{"id":99357,"date":"2026-06-25T18:22:24","date_gmt":"2026-06-25T18:22:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1857-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:24","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:24","slug":"stc1857-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1857-2017\/","title":{"rendered":"STC1857-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1857-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2016-01140-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 11 de enero de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El accionante reclama la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada.  <\/span><\/p>\n

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En consecuencia, solicit\u00f3 se ordene \u00ababrir incidente de desacato\u2026 a la entidad demandada en la acci\u00f3n popular\u2026 para pagar y reconocer a [su] bien las costas ordenadas\u00bb (folios 1 a 2, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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2.1.        Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra Cafesalud EPS \u2013 Sucursal Ap\u00eda, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al despacho accionado, quien con sentencia de 13 de agosto de 2015, confirmada por el Tribunal Superior de Pereira el 28 de marzo siguiente, accedi\u00f3 a las pretensiones y fij\u00f3 agencias en derecho a favor del demandante.  <\/span><\/p>\n

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2.2. Sostuvo el quejoso que present\u00f3 proceso ejecutivo a fin que le fueran pagadas sus \u00abcostas\u00bb, a m\u00e1s que solicit\u00f3 medidas cautelares pero \u00abno pued[e] embargar a la entidad ya que los dineros son inembargables\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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2.3. Agreg\u00f3 que el despacho encartado le manifest\u00f3 que la entidad ejecutada \u00abno ha cancelado las costas a [su] bien, por lo que solicit\u00f3 que el Juez sancione a la entidad en incidente de desacato\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS  <\/span><\/p>\n

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1. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que respecto a la diversas acciones adelantadas por el quejoso ha designado a diferentes funcionarios para dar cumplimiento a lo reglado en art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998; no obstante, advierte que la acci\u00f3n popular objeto de queja no fue promovida por esa entidad, a m\u00e1s que su intervenci\u00f3n en esos asuntos est\u00e1 orientada a verificar la defensa de los derechos colectivos, lo que se produce en el correspondiente pacto de cumplimiento, el que no hab\u00eda sido comunicado a esa agencia (folio 9, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Ap\u00eda limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar el tr\u00e1mite dado a la acci\u00f3n popular incoada por el accionante y el posterior juicio ejecutivo impulsado por el mismo (folio 12, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. El Municipio de Ap\u00eda indic\u00f3 que las actuaciones criticadas \u00abse encuentran debidamente reguladas y no h[a] evidenciado negaci\u00f3n de la justicia, ni vulneraci\u00f3n de derechos en la medida que las decisiones adoptadas por el despacho\u2026 se encuentran sustentadas en\u2026 disposiciones legales\u00bb (folio 14, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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1. Cafesalud E.P.S. S.A., se refiri\u00f3 a los hechos de la acci\u00f3n tuitiva, indic\u00f3 que el accionante ha promovido \u00abm\u00e1s de 10 acciones populares en [su] contra\u2026 \u00fanicamente por percibir dinero de las costas\u00bb; agreg\u00f3 que el amparo rogado debe declararse improcedente \u00abdado que no es el mecanismo id\u00f3neo y oportuno para solicitar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n de dar\u00bb (folio 23 a 25, cuaderno 1).    <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar insatisfecho el presupuesto de subsidiariedad, en la medida en que el accionante promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Cafesalud EPS, tr\u00e1mite en el que se han surtido las etapas propias del juicio.  <\/span><\/p>\n

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Agreg\u00f3 que la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado que \u00abel proceso ejecutivo tiene la virtualidad de obtener el forzoso cumplimiento de aquello que se quiere eludir, mediante la aplicaci\u00f3n de medidas que, como el embargo y posterior remate de los bienes de deudor, est\u00e1n en manos del juez, quien las lleva adelante pese a la resistencia del demandado, en los casos y dentro de las reglas procesales pertinentes\u00bb (folios 58 a 61, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La present\u00f3 la parte accionante sin manifestar el motivo de su disidencia (folio 64, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial.  <\/span><\/p>\n

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Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez.  <\/span><\/p>\n

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2.        Del examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestionan (i) el incumplimiento al fallo definitorio de la acci\u00f3n popular 2015-00073, promovida por el actor contra Cafesalud EPS; y (ii) el juicio ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n por cuanto no se decretaron las medidas cautelares pedidas a fin de garantizar el pago de \u00ablas costas ordenadas\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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3.        En primer lugar, si la queja planteada por el actor refiere al incumplimiento de lo ordenado a Cafesalud EPS \u2013 Oficina de Ap\u00eda, en el fallo de 13 de agosto de 2015, confirmado por el colegiado el 28 de marzo siguiente, dentro de la acci\u00f3n popular 2015-00073, esto es, incorporar en su programa de atenci\u00f3n al cliente un profesional int\u00e9rprete y gu\u00eda interprete para las personas ciegas, sordo ciegas, e hipo ac\u00fasticas; advierte la Sala que la s\u00faplica rogada deviene improcedente al encontrar insatisfecho el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el actor tiene a su alcance, como mecanismo ordinario para comprobar la verificaci\u00f3n de lo ordenado, el incidente de desacato; medio establecido por el legislador para plantear las irregularidades que ahora alega en sede de tutela, conforme lo establece del art\u00edculo 41 de la Ley 472 de 19981  <\/span><\/p>\n

, herramienta de la cual, conforme a lo evidenciado en el plenario, a\u00fan no ha hecho uso.  <\/span><\/p>\n

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En un caso de similares contornos la Sala dijo que:  <\/span><\/p>\n

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Si el gestor desea la verificaci\u00f3n de la orden all\u00ed dada para proteger los derechos colectivos, tiene la posibilidad de pedir el inicio de un incidente de desacato, siguiendo lo normado en el canon 41 de la Ley 472 de 1998 (CSJ STC13839-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00805-01).  <\/span><\/p>\n

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1. En segundo lugar, respecto a las medidas cautelares pedidas al interior del juicio ejecutivo adelantado por el actor, si bien es cierto que a la fecha de interposici\u00f3n de la salvaguarda no hab\u00edan sido resueltas, tambi\u00e9n lo es que con prove\u00eddo de 6 de diciembre de 2016 el juzgado accionado atendi\u00f3 dichas solicitudes, en forma adversa al quejoso, sin que la decisi\u00f3n adoptada haya sido recurrida a fin de exponer los motivos de inconformidad que por este tr\u00e1mite exhibe, con lo que abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que el fallador natural volviera sobre ese t\u00f3pico.    <\/span><\/p>\n

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Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb:  <\/span><\/p>\n

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\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01).  <\/span><\/p>\n

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1. Finalmente, si la solicitud de amparo va encaminada a obtener el pago de las costas fijadas a su favor en la acci\u00f3n popular, la salvaguarda tambi\u00e9n se torna improcedente, habida cuenta que el quejoso inici\u00f3 la ejecuci\u00f3n respectiva, mecanismo id\u00f3neo para el fin perseguido, el que actualmente se encuentra en curso ante la sede judicial acusada.    <\/span><\/p>\n

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En una acci\u00f3n similar esta Sala indic\u00f3:  <\/span><\/p>\n

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\u2026Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto\u2026 (CSJ STC13839-2016, 29 sep. 2016, rad. 2016-00805-01).  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento de los referidos medios ordinarios de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela.  <\/span><\/p>\n

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6.        Lo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA      <\/span><\/p>\n

1 Art\u00edculo 41\u2026 Medidas coercitivas y otras disposiciones\u2026 Desacato. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrir\u00e1 en multa hasta de cincuenta (50) salarios m\u00ednimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.  <\/span><\/p>\n

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