{"id":99320,"date":"2026-06-25T18:19:22","date_gmt":"2026-06-25T18:19:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1731-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:22","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:22","slug":"stc1731-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1731-2017\/","title":{"rendered":"STC1731-2017"},"content":{"rendered":"

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1731-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 76001-22-03-000-2016-00880-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 6 de diciembre de 2016, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson de Jes\u00fas Giraldo G\u00f3mez quien act\u00faa en representaci\u00f3n de la sociedad Mega Sport Comercializadora Internacional C.I. S.A.S., contra el Juzgado Tercero Civil Del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la ejecuci\u00f3n a que alude el escrito inicial.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial encartada, al ordenarle cancelar, por concepto de arancel judicial, la suma de $3\u2019800.000,oo una vez concluido el proceso ejecutivo mixto que promovi\u00f3 contra Sistema de Potencia Ltda.  <\/span><\/p>\n

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Solicita, entonces, concretamente, que se ordene al Juzgado Tercero del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Cali \u00abdejar sin efectos lo ordenado en el numeral 7 del auto interlocutorio No. 1250 del 24 de agosto de 2016, por medio del cual impone [a su cargo, el pago del] arancel judicial\u00bb (fl. 4, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        En apoyo de tal pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que en tr\u00e1mite del litigio coercitivo antes mencionado, mediante auto adiado 24 de agosto de 2016, se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n del remate practicado respecto del inmueble objeto de la garant\u00eda real, el cual le fue adjudicado como \u00fanico postor; que en ese misma providencia le fue ordenado el pago, por concepto de arancel judicial, de $3\u2019800.000,oo decisi\u00f3n que se mantuvo inc\u00f3lume, pese a que fue atacada a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Indica que no es posible que se le est\u00e9 cobrando tal tributo, pues el mismo \u00abno puede ser aplicado en los procesos ejecutivos que se encontraban en curso a la fecha de entrada en vigencia de la ley\u00bb, lo que se traduce, indefectiblemente, dice, en la trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda ius fundamental invocada (fls. 1 a 4, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO  <\/span><\/p>\n

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La Juez Tercera Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de amparo, luego de indicar que \u00abla norma que regula el cobro del arancel judicial, no hace distinci\u00f3n entre los procesos ejecutivos que estaban en curso cuanto entr\u00f3 en vigencia la misma y los que se adelantaron con posterioridad a ella, ni tampoco incluye a los primeros dentro de las excepci\u00f3n que trae la Ley, en su art\u00edculo 4\u00ba\u00bb, hecho por el cual, la decisi\u00f3n de la que se duele el accionante tuvo con fundamento lo contemplado por el legislador en la Ley 1394 de 2010, sin que pueda calificarse como arbitraria o defectuosa (fl. 26, cit.).  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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       El Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 el amparo suplicado, tras explicar que  <\/span><\/p>\n

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       \u00abel juzgado no hizo una aplicaci\u00f3n contraria a la Ley, ciertamente vio que el Art. 3 de la Ley 1394 de 2010 hace referencia a circunstancias f\u00e1cticas en las que debe aplicarse el arancel judicial, estima que la Ley debe aplicarse a todos los procesos ejecutivos que se encuentran en tr\u00e1mite a la entrada en vigencia de la misma sin importar la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda sino el momento que efectivamente se recauda dinero para procesos con pretensiones iguales o superiores a 200 salarios m\u00ednimos legales mensuales, de modo que \u201c\u2026se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n no la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u201d\u00bb (fls. 29 a 31, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el promotor de la salvaguarda, reiterando los argumentos expuestos en la demanda tuitiva (fls. 41 a 44, ib.).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Recuerda la Corte que conforme con lo consagrado en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 condicionada a la circunstancia de que un derecho constitucional fundamental se encuentre vulnerado o amenazado de violaci\u00f3n, si el interesado no cuenta con otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, el cual le ser\u00e1 protegido de manera inmediata, a trav\u00e9s de esta v\u00eda breve y sumaria, y sin que se constituya en un mecanismo sustitutivo o paralelo en relaci\u00f3n con los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.  <\/span><\/p>\n

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No obstante lo anterior, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente asunto, la queja del accionante se concreta, en que la autoridad convocada a trav\u00e9s del auto calendado 24 de agosto de 2016, lo conden\u00f3 a pagar el arancel judicial, pese a que la Ley 1394 de 2010, no se encontraba vigente al momento en que se inici\u00f3 el comentado juicio ejecutivo mixto.  <\/span><\/p>\n

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3.        Empero, examinada la determinaci\u00f3n citada con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que carece de arbitrariedad, pues fue el resultado de una hermen\u00e9utica la cual resultaba aplicable al asunto objeto de examen, y que por tanto, no pueden calificarse de antojadiza o caprichosa.  <\/span><\/p>\n

