{"id":99343,"date":"2026-06-25T18:21:15","date_gmt":"2026-06-25T18:21:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1836-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:21:15","modified_gmt":"2026-06-25T18:21:15","slug":"stc1836-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1836-2017\/","title":{"rendered":"STC1836-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1836-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2016-00388-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince   (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 30 de noviembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gustavo Rojas Pacheco contra los Juzgados Tercero de Familia de C\u00facuta y Promiscuo de Familia de Los Patios – Norte de Santander, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la se\u00f1ora Blanca Cecilia Ya\u00f1ez Pineda.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al no haber gestionado lo pertinente para la entrega de dep\u00f3sitos judiciales involucrados en los procesos alimentarios seguidos en su contra.  <\/span><\/p>\n

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2. Como soporte de su demanda, expone que ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios, se tramit\u00f3 un proceso ejecutivo de alimentos instaurado por la se\u00f1ora Blanca Cecilia Ya\u00f1ez Pineda (rad. 2015-0549), el cual se encuentra terminado desde el 20 de octubre de 2015.  <\/span><\/p>\n

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Indic\u00f3 que por \u00aberror\u00bb en la consignaci\u00f3n de los dineros descontados de su pensi\u00f3n, en lugar de ponerlos a disposici\u00f3n de la ejecuci\u00f3n, se ubicaron dineros a orden del Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, pues \u00e9ste \u00abhab\u00eda conocido de un proceso litigioso de ALIMENTOS en mi contra\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Asegur\u00f3 que como tales sumas de dinero, seg\u00fan el acuerdo conciliatorio aprobado en Los Patios, le correspond\u00edan a \u00e9l, pidi\u00f3 al Juzgado de C\u00facuta que no los entregara a la demandante, a lo que ese despacho le indic\u00f3 que \u00abNO PUEDE DISPONER Y ACCEDER A MI SOLICITUD sin la autorizaci\u00f3n de la se\u00f1ora BLANCA CECILIA YA\u00d1EZ PINEDA, madre de mi hijo\u00bb, pese a que quien debe resolver sobre el pago es el que conoci\u00f3 del ejecutivo.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la se\u00f1ora Ya\u00f1ez Pineda s\u00f3lo autoriz\u00f3 el pago de un t\u00edtulo por $821.595, el Juzgado de C\u00facuta no ha dispuesto la cancelaci\u00f3n de otro por id\u00e9ntico valor y dos por $283.050 cada uno, se ha causado \u00abvulneraci\u00f3n\u00bb a sus derechos, en tanto la relaci\u00f3n de dep\u00f3sitos que obtuvo de \u00abFiduprevisora\u00bb, da cuenta que es a \u00e9l a quien le corresponde recibir la totalidad de esos dep\u00f3sitos.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende que se ordene al Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, poner los dep\u00f3sitos judiciales descritos en precedencia, a disposici\u00f3n del proceso ejecutivo seguido en el Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios, para que \u00e9ste autorice el pago a su favor (fls. 1 a 4, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Juez Promiscuo de Familia de Los Patios, dijo que habi\u00e9ndose aceptado el desistimiento de la ejecuci\u00f3n seguida contra el ac\u00e1 accionante desde el 21 de octubre de 2016, ante la petici\u00f3n elevada por el interesado en marzo de 2016, ofici\u00f3 al Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta para que realizara la conversi\u00f3n de t\u00edtulos judiciales puestos equivocadamente a su orden, sin que hasta la fecha (24 de noviembre de 2016), haya recibido respuesta (fls. 44 y 45, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2. El Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, inform\u00f3 que en atenci\u00f3n a lo pedido por el Juzgado de Los Patios, por auto del 6 de mayo de 2016 dispuso la conversi\u00f3n de tres t\u00edtulos (uno por $621.832, y 2 por $584.811 cada uno), pero que fueron devueltos por el juzgado solicitante, aludiendo que el giro debe hacerse s\u00f3lo respecto de los que Fiduprevisora remiti\u00f3 err\u00f3neamente, y que por ello el 14 de julio de 2016 se orden\u00f3 el fraccionamiento y la conversi\u00f3n correspondientes a la ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Que no obstante lo anterior, con vista en otra petici\u00f3n elevada por el demandado, se hacen cuentas de lo causado por alimentos y lo que se ha consignado, y se dispone nuevo fraccionamiento y conversi\u00f3n, pero ello es nuevamente variado a ra\u00edz de una tercera petici\u00f3n del demandado en agosto del mismo a\u00f1o, dando lugar a que el Juzgado se abstenga de pagar hasta tanto la entidad pagadora esclarezca lo pertinente, respuesta que no se ha obtenido a pesar del requerimiento realizado el pasado 4 de noviembre.  <\/span><\/p>\n

