{"id":99324,"date":"2026-06-25T18:19:34","date_gmt":"2026-06-25T18:19:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1809-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:34","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:34","slug":"stc1809-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1809-2017\/","title":{"rendered":"STC1809-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1809-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2016-03329-03  <\/span><\/p>\n

    (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Orlando Miranda Juanillo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, integrada por los magistrados Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal, Doris Yolanda Rodr\u00edguez Chac\u00f3n y Manuel Antonio Burbano Goyes, con ocasi\u00f3n del juicio de petici\u00f3n de herencia iniciado por Fabiola Miranda Juanillo respecto del aqu\u00ed gestor, Uriel y Francisca Miranda Juanillo.  <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

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1. El promotor suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad accionada.  <\/span><\/p>\n

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2. Orlando Miranda Juanillo sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Dentro del litigio materia de esta salvaguarda, en primera y segunda instancia se accedi\u00f3 a las pretensiones de Fabiola Miranda Juanillo.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Asevera que en el anotado decurso no se surtieron \u201caudiencias o alegatos\u201d (sic), omisi\u00f3n quebrantadora del precepto supralegal cuya protecci\u00f3n invoca. Asimismo, relata, exist\u00eda falta de competencia de los juzgadores, pues esa controversia debi\u00f3 ser dirimida por los despachos del distrito judicial de Cali, teniendo en consideraci\u00f3n \u201cel domicilio de las partes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Adem\u00e1s, afirma que se desatendi\u00f3 la \u201crepudiaci\u00f3n  t\u00e1cita de la herencia\u201d realizada por la all\u00ed demandante, as\u00ed como el inter\u00e9s \u201cindebido\u201d de ella por apropiarse de un bien de la masa sucesoral, el cual no le correspond\u00eda, conforme a la divisi\u00f3n consensuada efectuada por los dem\u00e1s herederos, circunstancia cabalmente acreditada en el expediente.  <\/span><\/p>\n

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3. Implora \u201crevocar\u201d lo tramitado en ese asunto desde la sentencia de 29 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado a quo.  <\/span><\/p>\n

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1.1. Respuesta del accionado  <\/span><\/p>\n

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Guard\u00f3 silencio.  <\/span><\/p>\n

2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. En virtud de la nulidad de este decurso dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 25 de enero pasado, se procede, tras adelantar el tr\u00e1mite pertinente, nuevamente a resolver el ruego constitucional puesto en conocimiento de la Corte.  <\/span><\/p>\n

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2. Orlando Miranda Juanillo critica que i) el comentado subex\u00e1mine haya sido definido por jueces sin competencia, atendiendo al factor territorial, y sin efectuar \u201caudiencias o alegatos\u201d (sic); y ii) los fallos emitidos en ese asunto en primera y segunda instancia, por cuanto, desconocieron el inter\u00e9s \u201cindebido\u201d del extremo actor por hacerse con un inmueble del acervo sucesoral, previamente repartido de com\u00fan acuerdo por los dem\u00e1s herederos.  <\/span><\/p>\n