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Se arriba a la anterior conclusi\u00f3n, puesto que para decidir de la manera criticada, el Despacho convocado estableci\u00f3, que el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 1394 de 2010, dispuso como hecho generador del arancel judicial, \u00abaquellos procesos estimados en una cifra igual o superior a 200 s.m.l.m.v.\u00bb (fls. 10 a 12, Cit.), encontr\u00e1ndose el litigio materia del presente asunto dentro de dicha cuant\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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De otro lado, y acerca de la aplicabilidad de la Ley 1394 de 2010, en procesos iniciados antes de su entrada en vigencia, acot\u00f3 que \u00abde la interpretaci\u00f3n de la norma citada con antelaci\u00f3n se desprende que si hay lugar a efectuar el cobro de arancel judicial sin importar la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, ya que el mismo se causa (\u2026) desde que se genere el hecho que da lugar al cobro de dicho arancel, conforme el art\u00edculo 14 de la Ley 1394, que, para el caso que nos ocupa, se configur\u00f3 por lo determinado en el art\u00edculo 3 literal c de la misma obra; normativa que tiene vigencia desde el momento de su promulgaci\u00f3n, tal como establece el art\u00edculo 15 ib\u00eddem\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora bien, en punto de la vigencia de la Ley de arancel judicial prenombrada, la Corte Constitucional se\u00f1al\u00f3 recientemente lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u00abLa jurisprudencia ha sintetizado las diferentes posturas jurisprudenciales se\u00f1aladas por la Corte en relaci\u00f3n con la reincorporaci\u00f3n o reviviscencia de las normas derogadas por disposiciones que se declararon inexequibles. De esta manera, ha puesto de relieve las siguientes reglas: (i) La reincorporaci\u00f3n o reviviscencia de normas derogadas por mandatos que fueron declarados inexequibles hace parte del ordenamiento jur\u00eddico nacional, desde mucho antes de la Constituci\u00f3n de 1991, como parte de la discusi\u00f3n por los efectos jur\u00eddicos de las sentencias hacia el pasado -ex tunc- o hacia el futuro -ex nunc- y la salvaguarda de la seguridad jur\u00eddica. (ii) La reviviscencia de normas se ha presentado igualmente como soluci\u00f3n a los problemas que plantea el vac\u00edo jur\u00eddico creado por la derogaci\u00f3n de normas que regulan, sobretodo de manera integral, una determinada materia, conllevando igualmente problemas de seguridad jur\u00eddica. (iii) En los primeros pronunciamientos se asumi\u00f3 la postura de una reviviscencia autom\u00e1tica de las normas derogadas por las declaratorias de inexequibilidad de aqu[\u00e9]llas que las reemplazaron, pero con posterioridad, se fijaron algunas condiciones para que se aplicara esta figura jur\u00eddica, como que  se presentaran los argumentos para la necesidad de reincorporaci\u00f3n, por razones de (a) creaci\u00f3n de vac\u00edos normativos; (b) vulneraciones a los derechos fundamentales; (c) necesidad para garantizar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y (d) siempre y cuando las normas reincorporadas sean constitucionalmente admisibles. (iv) La jurisprudencia ha dejado sentado que la reincorporaci\u00f3n o reviviscencia de normas no tienen un car\u00e1cter declarativo en la parte resolutiva de la sentencia, sino que la Corte se debe limitar a comprobar si para el caso en estudio se cumplen los requisitos para que pueda configurarse la reviviscencia de preceptos derogados. (v) Finalmente, la Sala reitera que la procedencia de la reincorporaci\u00f3n debe ser analizada en cada caso concreto, a partir de los criterios de vac\u00edos normativos o afectaci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026)\u00bb1 (citada en C.S.J. STC 6128-2016)  <\/span><\/p>\n

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5.        Bajo el anterior criterio, si bien el fallo C-169 de 2014, por el cual se expuls\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico a la Ley 1563 de 2013, no hizo menci\u00f3n expresa sobre los efectos de la reincorporaci\u00f3n al sistema normativo de la Ley 1394 de 2010, derogada en su momento por aqu\u00e9lla, no es menos cierto que el juzgador accionado hall\u00f3 probable darle aplicaci\u00f3n al texto revivido para el caso concreto, teniendo en cuenta que el memorado ejecutivo se hallaba en curso cuando se encontraba vigente la aludida Ley 1394 de 2010, antes de irrumpir la Ley 1563 de 2013.  <\/span><\/p>\n

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6.        Puestas as\u00ed las cosas, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta \u00edntegramente o no el se\u00f1alado pronunciamiento, se concluye que como en la decisi\u00f3n censurada se observaron las normas procesales que eran aplicables para el caso concreto; ello hace que no sea absurda o contraria al ordenamiento que el legislador dispuso para ello, lo que impide su cuestionamiento por el Juez de Tutela, quien vedado tiene inmiscuirse en esferas que le son propias al juez natural.  <\/span><\/p>\n

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7.        T\u00e9ngase presente, como repetidamente lo ha se\u00f1alado la Corte, que el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso, si  <\/span><\/p>\n

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\u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, Rad. 0183-01; reiterada entre otras en STC728-2016).  <\/span><\/p>\n

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An\u00e1logamente, la acci\u00f3n de tutela, ha dicho la Corte,  <\/span><\/p>\n

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\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC, 6  may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada en STC, 9 jun. 2013, Rad. 00699-01 y STC728-2016).  <\/span><\/p>\n

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8.        Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone mantener la sentencia controvertida.  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 Sentencia C-286 de 2014.      <\/span><\/p>\n

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