{"id":99332,"date":"2026-06-25T18:20:18","date_gmt":"2026-06-25T18:20:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1819-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:20:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:20:18","slug":"stc1819-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1819-2017\/","title":{"rendered":"STC1819-2017"},"content":{"rendered":"

        <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2016-00842-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas y Esperanza Carvajal Figueroa contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Los accionantes suplican la protecci\u00f3n de la prerrogativa constitucional de petici\u00f3n, presuntamente lesionada por la autoridad convocada.  <\/span><\/p>\n

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2.        Para respaldar su reproche, acotan que el 13 de octubre de 2016 solicitaron \u201cla devoluci\u00f3n y entrega de todos los documentos adjuntados con la petici\u00f3n \u00fanica de pago de la sentencia, radicada [\u00e9sta] el 17 de octubre de 2014 (sic)\u201d.   <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1alan que ante la falta de respuesta, el d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o, reiteraron su reclamaci\u00f3n, sin recibir contestaci\u00f3n hasta la fecha.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exigen, en concreto, ordenar \u201c(\u2026) atender su [misiva] (\u2026)\u201d (fls. 1 a 12, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. Respuesta de la accionada    <\/span><\/p>\n

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La convocada, extempor\u00e1neamente, se opuso al resguardo, manifestando lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) los actores demandaron la reparaci\u00f3n de los perjuicios sufridos por la privaci\u00f3n injusta de la libertad de la que fue objeto el se\u00f1or Luis Jes\u00fas Carvajal Figueroa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cMediante sentencia de primera instancia de 15 de abril de 2004, el Tribunal Administrativo de Santander deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c[A trav\u00e9s] de sentencia de 12 de junio de 2014, la Secci\u00f3n Tercera, Subsecci\u00f3n C, del Consejo de Estado revoc\u00f3 el fallo de primera instancia, declarando administrativamente responsable a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la privaci\u00f3n de la libertad del se\u00f1or Carvajal Figueroa y la conden\u00f3 a indemnizar los perjuicios materiales y morales sufridos por los demandantes.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c[Los reclamantes] (\u2026) radicaron solicitud de pago ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 17 de octubre de 2014. Sin embargo, esta entidad les solicit\u00f3, mediante oficio de 7 de noviembre de 2014, que completaran los requisitos necesarios para asignar el respectivo turno de pago.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c[Los quejosos] complementaron sus solicitud mediante oficio recibido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 26 de febrero de 2015. Por esta raz\u00f3n, la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n (sic) procedi\u00f3 a asignar turno de pago de sentencias judiciales con la fecha de cumplimiento de requisitos, actuaci\u00f3n que fue debidamente informada a los gestores mediante comunicaci\u00f3n de 18 de marzo de 2015.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c[En] escrito de 30 de noviembre de 2015, los [accionantes] solicitaron la devoluci\u00f3n de los documentos. No obstante, mediante escrito de 7 de diciembre de 2015, solicitaron a esta entidad que no le diera tr\u00e1mite a su anterior petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cMediante comunicaci\u00f3n de 14 de octubre de 2016, [insistieron nuevamente] en la devoluci\u00f3n de los documentos originales radicados ante esta autoridad para el pago de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 12 de junio de 2014, y que se remitiera \u201cv\u00eda Servientrega\u201d, dichos documentos. Esta petici\u00f3n fue reiterada mediante comunicaci\u00f3n de 31 de octubre de 2016.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c[El] 16 de noviembre de 2016 (rad. DJ20161500079151), la Direcci\u00f3n Jur\u00eddica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n respondi\u00f3 la solicitud [antelada], en el sentido de autorizar el desglose de los documentos radicados en el respectivo expediente administrativo. Finalmente se les inform\u00f3 que deb[ieron] acercarse a las instalaciones [de esa entidad] para recibir los documentos solicitados y suscribir la respectiva acta de entrega de la documentaci\u00f3n (\u2026)\u201d (fls. 395 a 405, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

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Concedi\u00f3 el auxilio tras advertir la transgresi\u00f3n de la garant\u00eda deprecada, al inferir  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) que [al] revisar el diligenciamiento no hay duda de la presentaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n elevado ante el Jefe del Departamento Jur\u00eddico \u2013Grupo de Pago y Sentencias Judiciales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, enviado el [14] de octubre de 2016 por correo certificado, por medio del cual los [quejosos] solicitaron la devoluci\u00f3n de todos y cada uno de los documentos originales y en copia aut\u00e9ntica que hab\u00eda anexado a la solicitud \u00fanica de pago radicada bajo el n\u00ba 6800123150020010325501 y DJ20146111630592, como quiera que el apoderado de los accionantes alleg\u00f3 copia de la respectiva petici\u00f3n con la constancia de env\u00edo.  <\/span><\/p>\n

