{"id":99348,"date":"2026-06-25T18:21:38","date_gmt":"2026-06-25T18:21:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1844-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:21:38","modified_gmt":"2026-06-25T18:21:38","slug":"stc1844-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1844-2017\/","title":{"rendered":"STC1844-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1844-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01715-01  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1 D.C., quince (15  ) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 27 de septiembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cristian Mauricio Calder\u00f3n Montoya contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero de igual especialidad de Palmira.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante actuando en nombre propio, invoc\u00f3 protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso, igualdad y a la libertad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas.  <\/span><\/p>\n

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2.        Refiere que actualmente cumple una condena de 334 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de diversos delitos, entre ellos, concierto para delinquir y homicidio y se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Jamund\u00ed.  <\/span><\/p>\n

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Relata que ha descontado a la fecha 134 meses y el consejo de evaluaci\u00f3n del penal lo calific\u00f3 en la fase de mediana seguridad, lo cual, seg\u00fan entiende, revela un significativo progreso en el proceso de resocializaci\u00f3n, sin embargo, el INPEC no solo lo mantiene en un establecimiento carcelario de alta seguridad sino que emiti\u00f3 un concepto desfavorable para acceder al beneficio administrativo de 72 horas.  Solicit\u00f3 al Juez que vigila su pena la concesi\u00f3n de dicho beneficio, la cual le fue negada con auto de 3 de marzo de 2016, confirmada por el Superior el 17 de agosto.  <\/span><\/p>\n

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Se duele de las referidas providencias por cuanto la norma aplicada en ambas, esto es, el numeral 5, art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, que exige haber cumplido un 70% de la pena para acceder al beneficio si se trata de una condena por delitos competencia de los jueces penales del circuito especializados, fue derogado por el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002.  <\/span><\/p>\n

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3.        En consecuencia pide que se imparta una \u00ab(\u2026) orden perentoria para que se me conceda el permiso de salida de 72 horas al cual tengo derecho (\u2026)\u00bb y el \u00ab(\u2026) traslado a un establecimiento de mediana seguridad donde se me aplique el procedimiento correspondiente al tratamiento en [el] cual me encuentro clasificado\u00bb (ff. 1 a 17, cd.1)  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        El Juez Segundo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, indic\u00f3 que vigila la sanci\u00f3n que cumple el procesado Calder\u00f3n Montoya de 361 meses de prisi\u00f3n, \u00e9sta producto de una acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas por dos condenas impuestas por la comisi\u00f3n de diversos delitos, entre ellos, homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.  <\/span><\/p>\n

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Sobre los autos discutidos y los argumentos que esgrime el actor en la tutela se\u00f1al\u00f3 que, \u00ab(\u2026) la no inclusi\u00f3n de la modificaci\u00f3n hecha por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999, al art\u00edculo de la Ley 65 de 1993 para nada afecta la existencia de la norma, entre otras razones porque en t\u00e9rminos de normalidad no se encuentra facultado el presidente de la rep\u00fablica para modificar las leyes existencia\u00bb, para concluir que, contrario a lo expresado por el penado, la se\u00f1alada normativa se encuentra a\u00fan vigente (ff. 38 y 39, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.        El Juez Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira, inform\u00f3 que los procesos del accionante fueron remitidos a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas de Cali desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, motivo por el cual solicita la desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues carece de competencia para emitir pronunciamiento alguno (f. 53, ib.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoy\u00f3 adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto (ff. 54 a 63, cd.1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El actor impugn\u00f3 el fallo reiterando los argumentos del escrito inicial, es decir, insistiendo en que el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 perdi\u00f3 su vigencia, por tanto no debi\u00f3 aplicarse en los autos que le negaron el permiso administrativo.  <\/span><\/p>\n

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Adem\u00e1s agreg\u00f3 que se siente discriminado por las autoridades judiciales, pues conoci\u00f3 de un caso similar al suyo donde s\u00ed fue concedido el aludido beneficio, en el que el Tribunal Superior de Cundinamarca concedi\u00f3 a un recluso el permiso de 72 horas, luego de elaborar una serie de razonamientos sobre el principio de favorabilidad y la p\u00e9rdida de vigencia de la precitada norma (ff. 79 a 97, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos.    <\/span><\/p>\n

