{"id":99333,"date":"2026-06-25T18:20:23","date_gmt":"2026-06-25T18:20:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1820-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:20:23","modified_gmt":"2026-06-25T18:20:23","slug":"stc1820-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1820-2017\/","title":{"rendered":"STC1820-2017"},"content":{"rendered":"

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA   <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1820-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02807-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de enero de 2017 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en las acciones de tutela acumuladas, promovidas por Efra\u00edn Alberto Plazas, Jorge Enrique Garc\u00eda Nieto, H\u00e9ctor Ricardo Yomayusa Villarreal, F\u00e9lix Hernando Bustos Castro, Gustavo Alfredo Carvajal Parra, Ricardo Ignacio Bernal Reyes, Carmi\u00f1a Nelly Cuadrado de Cuervo, Ana Celmira Calder\u00f3n Roncancio, Mar\u00eda Dolores Rozo de Martens, Myriam Consuelo Pe\u00f1a Dorantes, Claudia Patricia Salas Forero, Rosa Mar\u00eda Pacheco V\u00e1squez, Haydee Rodr\u00edguez Quiroga, Clara Celmira Orjuela Murillo, Sixto Florentino Consuegra Pacheco, Jaime G\u00f3mez Rinc\u00f3n, Hern\u00e1n Villamil Camacho, Jaime Rend\u00f3n M\u00e1rquez y Ra\u00fal Fernando Ardila Arenas contra el Congreso de la Rep\u00fablica, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Presidencia de la Rep\u00fablica y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

    <\/span><\/p>\n

1. ANTECEDENTES    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        Los promotores exigen la protecci\u00f3n de los derechos y principios consagrados en los art\u00edculos 1, 2, 3, 4, 22, 24, 40, 42, 44, 45, 103, 113 y 133 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, presuntamente vulnerados por la entidad acusada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Para sustentar su reproche, advierten que el Presidente de la Rep\u00fablica someti\u00f3 a consideraci\u00f3n del pueblo colombiano, mediante plebiscito, el acuerdo suscrito con las Farc el 26 de septiembre de 2016 para la terminaci\u00f3n del conflicto armado; no obstante, los resultados fueron negativos, pues la mayor\u00eda de los votantes opt\u00f3 por la \u201cNO\u201d implementaci\u00f3n de ese pacto.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se\u00f1alan que debido a lo descrito, no puede ejecutarse el Acto Legislativo 01 de 2016, dirigido a establecer \u201c(\u2026) un procedimiento abreviado para proyectos de ley y de reforma Constitucional (\u2026) [y] otorgar facultades extraordinarias al Presidente (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

Agregan que como en el fallo C-379 de 2016 la Corte Constitucional \u201c(\u2026) condicion\u00f3 (\u2026) los acuerdos celebrados en la Habana (\u2026) a la refrendaci\u00f3n (\u2026)\u201d, a trav\u00e9s de la \u201cparticipaci\u00f3n directa\u201d de la ciudadan\u00eda, los cambios surtidos a los pactos iniciales son para \u201c(\u2026) muchos de los ganadores del NO una verdadera burla (\u2026) a los principios de un Estado Social de Derecho (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Indican que \u201c(\u2026) por el af\u00e1n del actual mandatario (\u2026) de refrendar (\u2026) los acuerdos (\u2026)\u201d, no puede aceptarse la remisi\u00f3n de \u00e9stos al Congreso, el cual est\u00e1 \u201cdeslegitimado\u201d por el pueblo (fls. 1 al 7, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Exigen, por tanto, \u201c(\u2026) no continuar con la implementaci\u00f3n de los acuerdos firmados en la Habana (\u2026)\u201d, impulsar las investigaciones penales pertinentes frente al Presidente del Congreso de la Rep\u00fablica por la presunta comisi\u00f3n de delitos y ordenar la aprobaci\u00f3n de los convenios \u201c(\u2026) que se celebren (\u2026) con la participaci\u00f3n del pueblo (\u2026)\u201d (fl. 8, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. Respuesta del accionado y vinculados    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

