{"id":99358,"date":"2026-06-25T18:22:27","date_gmt":"2026-06-25T18:22:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1858-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:27","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:27","slug":"stc1858-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1858-2017\/","title":{"rendered":"STC1858-2017"},"content":{"rendered":"

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

Magistrado ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1858-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01108-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 15 de diciembre de 2016 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Idarraga contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad y el Agente del Ministerio P\u00fablico, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Leandro Giraldo, la Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda, el Municipio de Medell\u00edn \u2013 Control F\u00edsico, Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Sede Medell\u00edn, Secretar\u00eda de Inclusi\u00f3n Social, Familia y Derechos Humanos de esa misma ciudad.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En consecuencia, solicita se le ordene al Juzgado acusado d\u00e9 \u00abinmediata aplicaci\u00f3n del art. 84 Ley 472 de 1998\u00bb, y se disponga \u00abrevocar el auto mediante el cual se termina la acci\u00f3n popular por desistimiento t\u00e1cito, amparado en el art. 5 y 84 de la Ley 472 de 1998\u00bb (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente:  <\/span><\/p>\n

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2.1. Indic\u00f3 el accionante que interpuso una acci\u00f3n popular contra Bancolombia1, bajo el radicado 2015-01363, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.2. Se\u00f1al\u00f3 que dentro del aludido tr\u00e1mite el juzgador de conocimiento declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, pero nunca aplic\u00f3 los art\u00edculos 5\u00ba y 84 de la Ley 472 de 1998, \u00abfigura por cierto inexistente en la especial Ley\u00bb (folio 1, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2.3. Adujo que la acci\u00f3n popular fue dilatada con ocasi\u00f3n de un conflicto de competencia, pese a que las normas que lo rigen son de orden p\u00fablico; y en la acci\u00f3n popular 2015-00200 recus\u00f3 a la juzgadora de conocimiento.  <\/span><\/p>\n

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LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS  <\/span><\/p>\n

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1. El Municipio de Medell\u00edn adujo que no le constaban los hechos narrados por el accionante, pues se remit\u00edan a la actuaci\u00f3n del Juzgado accionado; que su vinculaci\u00f3n a la acci\u00f3n popular est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 478 de 1998; y no existe legitimaci\u00f3n pasiva.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda Regional de Antioquia solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, pues no fue enunciada en esta acci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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3. La Procuradur\u00eda Regional de Risaralda refiri\u00f3 que no promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular objeto de reclamo constitucional; que su intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a observar la defensa de los derechos e intereses colectivos, \u00absituaci\u00f3n que podr\u00e1 ser verificada por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Procuradur\u00eda Regional y Provincial en el correspondiente pacto de cumplimiento que para el efecto se suscriba\u00bb, el que debe ser convocado por el Juzgado, con el fin de llegar a un acuerdo de voluntades, y contar con la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; y que como no le ha sido comunicado dicho pacto, solicitaba su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite excepcional (folio 18 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

4. La Procuradur\u00eda Provincial de Valle de Aburr\u00e1 sostuvo que no proced\u00eda su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite porque al ser la ciudad de Pereira el lugar de ocurrencia de los hechos que sustentaban la inconformidad del gestor, no hab\u00eda \u00abtenido ning\u00fan v\u00ednculo con la intervenci\u00f3n ante el Juez 3\u00ba Civil del Circuito\u00bb de esa ciudad, ni tampoco obra dentro de sus archivos solicitud elevada por el petente (folio 20 vuelto, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

5. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira remiti\u00f3 copia de la actuaci\u00f3n surtida en la acci\u00f3n popular 2015-01363.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no encontraba vulnerados los derechos fundamentales del promotor, toda vez que la decisi\u00f3n que aplic\u00f3 la sanci\u00f3n del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso no era antojadiza ni irracional; que no advert\u00eda desidia por parte del estrado acusado, pues el gestor no le ha solicitado la entrega de un listado de las peticiones de celeridad en los procesos ni de las sentencias emitidas; que el despacho ha sido diligente en el impulso procesal de la acci\u00f3n popular criticada, con los requerimientos del caso para adelantar el tr\u00e1mite; y que no ordenar\u00eda un pronunciamiento del Ministerio P\u00fablico sobre el cumplimiento de los t\u00e9rminos, ni respecto de un posible impedimento del juzgador, pues ello debe ser alegado en el juicio criticado.    <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 55, cuaderno 1).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Con base en tales premisas, descendiendo al caso en estudio, concluye la Corte que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que no luce arbitrario el prove\u00eddo definitorio del tr\u00e1mite censurado.  <\/span><\/p>\n