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Finalmente, que como de la documentaci\u00f3n allegada con la tutela se establece que la entidad pagadora respondi\u00f3 los requerimientos directamente al demandado, con la informaci\u00f3n sobre los valores que corresponden al tutelante \u00abse dar\u00e1 tr\u00e1mite a lo solicitado\u00bb, aclarando que \u00abeste despacho ha efectuado todos los tr\u00e1mites posibles para dar una pronta soluci\u00f3n a las peticiones\u00bb, y que para la entrega de dineros debe protegerse los intereses del \u00abmenor alimentario\u00bb (fl. 46, ib\u00edd.).  <\/span><\/p>\n

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EL FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 el auxilio por encontrar que las autoridades accionadas no han desconocido las peticiones elevadas por el accionante, sino que \u00abhan adelantado los tr\u00e1mites pertinentes\u00bb para establecer, previa entrega de los dineros reclamados al Juzgado Tercero de Familia de Cucuta, \u00absi pertenecen al proceso de alimentos que se adelanta en ese despacho o al proceso ejecutivo por alimentos que se adelanta ante el Juzgado Promiscuo de Familia de los Patios\u00bb, por lo que si la entrega a\u00fan no se ha dado \u00abno ha sido por capricho o desidia\u00bb. Por tanto, concluy\u00f3 que la acci\u00f3n es improcedente ya que no se han conculcado los derechos invocados por el demandante, y tampoco se demostr\u00f3 que se cause un perjuicio irremediable (fls. 50 a 59, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el accionante cuestionando la diligencia observada por el Tribunal a-quo respecto de la gesti\u00f3n de los accionados, pues a su juicio no se tramitaron oportunamente los oficios dirigidos a la Fiduciaria Fiduprevisora SA, ya que considera \u00abinexplicable\u00bb que la entidad haya respondido primero su derecho de petici\u00f3n que los requerimientos realizados por el juzgado, y se queja porque ya ha esperado mucho para la devoluci\u00f3n de su dinero (fls. 64 y 65, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 dispensada de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

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El reclamo de defensa mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Constituci\u00f3n, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s instrumentos de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  <\/span><\/p>\n

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2. Bajo las anteriores premisas, correspondiendo establecer si las autoridades enjuiciadas, afectaron las prerrogativas invocadas por el querellante, al no haberle pagado dineros ubicados \u00abequivocadamente\u00bb en el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, donde cursa un litigo de alimentos en su contra, cuando debieron dirigirse al de la ejecuci\u00f3n, donde para su terminaci\u00f3n las mismas partes acordaron el reintegro de esos descuentos al Ejecutado, esta Sala advierte que el fallo denegatorio del resguardo deber\u00e1 ser ratificado, por haberse configurado una carencia actual de objeto, en la medida en que ya se hizo el pago al demandado de dichos t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, revisada la queja constitucional en concreto y analizadas las circunstancias que rodearon el caso, se tiene que ya fue solucionada la discusi\u00f3n en cuanto a qui\u00e9n y en qu\u00e9 proporci\u00f3n correspond\u00eda recibir los dineros que fueron descontados por la Fiduciaria La Previsora, como entidad pagadora de la pensi\u00f3n reconocida al ac\u00e1 accionante, y que tuvo lugar porque contra el accionante, al tiempo que se adelanta un proceso de alimentos ante el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, tambi\u00e9n cursaba un ejecutivo de esos alimentos en el Juzgado Promiscuo de Familia de Los Patios.  <\/span><\/p>\n