a)        El Congreso de la Rep\u00fablica destac\u00f3 que ante los resultados del plebiscito celebrado el 2 de octubre de 2016, el Presidente de la Rep\u00fablica resolvi\u00f3  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) no someter el nuevo convenio a la refrendaci\u00f3n del Constituyente Primario, sino que opt[\u00f3] por presentar[lo] (\u2026) ante el Constituyente Secundario \u2013Congreso de la Rep\u00fablica-, por considerar que este tambi\u00e9n es un mecanismo directo de participaci\u00f3n representativa, pues sus miembros representan al pueblo que es soberano y deben actuar consultando la justicia y el bien com\u00fan. Son por consiguiente los congresistas, responsables ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que el 29 de noviembre de 2016 esa Corporaci\u00f3n,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en ejercicio de su funci\u00f3n de control pol\u00edtico establecida en el numeral 3 del art\u00edculo 6 del Reglamento del Congreso \u2013Ley 5\u00aa de 1992- en un Acto Pol\u00edtico, ratific\u00f3 el nuevo acuerdo con las Farc, conoci\u00e9ndolo, debati\u00e9ndolo y vot\u00e1ndolo, siendo este aprobado por unanimidad de los asistentes \u2013Democracia Representativa- (\u2026)\u201d (subraya y negrilla del texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, la Corte Constitucional, en sentencia C-699 de 2016 de 13 de diciembre siguiente declar\u00f3 exequibles los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2016, \u201c(\u2026) por medio del cual se establecen instrumentos jur\u00eddicos para facilitar y asegurar la implementaci\u00f3n y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Finalmente, adujo la improcedencia de este resguardo porque es el Presidente de la Rep\u00fablica quien tiene \u201c(\u2026) la potestad de someter o no el convenio a convocatorias plebiscitarias o refrendaci\u00f3n del Congreso (\u2026)\u201d; adem\u00e1s, seg\u00fan advirti\u00f3, los actores cuentan con medios de defensa ordinarios para lograr lo pretendido (fls. 36 al 42, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

b)        La Presidencia de la Rep\u00fablica sostuvo que en su contra se han formulado otros resguardos con supuestos similares al actual. Anot\u00f3 la ausencia de lesi\u00f3n de prerrogativas constitucionales de los querellantes, por cuanto la sentencia C-379 de 2016, mediante la cual se revis\u00f3 el proyecto de ley estatutaria regulatoria del plebiscito para la implementaci\u00f3n de los acuerdos, no limit\u00f3 los mecanismos de refrendaci\u00f3n al mencionado y, adem\u00e1s, se puntualiz\u00f3  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) que la participaci\u00f3n del electorado no tiene el potencial de reformar la constituci\u00f3n. Por tanto, el derecho a la paz no se modifica ni desaparece del orden constitucional y legal con el resultado de la votaci\u00f3n del pasado 2 de octubre (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Por ello, el Presidente de la Rep\u00fablica despleg\u00f3 todas las acciones necesarias para lograr la suscripci\u00f3n de un nuevo acuerdo de paz en el marco de un consenso nacional, donde concurrieron todos los sectores; tanto los que votaron por el S\u00ed, por el No y los que se abstuvieron de acudir a las urnas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Acot\u00f3 que seg\u00fan la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en sesi\u00f3n de 28 de noviembre de 2016, a quien se le pidi\u00f3 su concepto, resultaba dable que el mandatario de los colombianos decidiera acudir o no a un mecanismo de convalidaci\u00f3n de los acuerdos de paz, no siendo el \u00fanico el plebiscito. Asimismo, esa Corporaci\u00f3n esgrimi\u00f3 que \u201c(\u2026) el Congreso de la Rep\u00fablica es un espacio democr\u00e1tico que puede imprimir legitimidad a lo acordado entre las partes para lograr la consolidaci\u00f3n del derecho a la paz en Colombia (\u2026)\u201d (fls. 53 al 60, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

