{"id":99352,"date":"2026-06-25T18:21:53","date_gmt":"2026-06-25T18:21:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1851-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:21:53","modified_gmt":"2026-06-25T18:21:53","slug":"stc1851-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1851-2017\/","title":{"rendered":"STC1851-2017"},"content":{"rendered":"

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

       Magistrado ponente          <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

STC1851-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2016-00642-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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  <\/span><\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 13 de diciembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Carlos Castro Ortiz contra el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de esa ciudad, Ignacio Tapia Nieto y Segunda Isabel Romero de Tapia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicita \u00abdejar sin efecto la sentencia\u2026 que regul\u00f3 las visitas de los abuelos maternos\u2026 a su nieto G.J.C.T.1  <\/span><\/p>\n

\u00bb (folios 1 a 17, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.1. Jos\u00e9 Ignacio Tapia Nieto y Segunda Isabel Romero de Tapia en calidad de abuelos maternos del menor G.J.C.T promovieron juicio de regulaci\u00f3n de visitas contra Luis Carlos Castro Ortiz2, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Tramitado el asunto, el 2 de febrero de 2016 el estrado encausado accedi\u00f3 a las pretensiones, regulando de manera definitiva las visitas del ni\u00f1o en relaci\u00f3n con los demandantes, determinando, entre otras disposiciones, que \u00abel menor cada 15 d\u00edas visitar\u00e1 y permanecer\u00e1 con sus abuelos desde el s\u00e1bado a las 9:00 de la ma\u00f1ana hasta el domingo a las 6:00 de la tarde\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Sostuvo el quejoso que el fallo referido a espacio vulner\u00f3 las prerrogativas alegadas, toda vez que el despacho no hizo una valoraci\u00f3n real de las pruebas aportadas, por lo que, en su sentir, la decisi\u00f3n fue \u00abarbitraria[,] pues se apart\u00f3 del \u00e1mbito de la legalidad y despleg\u00f3 una actuaci\u00f3n de hecho que resulta contraria al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.4. Destac\u00f3 que como padre del menor es titular de su patria potestad y de su cuidado personal, por lo que los demandantes no pueden tener el mismo derecho sobre el ni\u00f1o, m\u00e1xime \u00abcuando la reglamentaci\u00f3n de visitas\u2026 [es] absolutamente exigible frente al padre que las impide o frente aqu\u00e9l que simplemente no las ejerce, pero no se hace extensivo a los abuelos ni a otros familiares\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.5. A\u00f1adi\u00f3 que su inter\u00e9s no es que su hijo pierda relaci\u00f3n con sus familiares por l\u00ednea materna \u00absin embargo, regularle las visitas no ha sido acertado porque muchas veces \u00e9st[o]s\u2026 impiden que el menor avance en su desarrollo integral\u00bb; a m\u00e1s que en ocasiones los abuelos han trasladado al menor a una finca fuera de la ciudad, sin su consentimiento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.6. Cit\u00f3 precedente de la Corte Constitucional el que considera respalda su alegaci\u00f3n respecto a que la regulaci\u00f3n de visitas a los menores a instancia de familiares que no sean sus progenitores y en contra de la voluntad del padre, constituye una v\u00eda de hecho.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1.        La Procuradur\u00eda 5\u00aa Judicial II de Familia de Barranquilla resalt\u00f3 que si bien el actor afirm\u00f3 no tener inter\u00e9s de alejar al menor de la familia materna, le asiste preocupaci\u00f3n en raz\u00f3n a la dualidad en cuanto a la disciplina de alimentaci\u00f3n, escolar, comportamientos, entre otros, por lo que pidi\u00f3 que la decisi\u00f3n tuitiva debe salvaguardar el inter\u00e9s superior del menor \u00aba trav\u00e9s de otros mecanismos alternos de soluci\u00f3n como pueden ser ordenar el acompa\u00f1amiento de ambas familias con el apoyo de un equipo interdisciplinario de la Comisar\u00eda de Familia o Defensor de Familia\u2026 con el fin que reciban la orientaci\u00f3n adecuada frente a pautas de crianza, y todos los aspectos relacionados con el desarrollo arm\u00f3nico e integral del ni\u00f1o, para que este no resulte afectado por las diferencias existentes entre los adultos-familiares; sin sacrificar el derecho del ni\u00f1o a compartir con su familia extensa\u00bb (folios 262 a 265, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. El Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla solicit\u00f3 negar el resguardo argumentando que la decisi\u00f3n censurada se encuentra fundada en el recaudo probatorio y ajustada a derecho, destacado que est\u00e1 acorde con el inter\u00e9s superior del menor a fin de \u00abmantener relaciones afectivas con la familia materna\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que el proceso de regulaci\u00f3n de visitas no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que, de haber variado las circunstancias, puede el actor acudir a otra acci\u00f3n judicial (folios 269 a 271, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3. La Alcald\u00eda de Barranquilla, extempor\u00e1neamente, inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del amparo al considerar que no se encontraba legitimada por pasiva para atender el llamado tutelar (folios 279 a 285, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo tras concluir que incumpl\u00eda con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, lo primero, porque el actor puede acudir ante el juez natural a exponer la presunta afectaci\u00f3n \u00abque le ha ocasionado al ni\u00f1o\u2026 las visitas con los abuelos\u2026 mediante el proceso de revisi\u00f3n de visitas\u00bb; el juicio criticado no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material; y conforme al C\u00f3digo General del Proceso puede acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En cuanto a lo segundo, dijo que la sentencia atacada fue dictada el 2 de febrero de 2016, por lo que para el momento de interposici\u00f3n de la tutela -21 de noviembre de 2016- hab\u00eda transcurrido un lapso superior a 6 meses (folios 275 a 278, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La formul\u00f3 el gestor reiterando los argumentos expuestos en el libelo de tutela; expuso que conforme a las causales de revisi\u00f3n establecidas en el art\u00edculo 355 del Estatuto General del Proceso, en ninguna encajaban los hechos que motivaron la acci\u00f3n tuitiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Precis\u00f3 que si estaba presente el requisito de la inmediatez porque \u00abla afectaci\u00f3n sicol\u00f3gica del ni\u00f1o ocurri\u00f3 en el curso de la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb (folios 302 a 304, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.        El constituyente de 1991 consagr\u00f3 la calidad de sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado para los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, autorizando la protecci\u00f3n integral, el inter\u00e9s superior3 y la prevalencia de sus garant\u00edas4  <\/span><\/p>\n

