{"id":99349,"date":"2026-06-25T18:21:43","date_gmt":"2026-06-25T18:21:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1845-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:21:43","modified_gmt":"2026-06-25T18:21:43","slug":"stc1845-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1845-2017\/","title":{"rendered":"STC1845-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1845-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-00288-00  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Gil contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, integrada por los Magistrados Mabel Montealegre Var\u00f3n, Diego Omar P\u00e9rez Salas y Astrid Valencia Mu\u00f1oz, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida, y las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia No. 2015-00066-00.  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El actor quien act\u00faa en su propio nombre, reclama el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, defensa, \u00abconfianza leg\u00edtima, la seguridad jur\u00eddica y conexos con los anteriores\u00bb, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada, con la sentencia de 25 de octubre de 2016, a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la de 26 de abril de 2016 emanada del Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida, proferidas en el proceso ordinario de pertenencia que promovi\u00f3 contra Mar\u00eda Elena Garc\u00eda Tarazona.  <\/span><\/p>\n

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Solicita \u00abdeclarar la nulidad y dejar sin efecto\u00bb el fallo de segunda instancia, \u00aby en su defecto confirmar el de primera instancia del 26 de abril de 2016, proferido por el Juzgado Civil del circuito de L\u00e9rida Tolima\u00bb (f. 17).  <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su pretensi\u00f3n, aduce en s\u00edntesis, que como poseedor del 50% de dos parcelas ubicadas en jurisdicci\u00f3n del municipio de Armero Guayabal Tolima, el 12 de junio de 2015 instaur\u00f3 demanda de prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, proceso en el que la demandada acept\u00f3 la existencia de las parcelas y adelantado el tr\u00e1mite, el Juzgado Civil del Circuito de L\u00e9rida a quien le correspondi\u00f3 conocer, en sentencia de 26 de abril de 2016 accedi\u00f3 a sus pretensiones.  <\/span><\/p>\n

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Explica que adem\u00e1s, la Corporaci\u00f3n accionada, no cumpli\u00f3 con lo reglado en los art\u00edculos 327 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, porque permiti\u00f3 que el apelante no sujetara su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia, sino que acept\u00f3 \u00abque de manera cantinflesca emitiera sus alegatos sin que aterrizara sobre los temas planteados\u00bb, e igualmente \u00abtom\u00f3 una decisi\u00f3n de manera oficiosa, sin explicarla\u00bb (ff. 13 a 18).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS  <\/span><\/p>\n

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La Magistrada Ponente manifest\u00f3 atenerse a lo consignado en el expediente y en las razones jur\u00eddicas que motivaron la decisi\u00f3n cuestionada (f. 28).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.   <\/span><\/p>\n

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Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. Ese desconocimiento de la ley adjetiva o sustantiva debe ser, sin embargo, un error trascendente que por tener una influencia directa en la determinaci\u00f3n de fondo que se emite afecta de manera grave el debido proceso.  <\/span><\/p>\n

2.  En el asunto en estudio, el accionante solicita que a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda, se deje sin valor y efecto la sentencia emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 14 de octubre de 2016, no obstante, una vez examinada la providencia censurada se advierte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues a diferencia de lo considerado por el demandante en pertenencia, aqu\u00ed accionante, aqu\u00e9lla fue el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso, y no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promueve la queja constitucional.   <\/span><\/p>\n

En efecto, el juez plural de segunda instancia, luego de ponderar en forma conjunta las pruebas allegadas y analizar las normas aplicables al caso, arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n que deb\u00eda revocarse la sentencia objeto de apelaci\u00f3n, al no encontrar configurados todos los requisitos exigidos por la ley y la jurisprudencia para acceder a la declaratoria de la pertenencia solicitada por el demandante sobre el 50% \u00abde la propiedad de dos predios rurales denominados: \u201cparcela n\u00famero 10 nueva esperanza lote n\u00famero 10 con riego y parcela n\u00famero 10 nueva esperanza lote n\u00famero 10 potrero\u201d (fl. 3, c1), ubicados en la vereda Maracaibo de la jurisdicci\u00f3n del municipio de Armero Guayabal -Tolima e identificados con matr\u00edcula 352-16639 y 352-16638\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Para lo anterior y en cuanto a lo que es objeto del reclamo constitucional, basta observar que en la audiencia de alegaciones y fallo a la que se dio inicio a las 4:01 p.m. del 25 de octubre de 2016, el Tribunal despu\u00e9s de referir a los elementos o presupuestos que debe acreditar el prescribiente, y analizar la totalidad del recaudo probatorio, concluy\u00f3,  <\/span><\/p>\n