d)        La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n manifest\u00f3 que otros escenarios ha rendido conceptos sobre el Acto Legislativo 01 de 2016, el cual estaba  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) en una condici\u00f3n de latencia constitucional perpetua, ya que si bien no estaba vigente por haber triunfado la opci\u00f3n negativa en el plebiscito (\u2026) ello no implicaba la existencia de una condici\u00f3n fallida que feneciera la posibilidad de hacerlo operante mediante un nuevo acto de refrendaci\u00f3n popular de los acuerdos, y que \u00e9ste podr\u00eda darse en cualquier tiempo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Destac\u00f3 que en su criterio, el Congreso de la Rep\u00fablica v\u00e1lidamente refrend\u00f3 el nuevo acuerdo de paz, cuesti\u00f3n aceptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en la sentencia C-699 de 2016 (fls. 348 al 351, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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1. La sentencia impugnada    <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada porque no hall\u00f3 lesionadas las garant\u00edas de los promotores, pues ninguna norma impon\u00eda  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) la exigencia insoslayable de consultar al constituyente primario los (\u2026), pactos, por la v\u00eda del plebiscito, ni mucho menos la necesidad de acudir a alguno de los mecanismos de participaci\u00f3n reglados en la Carta Mayor (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Advirti\u00f3 que esa conclusi\u00f3n hallaba respaldo en la argumentaci\u00f3n contenida en la sentencia C-699 de 2016, donde se declararon exequibles los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2016 y en el concepto rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de 28 de noviembre de 2016 y, adicionalmente, resalt\u00f3 que la actuaci\u00f3n del Congreso de la Rep\u00fablica  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) es la manifestaci\u00f3n pura de las obligaciones impuestas por la Constituci\u00f3n, sin que sea dable v\u00e9rsele como contradictoria al ordenamiento y en detrimento de las prerrogativas de los tutelantes, por cuanto el asunto sometido al escrutinio (\u2026) [de esa autoridad] es de su incumbencia debido a su trascendencia nacional, am\u00e9n de fungir como el ente encargado de fiscalizar las pol\u00edticas implementadas por el ejecutivo en torno a la consecuci\u00f3n de la paz en el territorio (\u2026)\u201d (fls. 383 al 397, cdno. 1).  <\/span><\/p>\n

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1. La impugnaci\u00f3n    <\/span><\/p>\n

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Jorge Enrique Garc\u00eda Nieto impugn\u00f3 el fallo memorado expresando cuestiones an\u00e1logas a las aducidas en los escritos introductorios acumulados.  <\/span><\/p>\n

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Insisti\u00f3 en que se dej\u00f3 de lado la legitimidad democr\u00e1tica, pues el Congreso no es \u201c(\u2026) una instituci\u00f3n refrendataria (\u2026) [sino] instituid[a] para hacer las leyes, reformar la Constituci\u00f3n y ejercer el control pol\u00edtico (\u2026)\u201d. Anot\u00f3 que la soberan\u00eda reside en el pueblo, quien se neg\u00f3 a aceptar los acuerdos de la Habana y por lo cual, sus cambios debieron someterse, de nuevo, al escrutinio de la voluntad popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Asegur\u00f3 que el Congreso no tiene la capacidad de \u201csobreponerse\u201d a los resultados del plebiscito, de un lado, porque no representa a la ciudadan\u00eda y, de otro,  <\/span><\/p>\n

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2.        CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Delanteramente, se observa la improcedencia de esta salvaguarda, por cuanto si lo pretendido por los querellantes, a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario, era evitar la refrendaci\u00f3n de los acuerdos de paz en el Congreso de la Rep\u00fablica, dicha actuaci\u00f3n fue agotada el 29 de noviembre de 2016.  <\/span><\/p>\n