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En efecto, se advierte que mediante providencia de 19 de octubre de 2016 el estrado convocado dispuso no reponer la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el juicio criticado, as\u00ed como no conceder la alzada frente a esa decisi\u00f3n, tras considerar que:  <\/span><\/p>\n

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\u2026El argumento del quejoso se basa en el hecho de que a la acci\u00f3n popular no se le puede aplicar el desistimiento t\u00e1cito, porque es una figura que no contempla la ley 472 de 1998.  <\/span><\/p>\n

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Los anteriores argumentos no son compartidos por este Estrado judicial por las siguientes razones de orden legal:  <\/span><\/p>\n

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Mediante auto fechado el 11 de agosto de 2016, se orden\u00f3 requerir al accionante con el fin de que adelantar\u00e1 las gestiones necesarias tendientes a la publicaci\u00f3n del aviso informando a la comunidad sobre la existencia del proceso y a concretar la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la parte accionada, concedi\u00e9ndosele al mismo el t\u00e9rmino de treinta d\u00edas a las luces del art\u00edculo 317 del C.G.P., auto contra el cual no se interpuso recurso alguno.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En providencia fechada 06 de octubre de la misma anualidad, se procedi\u00f3 a decretar la terminaci\u00f3n del proceso en orden a lo establecido en el art\u00edculo 317 numeral 1 inciso 2 de la misma codificaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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La anterior determinaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo bajo la indiscutible convicci\u00f3n de que al actor popular si le corresponde asumir ciertas cargas procesales para llevar a buen fin su petici\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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En pronunciamiento del 08 de octubre de 2015, tutela 66001-22-13-000-2015-00422-01 el Mg. Dr. FERNANDO GIRALDO GUTIERREZ dijo.  <\/span><\/p>\n

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…La gratuidad de la justicia a la que se pliega el actor implica que el Estado no cobre por este servicio p\u00fablico esencial, salvo excepciones legales, como el arancel en ciertos casos, pero para llegar a ella se debe asumir unas responsabilidades b\u00e1sicas. Entonces, aquel malentiende este principio, as\u00ed como el de (oficiosidad), tendiente a que el juez vele por la celeridad en la definici\u00f3n del asunto y evite su par\u00e1lisis injustificada, pues, ninguno de ellos habilita el comportamiento desobligante de los litigantes.\u2019  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

En este mismo sentido la Corte Constitucional en sentencia C-095 de enero 31 de 2001, Mg. Dr. JOS\u00c9 GREGORIO HERNANDEZ GALINDO, dijo que \u00ab….si bien toda persona tiene derecho a acceder sin costo alguno ante la administraci\u00f3n de justicia, no sucede lo mismo con los gastos necesarios para obtener la declaraci\u00f3n de un derecho…\u00bb  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Por las anteriores razones considera este Estrado judicial que el accionante est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de asumir ciertas cargas procesales, entre otras, las de pagar las expensas necesarias para diligenciar la efectiva notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a la parte accionada, as\u00ed como informar a la comunidad mediante aviso, sobre la existencia del proceso, por lo que es viable y legalmente aplicable las sanciones consagradas en el art\u00edculo 317 del C.G.P, para las partes que abandonan un proceso y dejan sus peticiones congestionando los anaqueles de los despachos judiciales.  <\/span><\/p>\n

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No se concede el recurso de apelaci\u00f3n por no estar contemplado en la ley 472 1998, mismo que s\u00f3lo es posible para las sentencias\u2026  <\/span><\/p>\n