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\u201cAs\u00ed mismo, se halla demostrado con la respectiva copia aportada por [los actores], el env\u00edo por correo certificado de la petici\u00f3n elevada ante el Fiscal General de la Naci\u00f3n, el [31] de octubre del a\u00f1o en curso, por medio del cual [reitera su pedimento].  <\/span><\/p>\n

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\u201cIgualmente, se advierte que (\u2026) la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n [no] ha dado respuesta a las [rese\u00f1adas solicitudes] (\u2026)\u201d.   <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, dispuso:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) Ordenar al Jefe del Departamento Direcci\u00f3n Jur\u00eddica (sic) \u2013Grupo de Pagos de Sentencias Judiciales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, que en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n enviado por [los promotores] el [14] de octubre del a\u00f1o 2016, y notificar de la misma a [los] peticionario[s], en la direcci\u00f3n indicada para tales efectos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cOrdenar al Fiscal General de la Naci\u00f3n, N\u00e9stor Humberto Mart\u00ednez Neira que en el t\u00e9rmino perentorio de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a dar respuesta de fondo al derecho de petici\u00f3n enviado por los [tutelantes], el [31] de octubre del a\u00f1o 2016, y notificar de la misma a [los] peticionario[s] (\u2026)\u201d (fls. 379 a 390, cdno. 1).   <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 la accionada, aduciendo \u201checho superado\u201d, pues el 16 de noviembre de 2016, emiti\u00f3 contestaci\u00f3n a los promotores, autoriz\u00e1ndoles el desglose de los documentos por ellos pedidos, determinaci\u00f3n enterada en la misma fecha al correo electr\u00f3nico suministrado por aqu\u00e9llos (fls. 436 a 446, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. En torno al derecho de petici\u00f3n, esta Sala ha reiterado su car\u00e1cter fundamental por expreso reconocimiento del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Esa garant\u00eda se concreta en la posibilidad de presentar demandas respetuosas a las autoridades para obtener respuestas oportunas, completas y adecuadas. \u00c9stas deben corresponder a lo solicitado y notificarse en los concretos plazos previstos por la ley1; sin que ello implique, el acogimiento del fondo del asunto, por cuanto el ordenamiento constitucional no exige necesariamente  acceder en forma positiva a lo peticionado, pero s\u00ed, contestar tempestiva, clara, precisa y congruentemente lo impetrado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Sobre el alcance de la prerrogativa supralegal mencionada, esta Sala ha se\u00f1alado:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [I] El derecho de petici\u00f3n es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la informaci\u00f3n, a la participaci\u00f3n pol\u00edtica y a la libertad de expresi\u00f3n; (ii) el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n reside en la resoluci\u00f3n pronta y oportuna de la cuesti\u00f3n; (iii) la petici\u00f3n debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo m\u00e1s corto posible; (v) la respuesta no implica aceptaci\u00f3n de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la v\u00eda gubernativa y acceder a la v\u00eda judicial, no satisface el derecho fundamental de petici\u00f3n pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petici\u00f3n; (viii) el derecho de petici\u00f3n tambi\u00e9n es aplicable en la v\u00eda gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentaci\u00f3n de una petici\u00f3n, la entidad p\u00fablica debe notificar su respuesta al interesado (\u2026)\u201d2 (subraya la Sala).  <\/span><\/p>\n

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3. La decisi\u00f3n del juez de tutela pierde prop\u00f3sito cuando al instante de emitirla, la acci\u00f3n u omisi\u00f3n por la cual se origin\u00f3 el resguardo, ha cesado, desapareciendo as\u00ed el riesgo o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas deprecadas. Dicho aspecto es conocido un\u00e1nimemente por la jurisprudencia constitucional como \u201ccarencia actual de objeto\u201d3.  <\/span><\/p>\n

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Esta instituci\u00f3n tiene lugar a partir de tres sucesos que comportan consecuencias diversas: \u201ci) el hecho superado; ii) el da\u00f1o consumado; o iii) cuando se presente cualquier otra situaci\u00f3n que haga inocua la orden de satisfacer la pretensi\u00f3n iusfundamental\u201d4.  <\/span><\/p>\n

