{"id":99354,"date":"2026-06-25T18:22:00","date_gmt":"2026-06-25T18:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1854-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:00","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:00","slug":"stc1854-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1854-2017\/","title":{"rendered":"STC1854-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1854-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2016-02218-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2016 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Olfina Flor Silvera Sierra y Lorena Paola Ballesteros Silvera contra la Sala Penal de Extinci\u00f3n de Dominio y Lavado de Activos del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. Las promotoras, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclaman la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada.    <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicitan se ordene \u00absin m\u00e1s dilaciones[,] resolv[er] el recurso de apelaci\u00f3n y con ello se impulse el procedimiento aplicable a la extinci\u00f3n del dominio\u00bb (folios 1 a 11, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.        De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Contra Sahulom Ballesteros Parra se promovi\u00f3 proceso de Extinci\u00f3n de Dominio, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, quien con fallo de 17 de junio de 2014 dispuso, entre otras cosas, no declarar la extinci\u00f3n de los predios con matr\u00edculas inmobiliarias N\u00ba 040-246931 y 040-311268 de la ciudad de Baranoa (Atl\u00e1ntico), adquiridos por Olfina Flor Silvera Sierra y Lorena Paola Ballesteros Silvera.  <\/span><\/p>\n

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2.2. La Procuradur\u00eda Delegada para asuntos de Extinci\u00f3n de Dominio, recurri\u00f3 en alzada la referida determinaci\u00f3n, por lo que el asunto fue remitido para su tr\u00e1mite al colegiado accionado, desde el 28 de septiembre de 2014, sin que a la fecha de presentaci\u00f3n del resguardo existiera pronunciamiento alguno.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Relataron las quejosas que \u00abdicho recurso de apelaci\u00f3n tiene\u2026 dos (2) a\u00f1os y tres (3) meses de estar al despacho del\u2026 Magistrado Ponente sin que haya\u2026 ninguna gesti\u00f3n\u2026 definitiva\u00bb, a m\u00e1s que dicha tardanza ha generado que los inmuebles de su propiedad hayan sufrido alteraciones por la \u00abnegligencia administrativa\u00bb, pues los administradores de los mismos los abandonaron totalmente, por lo que fueron saqueados y ocupados ilegalmente por la poblaci\u00f3n de Baranoa.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Secretar\u00eda de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que, revisado el sistema de consulta \u00abSiglo XXI\u00bb, el proceso criticado se encuentra al despacho del Magistrado Ponente pendiente de que se adopte la decisi\u00f3n de fondo respectiva (folio 70, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Las Fiscal\u00edas 21 y 41 de Extinci\u00f3n de Dominio indicaron que con Resoluci\u00f3n de 28 de junio de 2011 remitieron la causa 2012-051-2 a los Juzgados Especializados, por lo que no ten\u00edan conocimiento de los hechos y las pretensiones del resguardo (folios 78 y 84, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. \u2013SAE relat\u00f3 que con resoluci\u00f3n N\u00ba 310 del 28 de abril de 2016 se dispuso hacer efectiva la entrega real y material del inmueble identificado con matr\u00edcula N\u00ba 040-311268; que su actuar se funda en un \u00abmandato legal\u00bb; agreg\u00f3 que la s\u00faplica rogada deb\u00eda declararse improcedente, pues las quejosas han de manifestar sus reparos ante el ente judicial de conocimiento (folios 79 a 80, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda al considerar que la queja no estaba dirigida frente a esa sede sino contra el colegiado accionado (folios 92 a 93, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 pidi\u00f3 negar la acci\u00f3n tuitiva, pues el asunto cuestionado requier\u00eda un estudio pormenorizado del acervo probatorio, a m\u00e1s el despacho \u00abno tiene dedicaci\u00f3n exclusiva de Extinci\u00f3n de Dominio, sino tambi\u00e9n tiene a cargo m\u00faltiples competencias que indudablemente representan una importante carga laboral, derivada de la asignaci\u00f3n por reparto de pluralidad de procesos, no s\u00f3lo de extinci\u00f3n de dominio para conocimiento del control de legalidad de los bienes sobre los cuales se imponen medidas cautelares y de los recursos de apelaci\u00f3n y consulta, sobre los fallos que profieran los Jueces Especializados de Extinci\u00f3n de Dominio del territorio nacional, que como caracter\u00edstica a resaltar, muchos sobrepasan los 5.000 folios y m\u00e1s de 300 cuadernos con bastantes bienes inmuebles, muebles, productos financieros, establecimientos de comercio, etc\u00bb (folios 95 a 96, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que como el juicio cuestionado est\u00e1 en curso, no existe una  decisi\u00f3n que haya hecho tr\u00e1nsito a cosas juzgada, lo que torna improcedente la acci\u00f3n supralegal.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que las gestoras contaban con medios ordinarios para criticar la hipot\u00e9tica mora del funcionario judicial, como lo eran recusarlo o acudir al juez disciplinario, acorde con los numerales 7\u00ba de los art\u00edculos 56 de la ley 906 de 2004 y 99 de la ley 600 de 2000; o acorde con los art\u00edculos 34, 35, 48 y 50 de la Ley 734 de 2002, respectivamente, adem\u00e1s puede solicitar vigilancia administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura.  <\/span><\/p>\n