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De manera que esta Sala advierte que la determinaci\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, por lo que el reclamo del peticionario no encuentra recibo en esta sede excepcional, ya que, en rigor, lo que se plantea es una diferencia de criterio frente al prove\u00eddo mediante el que se mantuvo la determinaci\u00f3n de declarar el desistimiento t\u00e1cito, as\u00ed como la de no conceder la alzada frente a esa decisi\u00f3n, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451).  <\/span><\/p>\n

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3. Las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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DECISI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  <\/span><\/p>\n

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(Aclaraci\u00f3n de voto)  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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ACLARACI\u00d3N DE VOTO  <\/span><\/p>\n

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Comparto el criterio expuesto por la Sala en la sentencia emitida en el asunto objeto de estudio, en cuanto a su improcedencia, pero no por los argumentos que all\u00ed se expusieron, esto es, la razonabilidad de la orden de terminaci\u00f3n anticipada de la acci\u00f3n popular No. 2015-00200-00, en virtud de la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito, sino por la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad que gobierna a la solicitud de amparo.  <\/span><\/p>\n

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1. En efecto, estimo que la raz\u00f3n por la cual debi\u00f3 negarse la concesi\u00f3n de la tutela fue la falta de utilizaci\u00f3n de las herramientas jur\u00eddicas que permit\u00edan al reclamante controvertir la negativa de la autoridad accionada a conceder el recurso de apelaci\u00f3n que impetr\u00f3 contra el prove\u00eddo que declar\u00f3 dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico, pues si \u00e9l estimaba, como lo deja ver en su queja, que tal censura era procedente, as\u00ed debi\u00f3 alegarlo por medio de la reposici\u00f3n, que de acuerdo con lo consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, en concordancia con el 318 del C\u00f3digo General del Proceso, es el instrumento adecuado para controvertir los autos que dicte el juez, para que se reformen o revoquen.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Sobre la idoneidad de la impugnaci\u00f3n que se extra\u00f1a, ha reiterado la Sala que:  <\/span><\/p>\n

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\u201cY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u201d(CSJ STC 3 ago. 2011, Rad. 0741-01, reiterada en fallos de 18 mar. 2013, Rad. 2012-0176-02; y 23 may. 2013, Rad. 0060-01.)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

As\u00ed mismo, el peticionario del amparo contaba con la posibilidad de solicitar, subsidiariamente (art. 353 ej\u00fasdem), la expedici\u00f3n de copias de la actuaci\u00f3n, a efectos de que se tramitara el recurso de queja, que al tenor de lo previsto en la regla 352 del citado ordenamiento, tiene como finalidad cuestionar la negativa del juez de primera instancia a conceder la impugnaci\u00f3n ante el superior.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Respecto a esta herramienta y su eficacia en el proceso, se ha sostenido que:  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

\u201c\u2026como el petente declin\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de queja con que contaba para controvertir, ante los juzgadores ordinarios, la decisi\u00f3n proferida por la Jueza querellada el 28 de febrero de 2012, providencia en que adujo que no era susceptible del recurso vertical la de 16 de enero de esta anualidad, resoluci\u00f3n \u00e9sta que en \u00faltimas es la que motiva su descontento, tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia de su reclamaci\u00f3n, dado el apuntado atributo propio de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como bien se sabe, proh\u00edbe su interposici\u00f3n ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial de los derechos que se predican como conculcados en tanto que su naturaleza obedece al postulado de la subsidiariedad, am\u00e9n que tampoco es esta una herramienta que pueda activarse a discreci\u00f3n del interesado, circunstancia por la cual no resulta de recibo que el accionante haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, toda vez que como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso.\u201d (STC 26 jul. 2012. Rad.00086-01; reiterada en STC 16 abr. 2013, Rad. 00025-01, entre otros)  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Entonces, el actor constitucional no pod\u00eda pretender que por medio de este tr\u00e1mite se brindara soluci\u00f3n a cuestiones que correspond\u00eda dirimir a los jueces de instancia en un escenario procesal que no se suscit\u00f3, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los instrumentos de oposici\u00f3n establecidos por la ley, que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su incuria.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

