoluci\u00f3n No. 3877 del 24 de noviembre de 2016, se declar\u00f3 insubsistente su nombramiento en el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito de la Subdirecci\u00f3n de Fiscal\u00edas y de Seguridad Ciudadana de Medell\u00edn de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n; empero, alega, la motivaci\u00f3n de dicho acto administrativo resulta \u00abinfundada y tard\u00eda\u00bb, y, en este sentido, quebrant\u00f3 su derecho fundamental al debido proceso, \u00abpues no obstante ya no existir ninguna inhabilidad sobreviniente, el lapso de tiempo torna en abuso de poder la declaratoria de insubsistencia\u00bb (fls. 1 a 19, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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a.   La Directora Seccional de Medell\u00edn de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tras pronunciarse respecto a los hechos en que se sustent\u00f3 el escrito de tutela, manifest\u00f3 que ella \u00abs\u00f3lo fue notificada de la declaratoria de insubsistencia de la Dra. Luz Marina Restrepo Bernal, por la oficina competente, pero sin intervenci\u00f3n alguna en tal decisi\u00f3n, pues las gestiones [por ella] realizadas desde el momento de [su] posesi\u00f3n (\u2026), son las de apoyar la misi\u00f3n institucional de cada una de las Fiscal\u00eda\u00bb; as\u00ed pues advirti\u00f3, que no tuvo injerencia alguna en el asunto que por esta v\u00eda se critica (fls. 110 a 113, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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b.   La Directora Jur\u00eddica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, solicit\u00f3 rechazar por improcedente el resguardo reclamado, tras manifestar, en lo esencial, que la accionante cuenta con otro mecanismo para obtener la protecci\u00f3n de las prerrogativas que considera vulneradas, esto es, la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa; a m\u00e1s de que la misma no demostr\u00f3 siquiera sumariamente la configuraci\u00f3n de perjuicio irremediable alguno.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente afirm\u00f3, que \u00abla situaci\u00f3n jur\u00eddica en la que se encuentra la se\u00f1ora Restrepo Bernal, esto es, haber sido declarada responsable de la comisi\u00f3n del delito de peculado por apropiaci\u00f3n, claramente configura una causal de inhabilidad para ejercer cargos en la Rama Judicial\u00bb y, en consecuencia, s\u00ed hab\u00eda lugar a la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, pues \u00abresulta evidente que no solo la administraci\u00f3n de justicia sino tambi\u00e9n la sociedad en general, se ver\u00edan perjudicados en caso de permitir que una persona bajo esas condiciones haga parte de la Rama Judicial, [por lo que] se torna en un asunto de inter\u00e9s com\u00fan el establecer unas limitaciones para el desempe\u00f1o de determinados cargos, en especial cuando se trata de resolver jur\u00eddicamente los diversos conflictos que se pongan de presente\u00bb (fls. 130 a 148, ib.).  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Juez constitucional de primera instancia, luego de advertir que la tutela no es el instrumento adecuado para controvertir las determinaciones emitidas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, como es el caso, pues \u00abexisten mecanismos judiciales id\u00f3neos, como la acci\u00f3n de nulidad o  nulidad y restablecimiento del derecho, donde proceden las medidas cautelares previas [que considere pertinentes]\u00bb, precis\u00f3 que la accionante \u00abno dio cuenta de circunstancias que configuren un perjuicio irremediable e inminente en virtud del cual sea necesaria la intervenci\u00f3n inmediata del juez constitucional, pues no alude ni siquiera, mucho menos acredita, ostentar una condici\u00f3n de vulnerabilidad especial\u00bb (fls. 160 a 176, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La gestora del resguardo impugn\u00f3 el anterior fallo, sin ampliar los motivos de su inconformidad (fl. 183, Cit.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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2.        Examinado el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n, se advierte que la peticionaria enfila su inconformidad contra (i) la Resoluci\u00f3n No. 2396 del 12 de julio de 2016, en virtud de la cual, el Fiscal General de la Naci\u00f3n declar\u00f3 insubsistente su nombramiento en el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces del Circuito de la Subdirecci\u00f3n de Fiscal\u00edas y de Seguridad Ciudadana de Medell\u00edn, por el surgimiento de una inhabilidad sobreviniente (fls. 20 a 23, cdno. 1), y, (i) frente a la No. 3877 del 24 de noviembre siguiente, que mantuvo inc\u00f3lume tal determinaci\u00f3n (fls. 30 a 37, ib\u00eddem); pues en sentir de aqu\u00e9lla, la motivaci\u00f3n de dichos actos administrativos es \u00abinfundada y tard\u00eda\u00bb, en tanto, asevera, no existe ya ninguna inhabilidad sobreviviente que la soporte.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sin embargo, la Sala advierte de entrada que lo pretendido deviene improcedente, en virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario de este especial mecanismo de protecci\u00f3n, toda vez que la suplicante tiene a su disposici\u00f3n otro medio de defensa eficaz e id\u00f3neo a trav\u00e9s del cual puede procurar ante la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que estima transgredidos con la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, por cuanto las decisiones aqu\u00ed criticadas constituyen actos administrativos cuya legalidad puede ser demandada en acci\u00f3n nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a aqu\u00e9l, m\u00e1xime cuando ante la citada jurisdicci\u00f3n en el proceso correspondiente, y como medida cautelar \u2013art\u00edculo 229 y 230 ib\u00eddem-, puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de las determinaciones atacadas, configur\u00e1ndose entonces la causal de improcedibilidad de la acci\u00f3n de tutela prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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4.    En relaci\u00f3n con lo anteriormente expuesto, la Sala ha  explicado que  <\/span><\/p>\n

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\u00abla tutela fue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (CSJ, 8  nov. 2012, rad. 00430-01, reiterada en CSJ, 12 mar. 2013, rad. 00016-01, STC15617-2014 y STC2388-2016).  <\/span><\/p>\n

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5.   Ahora bien, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 establece, que la tutela es improcedente cuando existen otros recursos o medios de defensa, salvo que aqu\u00e9lla se formule para evitar un perjuicio irremediable; sin embargo, en el sub examine la accionante no prob\u00f3 un detrimento de tal magnitud que torne viable otorgar el presente reclamo, a\u00fan como mecanismo transitorio, si en cuenta se tiene que \u00ab[N]o se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, 11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, 20 feb. rad 00140-01 y STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01).  <\/span><\/p>\n

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6.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone ratificar el fallo controvertido.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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