Por ende, se desprende la ocurrencia de un hecho consumado y la imposibilidad de efectuar un pronunciamiento sobre el particular. En cuanto a lo discurrido, esta Sala ha expresado:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) el supuesto del da\u00f1o consumado impide el fin primordial de la acci\u00f3n de tutela, cual es la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, para evitar precisamente los da\u00f1os que dicha violaci\u00f3n pueda generar, y no una protecci\u00f3n posterior a la causaci\u00f3n de los mismos (\u2026). Tal interpretaci\u00f3n se desprende de lo dispuesto en el art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1992 en el sentido de que la acci\u00f3n de tutela es improcedente (\u2026) cuando sea evidente que la violaci\u00f3n del derecho origin\u00f3 un da\u00f1o consumado, salvo cuando contin\u00fae la acci\u00f3n u omisi\u00f3n violatoria del derecho\u2019 (Sentencias T-138 de 1994 y T-612 de 2008) (\u2026)\u201d1  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        Refuerza el fracaso de este amparo la omisi\u00f3n de los promotores en agotar los medios de defensa a su alcance para dilucidar las cuestiones alegadas por esta v\u00eda residual y extraordinaria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En efecto, frente al Acuerdo 01 de 2016, \u201c(\u2026) [p]or medio del cual se establecen instrumentos jur\u00eddicos para facilitar y asegurar la implementaci\u00f3n y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera (\u2026)\u201d, debieron formular la respectiva demanda para lograr su control constitucional y, en consecuencia, esclarecer el concepto de \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d atado a su vigencia.  <\/span><\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que el art\u00edculo 5\u00b0 de esa normativa consagra:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) El presente acto legislativo rige a partir de la refrendaci\u00f3n popular del Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Si bien los reclamantes estiman que la \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d s\u00f3lo hace referencia a los mecanismos de participaci\u00f3n establecidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u2013Art. 40- y, particularmente, al plebiscito aceptado para los acuerdos de paz en sentencia C-379 de 2016, lo cierto es que el \u00f3rgano encargado de la interpretaci\u00f3n de dicho concepto a la luz de la Carta Pol\u00edtica es el Alto Tribunal Constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        Al margen de lo esbozado, se destaca que en la actualidad cursan dos demandas contra el canon enunciado, admitidas el 22 de septiembre y 12 de diciembre de 2016 – decursos en los cuales no se observa que los tutelantes hayan intervenido-, siendo ese el escenario establecido legalmente para definir aspectos como los reprochados por los promotores, quienes, entre otras cuestiones, critican la puesta en marcha del citado Acto Legislativo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En esos t\u00e9rminos el ataque resulta prematuro frente a la disposici\u00f3n constitucional comentada, pues el juzgador natural es el primer llamado a resolver las quejas concernientes a los procesos bajo su cargo, est\u00e1ndole  vedado a esta jurisdicci\u00f3n intervenir anticipadamente.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corte manifest\u00f3:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no  es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d2.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a Sala observa que desde el punto de vista de la naturaleza, fines y alcance del control pol\u00edtico que el Congreso de la Rep\u00fablica ejerce sobre el Gobierno Nacional (art\u00edculo 114 C.P.), resulta conforme a la Constituci\u00f3n que ese cuerpo legislativo, sin perjuicio de sus competencias de producci\u00f3n normativa, pueda hacer, en el contexto de una \u201cCitaci\u00f3n para discusi\u00f3n de pol\u00edticas y\/o temas generales\u201d de la Ley 5 de 1992 y de la funci\u00f3n de seguimiento de la pol\u00edtica de paz del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 418 de 1997, una manifestaci\u00f3n pol\u00edtica, a t\u00edtulo de refrendaci\u00f3n, de los acuerdos de paz suscritos por el Presidente de la Rep\u00fablica. Como se\u00f1al\u00f3 la Corte Constitucional en relaci\u00f3n con el plebiscito, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no impide acudir a mecanismos de participaci\u00f3n democr\u00e1tica que permitan dotar de estabilidad y legitimidad pol\u00edtica a los acuerdos de paz suscritos por el Gobierno Nacional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDe acuerdo con el transcrito art\u00edculo 133 C.P. \u2013que consagra la representaci\u00f3n popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de elecci\u00f3n directa- y en ejercicio de la funci\u00f3n constitucional de control pol\u00edtico, la refrendaci\u00f3n por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la pol\u00edtica al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la acci\u00f3n p\u00fablica