{"id":99326,"date":"2026-06-25T18:19:43","date_gmt":"2026-06-25T18:19:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1811-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:43","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:43","slug":"stc1811-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1811-2017\/","title":{"rendered":"STC1811-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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STC1811-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00282-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Dec\u00eddese la tutela promovida por Carlos Arturo Pinilla Prieto frente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, espec\u00edficamente contra el magistrado Jorge Jaramillo Villareal, con ocasi\u00f3n del juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea adelantado por el aqu\u00ed quejoso al Condominio Campestre Las Mercedes.   <\/span><\/p>\n

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1. ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El interesado reclama la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente infringidos por los accionados.  <\/span><\/p>\n

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2. Manifiesta como fundamento de su inconformidad, en concreto, que el 23 de septiembre de 2016 present\u00f3 demanda impugnando la \u201cAsamblea General de Propietarios del Condominio Campestre las Mercedes, celebrada el 26 de junio de 2016, la cual consta en Acta No. 41, publicada el 25 de julio de 2016\u201d.  <\/span><\/p>\n

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El 4 de octubre pasado, el a quo tutelado rechaz\u00f3 el libelo por \u201ccaducidad\u201d, pues, en criterio de ese funcionario, el t\u00e9rmino para acudir a la jurisdicci\u00f3n a cuestionar ese tipo de gestiones, \u201c(\u2026) ya no se computaba desde la fecha de publicaci\u00f3n del acta sino desde la fecha de celebraci\u00f3n de la Asamblea\u201d, determinaci\u00f3n confirmada por el superior, al desatar la alzada propuesta.  <\/span><\/p>\n

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Acota que sumado al anterior argumento, el Tribunal adujo \u201cque se puede demandar sin copia del acta de Asamblea\u201d, postura de la cual disiente el tutelante, por cuanto, ning\u00fan \u201c(\u2026) tipo de an\u00e1lisis jur\u00eddico responsable har\u00eda el apoderado de la parte demandante si no cuenta con el documento a controvertir\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Al apelar el auto de primer grado aleg\u00f3 sin \u00e9xito que: i) la regla 382 del C\u00f3digo General del Proceso \u201c(\u2026) solo habla del acto respectivo, m\u00e1s no distingu\u00eda entre la celebraci\u00f3n de la asamblea y la publicaci\u00f3n del acta de asamblea\u201d; ii) \u201cla asamblea no finaliza el d\u00eda de la celebraci\u00f3n sino el d\u00eda que termina el encargo de la verificaci\u00f3n de la redacci\u00f3n del acta y su efectiva publicaci\u00f3n\u201d; y iii) el Juez del circuito aplic\u00f3 la citada norma, \u201csin tener en cuenta el art\u00edculo 47 de la Ley 675 de 2001 (Ley Especial)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Tras insistir en los aspectos ya descritos, afirma \u201cque enmarcar la caducidad exegetamente (sic)\u201d en el citado mandato 382 transgrede el precepto \u201c47 de la Ley 675 de 2001\u201d (sic), por cuanto \u201cde manera regresiva se reduce el t\u00e9rmino para radicar la demanda\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Luego de aseverar que otros despachos judiciales s\u00ed realizan \u201cel conteo de la caducidad a partir de la fecha de publicaci\u00f3n del acta\u201d, alude el petente al significado otorgado por la Real Academia Espa\u00f1ola \u2013RAE- a las palabras \u201cconstar\u201d y \u201cencargar\u201d contenidas en el se\u00f1alado canon 47, rese\u00f1ado por el interesado.  <\/span><\/p>\n

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3. Pide revocar los autos objetados y en su lugar dar curso al libelo.  <\/span><\/p>\n

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1.1.  Respuesta de los accionados  <\/span><\/p>\n

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El a quo guard\u00f3 silencio.   <\/span><\/p>\n

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2. CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se negar\u00e1 la presente salvaguarda, por cuanto, de las providencias censuradas, espec\u00edficamente, de la emitida en segundo grado, no emerge irregularidad con entidad suficiente como para permitir la injerencia de esta justicia constitucional reservada para casos de evidente desafuero judicial.  <\/span><\/p>\n

