{"id":99344,"date":"2026-06-25T18:21:18","date_gmt":"2026-06-25T18:21:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1838-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:21:18","modified_gmt":"2026-06-25T18:21:18","slug":"stc1838-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1838-2017\/","title":{"rendered":"STC1838-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

               Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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       STC1838-2017          <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2016-00782-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C, quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por  la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 19 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de Rafael Higuera Bello frente al Juzgado Dieciocho de Familia de esta ciudad, siendo citados el Defensor de Familia, el Agente del Ministerio P\u00fablico y Diego Johan Higuera Ortiz.    <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        Obrando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la autoridad judicial acusada al proferir sentencia el 21 de noviembre de 2016 en la que aument\u00f3 la cuota alimentaria a favor de su hijo Diego Johan Higuera Ortiz, quien tiene 26 a\u00f1os de edad.  <\/span><\/p>\n

2. Manifiesta, en resumen, que la aludida providencia increment\u00f3 los gastos de manutenci\u00f3n a cargo suyo y en favor de su descendiente quedando en el 25% de su salario y prestaciones sociales, igual proporci\u00f3n que la de su otro hijo, menor de edad. En la misma decisi\u00f3n se le concedi\u00f3 al demandado el t\u00e9rmino de un a\u00f1o para que \u00abculmine sus estudios universitarios\u00bb y lo previno para que acredite mensualmente \u00abque se encuentra estudiando y realizando los tr\u00e1mites para su graduaci\u00f3n\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Agrega que la funcionaria convocada incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho porque valor\u00f3 indebidamente las pruebas que demuestran que el beneficiario de la prestaci\u00f3n est\u00e1 cursando el \u00faltimo semestre de estudios en la Universidad de San Buenaventura, fue suspendido en dos ocasiones de otro centro de ense\u00f1anza y posteriormente expulsado, dur\u00f3 dos semestres sin clases y recibe un salario m\u00ednimo mensual de Gaseosas Luz SA por un contrato de aprendizaje. Asimismo, equipar\u00f3 la cuota a la de su hermano, \u00absin siquiera haber realizado un m\u00ednimo de valoraciones\u00bb.    <\/span><\/p>\n

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3. Pide que se revoque la sentencia censurada y se le ordene al querellado dictar una nueva en la que tenga en cuenta las situaciones antes descritas (fls. 9 a 12, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Juez Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el expediente en pr\u00e9stamo para que fuera examinado (fl. 43, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

2. Diego Johan Higuera Ortiz se opuso al amparo porque el pronunciamiento censurado se ajusta a derecho y se estableci\u00f3 el parentesco y sus necesidades econ\u00f3micas. Agreg\u00f3 que el \u00abapoyo de sostenimiento mensual\u00bb que recibe de Gaseosas Luz SA no constituye salario y que el quejoso ya hab\u00eda intentado una tutela contra el fallo del Juzgado D\u00e9cimo de Familia que neg\u00f3 la exoneraci\u00f3n de los alimentos y fue desestimada (fls. 35 a 42, ib).        <\/span><\/p>\n

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FALLO DEL TRIBUNAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque la determinaci\u00f3n atacada fue debidamente motivada y se apoy\u00f3 en los elementos de convicci\u00f3n recaudados; adem\u00e1s, el interesado puede iniciar un proceso para que se regule el valor de la cuota debido a que lo resuelto no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada (fls. 57 a 66, cd. 1).   <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El convocante reiter\u00f3 lo aducido en el escrito inicial y dijo que no se tuvieron en cuenta sus argumentos, que el incremento de los gastos es injustificado y que no se debe permitir \u00abque la DEJADEZ O DESIDIA de los hijos se convierta en una carga irredimible para los padres\u00bb (fl. 84 a 86, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado enjuiciado vulner\u00f3 la prerrogativa denunciada por aumentar la cuota alimentaria a favor de Diego Johan Higuera Ortiz y a cargo de Rafael Higuera Bello.  <\/span><\/p>\n

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2. La reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC7941-2016).  <\/span><\/p>\n