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En cuanto hace al primero, sucede cuando, \u201cantes de que se profiera el fallo, el demandado satisface lo solicitado\u201d5 (se resalta), vale decir, que si lo pretendido con el auxilio consist\u00eda en una orden de \u201cactuar o dejar de hacerlo\u201d, y previamente al pronunciamiento del juez constitucional, ocurre lo exigido, \u201ces claro que se est\u00e1 frente a un hecho superado, porque desaparece la transgresi\u00f3n de los derechos superiores [deprecados] con lo cual la posible orden que impartiera el juzgador caer\u00eda en el vac\u00edo\u201d6.   <\/span><\/p>\n

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Y la final, cuando \u201cel da\u00f1o\u201d que se pretend\u00eda impedir con el auxilio se consuma durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n, \u201cbien sea en primera o en segunda instancia, incluso en sede de revisi\u00f3n\u201d9.  <\/span><\/p>\n

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El tercer evento acontece cuando por cualquier otra circunstancia, ajena a las anteriores, se haga inocua la orden a satisfacer con la pretensi\u00f3n tutelar10. Dicha categor\u00eda, en concepto de la jurisprudencia reciente, reviste una \u201cmodalidad adicional de la carencia actual de objeto\u201d, seg\u00fan la cual, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origin\u00f3 la presentaci\u00f3n del resguardo \u201cdesapareci\u00f3 o se modific\u00f3\u201d a causa del cumplimiento de un mandato judicial11 emitido dentro de otra acci\u00f3n constitucional o en un juicio ordinario.  <\/span><\/p>\n

         <\/span><\/p>\n

4. Censuran Jes\u00fas y Esperanza Carvajal Figueroa a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la falta de respuesta a sus solicitudes elevadas el 14 y 31 de octubre de 2016, exigiendo, al un\u00edsono, \u201cla devoluci\u00f3n y entrega de todos los documentos adjuntados con la petici\u00f3n \u00fanica de pago de la sentencia, radicada [\u00e9sta] el 17 de octubre de 2014 (sic)\u201d.  <\/span><\/p>\n

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5. Frente a lo anterior, la citada autoridad demostr\u00f3 haber contestado el 16 de noviembre de 2016, los requerimientos de los interesados, es decir, antes de proferirse el fallo de primer grado, seg\u00fan consta en el oficio DJ20161500079151, notificando de ello a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica suministrada por aqu\u00e9llos, manifest\u00e1ndoles que autorizaba el desglose de los folios aportados con la reclamaci\u00f3n del \u201cpago\u201d de la sentencia condenatoria que otrora hicieran, invit\u00e1ndoles a comparecer a dicha entidad \u201cpara suscribir la respectiva acta de entrega de la documentaci\u00f3n\u201d (fls. 22 a 23, cdno.1).  <\/span><\/p>\n

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6. Por lo tanto, refulge que la misiva incoada fue satisfecha antes de dictarse la providencia impugnada, configur\u00e1ndose la carencia de objeto por hecho superado. La informaci\u00f3n proporcionada es acertada, pues se resolvi\u00f3 la inconformidad esgrimida por los tutelantes, particularmente lo relacionado con la entrega de los anexos a su petici\u00f3n de pago del fallo dictado a su favor por la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, en donde se declar\u00f3 responsable a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por la privaci\u00f3n de la libertad del se\u00f1or Carvajal Figueroa y se le conden\u00f3 a indemnizar los perjuicios materiales y morales sufridos por los all\u00ed demandantes.  <\/span><\/p>\n

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Ante eventos como el narrado seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3 en l\u00edneas anteriores, el auxilio pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de garant\u00edas de rango superior.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, ha dicho esta Corte:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) [E]l hecho superado por carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d12.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

7. Por los motivos expuestos, se infirmar\u00e1 la providencia examinada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

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                       RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

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PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotada, para en su lugar NEGAR el amparo deprecado por Jes\u00fas y Esperanza Carvajal Figueroa.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO: Comunicar telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 La sentencia C-818 de 2011 declar\u00f3 inexequibles los art\u00edculos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011 relativos al derecho de petici\u00f3n y, sobre la materia, recientemente se promulg\u00f3 la Ley 1755 de 2015.     <\/span><\/p>\n