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\u00absi la posesi\u00f3n es un hecho que viene revestido de estos dos elementos estructurales: El \u00e1nimo y el objeto, como se dijo, ella debe reflejarse a lo largo del espacio temporal por el que se dice se es poseedor, circunstancias estas que en el caso bajo an\u00e1lisis no aparecen cumplidas a partir de no tenerse individualizado el inmueble sobre el que se dice recae su \u00e1nimo posesorio. Y la anterior afirmaci\u00f3n se realiza partiendo de la conducta asumida por la parte demandante; v\u00e9ase que en las pretensiones de la demanda afirma que ha tenido la posesi\u00f3n real y material de los inmuebles que describe por sus linderos generales, precisando que su posesi\u00f3n la ejerce en un \u201ccincuenta 50%\u201d, concretando en el interrogatorio practicado de manera oficiosa por el a quo, que la posesi\u00f3n la adquiri\u00f3 por compra que de ese porcentaje hiciera \u201cal marido de do\u00f1a Helena\u201d, quien es aqu\u00ed la demandada. As\u00ed descrito el bien objeto de usucapi\u00f3n ha dejado en la indeterminaci\u00f3n el \u00e1rea que como cuerpo cierto supuestamente posee, pues bien miradas las cosas quien es titular de la propiedad lo es por consiguiente de la posesi\u00f3n, como consecuencia del goce efectivo de tal derecho.  <\/span><\/p>\n

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Y esa conclusi\u00f3n la ratifica la totalidad del recaudo probatorio, como pasa a verse:  <\/span><\/p>\n

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2.5.1. V\u00e9ase que en la inspecci\u00f3n judicial se identifica y describen los inmuebles por sus linderos generales, sin que se precise sobre qu\u00e9 porci\u00f3n de los mismos se ejercen actos de se\u00f1or y due\u00f1o por parte del actor, pues mal podr\u00eda considerarse que es sobre la totalidad cuando la pertenencia se depreca en un porcentaje del 50%, que materialmente no se concret\u00f3 en dicha diligencia y si bien en el dictamen pericial la auxiliar de la justicia identific\u00f3 los predios por sus linderos generales y determin\u00f3 la alinderaci\u00f3n que tienen los terrenos presuntamente detentados por el demandante luego se separarlos de los pose\u00eddos por la demandada, tal y como se lee en los folios 100, 104 -106 c.1, no existe ning\u00fan elemento de juicio adicional que permita hacer dicha constataci\u00f3n, pues si bien los testigos Jos\u00e9 Antonio Castillo y Rosmira Mena Le\u00f3n refieren que el se\u00f1or L\u00f3pez Gil desde el 2004 desarrolla actividades de cultivo y de ganader\u00eda en los predios identificados en la demanda, ninguna precisi\u00f3n se hace respecto de la porci\u00f3n sobre la cual recaen los supuestos actos de se\u00f1or\u00edo\u00bb  (\u2026).  <\/span><\/p>\n