2. Adicionalmente, la solicitud de amparo tampoco satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, en tanto el actor constitucional est\u00e1 en posibilidad de incoar nuevamente su queja por la presunta vulneraci\u00f3n de derechos colectivos, sin aguardar al transcurso de los seis (6) meses a que hace alusi\u00f3n el literal f del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del proceso, ya que al tratarse de prerrogativas de car\u00e1cter irrenunciable e imprescriptible, no les son aplicables las sanciones derivadas de la figura jur\u00eddica en comento.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De modo que si el hecho da\u00f1oso o amenazante persiste, el tutelante puede acudir a la administraci\u00f3n de justicia a solicitar las respectivas medidas de protecci\u00f3n, a trav\u00e9s de una nueva acci\u00f3n popular.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

De ah\u00ed que para el suscrito no era viable, aseverar la razonabilidad de la providencia opugnada, pues la naturaleza constitucional y oficiosa de la acci\u00f3n en comento, impide aplicar el fen\u00f3meno jur\u00eddico del desistimiento t\u00e1cito y sus consecuencias sancionatorias.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

Ello, porque, de conformidad con el art\u00edculo 5\u00ba de la ley 472 de 1998, es obligaci\u00f3n del juez de conocimiento impulsar oficiosamente la acci\u00f3n, lo cual implica que si en el curso de la misma se presentan obst\u00e1culos que obstruyen su eficaz y preferencial desarrollo, debe adoptar las medidas procesales necesarias para removerlos, pues se trata de un asunto prevalente cuya comunicaci\u00f3n a los posibles beneficiarios de la orden que se imparta, no puede convertirse en una barrera para adelantarlo.  <\/span><\/p>\n

  <\/span><\/p>\n

La acci\u00f3n popular es un mecanismo de estirpe constitucional, instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las colectividades (Art. 2\u00ba, Ley 472 de 1998), de ah\u00ed que est\u00e9 consagrado como una herramienta preferente (Art. 6\u00ba, ejusdem), cuyo tr\u00e1mite y resoluci\u00f3n no pueden quedar supeditados a la realizaci\u00f3n de ciertos actos procesales por parte de los sujetos procesales intervinientes (Art. 5\u00ba, inc. 3\u00ba, ib\u00eddem), porque en virtud de sus facultades oficiosas, el juzgador est\u00e1 en el deber de adoptar los correctivos que estime necesarios para continuar con su curso normal.  <\/span><\/p>\n

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No en vano el legislador impuso al funcionario a cargo de las diligencias, la obligaci\u00f3n de \u00ab\u2026impulsarla oficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n.\u00bb  <\/span><\/p>\n

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Recu\u00e9rdese que esta Sala ha sido reiterativa al afirmar que la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica a todos los juicios, sino que debe revisarse en forma concreta el asunto y la naturaleza del mismo para determinar su procedencia, pues en atenci\u00f3n a las consecuencias que generan su decreto, hacerlo de manera irreflexiva y mec\u00e1nica generar\u00eda en algunas controversias, una abierta y ostensible denegaci\u00f3n de justicia.  <\/span><\/p>\n

En este sentido, en algunos procesos de caracter\u00edsticas particulares, como las acciones populares aqu\u00ed cuestionadas, no puede tener cabida la mencionada norma, porque en ellas se debaten derechos colectivos irrenunciables, inajenables e imprescriptibles, especialmente protegidos por el legislador, al otorgar al instrumento id\u00f3neo de defensa de los mismos, un rango constitucional.  <\/span><\/p>\n

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De la forma que precede, y con el mayor respeto, dejo expresada mi aclaraci\u00f3n de voto.   <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

Magistrado  <\/span><\/p>\n

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1 En la aludida acci\u00f3n popular actu\u00f3 como coadyuvante del actor Leandro Giraldo que no como accionante.      <\/span><\/p>\n

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            AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO   Magistrado ponente         STC1858-2017   Radicaci\u00f3n n.\u00ba 66001-22-13-000-2016-01108-01   (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)   Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).      Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[104],"tags":[],"class_list":["post-99358","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-104"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99358\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}