{"id":99351,"date":"2026-06-25T18:21:50","date_gmt":"2026-06-25T18:21:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1850-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:21:50","modified_gmt":"2026-06-25T18:21:50","slug":"stc1850-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1850-2017\/","title":{"rendered":"STC1850-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1850-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02204-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15  ) de febrero de dos mil diecisiete (2017)  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 15 de diciembre de 2016, que neg\u00f3 la tutela de James Hern\u00e1n Palacio Rivera frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Anserma – Caldas, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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       1.        Actuando a trav\u00e9s de apoderado, el solicitante reclama el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas, a quienes acusa de admitir varias irregularidades durante el tr\u00e1mite procesal penal que finaliz\u00f3 con su condena por el delito de violencia intrafamiliar agravado.  <\/span><\/p>\n

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       2.        Relata que los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron el 24 de julio de 2015, cuando fue capturado presuntamente por haber agredido a exesposa, y tambi\u00e9n se le imput\u00f3 violencia psicol\u00f3gica contra sus hijos menores de edad.    <\/span><\/p>\n

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       Luego de surtidas todas las etapas del juicio, fue condenado por el delito imputado a la pena 72 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n proferida el 6 de abril de 2016 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Anserma, Caldas, frente a la cual interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, resuelto posteriormente por el Tribunal Superior de Manizales, confirmando la sentencia de origen, con fallo del 25 de julio de 2016.  <\/span><\/p>\n

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       Entre las principales cr\u00edticas que atribuye a las referidas providencias, se\u00f1ala la falta de congruencia entre la acusaci\u00f3n y la sentencia, pues aduce, se le conden\u00f3  por hechos cometidos contra la suegra, exesposa e hijos, \u00ab(\u2026) lo que no es as\u00ed ya que el acto se dirigi\u00f3 \u00fanicamente contra una sola persona, esto es su exesposa y que (\u2026) que dicha persona agraviada ya no hace parte del n\u00facleo familiar del acusado (\u2026)\u00bb  <\/span><\/p>\n

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       Luego aludi\u00f3 al yerro relacionado con la conducta imputada, de la cual manifiesta no se adec\u00faa a los hechos investigados, pues lo que se infiere de aquellos es la mera ocurrencia de unas lesiones personales, ya que la v\u00edctima no hac\u00eda parte de su n\u00facleo familiar.  <\/span><\/p>\n

       Como reproches adicionales, mencion\u00f3, entre otros, la excesiva pena con relaci\u00f3n al delito imputado, la omisi\u00f3n de un atenuante punitivo y los intereses econ\u00f3micos que movieron a la denunciante.  <\/span><\/p>\n

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3. Pide en consecuencia, se deje \u00ab(\u2026) sin ning\u00fan valor la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2016, procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Anserma y la sentencia de segunda instancia de fecha 25 de julio de 2016, procedente del Tribunal Superior Sala de Decisi\u00f3n Penal de Manizales (\u2026)\u00bb y, \u00ab(\u2026) se ordene al Juez Primero Promiscuo Municipal de Anserma, se sirva ordenar la libertad inmediata del condenado o en subsidio se le reconozcan los derechos que a este le corresponden por haberse incurrido en los defectos relacionados (\u2026)\u00bb  (ff. 1 a 15, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1.        La Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, se pronunci\u00f3 informando que el procesado ni su defensor instauraron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida por esa Corporaci\u00f3n y aport\u00f3 el texto del prove\u00eddo atacado (f. 69, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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2.         El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Anserma dijo, \u00ab(\u2026) los testigos coincidieron en se\u00f1alar la agresi\u00f3n f\u00edsica de la que fue v\u00edctima la se\u00f1ora Zapata Holgu\u00edn y la causa por la cual se gener\u00f3 la agresi\u00f3n que no fue otra que la de exigir fidelidad estando divorciados.  Ello motiv\u00f3 a \u00e9ste juzgador a entender que no nos encontr\u00e1bamos frente a la conducta de lesiones personales sino de Violencia intrafamiliar, pero adem\u00e1s porque la relaci\u00f3n entre v\u00edctima y victimario es de padres ya que tienen en com\u00fan dos hijos.  Ahora bien, frente a la circunstancia de atenuaci\u00f3n de ira e intenso dolor ella no fue pedida por la defensa durante el juicio, no fue su teor\u00eda del caso, se pidi\u00f3 pero en el recurso de alzada cuando ya se hab\u00eda le\u00eddo la sentencia de primera instancia (\u2026)\u00bb (ff. 70 y 71, ib.).  <\/span><\/p>\n