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De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable o desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de las prerrogativas del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso.  <\/span><\/p>\n

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2.        En el presente caso, el accionante cuestiona las decisiones proferidas por el juez de ejecuci\u00f3n de penas y la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que denegaron, en primera y segunda instancia respectivamente, el permiso administrativo de 72 horas.  <\/span><\/p>\n

Ahora, si bien el reclamo se dirige contra los prove\u00eddos de ambas instancias, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 17 de agosto de 2016 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por cuanto fue el que en \u00faltimas defini\u00f3 el tema planteado.  Al respecto, se ha se\u00f1alado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015).  <\/span><\/p>\n

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Entonces, lo que reprocha el actor, es que esa decisi\u00f3n fue sustentada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 el cual, seg\u00fan lo entiende, por mandato expreso del art\u00edculo 49 de esa misma norma, perdi\u00f3 vigencia.  <\/span><\/p>\n

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Debe indicarse desde ya, conforme los requisitos de procedibilidad de la tutela que la presente acci\u00f3n es improcedente, pues de lo afirmado en la demanda no se vislumbra que las autoridades judiciales hubiesen incurrido en una manifiesta y flagrante v\u00eda de hecho que habilite eventualmente la injerencia del juez constitucional, dado que, se advierte, con las discrepancias formuladas lo que pretende el quejoso es continuar el litigio en \u00e9sta sede como si se tratara de una instancia adicional de los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas.  <\/span><\/p>\n

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La irrupci\u00f3n concreta fue dirigida a que no se aplique, entre otros, uno de los requisitos objetivos para acceder al beneficio de hasta 72 horas, el de \u00abhaber descontado el setenta por ciento (70 %) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados\u00bb, so pretexto de que esta exigencia, adem\u00e1s de ser violatoria del derecho a la igualdad, se encuentra derogada.  <\/span><\/p>\n

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Sin embargo, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999, no fue abolido t\u00e1citamente por el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002, disposici\u00f3n a su vez suprimida por la Ley 890 de 2004; pues este fen\u00f3meno jur\u00eddico, el de la derogaci\u00f3n t\u00e1cita y aludiendo concretamente a \u00e9ste tr\u00e1nsito legislativo, seg\u00fan lo ha explicado la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, \u00ab(\u2026) s\u00f3lo acontece cuando la disposici\u00f3n nueva no es conciliable con la anterior, toda vez que la exclusi\u00f3n de beneficios contenida en el art\u00edculo 11 de la Ley 733 de 2002, s\u00f3lo incorpor\u00f3 en su momento algunas excepciones por delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n, y conexos respecto de la primera regla, la cual ciertamente contin\u00faa vigente\u00bb. (Sentencias de 4 may. 2010, rad. 47743; y 21 jul. 2010, rad. 49307; reiterado en STP 22 oct. 2013, rad. 69763, entre otras).  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal demandado, adoptando la postura se\u00f1alada por la citada Sala Especializada, y al abordar otro de los temas debatidos por el censor con relaci\u00f3n a la presunta modificaci\u00f3n que hiciere al cuestionado art\u00edculo 47 de la Ley 65 de 1993, el Decreto Reglamentario 1069 de 2015, dijo:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) el Decreto 1069 de 2015, por el cual se expide el Decreto \u00danico reglamentario del sector justicia y el derecho, es un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedici\u00f3n con las regulaciones vigentes sobre la materia.  Esta norma emana del Ministerio de Justicia y del Derecho como consecuencia de la potestad reglamentaria consagrada en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, T\u00edtulo VII \u201cDe la Rama Ejecutiva\u201d, Cap\u00edtulo 1 \u201cDel Presidente de la Rep\u00fablica\u201d, en los siguientes t\u00e9rminos: art\u00edculo 189 corresponde al Presidente de la Rep\u00fablica como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (\u2026) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedici\u00f3n de decretos, resoluciones y \u00f3rdenes necesarios para la cumplida ejecuci\u00f3n de las leyes (\u2026)\u201d  <\/span><\/p>\n