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No obstante, record\u00f3 que \u00abconforme al art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 es obligatorio respetar el orden de ingreso de los expedientes al despacho para la emisi\u00f3n de las decisiones que corresponden\u00bb (folios 97 a 106, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante reiterando lo expuesto en el libelo introductor (folios 119 a 120, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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1. En el presente caso las promotoras acuden a la tutela al considerar transgredidas sus garant\u00edas esenciales con ocasi\u00f3n de la tardanza en la definici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n impetrado por la Procuradur\u00eda Delegada contra la sentencia de 17 de junio de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Especializado de Extinci\u00f3n de Dominio de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1.    <\/span><\/p>\n

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1. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del amparo reclamado, toda vez que las accionantes tienen a su alcance otros mecanismos id\u00f3neos con el fin de obtener la regulaci\u00f3n de los t\u00e9rminos para fallo a los que hacen referencia.    <\/span><\/p>\n

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En efecto, en un caso de perfiles similares al que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que:  <\/span><\/p>\n

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Por tanto, si el accionante pudo poner en marcha los instrumentos previstos en la ley para la defensa de sus derechos dentro de la actuaci\u00f3n judicial que cuestiona, es prematura la proposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, porque \u00e9sta no puede emplearse de manera paralela, sin agotar los otros medios de defensa que consagra el orden jur\u00eddico, como si se pudiese recurrir a dos jueces para la misma causa. Conocido es que la intervenci\u00f3n del juez constitucional es admisible cuando no exista otra forma de protecci\u00f3n judicial, pero no para generar actuaciones judiciales simult\u00e1neas (CSJ STC, 1\u00ba nov. 2007, rad. 2007-02199-01; criterio ratificado, entre otras, en CSJ STC, 12 dic. 2010, rad. 2010-02300-01; y CSJ STC, 15 nov. 2013, rad. 2013-02048-01).  <\/span><\/p>\n

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Luego,  <\/span><\/p>\n

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\u2026por cuanto el promotor del amparo dispone del aludido medio ordinario de defensa para obtener la pronta resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n pendiente, no es del caso acceder a la protecci\u00f3n extraordinaria deprecada\u2026 (CSJ STC, 12 dic. 2010, rad. 2010-02300-01; reiterada en CSJ STC, 15 nov. 2013, rad. 2013-02048-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la discusi\u00f3n planteada se enmarca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, al contar las demandantes con otro medio para lograr el fin perseguido con la solicitud de amparo, como es recusar al funcionario de conocimiento por haber dejado vencer el t\u00e9rmino con el que contaba para expedir el fallo de segunda instancia.  <\/span><\/p>\n

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4.        Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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