{"id":99361,"date":"2026-06-25T18:22:38","date_gmt":"2026-06-25T18:22:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1861-2017\/"},"modified":"2026-06-25T18:22:38","modified_gmt":"2026-06-25T18:22:38","slug":"stc1861-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/25\/stc1861-2017\/","title":{"rendered":"STC1861-2017"},"content":{"rendered":"

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Magistrado Ponente  <\/span><\/p>\n

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STC1861-2017  <\/span><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2016-00351-01  <\/span><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de febrero de dos mil diecisiete)  <\/span><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de febrero de dos mil diecisiete (2017).  <\/span><\/p>\n

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Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, el 15 de diciembre de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Didier Yimi Agudelo contra el Ministerio de Defensa y la Polic\u00eda Nacional.  <\/span><\/p>\n

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ANTECEDENTES  <\/span><\/p>\n

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1.        El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, vida en condiciones dignas, seguridad social, igualad y debido proceso, presuntamente vulnerados por la referida Instituci\u00f3n Policial, al incumplir con el pago de la pensi\u00f3n de invalidez reconocida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovi\u00f3 en contra de esta.   <\/span><\/p>\n

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2.        Como sustento de su alegaci\u00f3n se\u00f1ala, en s\u00edntesis, que el Juzgado Quinto Administrativo de Popay\u00e1n, en sentencia de 15 de julio de 2015 conden\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional a pagar a su favor una pensi\u00f3n de invalidez, posteriormente en la audiencia previa a la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n que contra esta interpuso la obligada, conciliaron los t\u00e9rminos en que se dar\u00eda cumplimiento al fallo, comprometi\u00e9ndose la responsable a realizar el desembolso previa expedici\u00f3n de acto administrativo dentro de los 6 meses siguientes a la presentaci\u00f3n de la cuenta de cobro.    <\/span><\/p>\n

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Relata que \u00ab[c]on fecha 4 de noviembre de 2015, (\u2026) solicit\u00f3 a la Polic\u00eda Nacional, el cumplimiento de la sentencia judicial\u00bb, pero mediante escrito de 27 de enero de 2016 le contest\u00f3 que si bien \u00abal expediente se le asign\u00f3 turno (\u2026), por encontrarse en debida forma\u00bb, la erogaci\u00f3n se har\u00eda \u00abde acuerdo a disponibilidad presupuestal y derecho a turno\u00bb, advirtiendo que \u00aben el momento la Polic\u00eda Nacional se encuentra pagando las primeras 200 cuentas radicadas en el a\u00f1o 2014\u00bb.  <\/span><\/p>\n

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Sostiene que a pesar de la decisi\u00f3n favorable, ha transcurrido un a\u00f1o desde que solicit\u00f3 su cumplimiento y a\u00fan no ha logrado materializar el derecho all\u00ed reconocido, circunstancia que desconoce su condici\u00f3n de sujeto de doble protecci\u00f3n especial del Estado, por ser \u00abinvalido\u00bb y en raz\u00f3n a \u00absu estado mental\u00bb.  <\/span><\/p>\n

3. Pretende en consecuencia, que se ordene a la Polic\u00eda Nacional \u00abque en el t\u00e9rmino de 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n, proceda a emitir acto administrativo mediante el cual reconozca y pague a [su] favor, una pensi\u00f3n mensual de invalidez, conforme lo dispuso el Juez Quinta Administrativo del Circuito de Popay\u00e1n, mediante sentencia No. 109 del 15 de julio de 2015\u00bb\u00bb (fls. 1 a 6, cd 1).  <\/span><\/p>\n

RESPUESTA DE LA ACCIONADA  <\/span><\/p>\n

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La autoridad cuestionada guardo silencio.  <\/span><\/p>\n

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LA SENTENCIA IMPUGNADA  <\/span><\/p>\n

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LA IMPUGNACI\u00d3N  <\/span><\/p>\n

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La formul\u00f3 el accionante quien aleg\u00f3 que la omisi\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional en expedir el acto administrativo de reconocimiento pensional y pagar ese emolumento, afecta su m\u00ednimo vital, al tiempo precis\u00f3 que lo aspirado con este mecanismo no es que se sufraguen las asignaciones dejadas de pagar, sino las que se generen desde la fecha en adelante \u00abhasta tanto la instituci\u00f3n cuente con los recursos econ\u00f3micos para que cancele las mesadas atrasadas\u00bb. Arguye que no inicia el proceso ejecutivo porque este tardar\u00eda m\u00e1s de tres a\u00f1os y espera que para ese momento la entidad haya cumplido con lo de su cargo, por lo que ser\u00eda inoficioso activar ese medio judicial (fls. 63 y 64, \u00eddem).  <\/span><\/p>\n