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De aqu\u00ed se deduce que la potestad reglamentaria se ha atribuido al Presidente de la Rep\u00fablica como suprema autoridad administrativa y su ejercicio corresponde al cumplimiento de una funci\u00f3n administrativa que se sujeta a la observancia de normas superiores como son la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la Ley.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, como la Ley regula situaciones de manera gen\u00e9rica, la potestad reglamentaria hace real el enunciado abstracto de la ley y encauza la misma hac\u00eda la operatividad, lo que significa que no puede asimilarse esta potestad reglamentaria con la funci\u00f3n legislativa que consiste en hacer, modificar y derogar leyes, ya que se orienta a complementar la ley con las reglas necesarias para su eficaz ejecuci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed al final de cada art\u00edculo del Decreto 1069 de 2015, aparece la norma compilada, en este caso el Decreto 232 de 1998 que reglament\u00f3 el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, contemplando los requisitos para acceder al beneficio administrativo de hasta 72 horas en casos en que la pena impuesta superara los 10 a\u00f1os.  <\/span><\/p>\n

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Contrario a lo que plantea el condenado, el art\u00edculo 2.2.1.7.1.1 del Decreto 1069 de 2015, no ha derogado ni suprimido el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, pues la funci\u00f3n del precitado decreto consiste en compilar las normas reglamentarias preexistentes sin alterar su contenido.  <\/span><\/p>\n

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Habiendo aclarado el alcance del decreto 1069 de 2015, cabe resaltar que, contrario a lo planteado por [el] condenado, no se puede predicar que dicha norma haya introducido al ordenamiento jur\u00eddico una ley posterior la cual sea favorable al sentenciado, en la cual se haya suprimido el requisito objetivo de haber purgado el 70% de la pena, raz\u00f3n por la cual no opera el principio de favorabilidad en el presenta asunto\u00bb (ff.19 a 26, ib.)  <\/span><\/p>\n

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Por otra parte, sobre el lapso de vigencia de la justicia penal especializada establecido en el art\u00edculo 49 de la Ley 504 de 1999, la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) fue modificado por las Leyes 600 de 2000 \u2013cap\u00edtulo transitorio-, 906 de 2004 y 1142 de 2007 \u2013art\u00edculo 46-, las cuales extendieron antes del vencimiento de los 8 a\u00f1os se\u00f1alados en aquella disposici\u00f3n, la permanencia de la mencionada especialidad.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este sentido, el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario -modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999- se encuentra vigente y as\u00ed ser\u00e1, mientras perdure la justicia penal especializada, a no ser que el Legislador en ejercicio de su facultad normativa, disponga regular de forma diferente el asunto relacionado con el permiso administrativo de hasta 72 horas, lo cual por el momento no ha ocurrido\u00bb (CSJ STP14283, 14 oct. 2014, rad. 76256)  <\/span><\/p>\n

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Lo anterior evidencia que el Tribunal resolvi\u00f3 la controversia jur\u00eddica puesta a su consideraci\u00f3n de manera atendible y justific\u00f3 razonablemente su determinaci\u00f3n, sin que ello permita su discusi\u00f3n a trav\u00e9s de \u00e9ste mecanismo excepcional, m\u00e1xime cuando se aprecia que las falencias denunciadas por el actor emergen claramente infundadas.  <\/span><\/p>\n

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Bajo esa perspectiva, se enfatiza, no se encuentra incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa reprochada est\u00e1 sustentada en una hermen\u00e9utica coherente, labor en la cual, se itera, no es viable interferir.  Sobre el tema ha dicho la Corte que con abstracci\u00f3n,   <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713).  <\/span><\/p>\n

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3.        Finalmente y en relaci\u00f3n con los argumentos expuestos por el accionante en la impugnaci\u00f3n referentes a la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad de parte de los Funcionarios acusados porque, acogiendo sus mismos planteamientos otro Tribunal resolvi\u00f3 positivamente un caso similar al suyo, se trata de un hecho nuevo que no fue alegado en la demanda y por ello no resulta viable analizarlo en este grado de conocimiento, pues implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de los convocados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha indicado que  <\/span><\/p>\n

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\u00ab(\u2026) es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (CSJ SC exp. 00003-01, 15 mar. 2011; ratificada en STC800, 5 feb. 2015 y STC699-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Por lo expuesto, se respaldar\u00e1 la providencia atacada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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         LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado ponente      STC1844-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-01715-01      Bogot\u00e1 D.C., quince (15  ) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 27 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99348","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99348"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99348\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}