{"id":99328,"date":"2026-06-25T18:19:54","date_gmt":"2026-06-25T18:19:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1813-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:19:54","modified_gmt":"2026-06-25T18:19:54","slug":"stc1813-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1813-2017\/","title":{"rendered":"STC1813-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1813-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2017-00230-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Ariza Ariza contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, los Juzgados 12 y 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n Civiles del Circuito de la misma ciudad, Central de Inversiones S. A., Sociedad Andina 1 Ltda., Carlos Efr\u00e9n Bernal Torres, Mauricio Humberto Mesa Ram\u00edrez, los bancos Granahorrar S. A., y BBVA Colombia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El promotor del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por los convocados.  <\/span><\/p>\n

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Solicit\u00f3, en consecuencia, \u00abordenar que (\u2026) el JUZGADO 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 y JUYGADO 2 DE EJECUCI\u00d3N CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1, restablezcan los derechos vulnerados\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.        Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes:  <\/span><\/p>\n

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2.1.        El 26 de julio de 1994, el Banco Granahorrar otorg\u00f3 al quejoso un cr\u00e9dito hipotecario en sistema UPAC, el cual \u00abfue reliquidado o redenominado a UVR unilateralmente por el Banco, sin reestructurar el cr\u00e9dito\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.2.        Tal entidad bancaria promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra del gestor, exigiendo el pago de la referida obligaci\u00f3n, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 12 Civil del Circuito de esta urbe.  <\/span><\/p>\n

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2.3.        En el curso del proceso la entidad ejecutante cedi\u00f3 el cr\u00e9dito a Central de Inversiones S. A. \u00aby luego una cadena de cesiones a SOCIEDAD ANDINA 1 LTDA., CARLOS EFREN BERNAL TORRES y (\u2026) MAURICIO HUMBERTO MESA RAM\u00cdREZ, quien remat\u00f3 y solicit\u00f3 la adjudicaci\u00f3n\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.4.        Adujo el quejoso que el t\u00edtulo aportado como soporte de la ejecuci\u00f3n no cumpl\u00eda \u00abni cumple los requisitos exigidos por la ley sustantiva (\u2026), en cuanto que la entidad demandante no acredit[\u00f3] la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito previo a interponer la Acci\u00f3n Ejecutiva (sic)\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       3.        A trav\u00e9s de auto del 9 de febrero de 2016, la Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, exclusivamente en lo que ata\u00f1\u00eda a la queja formulada frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados 12 y Segundo de Ejecuci\u00f3n Civiles del Circuito de esta urbe, orden\u00f3 enterar a las autoridades judiciales accionadas, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origina la queja.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones surtidas en el proceso objeto de reproche constitucional.  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juzgado 12 Civil del Circuito de Oralidad de Bogot\u00e1, se\u00f1al\u00f3 que \u00abes ya la tercera vez que incoa tutela por hechos similares en cabeza del mismo accionante\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        Sociedad Andina 1 Ltda., expres\u00f3 que \u00ablas obligaciones a cargo del ACCIONANTE no figuran a [su] cargo\u00bb, por lo que carece de legitimaci\u00f3n en la causa.  <\/span><\/p>\n

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4.        Central de Inversiones S. A., manifest\u00f3 que \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, comoquiera que no ostenta la titularidad del cr\u00e9dito que gener\u00f3 el reporte negativo del que se duele el promotor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        El Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente contentivo del proceso criticado.  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, de manera liminar se advierte que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de los mismos hechos y pretensiones elevadas por el accionante, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, en aquella oportunidad est\u00e1 Sala precis\u00f3 que el actor manifest\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026 el Banco Granahorrar instaur\u00f3 la ejecuci\u00f3n mencionada en la cual cedi\u00f3 el cr\u00e9dito cobrado al BBVA Colombia, este hizo lo propio a Central de Inversiones, quien realiz\u00f3 lo mismo a favor de la Sociedad Andina 1 Ltda., la que a su vez lo cedi\u00f3 a Carlos Efr\u00e9n Bernal Torres y este a Mauricio Humberto Mesa Ram\u00edrez.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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2.3. Que una vez agotadas las etapas pertinentes, los inmuebles gravados hipotecariamente fueron adjudicados al \u00faltimo cesionario del cr\u00e9dito, Mauricio Humberto Mesa Ram\u00edrez, quien inscribi\u00f3 esa decisi\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y recibi\u00f3 los bienes en diligencia de entrega.  <\/span><\/p>\n

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2.4. Que a pesar de que se pretend\u00eda el cobro de un cr\u00e9dito otorgado en 1994, en UPAC, para la adquisici\u00f3n de vivienda, el Juzgado de primera instancia se neg\u00f3 a declararlo terminado no obstante que era evidente la ausencia de reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n ejecutada, es decir, que desatendi\u00f3 los mandatos de la Ley 546 de 1999 y la jurisprudencia de las altas Cortes sobre tal materia. (CSJ STC6589-2016).  <\/span><\/p>\n