y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica posible, producto de las serias discusi\u00f3n y deliberaci\u00f3n acerca de los problemas cuya soluci\u00f3n reclama con insistencia la sociedad, por manera que -en el caso que ocupa a la Sala en este concepto-, las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base s\u00f3lida de estabilidad pol\u00edtica (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cDebe adem\u00e1s recordarse que uno de los principios de la arquitectura constitucional colombiana es la separaci\u00f3n funcional de sus \u00f3rganos pero con colaboraci\u00f3n mutua para el logro de sus fines\u201d y \u201carticulaci\u00f3n a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n de varias fuerzas\u201d (art\u00edculo 113 C.P.), de modo que \u201cla visi\u00f3n de una r\u00edgida separaci\u00f3n de los poderes debe ser superada en la concepci\u00f3n que concilia el ejercicio de funciones separadas -que no pertenecen a un \u00f3rgano sino al Estado- con la colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica para la realizaci\u00f3n de sus fines, que no son otros que los del servicio a la comunidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n debe tenerse en cuenta que la paz es un derecho, un deber y un fin constitucional de car\u00e1cter esencial (Art\u00edculos 2, 22 y 95-6 C.P.), de modo que \u201clas medidas dirigidas a la b\u00fasqueda de la paz y la superaci\u00f3n del conflicto armado, tienen un innegable soporte constitucional, que a su vez es respaldado por el andamiaje jur\u00eddico que ofrecen diversas normas de derecho internacional\u201d. Y debe recordarse que la consecuci\u00f3n de la paz es un objetivo constitucional que vincula a todos los \u00f3rganos del Estado y que exige una actuaci\u00f3n concurrente de los mismos en el marco de sus respectivas competencias (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEn consecuencia, si el Presidente de la Rep\u00fablica toma la decisi\u00f3n pol\u00edtica de llegar a un acuerdo de paz, dentro del cual se prev\u00e9, como expresi\u00f3n de seguridad y confianza mutua entre las partes y condici\u00f3n de eficacia el acuerdo, que esa decisi\u00f3n ser\u00e1 sometida a un mecanismo de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, no cabe una visi\u00f3n reduccionista de la legitimidad democr\u00e1tica del Congreso de la Rep\u00fablica y de los mecanismos de control pol\u00edtico previstos en la Constituci\u00f3n y la ley que lleve a negar esa posibilidad (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cFinalmente, la Sala reitera que en cualquier caso una refrendaci\u00f3n como la analizada es diferente a la implementaci\u00f3n del Acuerdo Final, la cual, en cuanto comporte reformas constitucionales y legales, deber\u00e1 agotar los procedimientos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para ese efecto. Por tanto, debe tenerse en cuenta que los efectos de producci\u00f3n de normas en el ordenamiento positivo, como implementaci\u00f3n del acuerdo de paz, no se producen autom\u00e1ticamente por la firma del acuerdo ni por su refrendaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en ning\u00fan caso, la decisi\u00f3n que adopte el Congreso de la Rep\u00fablica, con independencia de su sentido, comprometer\u00e1 a futuro la libertad de configuraci\u00f3n normativa que le reconocen la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley 5 de 1992 para el ejercicio de sus funciones normativas (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cConforme a lo anterior,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cIII. La Sala RESPONDE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c\u00bfPodr\u00eda el Congreso de la Rep\u00fablica efectuar la refrendaci\u00f3n sobre el Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera, suscrito por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia \u2013 Ej\u00e9rcito del Pueblo?\u201d  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cS\u00ed. El Congreso de la Rep\u00fablica puede efectuar la refrendaci\u00f3n del nuevo \u201cAcuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera, suscrito por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia \u2013 Ej\u00e9rcito del Pueblo\u201d del 24 de noviembre de 2016, en virtud del mandato representativo y las amplias funciones de control pol\u00edtico que le reconoce la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En todo caso, esta refrendaci\u00f3n no produce la incorporaci\u00f3n del acuerdo a la Constituci\u00f3n ni lo dota de efectos de producci\u00f3n de normas en el ordenamiento positivo; estas tendr\u00edan que ser producto espec\u00edfico de la fase de implementaci\u00f3n del Acuerdo Final (\u2026)\u201d (subraya fuera de texto).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201cLa decisi\u00f3n que adopte el Congreso de la Rep\u00fablica, con independencia de su sentido, en ning\u00fan caso comprometer\u00e1 su libertad de configuraci\u00f3n normativa en el ejercicio de las competencias constituyentes y legislativas que le son propias (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