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3. Bajo estas premisas, con vista en los fundamentos f\u00e1cticos y el definido objetivo de la protecci\u00f3n invocada, observa la Sala que la postura del Tribunal de primera instancia debe ser respaldada por cuanto la decisi\u00f3n judicial objeto de cr\u00edtica por el accionante, cuenta con el suficiente soporte jur\u00eddico, y su apreciaci\u00f3n lejos est\u00e1 de tenerse como arbitraria para de ese modo abrirle paso el mecanismo excepcional interpuesto.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, el Despacho cuestionado tuvo en cuenta que a pesar de que el beneficiario ten\u00eda m\u00e1s de 25 a\u00f1os de edad, se encontraba terminando sus estudios y, si bien percib\u00eda un ingreso mensual por parte de Gaseosas Luz SA en virtud de un contrato de aprendizaje, dicha labor ten\u00eda una connotaci\u00f3n acad\u00e9mica y no constitu\u00eda una relaci\u00f3n de trabajo, adem\u00e1s de que incrementaba sus gastos de transporte, vestuario y alimentaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Tambi\u00e9n analiz\u00f3 las necesidades econ\u00f3micas de Diego Johan Higuera Ortiz y la existencia de otro hijo del demandante, encontrando una desproporci\u00f3n entre los valores establecidos para cada uno de ellos y los equipar\u00f3.       <\/span><\/p>\n

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Bajo el contexto que viene de verse, a juicio de la Sala la determinaci\u00f3n aludida conlleva un criterio razonable, por lo que independientemente que la proh\u00edje, no puede tildarla de abiertamente caprichosa para que sea objeto de ataque en sede constitucional, pues, se fundament\u00f3 en una hermen\u00e9utica respetable, que desde luego no puede ser alterada por esta v\u00eda.  <\/span><\/p>\n

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Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 ab rad. 00052-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01 y, STC4185-2016, 7 ab. rad. 00696-00).  <\/span><\/p>\n

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De igual forma, la juez analiz\u00f3 las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n, por lo que no puede pretenderse por esta v\u00eda desvirtuar la valoraci\u00f3n que hizo la funcionaria judicial, pues:   <\/span><\/p>\n

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(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (sentencia de 29 de junio de 2011, exp. 01252-00, reiterada el 25 feb. de 2016, STC2275).  <\/span><\/p>\n

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4. Aunado a lo anterior, se se\u00f1ala que en este asunto no se cumple el requisito de la subsidiariedad, como quiera que el accionante est\u00e1 facultado legalmente para demostrar la variaci\u00f3n de las circunstancias que dieron origen a la tasaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria, en particular el punto de la necesidad en raz\u00f3n a su actual condici\u00f3n de estudiante universitario.  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior por cuanto la decisi\u00f3n que en esta oportunidad se cuestiona, no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material sino \u00fanicamente formal, y bajo esa perspectiva jur\u00eddica, no puede despreciarse ese instrumento so pretexto de la incursi\u00f3n en defectos de procedibilidad, cuyo estudio se condiciona a que se hayan superado los presupuestos generales, entre ellos el atinente a haber agotado todos los medios de defensa que la ley prev\u00e9.  <\/span><\/p>\n

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En este orden, toda vez que el reclamante puede acudir a un procedimiento breve y sumario que defina su pretensi\u00f3n, el cual se muestra con total aptitud y eficacia para la salvaguarda de los derechos invocados, el juez constitucional no puede arrogarse facultades que le compete decidir a otro funcionario.  <\/span><\/p>\n

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A tono con el precedente constitucional, esta Corte  ha enfatizado que el procedimiento estatuido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s medios de defensa ordinariamente consagrados por el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual, seg\u00fan esta Corte, se configura cuando el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, STC 2618-2016, 3 mar. 2016, rad. 2015-02472-01 y STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01), situaci\u00f3n que ac\u00e1 no se evidencia.  <\/span><\/p>\n

5. Con fundamento en lo expuesto, esta Corporaci\u00f3n confirmar\u00e1 la providencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y al a-quo por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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