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Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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2. En relaci\u00f3n con la reestructuraci\u00f3n prevista en la Ley 546 de 1999, en trat\u00e1ndose de juicios ejecutivos en los que se pretende cobrar cr\u00e9ditos otorgados antes del 31 de diciembre de 1999, para la adquisici\u00f3n de vivienda, la Sala ha indicado que para acceder al amparo solicitado por v\u00eda constitucional es necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos: (i) que la acci\u00f3n haya sido interpuesta oportunamente, esto es, antes del registro del auto aprobatorio del remate o de adjudicaci\u00f3n del inmueble hipotecado, o, a\u00fan con posterioridad, si el bien fue adjudicado a la parte ejecutante ; (ii) que se haya actuado con una m\u00ednima diligencia dentro del asunto censurado, ejerci\u00e9ndose los mecanismos de defensa procedentes; y, (iii) que directa o indirectamente se afecte el derecho a la vivienda digna, conforme a lo previsto en la Ley 546 de 1999.   <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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4. Sin embargo, descendiendo al caso que ahora ocupa la atenci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, con base en las anteriores premisas y analizado el proceso coactivo criticado por v\u00eda de tutela, allegado en copia a estas diligencias por uno de los estrados accionados, concluye la Corte que el amparo deprecado se desestimar\u00e1, al no encontrarse satisfecho el presupuesto de la inmediatez de la solicitud de resguardo.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior habida cuenta que los inmuebles gravados hipotecariamente fueron adjudicados al cesionario del cr\u00e9dito con auto de 22 de febrero de 2013, previa declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la diligencia de remate en la que ser\u00edan subastados; dicho prove\u00eddo fue inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos el 20 de septiembre siguiente; y la diligencia de entrega se llev\u00f3 a cabo el 27 de febrero de 2015.  <\/span><\/p>\n

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       As\u00ed las cosas, se concluye que el primer requisito para conceder el amparo demandado por el promotor no fue satisfecho, porque la demanda de tutela fue radicada hasta el 20 de abril de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       Con otras palabras, desde los actos procesales criticados y hasta cuando se acudi\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n constitucional transcurri\u00f3 un lapso que supera con holgura el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que las personas afectadas en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerzan esta acci\u00f3n; sin que la parte accionante hubiera alegado ni menos demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza.  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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5. Adicionalmente, el segundo presupuesto para conceder el resguardo constitucional tampoco aparece cumplido, es decir, que el ejecutado y accionante hubiere actuado con una m\u00ednima diligencia en el proceso coactivo, pues si bien es cierto que se defendi\u00f3 al interior de tal juicio no menos cierto es que ninguno de sus embates estuvo dirigido a poner de presente la ausencia de reestructuraci\u00f3n de su cr\u00e9dito.  <\/span><\/p>\n

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Realmente, lo alegado por el quejoso a trav\u00e9s de excepciones meritorias fue que el pagar\u00e9 base de la ejecuci\u00f3n carec\u00eda de la firma de su creador, que era necesaria la tramitaci\u00f3n de un juicio verbal para que se declarara la exigibilidad anticipada de la totalidad de la deuda y que la hipoteca era inexistente por carecer de contrato de mutuo que la respaldara.  <\/span><\/p>\n

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Mediante incidentes de nulidad tambi\u00e9n aleg\u00f3 que la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito no fue aceptada por la parte ejecutada, por lo que la actuaci\u00f3n procesal del cesionario estaba viciada, y que la reliquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito adolec\u00eda de falencias pues el alivi\u00f3 aplicado as\u00ed como la conversi\u00f3n a Unidades de Valor Real no se ci\u00f1\u00f3 al ordenamiento que rige la materia, lo que traduc\u00eda que estaba siendo ejecutado por una suma superior a la que deb\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Sobre este \u00faltimo aspecto pertinente es reiterar que la reliquidaci\u00f3n de la deuda de que se trata es asunto diverso a su reestructuraci\u00f3n, pues aquella consiste en la redenominaci\u00f3n y depuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de las anomal\u00edas que dieron lugar a que el sistema UPAC fuera declarado inexequible (Corte Constitucional C-383, C-700 y C-747 de 1999), mientras que esta es un ajuste de sus condiciones conforme a la capacidad econ\u00f3mica del deudor.  <\/span><\/p>\n

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Se trata, entonces de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es un derecho potestativo que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del derecho como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones1.  <\/span><\/p>\n

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El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido.  <\/span><\/p>\n

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En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que:  <\/span><\/p>\n

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[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019  <\/span><\/p>\n

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(\u2026)  <\/span><\/p>\n

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Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un  compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01).  <\/span><\/p>\n

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3.        Lo anterior es suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile.      <\/span><\/p>\n

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