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2. En la determinaci\u00f3n de 20 de enero de 2017, la Corporaci\u00f3n acot\u00f3 que el recurrente fundaba la apelaci\u00f3n incoada contra el auto mediante el cual se rechaz\u00f3 por \u201ccaducidad\u201d la demanda de impugnaci\u00f3n de actas, en que el libelo hab\u00eda sido oportunamente formulado si se ten\u00eda en cuenta  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) que la Asamblea del Condominio Campestre las Mercedes se encuentra construido por m\u00e1s de 345 predios (sic), el audio de la Asamblea contiene varias horas de grabaci\u00f3n y solamente se puso a disposici\u00f3n de los copropietarios una vez publicada el acta y no antes, (\u2026) el comit\u00e9 de verificaci\u00f3n del Acta se encuentra en encargo por parte de la Asamblea, es decir, el Comit\u00e9 de Verificaci\u00f3n es la misma asamblea ejerciendo sus facultades, las cuales se extienden hasta 20 d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de la Asamblea General Extraordinaria de Copropietarios cierra su ciclo o acto solo y exclusivamente despu\u00e9s de verificada y publicada el Acta de Asamblea,\u2019 en consecuencia, el t\u00e9rmino de los dos meses de caducidad de la demanda debe empezar a contarse despu\u00e9s de dichos eventos\u201d (negrilla y subl\u00ednea original).  <\/span><\/p>\n

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Seguidamente, destac\u00f3 el Tribunal que si bien la Ley 675 de 2001 regulatoria de la propiedad horizontal en su art\u00edculo 49, estipulaba que la \u201c(\u2026) impugnaci\u00f3n de actos de asamblea (\u2026) s\u00f3lo pod[\u00eda] intentarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de comunicaci\u00f3n o publicaci\u00f3n de la respectiva acta\u201d; empero, tal mandato fue derogado expresamente por la regla 626 literal C del C\u00f3digo General del Proceso.  <\/span><\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 que en la actualidad \u201c(\u2026) la impugnaci\u00f3n de actos de asamblea, juntas directivas o de socios\u201d est\u00e1 regida por el canon 382 del \u00faltimo de los citados plexos normativos, el cual contempla un plazo  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) extintivo perentorio e improrrogable para el ejercicio de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de actos de los organismos directivos de las personas jur\u00eddicas de derecho privado considerando un t\u00e9rmino de caducidad cuyo concepto la jurisprudencia se ha encargado de precisar como definitorio de la siguiente manera: \u2018La caducidad est\u00e1 ligada al concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable, cuyo vencimiento se produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la parte contraria (H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil del 11 de mayo de 1948 LXIV p\u00e1g.371) (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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Afirm\u00f3 que el lapso de 2 meses consagrado en el referido art\u00edculo 382 no se contabilizaba  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) desde cuando se comunic\u00f3 o se public\u00f3 el acto respectivo sino desde cuando se adopt\u00f3 el acto o actos por la asamblea porque tal como qued\u00f3 explicado, la disposici\u00f3n que contemplaba la necesidad de comunicaci\u00f3n o publicaci\u00f3n del acta (art. 49 ya citado) fue expresamente derogada, debiendo contarse desde cuando se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n, sin que la obtenci\u00f3n de la copia del acta influya en el conteo del t\u00e9rmino, en esa direcci\u00f3n la doctrina no ha sido ajena al expresar: \u2018si al demandante no le entregan la copia del acta, como suele ocurrir, en ese caso as\u00ed debe manifestarlo en la demanda, para que el juez conmine al demandado a entregar la copia (Bejarano. Guzm\u00e1n. Ramiro. Procesos declarativos y Ejecutivos. Sexta Edici\u00f3n. Editorial Temis P\u00e1gs. 114 a 120\u201d.  <\/span><\/p>\n

3. Forzoso es colegir, en definitiva, que resulta razonable la postura asumida por el colegiado frente al pleito sometido a su conocimiento, lo cual frustra el \u00e9xito del resguardo ahora examinado.       <\/span><\/p>\n

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La inconformidad del tutelante con la referenciada providencia por ser adversa a sus intereses no le abre paso a esta particular justicia, por cuanto se halla reservada para eventos de patente desafuero judicial, lo cual no se configura en el decurso auscultado.  <\/span><\/p>\n

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Importa memorar que el art\u00edculo 382 del C\u00f3digo de General del Proceso estipula: \u201cLa demanda de impugnaci\u00f3n de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o de cualquier otro \u00f3rgano directivo de personas jur\u00eddicas de derecho privado, solo podr\u00e1 proponerse, so pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deber\u00e1 dirigirse contra la entidad. Si se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el t\u00e9rmino se contar\u00e1 desde la fecha de la inscripci\u00f3n\u201d (subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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La redacci\u00f3n de la mencionada regla aleja la arbitrariedad atribuida al funcionario tutelado, por cuanto, sin duda de ella emerge, como acertadamente lo concluy\u00f3 el juzgador ad quem, que el lapso para ejercitar la acci\u00f3n ordinaria en comento, inicia a contar desde la data en la cual se celebr\u00f3 la reuni\u00f3n donde se adopt\u00f3 la decisi\u00f3n controvertida, sin importar, seg\u00fan la nueva legislaci\u00f3n, el d\u00eda de su publicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Tampoco err\u00f3 el Tribunal al no reparar en el contenido del art\u00edculo 47 de la Ley 657 de 20011  <\/span><\/p>\n