respecto de los dem\u00e1s sujetos de derecho, incluidos los de su n\u00facleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia que revisten en la especie, formaci\u00f3n con valores indispensables para la existencia, consolidaci\u00f3n y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por intereses superiores5.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

       Sobre el inter\u00e9s superior del menor, la Corte Constitucional en T-587\/98, dijo:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026Esta nueva visi\u00f3n del menor se justific\u00f3 tanto desde una perspectiva humanista -que propende la mayor protecci\u00f3n de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensi\u00f3n-, como desde la \u00e9tica que sostiene que s\u00f3lo una adecuada protecci\u00f3n del menor garantiza la formaci\u00f3n de un adulto sano, libre y aut\u00f3nomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consisti\u00f3 en reconocerle al menor una caracterizaci\u00f3n jur\u00eddica espec\u00edfica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento qued\u00f3 plasmado en la Convenci\u00f3n de los Derechos del Ni\u00f1o (art\u00edculo 3\u00b0) y, en Colombia, en el C\u00f3digo del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica elev\u00f3 al ni\u00f1o a la posici\u00f3n de sujeto merecedor de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, la sociedad y la familia (art\u00edculos 44 y 45).  <\/span><\/p>\n

Ahora bien, el inter\u00e9s superior del menor no constituye una cl\u00e1usula vac\u00eda susceptible de amparar cualquier decisi\u00f3n. Por el contrario, para que una determinada decisi\u00f3n pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se re\u00fanan, al menos, cuatro condiciones b\u00e1sicas: (1) en primer lugar, el inter\u00e9s del menor en cuya defensa se act\u00faa debe ser real, es decir, debe hacer relaci\u00f3n a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes f\u00edsicas y sicol\u00f3gicas; (2) en segundo t\u00e9rmino, debe ser independiente del criterio arbitrario de los dem\u00e1s y, por tanto, su existencia y protecci\u00f3n no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios p\u00fablicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garant\u00eda de su protecci\u00f3n se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderaci\u00f3n debe ser guiado por la protecci\u00f3n de este principio; (4) por \u00faltimo, debe demostrarse que dicho inter\u00e9s tiende a lograr un beneficio jur\u00eddico supremo consistente en el pleno y arm\u00f3nico desarrollo de la personalidad del menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, resalta la importancia que para \u00e9ste implica pertenecer a una familia y no ser separado de ella, pues el menor necesita del afecto, amor y cuidado que le brindan los suyos para su desarrollo integral y es indiscutible que al interior del seno familiar encuentra el mejor escenario para su desarrollo arm\u00f3nico.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la legislaci\u00f3n Colombiana, la Ley 12 de 1991 aprob\u00f3 la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo art\u00edculo 9\u00ba dispuso que \u00ablos Estados Partes velar\u00e1n porque el ni\u00f1o no sea separado de sus padres contra la voluntad de \u00e9stos, excepto cuando, a reserva de decisi\u00f3n judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separaci\u00f3n es necesaria en el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u2026\u00bb.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en opini\u00f3n consultiva OC-17\/2002, de 28 de agosto, expreso que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026la familia constituye el \u00e1mbito primordial para el desarrollo del ni\u00f1o y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a trav\u00e9s de las diversas medidas que \u00e9sta requiera para el mejor cumplimiento de su funci\u00f3n natural en este campo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