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Para ello era menester no solo el concurso de los juzgados de conocimiento y por ende encargados de ordenar el pago de los dep\u00f3sitos, sino tambi\u00e9n el de la Fiduciaria La Previsora SA, en tanto la pagadur\u00eda fue quien desatin\u00f3 en la ubicaci\u00f3n de los dineros dada la confusi\u00f3n que dio a las disposiciones provenientes de cada uno de los despachos y los conceptos a los que deb\u00edan cargarse, y que seg\u00fan su versi\u00f3n obedeci\u00f3 a un \u00aberror del sistema\u00bb al consignar a la cuenta del Juzgado de C\u00facuta los dineros retenidos por concepto del embargo decretado por el Juzgado de Los Patios (fls. 66 y 67, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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Pero de igual manera es trascendental el rol que ejercen las partes en este tipo de procedimientos, y no solo porque as\u00ed lo exija la ley (art\u00edculo 78 del C\u00f3digo General del Proceso), sino porque es obvia la colaboraci\u00f3n y el apoyo que a la actividad debe brindarse, m\u00e1s a\u00fan cuando se procura eficiencia y eficacia en aquellas gestiones que redundan en favor de sus intereses en el litigio.  <\/span><\/p>\n

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De ah\u00ed que si el interesado no encontraba una pronta respuesta a los oficios librados con destino a su entidad pagadora, no debi\u00f3 dejar transcurrir tantos meses sin verificar que hubiesen llegado a su destino, y que si la respuesta la obtuvo por su propia cuenta, se la hubiera puesto en conocimiento del juzgado para lo pertinente. N\u00f3tese que la contestaci\u00f3n que Fiduprevisora envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico del accionante, data del 9 de noviembre de 2016 (fls. 66 y 67, id.), y esta tutela, reclamando decisi\u00f3n del juzgado y para la cual requer\u00eda esa informaci\u00f3n, la present\u00f3 el 21 de noviembre de la misma anualidad (fl. 36, cit.).  <\/span><\/p>\n

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3. As\u00ed las cosas, conforme a lo anunciado por el Juzgado Tercero de Familia de C\u00facuta, con sustento en la informaci\u00f3n proporcionada por la Fiduciaria en menci\u00f3n y el cotejo de los dep\u00f3sitos judiciales relacionados por el Banco Agrario de Colombia, advirtiendo que desde el 7 de marzo de 2016 se le hab\u00eda dispuesto pagar al se\u00f1or Rojas Pacheco un dep\u00f3sito por $821.595 (fl. 20, cd. 1), mediante auto del 14 de diciembre de 2016, el mencionado, tras contabilizar los t\u00edtulos para atender los alimentos cobrados por la se\u00f1ora Ya\u00f1ez Pineda, orden\u00f3 pagarle al accionante la suma de $1\u00b4104.645, que equivale precisamente a los dos dep\u00f3sitos echados de menos por \u00e9ste seg\u00fan la presente demanda, esto es, uno por $821.595 y otro por $283.050 (fl. 4, cd. Corte).  <\/span><\/p>\n

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4. La circunstancia anteriormente indicada impide al juzgador constitucional impartir una orden en el sentido deprecado, pues las autoridades judiciales desplegaron las labores que a ellos les incumb\u00eda en aras a dar soluci\u00f3n al planteamiento que inquietaba al se\u00f1or Rojas Pacheco, y en esas condiciones la situaci\u00f3n planteada comprende un hecho suficientemente superado.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n que la carencia de objeto impide que el fallador constitucional intervenga en relaci\u00f3n con unas circunstancias que al momento de la sentencia ya no existen, o al menos no se suscitan con las mismas caracter\u00edsticas de origen, ya que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ. STC de 13 mar. 2009, rad. 00147-01, reiterada en STC15039-2016, 20 oct. 2016, rad. 00667-01 y STC17517-2016, 1\u00ba dic. 2016, rad. 00217-02, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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5. Por lo dem\u00e1s, la Sala proh\u00edja la declaraci\u00f3n de inexistencia de mora judicial por parte de los funcionarios acusados, por cuanto de las explicaciones dadas por \u00e9stos, no se vislumbra acci\u00f3n u omisi\u00f3n que hubiese dado lugar a dilaci\u00f3n injustificada de la actuaci\u00f3n procesal, sino que por el contrario, lo tardanza en resolver lo pedido \u00abobedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 00094-01, reiterada entre otras en STC9856-2016, 21 jul. 2016, rad. 01110-01).  <\/span><\/p>\n

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6. En las condiciones descritas, se respalda la posici\u00f3n asumida por el a-quo pero principalmente porque se super\u00f3 el hecho que motiv\u00f3 la inconformidad y en tal sentido existe carencia actual de objeto del resguardo, y no encontrar que se haya conculcado derecho fundamental alguno por cuenta de los despachos convocados.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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