As\u00ed, se argument\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u201c(\u2026) La Corte observa que el art\u00edculo 5\u00ba del Acto Legislativo (\u2026) supedita su entrada en vigencia a una \u201crefrendaci\u00f3n popular del Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera\u201d. Sin embargo el Acto Legislativo no define qu\u00e9 debe entenderse por \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d. En los antecedentes parlamentarios de la reforma puede apreciarse adem\u00e1s que durante su tr\u00e1mite a\u00fan no se hab\u00eda establecido un \u00fanico mecanismo de refrendaci\u00f3n de acuerdos finales para la terminaci\u00f3n del conflicto, y fue precisamente por eso que se dej\u00f3 un t\u00e9rmino gen\u00e9rico y comprehensivo (\u2018refrendaci\u00f3n popular\u2019) (\u2026). La concepci\u00f3n de la refrendaci\u00f3n popular que se refleja en las deliberaciones del Congreso estaba ciertamente atada a un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana. Pero no es posible establecer con la misma certeza si cualquier mecanismo de participaci\u00f3n era suficiente, si era exigible agotar m\u00e1s de uno de ellos en caso de resultados adversos, o si luego de la expresi\u00f3n ciudadana era factible abrir un escenario adicional de negociaci\u00f3n en busca de mayores consensos. Por lo dem\u00e1s, las expectativas del \u00f3rgano que emite una constituci\u00f3n o una reforma constitucional pueden informar el sentido normativo que se les atribuya. Pero es tambi\u00e9n claro que los redactores de una norma no logran prever ciertos desenvolvimientos sociales y pol\u00edticos, que desajusten el balance de principios contenido en sus reglas, y es por eso que las expectativas originales, aunque informan, no determinan el sentido de la interpretaci\u00f3n constitucional (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) La Constituci\u00f3n de 1991, al margen del acto bajo control, no emplea en ninguna de sus previsiones conjuntamente las palabras \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d, y de hecho tampoco usa el vocablo \u201crefrendaci\u00f3n\u201d. En algunas de sus disposiciones la Carta regula los referendos de leyes, de reformas constitucionales y de creaci\u00f3n de regiones (CP arts 103, 170, 307 y 377), que pueden concebirse como procesos para la refrendaci\u00f3n popular. Pero no es posible reconducir la refrendaci\u00f3n popular solo al g\u00e9nero de los referendos, pues la jurisprudencia ha considerado por ejemplo que el Congreso puede clasificar como de refrendaci\u00f3n popular a un mecanismo como el plebiscito (\u2026). Por su parte, las leyes estatutarias sobre mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana tampoco proveen un significado expreso para esos t\u00e9rminos. Ni la Ley 134 de 1994 \u2018Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana\u2019, ni la Ley 1757 de 2015 \u2018Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoci\u00f3n y protecci\u00f3n del derecho a la participaci\u00f3n democr\u00e1tica\u2019, usan o definen la expresi\u00f3n refrendaci\u00f3n popular. La Ley 1745 de 2015 \u2018Por medio de la cual se dictan las reglas para el desarrollo de referendos constitucionales con ocasi\u00f3n de un Acuerdo Final para la terminaci\u00f3n del conflicto armado\u2019 no emplea tampoco esos vocablos en sus previsiones. La Ley 1806 de 2016 \u2018por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendaci\u00f3n del acuerdo final para la terminaci\u00f3n del conflicto y la construcci\u00f3n de una paz estable y duradera\u2019, en su t\u00edtulo y en sus art\u00edculos alude al t\u00e9rmino \u201crefrendaci\u00f3n\u201d, pero de hecho no emplea el vocablo \u201cpopular\u201d, y en momento alguno precisa qu\u00e9 debe entenderse por \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