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CONSIDERACIONES  <\/span><\/p>\n

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1.        En el asunto en estudio, el actor considera que sus prerrogativas fundamentales fueron quebrantadas por la autoridad demandada, en raz\u00f3n a que no ha cumplido la sentencia que a su favor profiri\u00f3 el Juzgado Quinto Administrativo de Popay\u00e1n, pues ni expide la resoluci\u00f3n de reconocimiento pensional y tampoco lo incluye en n\u00f3mina como tal, cuando hace m\u00e1s de un a\u00f1o radic\u00f3 la solicitud de cobro correspondiente. En consecuencia pretende que por esta v\u00eda se conmine a la Instituci\u00f3n responsable de acatar la referida condena a incorporarla en la lista de pensionados y pagarle el valor a que haya lugar por dicho concepto.  <\/span><\/p>\n

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2. La jurisprudencia constitucional de la Sala ha ahondado en la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n tutelar, de ah\u00ed que ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de las aludidas exigencias debe negarse la petici\u00f3n de amparo, (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00, STC507-2016, 27 ene. rad. 00026-00 y STC1851-2016, 18 fe, rad. 00282-00).  <\/span><\/p>\n

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3. La Sala confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada por cuanto el solicitante dispone de otro medio para acceder a su pretensi\u00f3n, como lo es la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva ante la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa en virtud de los art\u00edculos 297 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, a trav\u00e9s de la cual podr\u00e1 exigir el pago de la obligaci\u00f3n nacida de la sentencia de 15 de julio de 2015, que en t\u00e9rminos de dicho ordenamiento constituye \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb, exigible v\u00eda jurisdiccional transcurridos diez (10) meses \u00abcontados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia\u00bb, lo cual, seg\u00fan lo acreditado en el tr\u00e1mite, ocurri\u00f3 el 30 de julio de 2016 (fl 13, C.1).  <\/span><\/p>\n

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Seg\u00fan lo dicho, al juez constitucional las cuestiones planteadas por el promotor del amparo le resultan ajenas toda vez que el interesado tiene una herramienta de defensa para obtener lo que aqu\u00ed solicita, a la que debe acudir primeramente, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991.  <\/span><\/p>\n

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As\u00ed las cosas, es evidente que la petici\u00f3n de amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a la presente v\u00eda extraordinaria solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas o para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.  <\/span><\/p>\n

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De manera que \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 10 feb. 2012, Rad. 2011-00174-01, reiterado entre otros en STC5006-2014, STC4702-2015).  <\/span><\/p>\n

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4.  Frente a la acci\u00f3n de tutela para el cumplimiento de sentencias judiciales, esta Sala de Decisi\u00f3n ha precisado que:  <\/span><\/p>\n

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\u00abpor regla general la acci\u00f3n no procede cuando se pretende el cumplimiento de una sentencia que genera una obligaci\u00f3n de dar, como la de pagar una suma de dinero. Esta distinci\u00f3n encuentra fundamento en el esquema de garant\u00edas y derechos constitucionales vigente, en la naturaleza de las obligaciones que tienen origen en lo ordenado por los jueces ordinarios, y en la pertinencia y viabilidad de los mecanismos dise\u00f1ados por el legislador para forzar el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas\u00bb (C. C. T-177\/11; citada por la CSJ en STP6042-2015 y STC3140-2016).  <\/span><\/p>\n

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5. Por dem\u00e1s, cabe se\u00f1alar que tampoco aprecia la Corte la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n, pues \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC 11 de mayo de 2010, exp, 00249-01; reiterada en STC12592-2015).  <\/span><\/p>\n

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6. Finalmente en cuanto al argumento del impugnante seg\u00fan el cual se reh\u00fasa a acudir a la acci\u00f3n ejecutiva porque tardar\u00eda \u00abno menos de tres (3) a\u00f1os, tiempo para el cual confi[a] ya la instituci\u00f3n ha[ya] cancelado la prestaci\u00f3n social\u00bb, manifiesta la Sala que dicho parecer, no es motivo suficiente que habilite esta senda excepcional o justifique v\u00e1lidamente la negativa de agotar el procedimiento especial.  <\/span><\/p>\n

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7. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo atacado.  <\/span><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.  <\/span><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA  <\/span><\/p>\n

Presidente de Sala  <\/span><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO  <\/span><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO  <\/span><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ  <\/span><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  <\/span><\/p>\n

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