, pues su examen en ese momento se circunscrib\u00eda a determinar si era viable de conformidad con el mandato 382 del C.G. del P., dar curso a la acci\u00f3n incoada por el tutelante      <\/span><\/p>\n

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Ahora, si el promotor del auxilio estima que la memorada norma 382 es \u201c(\u2026) regresiva [, por cuanto] (\u2026) reduce el t\u00e9rmino para radicar\u201d el libelo de impugnaci\u00f3n de actas, puede formular la respectiva demanda de inconstitucionalidad, para que sea el m\u00e1ximo Tribunal de esa jurisdicci\u00f3n, quien se pronuncie sobre ese aspecto.  <\/span><\/p>\n

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No torna pr\u00f3spero este ruego que otros juzgadores, distintos a los aqu\u00ed querellados, s\u00ed admitan a tr\u00e1mite casos en circunstancias similares a las ac\u00e1 comentadas, pues, esta justicia excepcional solo interviene para corregir el desafuero de los jueces, falencia no materializada en asunto materia de esta salvaguarda.  <\/span><\/p>\n

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4. En corolario, la inconformidad del se\u00f1or Pinilla Prieto con el pronunciamiento examinado no le abre paso a esta senda, porque la sola divergencia conceptual no es venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intromisi\u00f3n del juez constitucional.  <\/span><\/p>\n

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Atinente a ello, esta Sala ha afirmado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo  brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u201d2.  <\/span><\/p>\n

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Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha indicado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) los Jueces en su tarea de administrar justicia gozan de (\u2026) autonom\u00eda en la ex\u00e9gesis de la ley y en la valoraci\u00f3n de la prueba, motivo por el cual no es suficiente que la tutelante oponga un planteamiento as\u00ed sea coherente sobre lo que debi\u00f3 ser ya la explicaci\u00f3n de la norma o del an\u00e1lisis de la prueba, para desde\u00f1ar una providencia judicial que no comparte y encasillarla como v\u00eda de hecho judicial (\u2026) \u2018el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia\u2019 (\u2026)\u201d3  <\/span><\/p>\n

(subl\u00ednea fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

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5. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado.  <\/span><\/p>\n

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3. DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Carlos Arturo Pinilla Prieto frente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, espec\u00edficamente contra el magistrado Jorge Jaramillo Villareal, con ocasi\u00f3n del juicio de impugnaci\u00f3n de actas de asamblea adelantado por el aqu\u00ed quejoso al Condominio Campestre Las Mercedes.   <\/span><\/p>\n

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SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados.  <\/span><\/p>\n

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TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1   \u201cLas decisiones de la asamblea se har\u00e1n constar en actas firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deber\u00e1 indicarse si es ordinaria o extraordinaria, adem\u00e1s la forma de la convocatoria, orden del d\u00eda, nombre y calidad de los asistentes, su unidad privada y su respectivo coeficiente, y los votos emitidos en cada caso.  <\/span><\/p>\n

En los eventos en que la Asamblea decida encargar personas para verificar la redacci\u00f3n del acta, las personas encargadas deber\u00e1n hacerlo dentro del t\u00e9rmino que establezca el reglamento, y en su defecto, dentro de los veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la fecha de la respectiva reuni\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

Dentro de un lapso no superior a veinte (20) d\u00edas h\u00e1biles contados a partir de la fecha de la reuni\u00f3n, el administrador debe poner a disposici\u00f3n de los propietarios del edificio o conjunto, copia completa del texto del acta en el lugar determinado como sede de la administraci\u00f3n, e informar tal situaci\u00f3n a cada uno de los propietarios. En el libro de actas se dejar\u00e1 constancia sobre la fecha y lugar de publicaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

La copia del acta debidamente suscrita ser\u00e1 prueba suficiente de los hechos que consten en ella, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. El administrador deber\u00e1 entregar copia del acta a quien se la solicite.  <\/span><\/p>\n

PAR\u00c1GRAFO. Todo propietario a quien se le niegue la entrega de copia de acta, podr\u00e1 acudir en reclamaci\u00f3n ante el Alcalde Municipal o Distrital o su delegado, quien a su vez ordenar\u00e1 la entrega de la copia solicitada so pena de sanci\u00f3n de car\u00e1cter policivo\u201d.    <\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3 CSJ. STC 1\u00b0 de septiembre de 2010, exp. 01377-00, reiterada el 16 de diciembre de 2011, exp. 02663-00.      <\/span><\/p>\n

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