El art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece:  <\/span><\/p>\n

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Son derechos fundamentales de los ni\u00f1os: la vida, la integridad f\u00edsica, la salud\u2026, a tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor\u2026 Ser\u00e1n protegidos contra toda forma de abandono, violencia f\u00edsica y moral\u2026 Gozar\u00e1n tambi\u00e9n de los dem\u00e1s derechos consagrados en le Constituci\u00f3n, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral  y el ejercicio pleno de sus derechos.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

3.        En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, el actor dirige su reproche contra la sentencia de 2 de febrero de 2016, proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla en el proceso de regulaci\u00f3n de visitas incoado en su contra por Jos\u00e9 Ignacio Tapia Nieto y Segunda Isabel Romero de Tapia, abuelos maternos del menor G.J.C.T., porque, en su sentir, no se valoraron los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario que daban cuenta de que el ni\u00f1o se encontraba en diversos tratamientos psicol\u00f3gicos los cuales se alteraban con la orden impartida, a m\u00e1s que el fallo criticado desatendi\u00f3 que la regulaci\u00f3n judicial de visitas estaba reservada para los padres, por lo que los abuelos del menor carec\u00edan de legitimaci\u00f3n en la causa para promoverla.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Siendo as\u00ed las cosas, de entrada, advierte la Corte que el amparo deprecado est\u00e1 llamado al fracaso, pues la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de expedici\u00f3n de la providencia que regul\u00f3 las visitas del menor, esto es, 2 de febrero de 2016, y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala -21 de noviembre de 2016- (folio 254, cuaderno 1), transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional, sin que el accionante hubiera demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza, destacando que el reproche planteado por el quejoso deriva de aquella decisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En la materia se ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido,\u2026 adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

4.        Al margen de lo anterior, debe recordarse que como la sentencia reprochada hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal, mas no material, dado que es \u00absusceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas\u00bb (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada 25 may. 2012, rad. 00139-01 y el 26 abr. 2013, rad. 00032-01); oportunidad en la que puede plantear los supuestos alegados en la demanda de tutela, incluso la inviabilidad que considera existe respecto a que se otorgue a los abuelos por v\u00eda judicial, un r\u00e9gimen de visitas frente al menor.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En un caso de similares contornos, la Corte dijo que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u2026por tratarse de una sentencia dictada en un proceso verbal sumario tramitado en \u00fanica instancia, al proceso de reglamentaci\u00f3n de visitas puede acudirse tantas veces el cambio de las circunstancias lo amerite. Por consiguiente, la inconformidad frente a la regulaci\u00f3n y la eventual variaci\u00f3n de lo all\u00ed decidido, s\u00f3lo puede suscitarse acudiendo de nuevo al juez para que, de encontrar fundada la pretensi\u00f3n, modifique o extinga el r\u00e9gimen de visitas all\u00ed contenido (CSJ STC7526-2016, 9 jun., rad. 2016-00130-01).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5.        Lo expuesto impone respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 De aqu\u00ed en adelante para resguardar el derecho a la intimidad del ni\u00f1o conforme al art\u00edculo 33 de la Ley 1098 de 2006.    <\/span><\/p>\n

2 Proceso adelantado habida cuenta de que su hija Auristhela del Rosario Tapia Moreno \u2013madre del menor- hab\u00eda fallecido el 5 de noviembre de 2013.    <\/span><\/p>\n

3 Art\u00edculo 8 de la Ley 1098 de 2006. Inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes. \u00abSe entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb.    <\/span><\/p>\n

4 Art\u00edculo 9\u00ba \u00eddem.    <\/span><\/p>\n

5 CSJ STC, 4 oct. 2007, rad. 2007-00091-01.      <\/span><\/p>\n

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      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO          Magistrado ponente                 STC1851-2017   Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2016-00642-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)         Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).         Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99352"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99352\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}