2 CSJ. STC. 19 de marzo. 2014, Rad. 08001-22-13-000-2014-00053-01.    <\/span><\/p>\n

3 La Corte Constitucional en la sentencia SU-540 de 2007 rese\u00f1\u00f3 que primigeniamente esa corporaci\u00f3n para referirse a la \u201ccarencia actual de objeto\u201d, utiliz\u00f3 indistintamente enunciados tales como \u201cda\u00f1o consumado\u201d, \u201checho superado\u201d y \u201csustracci\u00f3n de materia\u201d, asimilando como \u201csin\u00f3nimas\u201d dichas expresiones; luego, en el fallo T-312 de 2016 pas\u00f3 a categorizar esos vocablos como especies dentro del g\u00e9nero, entendiendo este \u00faltimo como \u201ccarencia actual de objeto\u201d, siendo aqu\u00e9llas distintas maneras por las cuales se presenta dicho fen\u00f3meno.    <\/span><\/p>\n

4 Corte Constitucional, sentencia T-312 de 2016.      <\/span><\/p>\n

5 Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2012, planteamiento que ha sido recogido por esta Sala el 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01, entre muchas otras.   <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

6 Al respecto, la Corte Constitucional ha comprendido \u201cel hecho superado dentro del contexto de la satisfacci\u00f3n de lo pedido en la tutela, lo que permite suponer que la satisfacci\u00f3n de las pretensiones devino de una conducta positiva por parte de la persona o entidad demandada en orden a garantizar los derechos del accionante\u201d (T-529 de 2015).    <\/span><\/p>\n

7 Corte Constitucional T-495 de 2010.    <\/span><\/p>\n

8 Esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha dado aplicaci\u00f3n a dicho presupuesto f\u00e1ctico recientemente, tal es el caso donde el actor, exigiendo la protecci\u00f3n de los derechos a la \u201cparticipaci\u00f3n pol\u00edtica y libertad electoral\u201d, pidi\u00f3 ordenar a la Presidencia de la Rep\u00fablica y al Consejo Nacional Electoral, incluir la opci\u00f3n del voto en blanco en el \u201cplebiscito especial para refrendar el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP\u201d. En ese asunto no se concedi\u00f3 el amparo por \u201cda\u00f1o consumado\u201d, por cuanto al momento de presentarse el resguardo ya hab\u00eda tenido lugar la jornada electoral (CSJ. STC15379 oct. 27 de 2016).    <\/span><\/p>\n

9 Tiene lugar, verbi gratia, (i) cuando el accionante muere durante el decurso del resguardo, (ii) al cumplirse el t\u00e9rmino de la sanci\u00f3n impuesta a trav\u00e9s de un acto administrativo \u201ca pesar de que se pueda establecer de manera posterior que dicho acto fue expedido con violaci\u00f3n al debido proceso\u201d, o (iii) en una hip\u00f3tesis similar, al finiquitarse el plazo de la sanci\u00f3n disciplinaria, y por tanto, no tendr\u00eda prop\u00f3sito un pronunciamiento sobre la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales originados con la actuaci\u00f3n investigativa y sancionadora de la Procuradur\u00eda (Ver Corte Constitucional, sentencias T-495 de 2010 (ya citada), T-448 de 2004, T-253 de 2004, T-258 de 2003, T-873 de 2001, entre muchas otras).    <\/span><\/p>\n

10 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2010.    <\/span><\/p>\n

11 Sobre el t\u00f3pico, la Corte Constitucional en la sentencia T-529 de 2015, declar\u00f3 la carencia actual de objeto cuando la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que motiv\u00f3 la presentaci\u00f3n del libelo fundamental se vio modificada con ocasi\u00f3n de un segundo proceso de amparo que inici\u00f3 el agente oficioso de la all\u00e1 accionante. Esto teniendo en cuenta que luego de presentar la acci\u00f3n inicial, \u00e9sta no prosper\u00f3 porque no se hab\u00eda presentado una solicitud administrativa ante la E.P.S., pero una vez se dict\u00f3 el fallo, advirtiendo la omisi\u00f3n de ese requisito de subsidiariedad, la quejosa,  mediante \u201cagente oficioso\u201d, solicit\u00f3 ante la tutelada el suministro del transporte por cuanto la accionante no pod\u00eda procurarse los desplazamientos para di\u00e1lisis por razones econ\u00f3micas, pese a exponer sus razones y acreditar sus ingresos y gastos \u00e9sta fue negada, lo que ocasion\u00f3 la presentaci\u00f3n de la nueva tutela, siendo en esta segunda acci\u00f3n donde se satisfizo la  pretensi\u00f3n contenida en la demanda primigenia, esto es, \u201cel suministro del servicio de transporte para la agenciada y su acompa\u00f1ante\u201d.    <\/span><\/p>\n

12 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   Magistrado ponente      Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2016-00842-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)                Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99332","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99332"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99332\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}