\u201cEl ordenamiento jur\u00eddico no define entonces qu\u00e9 debe entenderse por refrendaci\u00f3n popular, y es adem\u00e1s claro que \u2013seg\u00fan el caso- el plebiscito o el referendo pueden servir para refrendar popularmente los actos de un proceso de terminaci\u00f3n del conflicto, pero no son los \u00fanicos aptos para ello. Adem\u00e1s, seg\u00fan  los antecedentes parlamentarios del Acto Legislativo 1 de 2016 el t\u00e9rmino refrendaci\u00f3n popular es deliberadamente gen\u00e9rico y comprehensivo, capaz de abarcar distintos m\u00e9todos de ratificaci\u00f3n, sin que estuvieran presentes caracter\u00edsticas necesarias y suficientes que agotaran su significado. (\u2026) Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que cuando una norma o reforma constitucional contemplan una instituci\u00f3n jur\u00eddica, pero no la desarrollan expresamente, hay \u201cun amplio margen de configuraci\u00f3n\u201d para las autoridades llamadas a aplicarlas o configurarlas. (\u2026) Esto indica que en principio son posibles distintas formas de refrendaci\u00f3n popular del acuerdo final, que pueden ser definidas por los \u00f3rganos encargados de aplicar el Acto Legislativo (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c(\u2026) Lo anterior no significa que pueda entonces asign\u00e1rsele cualquier significado a la refrendaci\u00f3n popular. La atribuci\u00f3n de sentido a conceptos gen\u00e9ricos usados en la Constituci\u00f3n tiene tambi\u00e9n ciertos l\u00edmites. Pero su alcance no se puede establecer \u00fanicamente con arreglo a una ex\u00e9gesis literal de las palabras, aun cuando el texto sea sin duda relevante en la interpretaci\u00f3n. Una Constituci\u00f3n debe interpretarse de forma integral y arm\u00f3nica. La jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado, en sinton\u00eda con una tendencia m\u00e1s amplia en el derecho comparado, que una Constituci\u00f3n debe interpretarse de forma integrada, arm\u00f3nica y coherente. (\u2026) Los l\u00edmites del concepto de refrendaci\u00f3n popular, vienen determinados por sus m\u00e1rgenes sem\u00e1nticos, su contexto de expedici\u00f3n, los principios constitucionales que aspiran a realizar, sus relaciones con otras previsiones normativas, y las aproximaciones conceptuales relevantes en la jurisprudencia nacional, la teor\u00eda constitucional y jur\u00eddica en general. A falta de definici\u00f3n expresa en el ordenamiento, debido a que no se identifica estrictamente con un mecanismo de participaci\u00f3n ciudadana en espec\u00edfico, y a causa de que est\u00e1 prevista como una condici\u00f3n para la entrada en vigencia de un esquema institucional para facilitar la transici\u00f3n hacia la paz, un an\u00e1lisis jur\u00eddico integral de la expresi\u00f3n \u201crefrendaci\u00f3n popular\u201d ofrece el siguiente marco conceptual.  En ese contexto preciso, la refrendaci\u00f3n popular designa un (i) proceso, (ii) en el cual haya participaci\u00f3n ciudadana directa, (iii) cuyos resultados deben ser respetados, interpretados y desarrollados de buena fe, en un escenario de b\u00fasqueda de mayores consensos, (iv) proceso que puede concluir en virtud de una expresi\u00f3n libre y deliberativa de una autoridad revestida de legitimidad democr\u00e1tica, (v) sin perjuicio de eventuales espacios posibles de participaci\u00f3n ciudadana para la revisi\u00f3n espec\u00edfica de aspectos concretos ulteriores. Mientras los \u00f3rganos pol\u00edticos encargados de aplicar las previsiones del Acto Legislativo 1 de 2016 se mantengan dentro de esos l\u00edmites, pueden definir si se ha cumplido la refrendaci\u00f3n popular, que es condici\u00f3n para su entrada en vigencia (\u2026)\u201d.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De acuerdo con lo esgrimido, se reitera la ausencia de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales por parte de las autoridades convocadas.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ciertamente, la refrendaci\u00f3n confutada no se adelant\u00f3 con arbitrariedad, capricho o desafuero alguno, pues, como se advirti\u00f3, cont\u00f3 con un concepto favorable del Consejo de Estado y, seg\u00fan las propias disertaciones de la Corte Constitucional, le era dable al poder ejecutivo determinar la forma democr\u00e1tica de avalar los pactos suscritos para la finalizaci\u00f3n del conflicto con las Farc.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Por tanto, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESUELVE:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

SEGUNDO:        Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 CSJ. STC de 21 de noviembre de 2013, exp. 85001-22-08-000-2013-00107-02.    <\/span><\/p>\n

2 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras.      <\/span><\/p>\n

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      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA    Magistrado ponente         STC1820-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02807-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99333","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99333","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99333"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99333\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99333"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99333"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99333"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}