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3.        El Magistrado Ponente de la sentencia debatida, manifest\u00f3 que tal como fue motivada la decisi\u00f3n, no se encuadra dentro de las hip\u00f3tesis excepcionales dispuestas por la Corte Constitucional para se\u00f1alarla como una v\u00eda de hecho susceptible de ser modificada por un juez de tutela, por lo tanto, solicit\u00f3 negar el amparo (f. 72, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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4.        El Fiscal Local encargado del caso, anot\u00f3 que no comprende el sentido de la tutela, pues dice que no sabe si \u00ab(\u2026) se trata de una ficticia apelaci\u00f3n al valor probatorio confirmado por el Tribunal de Manizales, una solicitud de nulidad que pudo impetrarse al interior del proceso o un recurso de casaci\u00f3n mal planteado, pues perfectamente lo hab\u00eda podido interponer en su debido momento, pues (\u2026) tuvo conocimiento permanente de las decisiones que se iban adoptando a lo largo del proceso\u00bb (ff. 74 a 76, \u00edd.)  <\/span><\/p>\n

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FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL  <\/span><\/p>\n

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       Neg\u00f3 la salvaguarda al considerar los pronunciamientos reprochados razonables, en la medida en que se apoyaron adecuadamente en la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que no advirti\u00f3 que el tr\u00e1mite tuviera alguna falencia de car\u00e1cter procesal, pues se respet\u00f3 el debido proceso y el derecho a la defensa t\u00e9cnica, ya que el acusado siempre estuvo asistido por un profesional del derecho.  Adicionalmente precis\u00f3 que la valoraci\u00f3n probatoria fue acorde con lo decantado en el juicio y la decisi\u00f3n final \u00ab(\u2026) fue producto del an\u00e1lisis efectuado con base en los hechos probados y controvertidos por las partes dentro del proceso penal (\u2026) bajo los postulados de la sana cr\u00edtica, la cual no puede ser sustituida por el juez de tutela con la excusa de tener nueva o mejor concepci\u00f3n sobre el asunto\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Finaliz\u00f3 destacando la incuria del promotor frente a la sentencia de segundo grado, respecto de la cual proced\u00eda el recurso de casaci\u00f3n que no interpuso (ff. 77 a 92, cd. 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 el apoderado del accionante sin argumentaci\u00f3n adicional (ff. 106 y 106, ib\u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Acerca de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, ha precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, prerrogativa que en ese espec\u00edfico evento le ser\u00e1 protegida de manera inmediata.  <\/span><\/p>\n

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El auxilio mediante un procedimiento breve y sumario como es el estatuido por la Constituci\u00f3n, no lo convierte en un mecanismo sustitutivo o paralelo de los dem\u00e1s instrumentos de defensa que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable y de manera transitoria.  <\/span><\/p>\n

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2.        Dirigi\u00e9ndose la inconformidad de la parte actora a resaltar presuntas anomal\u00edas al interior del proceso e indicar deficiencias sustanciales en los pronunciamientos de primer y segundo grado que determinaron su responsabilidad penal, observa la Sala la ausencia del recurso de casaci\u00f3n que debi\u00f3 interponer en tiempo el actor frente a la \u00faltima resoluci\u00f3n, desatenci\u00f3n que inexorablemente deriva en la improcedencia del amparo.  <\/span><\/p>\n

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Y es que al no verificarse el presupuesto de la subsidiariedad en virtud de la incuria evidenciada respecto de la senda extraordinaria omitida, y dados los exigentes postulados que viabilizan la injerencia del juez constitucional y, por no estar edificado evento alguno que permita contemplarla, la tutela no puede salir avante al tenor de lo dicho.  <\/span><\/p>\n

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De manera que, la circunstancia descrita, analizada a la luz del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, impide cualquier pronunciamiento del juez constitucional, quien no podr\u00eda revivir instrumentos desperdiciados por el descuido de los litigantes.  <\/span><\/p>\n

Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed mismo ha referido que,  <\/span><\/p>\n

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\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014).  <\/span><\/p>\n

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Deviene entonces manifiesto que si el peticionario de este excepcional tr\u00e1mite no agot\u00f3 correctamente los mecanismos de defensa contemplados por el ordenamiento adjetivo respecto de la sentencia penal de segunda instancia, no puede pretender que por medio de la queja constitucional se provea la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que correspond\u00eda dirimir en la jurisdicci\u00f3n ordinaria a trav\u00e9s del medio que dej\u00f3 de formular.  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela est\u00e1 destinada a aplicarse solamente cuando en el escenario natural del respectivo proceso no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como una herramienta apta para desplazar a los funcionarios a quienes constitucional y legalmente se les ha asignado la definici\u00f3n de las controversias judiciales.  <\/span><\/p>\n

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En definitiva, y por lo decantado hasta aqu\u00ed, que tambi\u00e9n supone requisito general de la protecci\u00f3n rogada, se impone ratificar su desestimaci\u00f3n; motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto.  <\/span><\/p>\n

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3.        Con apoyo en las consideraciones esgrimidas en esta instancia, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de origen.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

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            LUIS ALONSO RICO PUERTA   Magistrado Ponente      STC1850-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02204-01   (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de febrero de dos mil diecisiete)      Bogot\u00e1, D.C., quince (15  ) de febrero de dos mil diecisiete (2017)      Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99351","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99351","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99351"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99351\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99351"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99351"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99351"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}