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3. Ata\u00f1edero al primer punto de reproche, no hay lugar a acceder al auxilio, porque el quejoso no aleg\u00f3 esas presuntas irregularidades al interior del pleito y en la oportunidad respectiva, requiriendo la anulaci\u00f3n de lo actuado, conforme lo reglado al respecto en los art\u00edculos 132 y subsiguientes del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en la actualidad, y 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente hasta el 31 de diciembre del a\u00f1o precedente.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La anterior situaci\u00f3n llev\u00f3 a que, en caso de haber existido esas aparentes anomal\u00edas, las mismas hayan sido superadas, por no haberse predicado tempestivamente (canon 136 del C\u00f3digo General del Proceso1).  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s, la jurisprudencia de esta Sala ha dejado plenamente sentado respecto a la invalidez por falta de competencia, que luego de ejecutoriada la sentencia  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) el deber (\u2026) [del] juzgador se concreta exclusivamente al factor funcional \u2013que es el \u00fanico insaneable\u2013, pues los dem\u00e1s motivos de incompetencia se entender\u00e1n saneados por la voluntad de las partes si \u00e9stas no los alegaron en su debida oportunidad procesal. De hecho, la ley procesal proh\u00edbe al juez declarar la falta de competencia distinta de la funcional si la parte interesada no la invoc\u00f3 (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026)Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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4. Al margen de lo discurrido, en el fallo de segunda instancia emitido en el citado pleito, el Tribunal acusado, luego de permitir al abogado del extremo pasivo sustentar su alzada, confirm\u00f3 el prove\u00eddo all\u00ed atacado, definiendo, como primera medida y a motu proprio, frente a la incompetencia denunciada por el querellante en este ruego:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]n la actuaci\u00f3n adelantada no se observa vicio o irregularidad que invalide lo actuado y que deba oficiosamente declararse, (\u2026) se aclara que si bien el Juzgado (\u2026) expuso que el competente para conocer [ese asunto] era el Juzgado donde se tramit\u00f3 por corresponder al \u00faltimo domicilio del causante, eso no se aplicaba, porque en la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia, el competente es el juez del domicilio del demandado, salvo que se est\u00e9 aplicando el fuero de atracci\u00f3n del juez que est\u00e9 conociendo de una sucesi\u00f3n. Sin embargo, lo cierto es que ese tipo de irregularidades se sanean y no dan lugar a una nulidad que deba declararse oficiosamente  (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Adicionalmente, contrario a lo aducido por los demandados en ese asunto, concluy\u00f3 que la all\u00e1 actora no hab\u00eda \u201crenunciado t\u00e1citamente al derecho de herencia\u201d, tras inferir:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) El problema jur\u00eddico que corresponde resolver es el siguiente: \u00bfpresentar la demanda de acci\u00f3n de pertenencia sobre el bien relicto implica renunciar t\u00e1citamente al derecho de herencia?\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cEl anterior cuestionamiento se responde en forma negativa, (\u2026) pues si bien la demandante present\u00f3 demanda de pertenencia (\u2026) con resultados negativos, no por ello renunci\u00f3 a su calidad de heredera del causante Guillermo Miranda Mosquera. A esta conclusi\u00f3n se llega con apoyo en: (\u2026) 1. los planteamientos del apelante (\u2026) en el fondo van en abierta contrav\u00eda del Libro III del C\u00f3digo Civil, donde se regula la sucesi\u00f3n por causa de muerte, (\u2026) adem\u00e1s que ninguna disposici\u00f3n legal establece que alegar la calidad de poseedora de un bien relicto, implica renunciar a la herencia o a su calidad de heredero, pues son situaciones totalmente diferentes\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c2. En nuestro ordenamiento jur\u00eddico la calidad de heredero de una persona que ha fallecido, proviene de la Ley o del testamento. Para el caso que nos convoca, dado que el causante no otorg\u00f3 testamento, es la ley la que determina los llamados a recibir el patrimonio dejado por Guillermo Miranda Mosquera\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c3. Conforme con lo dispuesto en el art\u00edculo 1045 del C\u00f3digo Civil, la demandante Fabiola Miranda Juanillo, al abrirse la sucesi\u00f3n por la muerte de su padre, (\u2026) dada la convocatoria que hace la Ley, ostenta la calidad de heredera y, por lo tanto, ten\u00eda derecho a recibir parte del patrimonio dejado por el causante\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201c4. Cabe tambi\u00e9n anotar que al darse la delaci\u00f3n de la herencia conforme al art\u00edculo 1013 del C\u00f3digo Civil, se radica en cabeza del heredero el derecho de opci\u00f3n, para efectos de aceptar o repudiar libremente la herencia, conforme al canon 1282 [ib\u00eddem]. Manifestaci\u00f3n que puede exteriorizarse expresa (\u2026) o t\u00e1citamente, [a partir de] ciertos actos respecto de los cuales la ley presume la voluntad de aceptar o repudiar la herencia. Acorde con los arts. 1289 y 1290 del C\u00f3digo Civil, (\u2026) la repudiaci\u00f3n t\u00e1cita de la herencia se da cuando el heredero es requerido por los interesados en conocer su opci\u00f3n y guarda silencio, deja vencer el t\u00e9rmino concedido para que se pronuncie\u201d.  <\/span><\/p>\n

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\u201cHay que tener en cuenta que el tr\u00e1mite para conocer la opci\u00f3n se encuentra regulado en el Estatuto Procesal, ya sea en el [precepto] 591 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil o 492 del C\u00f3digo General del Proceso. Tambi\u00e9n se debe tener en cuenta que la situaci\u00f3n descrita por la parte demandada, relacionada con: la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia, el incumplimiento del supuesto pacto verbal, que por ninguna parte aparece probado, o los enga\u00f1os y abusos de la demandante, distan mucho de lo expresamente regulado en torno a la presunci\u00f3n de repudiaci\u00f3n t\u00e1cita o impl\u00edcita de la herencia. Aqu\u00ed no se discute si hubo enga\u00f1o o pacto verbal, lo que se discute es que as\u00ed eso sea cierto, eso no da lugar a presumir la renuncia t\u00e1cita de la demandante de su derecho de herencia, (\u2026) sino simplemente de demostrar el inter\u00e9s de la demandante para ser incluida en la sucesi\u00f3n, situaci\u00f3n que est\u00e1 perfectamente probada (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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5. Las referenciadas conclusiones son l\u00f3gicas, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho o atropello; el acusado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n que le llev\u00f3 a adoptar la decisi\u00f3n hoy criticada, y no es dable por esta v\u00eda reabrir un debate fenecido, por cuanto, no constituye una instancia revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario.  <\/span><\/p>\n

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Desde esa perspectiva, la providencia examinada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.  <\/span><\/p>\n

6. Por lo discurrido, el amparo deprecado ser\u00e1 negado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Orlando Miranda Juanillo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, integrada por los magistrados Giovanni Carlos D\u00edaz Villarreal, Doris Yolanda Rodr\u00edguez Chac\u00f3n y Manuel Antonio Burbano Goyes, con ocasi\u00f3n del juicio de petici\u00f3n de herencia iniciado por Fabiola Miranda Juanillo respecto del aqu\u00ed gestor, Uriel y Francisca Miranda Juanillo.  <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notificar lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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}  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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1 \u201c(\u2026) Art. 136. La nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos:  <\/span><\/p>\n

\u201c1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201c4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cPAR\u00c1GRAFO. Las nulidades por proceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia, son insaneables (\u2026)\u201d.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. SC. Sentencia SC4415 de 13 de abril de 2016, exp. 2012-02126-00.    <\/span><\/p>\n

3 CSJ. SC. Sentencia de 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente.    <\/span><\/p>\n

4 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.      <\/span><\/p>\n

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