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A lo que agreg\u00f3, \u00abEntonces, si en el interrogatorio de parte el demandante se limit\u00f3 a confirmar la compra que del porcentaje realiz\u00f3 al marido de la demandada, la prueba testimonial aqu\u00ed tra\u00edda como la inspecci\u00f3n judicial y la prueba pericial dejan en la incertidumbre la plena individualizaci\u00f3n del inmueble que se dice pose\u00eddo y objeto de usucapi\u00f3n, no hab\u00eda medio de prueba para asir la declaraci\u00f3n de usucapi\u00f3n que fulmin\u00f3 el a quo, cuanto m\u00e1s cuando para el momento en que se present\u00f3 la demanda de pertenencia, 12 de junio de 2015, Jos\u00e9 Manuel L\u00f3pez Gil, seg\u00fan el dicho de la demandada y algunos de los testigos, se hab\u00eda despojado de la eventual posesi\u00f3n en \u201cuna se\u00f1ora del pueblo\u201d y por ello para el momento de incoar la usucapi\u00f3n se hab\u00eda despojado del t\u00edtulo de poseedor, si es que as\u00ed se le puede llamar cuando no se ha precisado el cuerpo cierto necesario para atribuirse tal calificativo\u00bb (ff. 42 y 43).  <\/span><\/p>\n

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3.        En ese orden, es evidente que la pretensi\u00f3n del tutelante se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a la valoraci\u00f3n probatoria del juzgador, lo cual, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente el funcionario judicial tiene entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de la normativa, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.  <\/span><\/p>\n

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Particularmente, en lo que refiere a la actividad evaluativa de los medios de persuasi\u00f3n, como l\u00edneas atr\u00e1s se indic\u00f3, el Juez de la causa cumpli\u00f3 con su deber legal de justificar sus conclusiones con base en el convencimiento que form\u00f3 a partir de tales elementos, atendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 164 del C\u00f3digo General del Proceso, de ah\u00ed que en el asunto no se habilita la intervenci\u00f3n en sede constitucional, m\u00e1s cuando se tiene claro que el mecanismo excepcional al que ahora acude el reclamante, s\u00f3lo est\u00e1 llamado a prosperar si,  <\/span><\/p>\n

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\u00abse observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 24 jun. 2011, rad, 01225-00, reiterada entre otras muchas en, STC9707-2015, STC17650-2015, STC111-2016, STC3033-2016, y, STC3427-2016, 17 mar. rad. 00585-00).  <\/span><\/p>\n

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En ese orden, dado que no se satisface ninguna de las condiciones se\u00f1aladas, las cuales son capaces de estructurar defecto en el juicio de valoraci\u00f3n de los medios persuasivos con entidad de tornar procedente la protecci\u00f3n bajo la perspectiva ius fundamental, no es posible en esta v\u00eda interferir en la tarea que la accionada acometi\u00f3 con respaldo en la autonom\u00eda e independencia que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica reconoce como atributos necesarios del ejercicio de la funci\u00f3n judicial.  <\/span><\/p>\n

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4.        Ahora en relaci\u00f3n a la segunda queja referida a que el Tribunal no cumpli\u00f3 con lo reglado en los art\u00edculos 327 y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, porque permiti\u00f3 que el apelante no sujetara su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia, basta decir que en los CD que contienen la audiencia de segunda instancia (ff. 42 y 43), se observa que otorgada la palabra al apoderado judicial de la parte apelante aleg\u00f3 en s\u00edntesis que el Juez a quo no tuvo en cuenta las pruebas que determinaban que el demandante no detentaba el predio y por lo tanto no pod\u00eda ejercer la pertenencia, y la Magistrada Ponente al se\u00f1alar los motivos que plante\u00f3 en la apelaci\u00f3n en primera instancia, indic\u00f3 que \u00abellos se contraen espec\u00edficamente a que el actor procesal no es el actual poseedor del predio, toda vez que el bien objeto de la litis lo obtuvo a trav\u00e9s de un contrato de compraventa celebrado con el compa\u00f1ero de la demandada quien no ostentaba posesi\u00f3n, negocio que al parecer fue incumplido, .y el segundo argumento es que el demandante no ha ejercido posesi\u00f3n como se\u00f1or y due\u00f1o del citado inmueble, no ha pagado el impuesto predial y no ejerc\u00eda la posesi\u00f3n para cuando la demanda se interpuso\u00bb  como se\u00f1or y due\u00f1o del citado inmueble\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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5. De acuerdo con lo examinado, no se otorgar\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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